Si algo define en este momento al país es la crisis institucional por la que atraviesa, situación que no es atribuible únicamente al Presidente ni al Poder Ejecutivo, sino a todo el entramado de servidores públicos, políticos y hasta actores sociales que se benefician violando la ley, en lugar de someterse a ella.
Tal es el planteamiento del académico e investigador Jorge Chabat, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), para quien la transición hacia un Estado de Derecho se ha obstaculizado por las resistencias tanto de grupos políticos como sociales, que siguen recurriendo a la fórmula heredada del priismo de negociar la ley en vez de cumplirla. Para el investigador, la fórmula es simple: “O entendemos que las reglas de la democracia son que todos respetemos la ley o no va a funcionar”.
Chabat ve en este problema una práctica cultural heredada pero, a diferencia de cómo planteó el Presidente Enrique Peña Nieto el asunto de la corrupción, el académico cree que sí se puede modificar si existe voluntad de reformar profundamente las instituciones. Y aunque reconoce que el asunto de la “casa blanca” ha impactado en la credibilidad institucional, dice que no es el único ni el más oprobioso que involucra a servidores públicos.
Por esto llama a voltear la mirada también a lo que ocurre en los estados y los municipios, cuyas autoridades se han visto varias veces involucradas en casos de corrupción o posible colusión con el crimen organizado. Lo mismo propone al hablar del tema de la inseguridad y la violencia en el país y plantea la necesidad de modificar los diseños institucionales en todos los niveles y en áreas clave como la procuración de justicia y la fiscalización de los poderes.
Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).– La crisis de las instituciones en el país, a la que han contribuido políticos de todos los niveles y también actores sociales, ocupa el centro de las reflexiones del investigador y profesor Jorge Chabat, quien desde su oficina en la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) comparte con SinEmbargo su análisis sobre la situación actual de México.
El Doctor en Asuntos Internacionales por la Universidad de Miami, especialista en seguridad nacional y narcotráfico, así como en democracia y derechos humanos, habla sobre la inacabada transición a la democracia, la desconfianza hacia las instituciones y las resistencias de la clase política y de la sociedad a avanzar hacia un Estado de Derecho, que ven en las negociaciones al margen de la ley una fórmula más poderosa y efectiva que el cabal cumplimiento de las normas.
Cauto, habla también sobre la perdida de credibilidad del Presidente Enrique Peña Nieto a raíz del caso de la “casa blanca”, su fallida solución con el cuestionado nombramiento de un Secretario de la Función Pública y de decisiones poco acertadas que ha tomado en este momento de crisis por el que atraviesa su gobierno.
Chabat no quita el dedo del renglón y apunta, insistente, que el problema no es sólo del primer mandatario, sino que ocurre también y de formas mucho más reprobables en los estados y municipios.
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–¿Cuál es su diagnóstico acerca de la situación actual del país? ¿En qué momento nos encontramos?
–Claramente estamos desde hace varios años en una transición no sólo hacia la democracia, sino en teoría hacia un Estado de Derecho que es lo más complicado de la transición, y que obviamente no se ha completado y buena parte de los problemas que seguimos experimentando, en términos de seguridad y de la imagen de la clase política, que quizás es un problema más grave, [es] la desconfianza que existe hacia las instituciones en general. Tiene que ver con la debilidad o crisis, sino es que ausencia en muchos ámbitos, del Estado de Derecho. Eso tiene muchas consecuencias. Por un lado, sigue habiendo muchos problemas serios de inseguridad, grupos criminales que prosperan, sigue habiendo serios problemas de corrupción de autoridades, con el consiguiente deterioro de la confianza ciudadana, que es clave para tener cualquier margen de gobernabilidad, y eso complica muchas cosas: complica cambios, genera una inestabilidad social que tiene costos económicos, de imagen hacia afuera, y genera esta delincuencia que también tiene costos que afectan la vida cotidiana de las personas y que también afecta seriamente la imagen de México en el exterior. Entonces, sí es una situación complicada porque creo que es una transición que no se ha terminado de dar y que no parece claro que se vaya a dar de manera inmediata. Hay muchas resistencias, no sólo de parte de la clase política sino de muchos otros actores sociales, que no están acostumbrados a estar en un Estado de Derecho, que claramente obtienen beneficios de vivir en una situación como la actual, que hay intereses creados y que se oponen a movernos hacia allá, y estoy hablando de actores políticos y sociales, no nada más de la clase política, que desde luego también se beneficia de eso, actores sociales, desde luego criminales, y como que hay una parte de la sociedad que ya se acostumbró a funcionar con reglas diferentes a las del Estado de Derecho, pero al final hay un costo social brutal por esta situación. Para mí ese es el fondo de toda la crisis que tenemos en México, que también se refleja en crisis económica y en crisis de seguridad, y desde luego que deslegitima terriblemente a las instituciones. Y con instituciones deslegitimadas, no sólo gobierno, [sino] partidos políticos, Poder Judicial, pues es muy difícil gobernar.
