Por Daniela Barragán y Daniela Medina
PRIMERA PARTE
Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).– “Somos lamentablemente una sociedad que padece de sobrepeso, de pocos hábitos para mantenernos sanos y sobre todo en enfermedades que son prevenibles y que mucho podemos hacer”, dijo el Presidente mexicano Enrique Peña Nieto el pasado 31 de octubre de 2013, cuando presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.
El mandatario anunció medidas que irían en tres ejes: Salud pública, Atención Médica y Regulación Sanitaria y Política Fiscal.
“Si logramos hacer un frente común entre autoridades, en quienes recae la primera responsabilidad para ser promotoras de este esfuerzo y la sociedad en su conjunto”, expresó.
Sin embargo, al mismo tiempo, en una oficina de la Secretaría de Economía, un funcionario de nivel de dirección tenía otros planes.
Poco después de las palabras del Presidente de México, a nombre del Gobierno de la República, la Secretaría a cargo de Ildefonso Guajardo Villareal defendió ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), en secreto, a la industria refresquera y de alimentos procesados. Y en un hecho en apariencia sin lógica, usó legalmente argumentos de las grandes corporaciones para ir en contra de un etiquetado conciso, aplicado por Ecuador, que permite al consumidor tomar decisiones informadas con respecto a lo que compra e ingiere.
De acuerdo con documentos obtenidos por SinEmbargo, la Subsecretaría de Comercio Exterior –dependiente de la Secretaría de Economía–, a través de la Unidad de Negociaciones Internacionales, presentó argumentos contra el etiquetado establecido por Ecuador para los productos más dañinos, como refrescos y panecillos altamente procesados y endulzados. Esta defensa de las autoridades mexicanas no ha sido informada a los ciudadanos y, hasta donde se sabe, tampoco al Congreso de México.
La argumentación legal de México puede servir para que el etiquetado de Ecuador no se asuma en más países.
Las etiquetas ecuatorianas alertan claramente cuando un producto tiene excedentes de azúcares. Las mexicanas, en cambio, son confusas y favorecen a la industria, de acuerdo con organizaciones civiles –tanto de México como del extranjero– especializadas en salud.
“La argumentación legal planteada por México contra Ecuador sirve a la industria y, a su vez, irá en contra de los argumentos de las organizaciones de salud que alertan, desde hace varios años, que el mundo vive una crisis por el consumo de alimentos con altos contenidos de azúcar, colorantes y/o transgénicos”, dijo una fuente a SinEmbargo. El Estado mexicano ha tomado como propios los discursos de las grandes industrias, se puede apreciar en los documentos, aunque esto deje en segundo plano el derecho a la salud de sus ciudadanos, y ponga en entredicho el discurso presidencial.
No se conoce bien el objetivo que busca México con las recomendaciones incluidas en los dos documentos en los que defiende incluso a las tabacaleras, los altos índices de azúcares en alimentos, los transgénicos, la publicidad, una etiqueta que desinforma a los consumidores y, además, que pone en duda las investigaciones científicas a partir de las cuales países como Ecuador y Australia han emprendido acciones para detener la publicidad nociva y en el derecho a la información de las y los consumidores, coincidieron en entrevista con SinEmbargo distintos especialistas.
Javier Zúñiga, colaborador y asesor legal de la asociación civil El Poder del Consumidor, dijo cuando se le informó de la posición de México en la OMC:
“Hay un choque fuerte entre los intereses de lo que necesitan los consumidores y lo que busca el gobierno mexicano”.
Jurídicamente, los documentos no tienen la capacidad de frenar las políticas de los países mencionados. Para hacerlo, México debe comprobar las afectaciones al flujo del intercambio comercial con Ecuador y así, continuar con el proceso del Tratado Internacional, sobre el que justifica sus argumentos, así como revisar la reglamentación y las observaciones e, incluso, interponer demandas.
