Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).– Un grupo de ejidatarios del ejido Culhuacán que demanda al Gobierno del Distrito Federal (GDF) el pago de 25 millones de pesos por la expropiación de tierras desde el siglo pasado, en un tramo por donde corre la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, denunció que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales ha mantenido «congelado» el expediente del caso y acusó una «falta de voluntad» para analizarlo y resolverlo.
Desde el pasado 7 de noviembre de 2014, los representantes de los ejidatarios solicitaron ante la Oficialía de Partes de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería la procedencia del pago por indemnización.
Ese mismo mes, el día 28, el Director de Legislación y Trámites Inmobiliarios, Flavio Martínez Zavala, les respondió que el expediente aún se encontraba en etapa de integración, de acuerdo con el oficio emitido entonces, respecto al expediente 21-01/402/596.
A decir de Ernesto Fernández Tachiquin, asesor de los ejidatarios, hasta la fecha la integración del expediente no ha prosperado. Fernández Tachiquin consideró que la determinación del pago por las tierras ejidales es un tema “de urgencia”, dada la avanzada edad de muchos de los 203 ejidatarios que exigen la compensación por sus tierras.
El pasado 10 de febrero, el consejero jurídico, José Ramón Amieva, afirmó que el gobierno central capitalino no adeudaba pagos por afectaciones a terrenos o inmuebles, derivados de la construcción de la Línea 12.
“Como Consejería Jurídica no tengo registrado ningún antecedente que me determine la obligación de pago, por afectaciones a terrenos o inmuebles”, dijo el funcionario a la prensa. Y agregó que la Consejería contaba con antecedentes de que las tierras ejidales en cuestión -un total de 18 hectáreas que comprenden el tramo de Avenida Tláhuac entre las estaciones del Metro Culhuacán y Tomatlán, en la delegación Iztapalapa- ya habían sido pagadas.
Fernández Tachiquin sostiene lo contrario con base en oficios emitidos por la federal Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la local Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), de acuerdo con los cuales no existen antecedentes de pagos por los terrenos expropiados.
Además, en septiembre de 2012 –un mes antes de que se inaugurara la Línea 12, que por ahora se encuentra parcialmente suspendida– el Consejo de Administración del STC Metro acordó transferir a la Secretaría de Gobierno 25 millones de pesos para el ejido Culhuacán.
De acuerdo con el acuerdo III-2012-III-18 de la tercera sesión ordinaria del Consejo de Administración, se otorgaría el “apoyo económico por concepto de impacto por mitigación de obra, derivado de la falta de pago de las expropiaciones”.
El 25 de septiembre de 2012, el entonces director general del STC Metro, Francisco Bojórquez Hernández, reiteró que al ejido se le pagarían 25 millones de pesos, como consta en el oficio DG/000966/12, cuya copia, junto con la del resto de los documentos, fue entregada por Fernández Tachiquin.
HISTORIA DE LA EXPROPIACIÓN
El 3 de octubre de 1938 fue expropiada un área de 42 mil 287.7 metros cuadrados de tierras del ejido Culhuacán, debido a que se abriría la carretera Iztapalapa-Tláhuac. El pago de 8 mil 457 pesos con cincuenta y cuatro centavos como compensación quedó a cargo del entonces Departamento del Distrito Federal.
De acuerdo con el documento expropiatorio, la expropiación se tendría como legal una vez que se cumpliera el pago de las tierras.
El 11 de agosto de 1965 se expropiaron 81.4 hectáreas del ejido Culhuacán, a favor del Departamento del Distrito Federal, para la construcción de habitaciones populares, escuelas, mercados, campos deportivos, edificios públicos, albergues infantiles, un hospital, un asilo para ancianos, calles, jardines y servicios públicos.
De la primera expropiación no existen registros de pagos ante el extinto Fondo Nacional de Fomento Ejidal (liquidado en 1976), mientras que de la segunda se hicieron dos: uno el 29 de octubre de 1971 por un monto de 2 millones 442 mil pesos (2 mil 442 pesos actuales) y otro el 15 de marzo de 1996 por 2 mil 787.71 pesos, de acuerdo con la información proporcionada por el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), de la Sedatu, a las autoridades del Comisariado Ejidal de Culhuacán, el 27 de octubre de 2014.
Los dos pagos por la expropiación de 1965 fueron hechos de forma extemporánea, de acuerdo con el Fifonafe.
Previamente, el 31 de enero de 2011, el gerente jurídico del STC Metro, Francisco Cervantes Ramírez, también había solicitado información al Fifonafe sobre los pagos indemnizatorios de los terrenos ejidales. La contestación dada entonces fue similar: la institución no tenía antecedentes de pagos por el predio expropiado en 1938 y de aquél expropiado en 1965 sólo conocía de los dos pagos ya referidos.
Como parte del proceso que la Consejería Jurídica requiere para efectuar pagos por indemnización por expropiaciones, se pide a la Seduvi que informe si cuenta con antecedentes de algún pago de indemnización. Con base en este precepto los ejidatarios de Culhuacán solicitaron a finales del año pasado dicha información a la Seduvi.
Las respuestas dadas por el director de Control de reserva y registro territorial, Alberto Gómez Arizmendi, y el director de Normatividad y apoyo jurídico, Román García Álvarez, fueron similares: ninguna de sus oficinas encontró antecedentes de pagos por indemnización.
“FALTA DE VOLUNTAD” DE LA CONSEJERÍA
De acuerdo con Fernández Tachiquin, de octubre de 2008 a 2012 tuvieron más de un centenar de reuniones con distintas autoridades del gobierno capitalino, e incluso entre 2011 y 2012 se había acordado el pago a los ejidatarios, según su representante.
“Como fuimos viendo documentos que iban avanzando y reconocían el adeudo, dijimos: ‘Nos vamos esperando’”, respondió al cuestionársele cuándo comenzaron a exigir el pago por la expropiación.
Según el asesor de los ejidatarios, el STC Metro estableció mesas de trabajo para solucionar el problema del pago indemnizatorio y fue por ello que, en septiembre de 2012, fijó un monto total de 25 millones de pesos para los 203 ejidatarios inconformes.
De llegarse a concretar ese pago, cada ejidatario recibiría 123 mil 152.7 pesos como compensación. A decir de su asesor, en este momento “es preferible un mal acuerdo que un buen pleito” pues, afirmó, lo que buscan no es “golpetear” al gobierno capitalino sino que se les pague.
El 9 de diciembre de 2013, la Jefatura de Gobierno emitió el Acuerdo por el que se crea la Comisión de Análisis para la determinación de la procedencia del pago de expropiaciones o afectaciones y de las resoluciones de reversión, presidido por la Consejería.
Los ejidatarios demandaron que la Consejería concluya la integración del expediente del caso y lo presente ante esa Comisión.
“Es falta de voluntad de la Consejería Jurídica, ese es nuestro reclamo. Que lo agarren [el expediente] y lo suban ya”, manifestó Fernández Tachiquin.
Asimismo refirió que el pasado viernes 13, se reunieron con el Diputado local Jorge Gaviño Ambriz, quien preside la Comisión de Investigación sobre la Línea 12 del Metro en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
De acuerdo con Fernández, el legislador les dijo que que buscaría al consejero jurídico Amieva y al Secretario de Gobierno, Héctor Serrano, a fin de concretar una reunión con ellos y los ejidatarios. A más tardar el jueves tendrán una respuesta de Gaviño Ambriz.
Los ejidatarios dijeron que en caso de o tener una respuesta por parte de las autoridades capitalinas se manifestarían de forma pacífica.