–Cuando dice que lo que ve en el fondo [de la crisis], ¿serían estas resistencias hacia un Estado de Derecho?
–Yo creo que hay fuertes resistencias, insisto, no nada más de los políticos, que desde luego las hay, pero también hay una parte de la sociedad que no quiere que el país se mueva a un Estado de Derecho. Estoy incluso hablando hasta de actores sociales que supuestamente defienden causas legítimas, que violan la ley constantemente y que cuando alguien los critica dicen: «No, nuestra causa es justa”. Seguramente sí, pero lo que no es justo en atentar contra derechos de terceros. Y es una cultura de que la ley no importa, de que la ley es negociable, incluso hay un discurso que construyó el PRI [Partido Revolucionario Institucional] durante muchos años de que hay que negociar todo, que no hay que usar la fuerza pública porque todo se puede negociar. Perdón, pero en una democracia no es así. Las leyes se negocian cuando se hacen en el Congreso, ya que se hacen no se negocian, se aplican. Obviamente a veces hay que usar la fuerza, con reglas, con protocolos, no es nada más «Vamos a matar al primero que encontremos», porque si no el Estado no puede funcionar. Al final lo que define al Estado, según [el sociólogo Max] Weber y los clásicos, es el monopolio de la fuerza legítima, no ilegítima. El PRI siempre tenía este discurso de que la fuerza no hay que usarla; si se usa mal evidentemente no hay que usarla, se debe usar con reglas y para defender a los ciudadanos de quienes atentan contra ellos, que son otros ciudadanos muchas veces. Pero el PRI construyó este discurso de que vamos a negociar todo y entonces se acostumbraron a eso. Entonces ganar elecciones ya era irrelevante, porque si había una decisión que a uno no le gustaba pues había métodos alternativos para cuestionarla, incluso una ley, porque entonces se presionaba con movilizaciones e incluso con violencia, en lugar de presionar como se debe presionar en la democracia, que es ganando votos. Hay muchos que dicen «es que no me gusta la reforma tal». Está bien, en una democracia si a uno no le gustó una reforma que es aprobada por un Congreso democráticamente electo, [la solución] es ganar el Congreso y cambiar las leyes, pues eso es lo que haces en todos lados. Y si uno no puede ganar la mayoría del Congreso ni modo, no hay otra, a menos que se violen derechos humanos, hay otras instancias de apelación ante la Corte. Pero si no es ese el caso, la única vía en una democracia es ganar la mayoría en el Congreso y cambiar las leyes. Eso parece que no es el código de muchos grupos, incluso políticos. No, mejor vamos a presionar mediante otras formas, muchas de ellas ilegales, y creo que eso no puede funcionar. O entendemos que las reglas de la democracia son que todos respetemos la ley o no va a funcionar. Va a ser la ley, no sé si del más fuerte, pero por lo menos del que se moviliza más. Y eso es profundamente injusto.
–Venimos de regreso con el partido que gobernó durante 70 años y que construyó justo este sistema del que me habla, y después pasamos por una transición. Entiendo que explica estas resistencias, ¿pero es lo único o por qué es que no hemos podido consolidar esa democracia?