“Este hecho exhibe las prioridades de Gobierno mexicano: un discurso que defiende y que va a seguir defendiendo a la industria [refresquera y de alimentos chatarra]. México ya eligió lo que quiere ser. Ya eligió el discurso que le gustó […]. El efecto del documento es que fija la postura de un país que tiene serios problemas de obesidad y con enfermedades no transmisibles. Además, se hace patente que está dando la lucha contra un etiquetado que sería benéfico e inmensamente útil para los consumidores mexicanos”, declaró Zúñiga.
En resumen, dijo Zúñiga, México está defendiendo a un conglomerado de empresas que tienen presencia en varios países y que por años, ha ganado miles de millones a costa de un consumidor desinformado.
No hay documentos que tengan el nombre de las empresas que están detrás o que comprueben el conflicto de interés. Pero especialistas coinciden en que la posición de México fue al menos conversada con Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Bimbo, Danone, Kellog´s, McDonald’s, Jumex, entre otras.
Estas empresas tienen, en promedio, ganancias anuales por más de 1 billón 409 mil 426 millones 760 mil pesos. Tan sólo en México.
EL DISCURSO NO COINCIDE CON LA ACCIÓN
El 31 de octubre de 2013, el Presidente mexicano habló de modificaciones en el etiquetado de alimentos y bebidas, regulación de la publicidad y la implementación de políticas fiscales que gravaran los productos de escaso aporte nutricional. Para inicios del año siguiente, el nuevo impuesto que aumentaba un peso a las bebidas azucaradas y el nuevo etiquetado entraban en vigor ante el reconocimiento –y exhorto a endurecerlos– de distintos organismos locales e internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Es a partir de esta estrategia en el que queda establecidos los horarios para la transmisión de publicidad en medios de comunicación. Sin embargo, las acciones fiscales quedaron a la deriva.
En 2014 entró en vigor el impuesto a bebidas azucaradas, un peso por litro, 10 por ciento al precio total. La recaudación, de acuerdo con cifras de El Poder del Consumidor, ascendió a 12 mil 400 millones de pesos al mes de octubre y en 18 mil 271 millones al cierre del año. Hasta el momento se desconoce el destino los impuestos recaudados.
La industria refresquera invierte 600 millones de dólares anuales en territorio mexicano y genera 135 mil 332 empleos directos.
El Poder del Consumidor criticó que, en el discurso, México se posicionó ante la ONU como un Estado que procura en la prevención de las enfermedades crónico-degenerativas y habló de la necesidad de emprender políticas de salud contundentes. Actualmente, el país ocupa el primer lugar en obesidad y en consumo de refrescos, con 163 litros per cápita en promedio. Cada mexicano consume 163 litros de refresco al año. Los refrescos, que no causan saciedad, están relacionados con el aumento de peso en los adultos y es un factor de riesgo para la obesidad y diabetes.
En agosto de 2013, representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), establecieron que el impuesto ideal a bebidas azucaradas debía ser del 20 por ciento o más, lo que ayudaría a recaudar de 20 mil a 24 mil millones de pesos y reducir en 26 por ciento el consumo. De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en el país hay 11.3 millones de personas en inseguridad alimentaria, ya sea severa o moderada. Además, 12 por ciento de la población infantil presenta desnutrición crónica después de los cinco años; y antes de los cinco años, en el caso de población indígena.
En junio de 2014, la Secretaría de Economía (SE) de México, a través de su director general de Reglas de Comercio Internacional, emitió un recurso diplomático dirigido a autoridades ecuatorianas, en el que a lo largo de 15 páginas cuestiona y pide modificar el etiquetado de semáforo que se implementó en aquel país.
La carta es firmada por Juan Antonio Dorantes Sánchez, quien antes defendió a la industria del tabaco. [Ver reportaje mañana, segunda parte].
Dorantes Sánchez en las etiquetas:
Dorantes Sánchez en el tabaco:
Para fundamentar argumentos a favor de la industria, el gobierno mexicano recurre a medios como el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos del Comercio (AOTC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el relativo a los Derechos de Propiedad Intelectual, y el CODEX Alimentarius, un código de prácticas y recomendaciones alimenticias avalado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), establecido en 1963.
