Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo) .- La apropiación del agua, el acceso de la población a ella y el negocio de las bebidas embotelladas tienen una estrecha relación con la creciente tendencia de los mexicanos al sobrepeso y la obesidad, de acuerdo con una investigación interdisciplinaria realizada recientemente en el país por expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En el libro titulado Apropiación del agua, ambiente y obesidad: impactos del negocio de bebidas embotelladas en México, Gian Carlo Delgado Ramos, doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, y licenciado en Economía por la UNAM, coordina la evaluación sobre la importancia de este vínculo a través del estudio de caso de tres empresas: Nestlé, Coca Cola y Heineken, y su relación directa con la expansión del negocio de bebidas, el aumento de las afectaciones socioambientales actuales o potenciales y la creciente tendencia de población obesa y de incidencia de enfermedades asociadas al consumo de azúcares, alcohol y alimentos de baja calidad nutricional.
«El auge del negocio del agua embotellada, y bebidas embotelladas, responde a la convergencia de una serie de cuestiones que van desde el creciente acceso desigual e intermitente a los sistemas de agua potable, el abandono o erosión de tales servicios por parte del Estado, hasta a cuestiones relativas a la comodidad, la portabilidad, y la incidencia publicitaria. El negocio del agua embotellada ha registrado una fuerte expansión tanto a nivel mundial como en América Latina», se lee en el prólogo del libro.
Menciona que de acuerdo con datos del Banco Mundial, la industria del agua embotellada pasó de embotellar mil millones de litros en 1970 a comercializar 84 mil millones de litros en todo el mundo para el 2000 y luego llegó a 237 mil millones en el 2010, contexto en el que México es el más alto del mundo en términos per cápita y el segundo consumidor mundial por volumen total después de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, en México se consumen entre 146 y 174 litros per cápita al año de refrescos, además de otras bebidas azucaradas y unos 62 litros per cápita de cerveza. «Tal escenario coloca la cuestión de la apropiación del agua por parte de la industria embotelladora de bebidas en México como un asunto relevante, además de las implicaciones que tal apropiación y tales consumos de bebidas implican en términos socioeconómicos, ambientales y a la salud (en el caso de las bebidas azucaradas, dígase en términos de su contribución a la obesidad y el sobrepeso y a las enfermedades relacionadas como lo puede ser la diabetes)», dice.
Dicha investigación toma más relevancia en el contexto de la discusión de la Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados, la cual ha sido criticada por organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y miembros de la oposición.
Greenpeace lanzó un desplegado luego de que comisiones de San Lázaro la aprobaran pues, dijeron, «diputados agravian a mexicanos al aprobar una Ley de aguas que coarta derecho humano al agua», además de que violan su propio reglamento al incumplir con los tiempos previos para el análisis del dictamen e ignorar la iniciativa ciudadana que les fue entregada, así como solicitudes de que se realizarán audiencias y foros públicos de discusión.
Asimismo, expertos dijeron recientemente en el foro “Agua: ¿derecho o privilegio?”, realizado en la Universidad Iberoamericana, que dicha Ley «institucionaliza la discriminación», pues de aprobarse «arrebatará» a millones de mexicanos, en su mayoría indígenas, su derecho humano al agua, sencillamente porque no forman parte de un asentamiento legalmente constituido, Inclusive, dijeron, el dictamen aprobado da facultades a los gobiernos para impedir que, por ejemplo, una tribu se establezca cerca de un cauce porque podría “alterar el correcto funcionamiento del régimen hidráulico”.
En su investigación, Delgado Ramos destaca la importancia de vincular la discusión sobre la apropiación del agua por parte del negocio de bebidas en México con el cambio de dieta, el aumento del sobrepeso y la obesidad y sus afectaciones a la salud.
«Primero, porque México figura como el país con los índices más altos de consumo de refrescos y agua embotellada. Segundo, porque la necesidad de hacer frente a la problemática del sobrepeso y la obesidad pasa por desincentivar —por diversas vías y medidas— el consumo de bebidas saborizadas, lo que podría desembocar en un aumento del consumo de agua embotellada; una salida no del todo deseable por sus implicaciones ambientales (generación de crecientes residuos como el PET) y porque se dibuja como un esquema mercantil de acceso desigual al agua apta para beber. Tercero, porque es claro que las medidas para combatir el sobrepeso y la obesidad afectan en un grado u otro los intereses económicos de las mismas empresas pues, hoy por hoy, los grandes monopolios que dominan el mercado en México y otras latitudes son los que controlan tanto el sector de agua embotellada y bebidas saborizadas y azucaradas (y en ciertos casos también el del tabaco), como el de alimentos chatarra de alto contenido calórico», escribe.
Y continúa: «Debe subrayarse que se trata de procesos de producción de bebidas que están sustituyendo cada vez más otras fuentes y formas de hidratación más saludables y más ecológicas; léase agua potable y de calidad de la red o de sistemas locales/individuales de potabilización. En especial, el caso del agua embotellada es evidente en tanto que su viabilidad es socioeconómicamente factible cuando la población no tiene o considera no tener acceso a agua potable o a tecnologías para su potabilización, y, por supuesto, cuando la conveniencia del envase portable se antepone a cualquier consideración de justicia ambiental o social».
Diputados alertan de beneficios a empresas
En días pasados, legisladores de oposición expresaron que la Ley General de Aguas beneficiará a grandes consorcios y empresas trasnacionales de la talla de Coca Cola o Nestlé, pues consideraron que la legislación secundaria propuesta por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), avalada por los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) parece hecha sólo para dar certeza jurídica a las empresas que tienen concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento del agua.
“Son las grandes trasnacionales como Coca Cola o Nestlé entre otras, por citar a las más evidentes, las cuales obtienen ganancias millonarias por las concesiones que han ganado”, afirmó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en entrevista para SinEmbargo.
Al respecto, la Diputada perredista Aleida Alavez Ruiz detalló que la nueva Ley General de Aguas es una legislación con una redacción “tramposa”, porque por un lado afirma que defiende el derecho humano al agua, pero por el otro fomenta una visión mercantil del líquido al imponer tarifas prácticamente a todo su consumo y elimina los subsidios que apoyan la economía de miles de familias.
Agregó que la legislación “privilegia las concesiones”. Explicó que en la redacción de la Ley prácticamente tienen el mismo sentido los conceptos ‘asignaciones’ y ‘concesiones’, y esto implica que se privilegiará la apertura al sector privado en las diferentes áreas de distribución y operación el agua.
“Y eso lo vemos con mucha alerta porque empresas que puedan pagar las concesiones para explotar pozos de manera ilimitada para extraer agua de esos pozos y después ponerlos a la venta en presentaciones distintas de bebidas, es ver el agua más como una mercancía que como un bien público o un derecho humano”, detalló la también vicepresidenta de la Mesa Directiva.