–Por un lado no se han cambiado las instituciones, no sé si los gobiernos no han podido, no han querido, y por otro lado tampoco hay un cambio importante en la percepción de la ciudadanía sobre el tema. Yo creo que quizás el gran fracaso de los gobiernos del PAN [Partido Acción Nacional] fue no haber movido los parámetros de pensamiento colectivo del país hacia un Estado de Derecho. Se siguió actuando con la misma lógica de los gobiernos priistas, en que muchas cosas se podían negociar, que al final la ley a veces se aplicaba y a veces no. No se logró cambiar la cultura. A diferencia de lo que dice [Enrique] Peña Nieto que esto es solamente cultural, yo creo que sí es cultural pero sí se puede cambiar, no es que no hay nada que hacer. Y es lo que no se ha hecho. Pero que no se haya hecho no significa que no se puede hacer, y si se puede cambiar es una mezcla de modificar la educación, ahí es parte del problema, seguimos teniendo una educación pública, sobre todo a nivel primaria, con muchas deficiencias, no sólo en la parte técnica sino en la parte de valores democráticos, los niños no solamente no aprenden a escribir bien ni a sumar, tampoco aprenden lo que es el valor del Estado de Derecho, lo cual es algo que debería enseñárseles desde la primaria. Pero no es sólo eso, es también la práctica cotidiana de las instituciones: en la medida en que no se aplique la ley, en la medida en que la población descubra que le va mejor si viola la ley que si la respeta, esto no va a cambiar. Y es un problema de incentivos simplemente. Es un problema de que cuando alguien viola la ley se tienen que aplicar los castigos y ya, no es de que «vamos a negociar». No es una cuestión de venganza, es una cuestión de evitar conductas posteriores. Yo sé que a veces no se evitan totalmente las conductas delictivas, pero sí se reducen de una manera sustancial. Y aplicar la ley va desde meter a los políticos corruptos a la cárcel hasta sancionar al tipo que tira basura en la calle. Es parte de lo mismo. No son dos cosas diferentes. Hay obviamente gravedad en las faltas, pero al final todas son violaciones a la ley, algunas más graves que otras […]. Es un cambio en las prácticas cotidianas que tiene que ver con las instituciones, pero, insisto, con la impunidad, con la aplicación de la ley, lo cual no es más que eso: no es venganza, no es represión, es aplicar la ley. Cuando dicen: «Vamos a aplicar todo el peso de la ley», no pues la ley tiene un solo peso, que es el que dicen las reglas, no es más ni menos. Si uno hace una cosa el castigo es tal, no es más ni menos, no es que se le castigue con más ganas, debe ser exactamente lo que dice la ley. Ahora, si la ley está mal hay que cambiar la ley y cambiar los castigos o lo que sea, pero lo que no puede ser es que la ley diga una cosa, las personas, desde políticos poderosos hasta la gente de la calle, violen esta ley y no pase nada, porque entonces el mensaje es «Uno puede violar la ley y no hay problema». Insisto: sí se puede cambiar porque no es que lo tengamos en los genes, esto es algo de instituciones […]. Me parece que hay que hacerlo y mientras no haya una conciencia de lo importante que es eso, mientras los medios y la gente y la clase política piense que esto es algo irrelevante, evidentemente vamos a tener todas las consecuencias que tenemos en términos de costos económicos, costos sociales, de inseguridad y de corrupción.
LA IMPUNIDAD Y LAS INSTITUCIONES
–Justamente hablando de este asunto de la impunidad y de las fallas institucionales que las propician, cuando vemos que desde el más alto nivel, con estos casos de conflicto de interés y posible corrupción que involucran al propio Presidente y a uno de sus funcionarios más cercanos, no sé cuál sea su valoración sobre las respuestas que dio [el Presidente] para tratar de atajar ese problema, si sean suficientes.