La estrategia de México ayuda al uso de productos transgénicos, la publicidad y los edulcorantes.
“ALIMENTO” Y “ALIMENTO PROCESADO”
El Reglamento Técnico Ecuatoriano, documento en el que autoridades de aquel país estipularon las reglas que debe seguir el rotulado de productos alimenticios procesados, envasados y empaquetados, fue expedido desde 2007 y aprobado por su Ministerio de Salud para noviembre de 2013. Su aplicación es vital para las autoridades de salud y de comercio de otros países, porque permite argumentar en paneles internacionales en contra del que impulsó la industria (en México, por ejemplo), que no es claro para el consumidor.
Este documento incluye la diferenciación entre los términos “alimento”, “alimento natural” y “alimento procesado”, dando así oportunidad de que el consumidor conozca que estos últimos han sido sometidos “a operaciones tecnológicas necesarias para su transformación, modificación y conservación”.
Ahí prohíbe que los productores afirmen que al consumir un producto por sí solo se llenan los requerimientos nutricionales de una persona.
Pero el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Economía, pidió a Ecuador eliminar tal diferenciación.
“Cabe señalar que no existe ninguna referencia internacional que sustente dicha distinción, pues tanto los ‘alimentos’ como los ‘alimentos procesados’ aportan nutrientes”, se lee en la carta firmada por Juan Antonio Dorantes Sánchez.
La Organización Panamericana de la Salud (PAHO, en inglés), oficina regional de la OMS para las Américas, utiliza además la categoría de “alimentos ultra-procesados”, que en general pueden contener “poco o ningún alimento entero”, los cuales “son adicionados de aditivos para que tengan larga duración y para que adquieran color, sabor, olor y textura muy atractivos y se presentan listos para consumo”, en los cuales entran los refrescos, galletas (Oreo), cereales (Froot Loops), panecillos y el tipo de consumibles de los que Ecuador intenta alertar.
En un artículo realizado por un experto de la Universidad de São Paulo y recuperado por la PAHO, se comparan estos productos con los alimentos naturales, y se dice, tienen “menos proteína, menos fibra, más azúcar libre [o añadida], más grasas total, saturadas y trans, más sodio y, para productos sólidos, más energía por volumen”.
¿ROTULADO SIN SUSTENTO?
“México considera que el sistema gráfico promovido por Ecuador carece de sustento y evidencia científica” escribe la Subsecretaría de Comercio Exterior en su carta, y argumenta: “Por definición, todo alimento –lo mismo platillo o producto industrializado- alimenta y contribuye a la nutrición, es decir, tiene un valor nutritivo, por lo tanto ningún alimento se puede calificar como ‘bueno’ o ‘malo’ o de ‘alto’ o ‘bajo’ contenido nutrimental, pues no existe sustento científico para sostener tal argumento”.
Este sector del gobierno mexicano compara entonces el aporte nutricional de un refresco de Cola con el de, por ejemplo, un yogurt natural sin azúcares añadidos.
Detrás del etiquetado de semáforo hay estudios publicados en Oxford Journals de la Universidad de Oxford; la Unidad de Investigación de Ensayos Clínicos de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda; del Research Triangle Park en Carolina del Norte; de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de EU (CDC); de la Universidad de Yale; de la Universidad de Hamburgo de Ciencias Aplicadas; de la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo; encargados por el gobierno de Reino Unido y la Universidad George Washington, entre otros.
México, el país que adoptó el etiquetado GDA con un panel compuesto por tres funcionarios de gobierno sin formación científica enfocada en alimentación o salud, pide a Ecuador justificar su decisión de implementar el semáforo, con argumentos como “las personas consumen alimentos no nutrimentos, de allí los principales criterios de selección de alimentos (en orden ascendente) lo son el sabor, atributos, accesibilidad, asequibilidad y conveniencia”, y además dice que la leyenda “por su salud reduzca el consumo de este producto” lleva a la “estigmatización” del mismo.
