Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).- Senadores le ponen un alto a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, cuyo titular es Humberto Castillejos, a quien el Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusó de tratar de imponer 80 cambios de forma unilateral en el documento que dará paso a la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En entrevista para SinEmbargo la Senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Marcela Torres Peimbert explicó que las cuatro fuerzas políticas mayoritarias en el Senado acordaron hacer públicos todos los cambios que se realicen al texto original.
“A partir de ahora todas las modificaciones que se tengan que hacer saldrán de consultas públicas que se estarán haciendo con los distintos actores”, adelantó la también secretaria de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.
De esta forma, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, que se asume a sí misma como representante de todo el Gobierno federal, deberá exponer y argumentar sus propuestas para modificar el texto original, igual que otros actores que no están satisfechos con la redacción de los senadores.
“Ya no aceptaremos esto de que nos pasaron un documento y luego no se quieren hacer cargo de él. Entonces creo que esa es la parte relevante, ellos [la Presidencia] tienen derecho a tener una postura, y creo que [los senadores] no estamos para andar filtrando documentos, sino que ellos mismos tengan la posibilidad de defender sus posturas, pero de cara a la ciudadanía”, afirmó la Senadora por Querétaro.
Al igual que la Consejería Jurídica de Presidencia, participarán en audiencias públicas representantes del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), de las organizaciones ciudadanas promotoras de la transparencia.
Asimismo, el Banco de México (Banxico), y las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) podrán exponer ante la sociedad sus argumentos para reservar documentos que son del interés de la ciudadanía, con el pretexto de la seguridad nacional o de la estabilidad económica.
También podrán participar representantes de los partidos políticos y de los sindicatos que reciban dinero público si es su deseo participar, aunque estos últimos todavía no están confirmados.
La propuesta será presentada este lunes a la Junta de Coordinación Política por el Senador Pablo Escudero, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presidente de la citada comisión, en una reunión en donde también estarán presentes los comisionados del IFAI.
“Creo que es algo será muy beneficio para México, abrir la casa, airearla, para que se sepa qué es lo que se está discutiendo y creo que eso siempre es bueno”, apuntó la Senadora Marcela Torres Peimbert.
TRANSPARENCIA A LA LEY DE TRANSPARENCIA
El pasado 7 de febrero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a diversos artículos constitucionales con el objetivo de fortalecer el derecho ciudadano al acceso a la información sobre todos los asuntos públicos.
La reforma, calificada como progresista y ambiciosa en su momento, tenía el objetivo de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas a través de la transparencia y el acceso a la información pública.
La enmienda estableció la autonomía constitucional del Instituto Federal de Acceso a la Información, así como a todos los órganos garantes de las entidades federativas.
Asimismo, la reforma fijo un plazo de un año para que el Poder Legislativo aprobara la ley secundaria que permitiera contar con una ley general en materia de transparencia y acceso a la información, que estableciera las obligaciones de transparencia a los que están obligados los sujetos de carácter federal.
A más de una semana de que se venciera ese plazo, la Comisión de Anticorrupción del Senado no ha logrado sacar adelante el dictamen final de la nueva Ley de Transparencia.
En la discusión del nuevo diseño normativo han participado académicos y representantes de organizaciones civiles para lograr una ley de avanzada.
“La prioridad, desde mi punto de vista, debe ser por supuesto respetar este derecho ciudadano, potenciar al ciudadano, empoderar al ciudadano y hacer consciente al ciudadano de la importancia de conocer a fondo toda la información que se desprenda del ejercicio de la acción pública en los tres niveles de gobierno”, explicó la Senadora Torres Peimbert.
No obstante, la Presidencia de la República ha tratado por diversos medios de reducir sus alcances, como han denunciado legisladores de oposición.
“Estas 80 modificaciones están planteadas por dos grupos parlamentarios, por el Partido Revolucionario Institucional y por el Verde, y creo que salta a la vista que ellos cambiaron el formato que se venía trabajando. Tan es así que las organizaciones de la ciudadanía que venían participando están manifestando públicamente su rechazo a los planteamientos”, detalló el Senador perredista Armando Ríos Piter.
Por ello es que fue necesario un acuerdo al interior de la comisión en comento, a fin de que sean públicas todas las consultas y debates para modificar el texto base.
“Si estamos construyendo una ley a favor de la transparencia y del acceso a la información pues es muy bueno que esta pueda realizarse de cara a la sociedad”, dijo la Senadora Torres Peimbert.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, del PVEM; las secretarias Marcela Torres Peimbert y Areli Gómez González del PAN y PRI respectivamente, así como Alejandro Encinas Rodríguez, por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
LOS CAMBIOS QUE PRETENDE LA PRESIDENCIA
Durante la semana pasada los perredistas denunciaron que la Presidencia de la República intentaba frenar logros ciudadanos en materia de transparencia, para evitar hacer públicas situaciones similares a los recientes escándalos de corrupción y de compras inexplicables de mansiones a empresarios favoritos en la construcción de obra pública.
Entre otros aspectos regresivos está la posibilidad de establecer como información reservada documentos relativos a violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, hasta que una autoridad competente lo determine.
Otro aspecto regresivo, dijeron los perredistas, es la posibilidad de que no se puedan transparentar los recursos federales invertidos en fondos y fideicomisos.
Por su parte, el Senador Zoé Robledo Aburto del PRD detalló cuatro cambios sustantivos que la Presidencia de la República pretende incorporar a la nueva Ley de Transparencia sin el consenso de los partidos políticos.
La primera tiene que ver con las recomendaciones e incumplimiento de obligaciones de transparencia.
Se pretende modificar el artículo 25 para eliminar la figura de la recomendación reducirla al carácter no vinculante, con lo cual se reduciría la fuerza de las recomendaciones y se convertirían en simples “llamados a misa”.
Segundo, pretende modificar el artículo 26 para cambiar la naturaleza del sistema.
“Yo creo que no podemos estar de acuerdo con esta interpretación que se está haciendo respecto al Sistema Nacional de Transparencia. La finalidad de una Ley General es justamente distribuir competencias”, apuntó el legislador.
Como tercer punto, se pretende modificar el artículo 43 para eximir de la responsabilidad de establecer comités de transparencia a los siguientes organismos:
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación; el Centro Federal de Protección a las Personas; a la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; a la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada; al Estado Mayor Presidencial; al Estado Mayor de la Defensa Nacional; al Estado Mayor de la Armada.
“Nosotros no estamos de acuerdo, ni tiene sentido, ni en términos democráticos, ni en términos de criterios de seguridad”, recalcó el Senador Zoé Robledo.
Cuarto punto, se busca eliminar la prueba del daño, lo cual representaría un gran retroceso en materia de acceso a la información.
En otras palabras se buscaría quitar lo que los senadores habían establecido para que las dependencias argumentaran desde un inicio el por qué determinada información es reservada.
“No basta con que la autoridad simplemente afirme que existe un riesgo, la autoridad debe proporcionar razones específicas y sustanciales de manera fundada y motivada para restringir el derecho al acceso a la información de las personas”, explicó el Senador por Chiapas.