–Ciertamente no está muy claro el conflicto de interés legalmente, desde fuera sí da la impresión de que hay un conflicto de interés. Yo no quisiera entrar en otra discusión, que de dónde sacó el dinero, yo creo que en el caso de la “casa blanca” hay una explicación que ha dado la esposa del Presidente Peña Nieto, es perfectamente factible que tuvo ingresos porque los artistas ganan mucho dinero. Esa parte yo no tengo elementos para cuestionarla. La otra parte sí aparentemente hay un conflicto de interés porque pues es de un contratista que tiene contratos del gobierno. Lo que ocurre es que no está legislado de manera muy clara, y sí creo que ha tenido un costo en la credibilidad de la Presidencia y de las instituciones en general. Desde luego que es preocupante porque no ayuda a construir un Estado de Derecho, no ayuda a la gobernabilidad, pero digamos que este es un caso muy visible porque se trata del primer mandatario pero hay miles de casos a todos los niveles; algunos quizá mucho más obvios que el de la “casa blanca” y que tampoco se persiguen y se castigan: desde propiedades que se adquieren quién sabe cómo, como el delegado de Iztapalapa que trae la camioneta de un contratista y ahí no ha pasado nada, y ahí ni siquiera la prensa ha seguido insistiendo porque no tiene tanta visibilidad como el Presidente, hasta otras violaciones a la ley de otro tipo, como el caso de la investigación de las muertes de Tlatlaya, se detuvo a algunos militares pero todo indica que la procuraduría del Estado de México hizo mal la investigación y encubrió a quienes hicieron estos asesinatos, y ahí tampoco hay castigo. La lista es interminable de todos los que violan la ley de una forma u otra y no pasa nada, al final no pasa nada. Gobernadores o ex Gobernadores que endeudan a los estados; algunos otros están en prisión, como [Andrés] Granier, pero tampoco pasa nada; algunos otros tenían un estado penetrado por el narco, como [Fausto] Vallejo y no se habían enterado, lo cual es muy sospechoso [… ]. Esas cosas se tienen que investigar y aclarar y tiene que haber consecuencias, si no hay consecuencias entonces va a seguir pasando. No es un problema de venganza, no es un problema de que “ay pobrecito”. Es un problema de que la única manera de evitar que estas conductas se repitan es que haya un castigo para mandar un mensaje a los posibles violadores de la ley en el futuro. Si no hay castigos se va a seguir repitiendo esta conducta en todos, porque entonces el mensaje es: “Los que no violan la ley son tontos, porque a los únicos a los que les va bien es a los que violan la ley y no pasa nada». Yo creo que el problema no es solamente al nivel de las autoridades mayores del país, que en este caso no es tan claro el caso. Sí hay un conflicto de interés, yo creo, pero no está muy claro cómo legalmente se pueda procesar, pero hay casos mucho más claros que no pasa nada. Pero cientos.
–Mi punto es este mensaje que se lanza, porque no es lo mismo, no es que sea menor, el ejemplo de la basura, a que sea el gobernante o el Delegado quienes lo están haciendo.
-No, desde luego hay un costo, e insisto: aquí tiene que ver también con que el diseño institucional no está bien hecho. Tendría que tipificarse mejor esto del conflicto de interés y procesarse legalmente, pero desde luego que hay un costo. Yo creo que hay un costo de legitimidad, como hay un costo de los moches del Congreso que también son graves, y la lista es muy larga. Si uno se va a los partidos políticos, yo recuerdo varios casos de partidos políticos que presentaban comprobantes falsos al IFE [hoy Instituto Nacional Electoral, INE] ¡y nadie está en la cárcel por eso! Yo quiero ver que cualquiera de nosotros haga eso con Hacienda [Secretaría de Hacienda y Crédito Público] y a ver cómo le va, porque es un delito. Insisto, no es nada más el Presidente, claro el Presidente coincido en que es un caso [que] tiene mayores efectos en la credibilidad porque es la figura más visible del gobierno, pero es una práctica cotidiana, incluso con casos mucho más claros, miles de esos, que no pasa nada. Ahora, insisto, en el caso del Presidente no sé cómo se pueda procesar legalmente, porque al final también hay que encontrar la manera de procesar legalmente, a lo mejor por eso Peña Nieto va a tratar de regular eso. Bueno, se tendría que haber hecho desde hace mucho para ese caso y para todos los que vengan. Pero sí, yo creo que hay un problema de credibilidad serio que va más allá del Presidente, pero desde luego que tiene más efecto en el caso del Presidente, pero es todos los días y a todos los niveles […]. Pero no son sólo los políticos: todo mundo viola la ley. También los de la Ceteg [Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero] que queman autobuses que no son de ellos y afectan a terceros, pues eso también es un delito. A lo mejor no es tan grave, la ley es la que determina qué tan grave es, pero es un delito y tampoco pasa nada. Yo creo que es un paquete completo de Estado de Derecho, el cual no se ataca por ningún lado.