Además México consideró que el sistema gráfico de colores “podría generar obstáculos innecesarios al comercio internacional, pues implica la adopción de un sistema de etiquetado único para Ecuador que no toma en consideración la información disponible científica y técnica”.podría generar obstdo entre esto.
MÉXICO DEFIENDE EDULCOLORANTES
La reglamentación ecuatoriana pide incluir el mensaje:
“Este producto contiene edulcorante no calórico”.
A lo que México responde:
“Este requisito adicional sobre ENC (edulcorante no calórico) podría ser redundante y posiblemente abonar a la confusión de los consumidores”.
Bajo argumentos de inocuidad emitidos por la FAO y la OMS, las autoridades mexicanas que mandaron la carta consideran que ese mensaje debe ser eliminado, sin embargo, también existe evidencia de que algunas personas pueden ser sensibles a la fenilalanina y el ácido aspártico, de los cuales se deriva el aspartame, uno de los edulcorantes más comunes, y en lo que se convierte éste una vez que es digerido.
Si en los antecedentes familiares existe fenilcetonuria, una enfermedad hereditaria que impide metabolizar el aminoácido tirosina a partir de fenilalanina en el hígado, también es cuestión de alerta.
Asimismo, según reporta la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se tiene un consumo recomendado de aspartame en México de 40 miligramos por kilo de peso, que en realidad sí es un rango muy amplio.
MÉXICO DEFIENDE TRANSGÉNICOS
Al igual que en los casos anteriores, el reglamento ecuatoriano pide incluir la frase “CONTIENE TRANSGÉNICOS”, en todo aquel producto que los lleve.
México considera entonces que:
“Al día de hoy, existe una discusión en curso sobre el riesgo por el consumo de este tipo de productos, por lo que no se justifica un trato diferenciado entre estos y los convencionales”.
Un transgénico es un organismo genéticamente modificado con técnicas de ingeniería, para introducirle una proteína, la cual le confiere alguna propiedad como el aumento de resistencia a plagas, infecciones y herbicidas.
En México, recientemente activistas e investigadores han denunciado que el gobierno, específicamente la Cofepris, ha negado el derecho de la población a la información, pues se ha negado a que las empresas etiqueten los productos con ingredientes genéticamente modificados, dejando al consumidor sin la opción de decidir si los consume o no.
En México no existe etiquetado para alimentos transgénicos pese a que lo establece el artículo 101 de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, mejor conocida como “Ley Monsanto”, a pesar de que lo recomienda el Protocolo de Cartagena –sobre seguridad de la biotecnología–, del cual el Estado mexicano es firmante.
Alejandro Calvillo Unna, presidente y fundador de la asociación civil El Poder del Consumidor, explicó que la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados fue presionada por las corporaciones, las cuales justificaron que si no había una diferencia sustancial en su producto, no tenía por qué llevar etiqueta; y como en ese entonces no existía pruebas científicas sobre las diferencias entre un producto orgánico y uno transgénico, la ley resultó laxa.
Sin embargo, México alega que dicha leyenda en las etiquetas de los productos ecuatorianos podría crear “obstáculos innecesarios” al comercio.
MÉXICO DEFIENDE LA PUBLICIDAD
Para evitar que el empaque con el que se presentan productos que califican en los niveles altos de azúcares, grasas o sodio, el gobierno ecuatoriano prohibió que se utilizara imágenes de niños, niñas y adolescentes, de profesionales de la salud, de celebridades y de personas o animales reales o ficticias.
Ante esto, la postura mexicana es, en primera, denunciar que con las disposiciones…
“[…] Se estaría violando los derechos de los niños y adolescentes de ejercer la profesión que más convenga a su desarrollo intelectual y emocional”.
Además, con un argumento que nuevamente favorece a la industria, y contrario a lo que usó Australia para implementar el empaquetado genérico de cigarrillos, México dice:
“Se limitaría el uso de publicidad como vehículo para transmitir valores sociales, particularmente a los niños y adolescentes, quienes se pueden identificar de manera positiva”.
