Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).- Unos 80 familiares de víctimas de diversos delitos, la mayoría de ellos de desaparición, protestaron esta mañana afuera de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para acusar la mala atención que han recibido por parte de dicha instancia, creada por el actual Gobierno federal para brindar atención integral a las víctimas de delitos y sus familiares.
Los familiares de víctimas, varios de ellos provenientes de Veracruz, Oaxaca y Guerrero, denunciaron que ha recibido malos tratos por parte del personal de la Comisión, incumplimientos en las asesorías jurídicas y en la entrega de apoyos económicos para viáticos, suspensiones en los servicios de atención psicológica, entregas discrecionales de los apoyos, así como actos que consideran revictimizantes, como que los hagan repetir los trámites para acceder a los servicios o que les obstaculicen la atención.
María Eugenia Padilla García, madre de Christian Téllez Padilla, desaparecido desde 2010, habló a nombre de la organización Plataforma de Víctimas de México. Acusó que quienes han solicitado los servicios del Sistema Nacional de Atención a Víctimas han recibido un trato “déspota” y una atención “deficiente”, además de que existe una atención diferenciada entre víctimas que recurren solas a la Comisión y colectivos de víctimas, así como una interpretación discrecional de la Ley General de Víctimas, su reglamento y los Lineamientos para el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Otras organizaciones que aglutinan a familiares de víctimas, como Familias en Búsqueda María Herrera, Colectivo Xalapa por la Paz, Deudos y Familiares, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y Enlaces Nacionales también estuvieron presentes, y los integrantes de éstas dieron similares testimonios sobre la deficiente atención que han recibido.
Una de las quejas recurrentes fue la falta de apoyo para viáticos, que afecta sobre todo a quienes residen en otros estados y tienen que trasladarse cada tanto a la Ciudad de México, para dar seguimiento a las investigaciones de sus casos ante la Procuraduría General de la República (PGR).
En los casos donde los familiares reciben los viáticos, éstos se entregan como reembolso y sin un plazo determinado, de modo que las familias tienen que desembolsar de sus propios recursos y luego esperar a que se los paguen. La señora Padilla García refirió, por ejemplo, que apenas hace unas tres semana le reembolsaron 400 pesos pese a que el trámite para el reembolso lo había hecho desde octubre pasado.
Ayer la CEAV dio a conocer los lineamientos para apoyo a traslados, hospedaje y alimentación. De acuerdo con éstos, el monto máximo para transportación aérea será el costo del boleto del avión al momento de la compra; para el traslado vía terrestre será con base en el monto del boleto de autobús; para la transportación local, la tarifa de taxi en cada localidad, comprobado con factura o nota respectiva.
El hospedaje será hasta por 750 pesos por noche, mientras que la alimentación será de 450 pesos por día, para 3 alimentos. Se considerarán como gastos de traslados el combustible y casetas de peaje hasta por los importes consignados en la documentación comprobatoria presentada por la persona en situación de víctima.
Todos los gastos sujetos a reembolso deberán comprobarse con facturas.
Mientras los familiares de víctimas se congregaban en el exterior de la CEAV, las puertas del edificio fueron cerradas para impedirles el acceso. El hecho molesto a quienes protestaban, quienes también hicieron señalamientos sobre el desempeño deficiente de los comisionados de la CEAV.
La CEAV fue creada para fungir como el órgano operativo de la Ley General de Víctimas y, como tal, atender a los ciudadanos que han sufrido delitos o violaciones a sus derechos humanos. Formalmente comenzó a operar el 9 enero de 2014, tras la publicación del decreto que transformó la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos en la Comisión.
Los familiares inconformes pidieron que se presentara el Comisionado presidente, Sergio Jaime Rochín del Rincón. Sin embargo, sólo se presentaron Ernedhy Canales Maldonado y Juan Carlos López Sandoval, de la Dirección General de Asesoría Jurídica Federal y la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto, respectivamente, para proponerles entablar una mesa de diálogo con una comitiva de cinco personas. Los familiares de víctimas rechazaron la propuesta y alegaron que en ocasiones anteriores han recurrido a ese mecanismo sin resultados reales.
Marco Antonio Castillo, de la Asamblea Popular de Familias Migrantes, invitó a los presentes a que cada martes último de mes se reúnan afuera de la PGR para informar sobre la evolución que va teniendo cada uno de los casos.