–Regreso al caso del Presidente por algo que usted mencionó: el problema de credibilidad. Hay un problema de credibilidad a nivel institucional y con el Presidente ocurrió que da una respuesta, con este nombramiento del Secretario de la Función Pública…
–Yo creo que fue una respuesta poco efectiva, no creo que le haya ayudado para resolver el problema de credibilidad, porque además es un subordinado de él, porque por más que uno quiera pensar que tiene las mejores intenciones, si realmente hay alguna irregularidad ¿va a denunciar a su jefe? Es muy difícil. Ese esquema no funciona. O sea uno no puede poner a sus empleados para que lo investiguen a uno, eso no tiene sentido en ninguna parte del mundo, hay que inventarse otra instancia independiente, que no sea que tú tienes que investigar a tu patrón, eso no tiene sentido. Yo creo que fue una mala respuesta, no resolvió el problema de credibilidad, creo que incluso lo agravó, porque entonces da la imagen de que pone a su cuate para que diga que no hay problema. Hay que inventarse otro esquema; ahora con el Sistema Nacional Anticorrupción vamos a ver si surge alguna instancia independiente, que es la que tiene que haber, difícilmente uno va a cuestionar al jefe de uno, de quien depende su trabajo. Evidentemente eso no tiene sentido.
–Y con los recientes nombramientos, y sólo me refiero a ellos porque son ampliamente cuestionados, de Arely [Gómez] y del ahora ex Embajador [Eduardo] Medina Mora. En este momento, tomar este tipo de decisiones ¿ayuda a la credibilidad, reflejan si hay una verdadera intención de hacerse creíbles o es sólo también una fachada?
–Eso de Arely Gómez no sé qué tan cuestionado sea, además fue aprobada por una mayoría muy grande en el Senado, hasta por miembros de la oposición, entonces no estoy tan seguro que sea tan cuestionado. Desde luego hay quienes dicen que responde a intereses de Televisa, no me queda claro el vínculo ni por qué tenga que ser así. En todo caso lo que se le puede cuestionar es que no tiene mucha experiencia en procuración de justicia, sino en otras ramas de impartición de justicia. Yo ahí creo que hasta ahora no he visto un cuestionamiento serio, habrá que ver cómo se desempeña. Y en el caso del embajador Medina Mora, ciertamente yo creo que sí ha sido más cuestionado, algunos de los argumentos son válidos, otros me parece que no tanto.
–A lo que iba es que en este momento, en que el gobierno atraviesa por una crisis de credibilidad, si es una decisión oportuna hacer nombramientos tan cuestionados.
–Probablemente no fue lo más sabio, políticamente hablando, postular a Medina Mora. En el caso de Arely Gómez no sé, ahí yo insisto me parece que son voces aisladas, y la misma argumentación de que va a servir a Televisa, no encuentro una base muy sólida. Yo he escuchado a los que dicen eso: «Lo que pasa es que Televisa fue el primero que dio la noticia antes que otros”. Eso no me parece un argumento suficiente. No estoy diciendo que no pueda darse, pero no veo el vínculo directo. Tampoco estoy seguro que hubiera muchos más candidatos, porque al final es una facultad del presidente y para eso está el Senado, que la aprobó por mayoría. El caso de Medina Mora coincido que quizás no sea ahora lo más prudente, pero tampoco los vería a éstos como un signo. No creo que vayan a agravar la crisis por sí solos, yo creo que la crisis ya está dada desde antes y tiene que ver más con que no se han resuelto muchos problemas de fondo, porque los casos de investigación de corrupción no se ha avanzado, no hay procesados por casos de corrupción probada, los ex gobernadores como Andrés Granier [de Tabasco] están ahí, quién sabe que haya pasado con ese proceso, no ha habido una investigación muy profunda de todos los nexos de la clase política michoacana con el crimen organizado, que son muchos más. Se detuvo al hijo de Vallejo, pero es muy probable que haya muchos más, en el caso de otros estados como Tamaulipas, donde no se explica que se haya introducido la delincuencia organizada sin una complicidad con la clase política, tampoco ha habido muchas investigaciones. Y otros estados donde prosperaba la