Y una vez más, favorece el discurso de la propiedad intelectual sobre el derecho a la salud, al decir que la limitación a usar imágenes de personas o animales, limita el “uso y disfrute de un derecho”.
La OMS en su Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia 2014-2019 dedica algunas líneas a este tema. “En la actualidad se reconoce que, desde una perspectiva alimentaria, el precio, la mercadotecnia, la disponibilidad y la asequibilidad determinan las preferencias alimentarias de la persona, sus decisiones al comprar y los comportamientos alimentarios”.
Al respecto, el abogado Zúñiga retoma el ejemplo australiano:
“A través de cajetillas estableces colores, imágenes, discursos, leyendas, que los consumidores adoptan como suyas o que buscan adecuar conforme a su personalidad, actitudes, hoobies, y entonces creas fidelidades de marca, creas consumidores que se sienten identificados con una marca, logotipo o slogan, que los incita a consumir determinado producto, simplemente mediante un paquete”.
Y en general, concluye: “Son recomendaciones preocupantes porque utilizan el discurso, no de una industria, de varias: de la de transgénicos, de la alimentaria, lo de los nutrimentos, lo de la publicidad”.
ETIQUETA CONTRA ETIQUETA
El 14 de febrero de 2014 el gobierno mexicano implementó una de sus primeras acciones dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que consistía en reformar y adicionar diversas disposiciones a la regulación sanitaria de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas, en otras palabras, se propuso un nuevo etiquetado frontal, más visible, y en teoría, más claro en los paquetes de productos comestibles.
Éste adoptó el sistema de las Guías Diarias de Alimentación, conocido como GDA, altamente aceptado en países europeos en el que a través de porcentajes se establece la cantidad energía (en kilocalorías), de grasa saturada, otras grasas, azúcares totales y sodio, que una porción de determinado alimento o bebida contiene, de acuerdo con las necesidades diarias de una dieta promedio de 2000 kcal establecida para un adulto.
Fiorella Espinosa, investigadora y coordinadora de Salud Alimentaria en El Poder del Consumidor dice en entrevista con SinEmbargo que el estilo GDA “es el que ha promovido la industria alimentaria desde el 2011 en México, pero es el que ha usado por muchos años”, que además de no ser claro, es engañoso.
Ese año, empresas como Bimbo, PepsiCo, Nestle, Hershey’s, Barcel y Kelloggs, asociadas al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), realizaron la Alianza por una Vida Saludable para promover su etiquetado. Uno aprobado por la industria y en 2014 por el gobierno mexicano, pero no por expertos en salud.
En 2011, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) difundió la “Revisión del etiquetado frontal: análisis de las GDA y su comprensión por estudiantes de nutrición en México” en el que concluyó que éste “no es la mejor opción para presentar el contenido nutrimental de un producto y por lo tanto, para que los consumidores tomen decisiones mejor informadas, más saludables y más rápidas sobre los alimentos que van a consumir […] Ha sido criticado en diversos países desarrollados por su complejidad y por la falta de comprensión por parte de los consumidores. En México, esto podría ser peor debido a las desigualdades en educación en el país”.
Para llegar a esta conclusión, expertos del INSP realizaron un estudio entre 122 estudiantes de nutrición, en el que evaluaron distintos aspectos del etiquetado. Al final, sólo un 12.5 por ciento de los participantes fueron capaces de definirlo correctamente, poco más de la mitad (56.3 por ciento) identificó el número de porciones en un envase y únicamente 31.7 por ciento estimó bien el contenido energético total del producto. Del total, sólo un 1.8 por ciento de los próximos nutriólogos fue capaz de responder de manera correcta a tres preguntas que implicaban cantidad de azúcares.
