Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).– A nueve años de que 63 mineros quedaron sepultados en la mina Pasta de Conchos en Coahuila, el Poder Judicial de la Federación sigue impidiendo a la Procuraduría General de la República (PGR) el rescate de los restos, acusaron familiares. Esta denuncia se suma al llamado que hicieron legisladores al Ejecutivo para intervenir ante Grupo México para recuperar los cuerpos.
Por su parte, los jueces especializados en cateos, Miguel Bonilla López, juez tercero federal penal, y Enrique Martínez Guzmán, juez quinto federal negaron la orden de cateo solicitada por la PGR, con los argumentos de que los familiares se han acreditado como tales y no como testigos de lo sucedido, por lo tanto no están facultados para la recuperación de los restos.
«Tal postura ha venido a comprobarnos que en México no encontraremos justicia que reivindique el trabajo esforzado y riesgoso que hacían nuestros familiares», dijo Cristina Auerbach, de la Organización Familia Pasta de Conchos afuera de las instalaciones de Grupo México.
«Decidimos en 2010 acudir al ámbito internacional, el día de hoy renovamos la demanda de nuestro caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que próximamente sea votado», dijo.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) y la OFPC enviaron en enero un comunicado a la CIDH para solicitar que vote sobre la admisibilidad de la petición respecto a las víctimas de la explosión de la mina Pastas de Conchos en su próximo periodo ordinario de sesiones.
«Para las decenas de familias que están a punto de cumplir 9 años de luto, sin poder darles a sus seres queridos una sepultura digna, debido a que los cuerpos de de los mineros siguen atrapados en la mina, es de la mayor importancia y prioridad que se resuelva sobre la admisibilidad de la petición», afirma la carta enviada a la CIDH.
Y agrega que «es urgente no sólo como una medida de reparación del daño para las familias afectadas, sino para conocer la verdad histórica y garantizar la no repetición, tomando en cuenta que después del siniestro en Pasta de Conchos hemos documentado la muerte de más de cien mineros adicionales».
Desde febrero de 2006, cuando se registró la explosión en Pasta de Conchos, donde 63 mineros quedaron atrapados bajo los escombros, 8 de los cuales fueron rescatados con heridas y quemaduras graves, dos más sin vida y los restos de 63 siguen desde entonces en el yacimiento, las viudas y familiares de los mineros reclaman justicia.
Por su parte, legisladores en la Cámara de Diputados exigieron al Efecutivo federal intervenir ante Grupo México para recuperar los cadáveres de los 63 mineros.
Tras un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado en votación económica, también pidieron a la Comisión Especial de Minería crear un grupo de trabajo para revisar la legislación en la materia con el fin de prevenir y evitar que se repitan casos como el de Pasta de Conchos.
El Diputado José Luis Flores Méndez acusó que pese a que la mina realizaba sus operaciones con elevados índices de inseguridad, la carbonera no fue clausurada antes de la tragedia, debido a la negligencia y corrupción en que incurrieron diversos actores.
“Muchas dudas han quedado en el aire desde aquel febrero, junto al gran sentimiento de impotencia e injusticia. Al momento permanecen 63 familias prolongando su dolor”, aseveró el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El Diputado hizo “un enérgico llamado a la empresa Minera México y a Grupo México para que reactiven los trabajos de búsqueda y recuperación de los mineros perdidos en la explosión del 2006”.
Es su responsabilidad, subrayó, pues incurrió en faltas a la normativa, operó en forma irregular y no garantizó la seguridad ni la vida de sus trabajadores.
En tanto, la panista Esther Quintana Salinas, señaló que Pasta de Conchos dejó a la vista “océanos de negligencia de una compañía que no le dio la gana atender las comprobadas notificaciones y alertas de seguridad que recibieron los administradores de la mina con semanas de anterioridad a la tragedia, las cuales señalaban la alta concentración de gas metano.
De acuerdo con la Diputada del Partido Acción Nacional (PAN), se pueden hacer leyes para que los trabajadores del socavón, “los que se parten el alma en las entrañas de la tierra, laboren con seguridad y puedan vivir como personas, es decir, con dignidad.
Para el perredista Trinidad Secundino Morales Vargas, es inconcebible que a nueve años de la explosión de gas en la mina, continúan sin recuperarse los cuerpos de los 63 mineros que aún se encuentran en los socavones.
La Diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Partido Verde Ecologista de México, consideró inaceptable que un consorcio que obtiene ganancias tan jugosas como Grupo México, dé tan poca importancia a algo que debería ser prioridad, como el cuidado de la seguridad y la integridad de sus trabajadores.
-Con información de Notimex