delincuencia organizada, como Veracruz, Estado de México o Guerrero, tampoco había investigaciones. Yo creo que eso es quizás mucho más grave. Si se hicieran investigaciones y se castigara a estos políticos que han protegido a los criminales, seguramente la credibilidad del gobierno aumentaría más. También creo que hace falta, y no creo que eso esté en manos del gobierno federal, que el Congreso tenga muchos más contrapesos para el uso de dinero. Estamos hablando nada más del Poder Ejecutivo, pero hay otros casos de escándalo, como la Línea 12, que también no sabemos en qué vaya a acabar. Yo creo que hay muchos casos donde el gobierno de Peña Nieto podría mostrar voluntad de combatir la corrupción, yo creo que esa es la oportunidad que tiene de hacerlo. Va a afectar a la clase política, pero lo tiene que hacer si quiere recuperar credibilidad. Eso me parece mucho más grave que nombrar a una procuradora que hasta ahora no sabemos si las sospechas que hay ahí, o las acusaciones, son ciertas. Y en el caso de Medina Mora, de lo que se le ha acusado es que no hizo un buen papel cuando estaba en la PGR [Procuraduría General de la República], lo cual puede ser y eso puede tener un costo. Pero a mí, insisto, me parece mucho más grave que se dejen todos estos casos impunes, que estos nombramientos que vamos a ver cómo resultan. Y al final el Presidente tiene, al menos en el caso de su gabinete, la facultad de nombrarlos; en el caso de [los Ministros de] la Corte, de proponerlos.
–Y digamos en el ámbito que sí le toca [al Presidente], ¿cuál es su evaluación? ¿Sí se ha visto una voluntad de resolver esta crisis de credibilidad con medidas eficaces y reales, o es sólo un efecto mediático?
–Yo creo que las medidas que ha propuesto ahora han sido insuficientes […]. Parece que son dos indicadores: uno son los nombramientos, que coincido que quizás ahí haya podido ganar credibilidad y no lo haya usado para la credibilidad. Pero lo otro está en la aplicación de la ley, eso le daría mucha más credibilidad. El problema con la Secretaría de la Función Pública (SFP) es que ya está diseñada institucionalmente y pues es un miembro de su gabinete, ¿y a quién va a nombrar? A alguien que le tenga confianza. El problema no es que nombre a quien nombró, el problema es que el Secretario de la Función Pública sigue dependiendo del Presidente. Eso tiene que cambiar, porque el Presidente no va a poner a un enemigo ahí, va a poner a quien confía porque es su gente. Entonces el problema está en el diseño: la Secretaría de la Función Pública no puede depender del Presidente, porque entonces va a nombrar a alguien de su confianza, todos lo hacen, es lógico. Lo que hay que hacer es que quien haga esas funciones de supervisar al gobierno no dependa del Ejecutivo, que ha sido la discusión de los últimos 40 años. Que sí, lo que hizo Peña Nieto al presentar como algo que iba a cambiar y aclarar las cosas, evidentemente no le funcionó para eso, porque nadie le va a creer por esa misma razón, porque es un empleado de él. Cualquiera que hubiera nombrado, por el hecho de ser su empleado, no va a tener la credibilidad de que va a hacer una investigación que vaya a afectar a su jefe. Ahí lo que tiene que haber es una reforma, vamos a ver cómo sale el Sistema Nacional Anticorrupción, que es un poco lo que busca, y eso sí sería un cambio importante.
–Es una oportunidad entonces.
–Yo creo que sí, sin duda. Pues es lo que hay que hacer, no nada más por Peña Nieto, por el que venga. Tiene que ser una instancia independiente, más allá del Presidente que sea, nadie les va a creer a los Secretarios de la Función Pública, nadie les cree porque son empleados del Presidente. Entonces yo creo que está mal el diseño institucional, ese es mi punto. Y ahí se puede hacer mucho más.
–Respecto a otro tema, que tiene que ver con el gran ausente en el discurso oficial, que es la violencia y la inseguridad, que después Tlatlaya y sobre todo Ayotzinapa vinieron a hacer ya inocultable el problema. Desde entonces hasta ahora, ¿ha cambiado la postura, el discurso del gobierno respecto a cómo aborda el tema de la inseguridad y la violencia?