“La información que brinda el contenido de esta etiqueta puede ser engañosa, por lo tanto, se deben considerar sistemas más simples para ser aplicados en México”, determinó el organismo de investigación de la SSa en 2011. Tres años después, la Cofepris lo hizo válido y la Secretaría de Economía tomó postura en contra de países que han optado por seguir este tipo de recomendaciones.
UNA ETIQUETA A LA MEDIDA
“Su diseño está pensado para que las personas lo ubiquen fácilmente y para que su comprensión sea sencilla. Esto les permitirá hacer elecciones informadas y decidir cuándo, cuánto y cómo cubrir las necesidades diarias de estos nutrimentos”, se puede leer en el apartado de las GDA en la página de Coca Cola México.
Sin embargo, los investigadores privados han demostrado la superioridad del etiquetado tipo semáforo, como el que estableció Ecuador y que se utiliza voluntariamente en Reino Unido, frente a los porcentajes y cifras de las GDA.
En medio de la Conferencia Internacional sobre Etiquetado y Políticas Fiscales en Alimentación Saludable y prevención de la Obesidad, llevada a cabo en agosto del año pasado, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, destacó las labores de Ecuador para beneficiar a su población, “la OPS felicita a Ecuador por la promulgación del reglamento de etiquetado de alimentos procesados, que acompaña a otras acciones para fomentar la alimentación saludable. Su trabajo es sin duda un ejemplo para las Américas; quiero expresar el compromiso de la OPS para respaldar las acciones del Ecuador y de los países miembros en sus esfuerzos por alcanzar niveles altos de salud”.
Tal como lo hizo el INSP en México, a nivel internacional, expertos de las universidades de Yale, Carolina del Norte y hasta el Centros de Control y Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos; así como otros en Australia, Nueva Zelanda y Alemania, se suman a los esfuerzos.
El realizado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, señala “generalmente la industria alimentaria favorece las etiquetas DGA, mientras que los defensores de la salud pública están a favor del semáforo”, en una investigación que demostró que el primer etiquetado resulta confuso, sobre todo para compradores de recursos bajos.
En México, no obstante, se volvió obligatorio como parte de una estrategia para combatir la obesidad y las enfermedades no transmisibles.
“Hay evidencia internacional que indica que las personas pueden hacer una selección de alimentos saludables o tomar mejores decisiones de compras cuando tiene un etiquetado frente a él que tiene dos características: que utiliza colores y que utiliza el término de bajo, medio y alto, en cierto nutrimiento”, menciona Fiorella Espinosa.
El etiquetado semáforo no es el único innovador, pero sí es “el que tiene una evidencia fuerte detrás, de que es útil y comprensible al consumidor, lo cual el GDA, y más como está implementado ahorita en México, no cumple con eso”, dice la especialista en nutrición.
En 2014 el Ministerio de Salud de Chile presentó un modelo que a modo de señal de advertencia, alertaba al consumidor sobre el exceso de grasas saturadas, azúcares, calorías y sodio.
Otro de los aspectos en contra del actual etiquetado mexicano, es que cambió de hablar en gramos a hablar en kilocalorías. “Para la mayoría de la población este es un dato que no quiere decir nada, en gramos todavía tiene la oportunidad de convertirlo a medida más visual, que con la campaña anterior [del Poder del Consumidor] quizá ya hay gente que tenía la referencia de que 5g equivale a una cucharadita, entonces sería mucho más fácil el referente para ella”, dice la entrevistada.
EL ENGAÑO AZUCARADO
La Organización Mundial de la Salud recomienda como límite un consumo de 50 gramos de azúcares añadidos, es decir, artificiales, aquellos que no están presentes en los alimentos de forma natural y son en gran medida causantes de la obesidad, diabetes y otro tipo de afecciones. En marzo del año pasado incluso abrió una discusión pública para reducir dicho monto a la mitad.
El etiquetado frontal utilizado en México, por su parte, se alineó con lo utilizado por las empresas, y pese a que originalmente la Estrategia Nacional consideraba como referencia los 50 gramos de máximo tolerable de la OMS, al publicarse los lineamientos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se omitió distinguir entre “azúcares añadidos”, para englobar así estos componentes en “azúcares totales”, lo cual elevaba el límite de referencia a 90 gramos y lo vuelve peligroso para la salud.
Espinosa explica: “los azúcares totales son una suma de los añadidos más los naturales, que son los de la fruta y los de los lácteos principalmente [fructosa y lactosa]. Sin embargo, es muy diferente el azúcar que puede contener una fruta, que el azúcar añadido que puede contener un refresco, que básicamente es su único ingrediente. Entonces si se modifica de 50g a 90g permite que un producto tenga mayor cantidad de azúcar sin que parezca que está excediendo la cantidad de azúcares añadidos.
Si comes fruta varias veces al día y no comes ni un solo gramo de azúcar añadida, el beneficio a la salud es 10 veces mayor. No es comparable, pero fue una estrategia para que por ejemplo, en una Coca Cola no se vea tan rebasado su contenido de azúcar”.
El ejemplo más claro es precisamente el de una Coca Cola de 600 mililitros (ml), que con el valor que se utiliza actualmente, dice que representa el 70 por ciento del máximo tolerable de azúcar al día, pero si utilizara la recomendación de la OMS, este porcentaje sube a 126 por ciento.
“Entonces, no es lo mismo que se reciba el mensaje de ‘voy a pasarme de mi máximo por 26 por ciento’ a decir ‘estoy consumiendo 70 por ciento y todavía tengo un 30 por ciento más para poder consumirlo en azúcar’. En ese sentido es uno de los engaños”, dice la experta. En caso de que el máximo organismo de salud redujera dicho límite tolerable a la mitad, la misma botella de refresco aportaría un 252 por ciento de azúcares.
Ante estas irregularidades, en abril de 2014, las organizaciones civiles El Poder del Consumidor y la Fundación Interamericana del Corazón de México, presentaron un amparo ante jueces de Distrito en Materia Administrativa, en contra del etiquetado frontal de alimentos y bebidas emitido por la Cofepris, el cual es engañoso, complicado de entender y no cumple con los estándares establecidos por organismos de salud internacionales.
Javier Zúñiga, de El Poder del Consumidor, dijo al respecto: “La Cofepris elaboró esos lineamientos, el problema fue que como venían los lineamientos para que las empresas elaboraran su etiquetado y proporcionaran información a los consumidores, no decía nada. De hecho era un etiquetado que las empresas ya asumían voluntariamente y que lo único que cambia es la posición […] no dice si es la ingesta diaria recomendada, si es saludable o no, ni cuáles son los riesgos de que lo consumas, no dice absolutamente nada ese tipo de etiquetado”.
“Las empresas son las que proponen el etiquetado frontal, y es el etiquetado que adopta la Unión Europea. Son empresas súper fuertes que tienen intereses en que se disfrace el contenido de azúcar que tienen sus productos, no quieren que los consumidores realmente conozcan el contenido de sus productos o de manera menos clara, porque no les conviene para sus ventas.
Si las personas supieran el alto contenido de azúcar que tienen jugos Del Valle o Yakult de manera clara, es su mismo producto, la gente se lo pensaría dos veces antes de comprarlo. Productos que se asumen como sanos, como el yogurt natural, tienes que buscar ‘sin azúcar’, porque el yogurt natural tiene mucha azúcar”, continúa.
Zúñiga dice que las grandes corporaciones sacan provecho del asunto de los azúcares totales para hacer parecer sus productos menos nocivos de lo que son, lo cual implica un grave problema de salud pública. “Piensen en poblaciones vulnerables como niños o gente con diabetes, donde el contenido real de azúcar es indispensable para su dieta, ese tipo de etiquetado no les dice absolutamente nada”.
“Eso viola el derecho a la salud de las personas, viola el derecho a la información de los consumidores y es una medida regresiva por parte del Estado mexicano. Si ya había dicho que se iba a crear un etiquetado, no puede hacer uno que desinforme más a los consumidores que informarlos y eso viola el principio de progresividad del derecho a la salud que está contenido en nuestra Constitución y en el Pacto de San José”.