–Ya por lo menos habla del tema de la inseguridad, muy a pesar de lo que quisiera el propio gobierno porque la realidad se impone al discurso. Al final no quería hablar Peña Nieto del tema, pero tiene que hablar porque el problema sigue ahí. Siguen insistiendo en que la situación está mejorando y el indicador que ellos usan es un indicador que a mí me parece erróneo, que es el indicador de los homicidios. En primer lugar es un indicador poco preciso, porque los homicidios más o menos los puede uno medir, pero hay otros delitos que uno no los puede medir, porque no se denuncian bien. Pero realmente el indicador que deberían medir, y ahí no ha mejorado nada, es la impunidad: el 98 por ciento de los delitos siguen impunes en este país. Mientras eso no cambie, pues la verdad los muertos pueden subir o bajar por muchas razones, es más a veces por malas razones, porque si un cártel domina una plaza baja la violencia, porque ya se matan menos ahí entre las bandas, pero eso no quiere decir que el problema se haya resuelto. Tiene que buscar el gobierno, evidentemente a largo plazo una consecuencia tendría que ser que se reducen los muertos, las extorsiones y los secuestros, pero se tienen que reducir porque la ley se está aplicando. Esa es la única forma sustentable, duradera y legítima en un Estado de Derecho. Mientras eso no ocurra, pues estas cifras suben y bajan y al final no se resuelve el verdadero problema que es la infiltración del Estado por parte del crimen organizado y eso no se ha resuelto, porque el Estado de Derecho todavía no predomina, porque todavía hay gran impunidad, las instituciones siguen estando penetradas por los criminales y eso es lo que hay que cambiar. Y eso va a llevar muchos años, también el gobierno tiene que reconocer que esta es una tarea de muchos años. Nadie le puede exigir al gobierno de Peña Nieto que resuelva esto en seis meses porque es una tarea imposible, porque esto es estructural, hay que sanear las instituciones, las policías, también las procuradurías, el Poder Judicial, en fin todas las instituciones que funcionan mal en la parte de seguridad, que son todas. Eso va a tomar muchos años, pero por lo menos hay que empezar a reconocerlo. No decir :»Ya la hicimos, es nomás ajustar aquí tres tuercas». No, es mucho más complicado.
–O detener algunos cabecillas.
–No, está bien que detengan cabecillas, porque es parte del combate a la impunidad. Lo que pasa es que detener a cabecillas es una condición necesaria pero no suficiente. Hay que hacer otras cosas. Hay también que perseguir y acabar con las redes de protección política que tenían estos criminales, que eso rara vez se hace, porque agarran a los capos criminales, pero las redes de corrupción siguen ahí, y entonces llegan otros criminales y las usan, y al rato desarrollan otro grupos criminales, como en Tamaulipas, porque el medio ambiente, el tejido institucional se los permite. Lo que tienen que hacer es fortalecer el tejido institucional, perseguir a los políticos corruptos y cambiar el diseño institucional de estas instituciones que están corrompidas y que están funcionando mal. Mientras eso no se haga, van a seguir surgiendo otros criminales, no porque así tenga que seguir siendo toda la vida, es porque si el Estado no funciona bien es lo que va a ocurrir […]. Es lo que creo que no se está haciendo bien, en parte porque muchas de estas reformada institucionales dependen de los gobiernos estatales y municipales, que son muy débiles, todavía más débiles que el gobierno federal, y eso es donde está buena parte del problema.
–¿Cuáles serían los hilos que tendrían que empezarse a jalar en este momento, con todas estas consideraciones de que no es algo inmediato, pero dónde se puede empezar?
–Algunos se empiezan ya a dar, la reforma del Poder Judicial ya viene, eso va a ayudar mucho. Tienes que hacer una reforma profunda a las procuradurías. El problema es que muchas de estas reformas tienen que darse a nivel local y ahí nos enfrentamos con el sistema federal, que en este caso parece sí ser un problema porque el Presidente de la República no tiene capacidad para incidir en estas decisiones […]. Algunas son del poder federal, del Presidente, y otras son de los estados, y además unos estados funcionan mejor que otros, porque evidentemente los gobernantes locales y la sociedad ha podido responder en algunos casos mejor que en otros, eso no se le puede pedir al Presidente de la República, cualquiera que éste sea, porque no depende de él, entonces también hay que presionar a los gobernadores y a los presidentes municipales.
NOTA: La entrevista se realizó previo al nombramiento de Eduardo Medina Mora como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