En septiembre del año pasado, Alejandro Calvillo, director de dicha ONG informó en su columna “¿A qué intereses sirve COFEPRIS?” que tras realizar una solicitud de información a la Comisión presidida por Mikel Arriola, sobre quién y bajo qué criterios se elaboró el nuevo etiquetado, la respuesta fue que tres funcionarios de Cofepris: dos abogados y una maestra en ciencias ambientales. Sin nutriólogos, médicos de ningún tipo, autoridades de salud o siquiera estudios que lo respaldaran.
“El hecho de que Cofepris no haya constituido un grupo de trabajo conformado por expertos y los institutos de salud es una prueba del contubernio de este organismo con la industria. Cualquier regulación, de mucho menor importancia, requiere de cuerpos de expertos, ¿cómo dos abogados y una maestra en ciencias ambientales deciden criterios nutricionales para la población mexicana? En realidad Cofepris si conformó un grupo de expertos, pero lo hizo con la industria y esto es inconfesable”, denunció Calvillo entonces.
El asesor legal, por su parte, cuestiona: “si no tienes expertos, si no tienes datos científicos, nada de esto que justifique tu decisión, con base en qué puedes decir que fue una buena regulación o que es una buena política pública. El código de Ecuador está sustentado, tiene argumentos, ¿en este caso que tiene? Nada”.
La investigadora en nutrición, dice “de 20 años para acá, la industria alimentaria ha cambiado mucho, hoy en día mientras más información tenga el consumidor, mejores decisiones de compra tiene. Claro que mientras más elementos lo hace más complejo para él poder decidir, por eso se tiene que transmitir esa información de una manera útil, por ende el etiquetado de semáforo se ha visto que es comprensible y rápido, lo que no tiene otro en el que tienes que leer cantidades, cifras”.
Pese a que expertos, gobiernos, organismos internacionales, científicos, universidades y estudios sustentan lo contrario, el Estado mexicano, al frente del segundo país más obeso del mundo, hizo regla un recurso engañoso, elaborado por las principales proveedoras de azúcares . No conforme, se alineó a su postura y adoptó su discurso para cuestionar a aquellos que lo están haciendo bien.
“Cómo puedes esperar que un país tenga las mejores políticas públicas en materia de salud, léase alimentos, transgénicos, tabaco, si su postura internacional es el mismo discurso de la industria ¿qué puedes esperar de ese sector, qué podemos decir los consumidores de cualquiera de estos productos, de políticas y regulaciones eficientes, cuando la postura es una carta de un sector de la Secretaría de Economía a la OMC para decir porqué el empaquetado genérico puede violar derechos de propiedad intelectual?”, finaliza Zúñiga.
En su discurso en la apertura de la 8va Conferencia Mundial de Promoción de la Salud 2013, la directora de la OMS, Margaret Chan mencionó que, al igual que la industria del Tabaco, la alimentaria, del refresco y el alcohol, temen a las regulaciones y se protegen utilizando diversas tácticas y reconoció que desde hace unos años, los esfuerzos para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles están en contra de los intereses comerciales de actores poderosos económicamente.
Sin embargo, lo más peligroso no son las acciones de las empresas, sino de los gobiernos que las respaldan.
“Muy pocos gobiernos priorizan a la población por sobre las grandes industrias. Así como hemos aprendido de la experiencia contra la industria del tabaco, una corporación poderosa le puede vender al público prácticamente lo que sea”, dijo.
Y continuó con la denuncia: “Aquellos gobiernos que están tomando acción para proteger a su población están siendo demandados, llevados a las cortes de justicia y ser retados al litigio. Esto es peligroso. […] Cuando la industria está involucrada en la toma de decisiones, tengan por seguro que la mayoría de las regulaciones efectivas serán minimizadas y dejadas fuera por completo. Esto también está muy bien documentado, y es peligroso”.
