Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).– La tarde del 3 de julio de 2014, una camioneta que transportaba a 42 jornaleras y jornaleros agrícolas, originarios de comunidades indígenas de Guerrero, se volcó cuando se trasladaba del rancho “El Ebanito”, en Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, al sitio donde los trabajadores rentaban unos cuartos para vivir durante el tiempo que duraría la cosecha y, por lo tanto, su empleo en el rancho.
Entre los pasajeros de la camioneta iban adolescentes y niños. Dos de ellos, uno de seis y otro de ocho años, murieron. Los dos trabajaban en la pizca, junto con sus padres. En el accidente también falleció un jornalero de 40 años.
Las víctimas del accidente pertenecen a seis familias originarias de comunidades de la Costa y Montaña guerrerenses, y habían migrado apenas unos días antes a San Luis Potosí, para emplearse como jornaleros temporales.
Su trabajo en el rancho consistía en cortar chile serrano con las manos hasta llenar cubetas de 20 litros, que después eran vertidas en las arpillas o costales.
Para hacer esa tarea, los jornaleros no contaban con equipo de trabajo como guantes, cubrebocas o calzado especial. Y aunque su jornada de trabajo era de entre las 10 u 11 horas hasta las 14 horas, ésta podía extenderse hasta que terminaran de llenar la cantidad de arpillas que se les indicaba, o si eran trasladados a otro rancho.
Por cada arpilla que llenaban, les pagaban 20 pesos. Su trabajo no era constante, sino que dependía de los días en que fueran requeridos por el productor.
El caso de estos jornaleros forma parte del informe «Migración Interna (Jornaleros internos)», elaborado y presentado ayer por la organización Respuesta Alternativa, Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario, con sede en San Luis Potosí.
La asociación supo del caso el día del accidente y desde entonces ha acompañado a las familias afectadas (sobretodo a dos) en el litigio laboral para exigir la reparación del daño.
Pero enterarse de la situación laboral de estos jornaleros también le confirmó a la organización lo que venía documentando desde agosto de 2013, sobre las condiciones en que trabajan los jornaleros agrícolas temporales en los ranchos del altiplano potosino.
ABUSOS PERSISTENTES
El diagnóstico que presentó el secretario técnico de Respuesta Alternativa, Jesús Alberto Carmona Sánchez, exhibe una persistente violación a los derechos laborales y humanos de los jornaleros: contrataciones irregulares, usualmente a través de intermediarios o “enganchadores” que reciben los salarios de los trabajadores y les descuentan los gastos de transporte y alimentación; salarios insuficientes, que se ven mermados por el gasto de pagar una renta, ya que en muchos ranchos no hay lugares para albergarlos, así como de alimentación, transporte y comunicación telefónica con sus familiares.
Los salarios para los jornaleros se pueden fijar por jornal o por tarea. En el primer caso, de acuerdo con lo documentado en ranchos de siete municipios potosinos, a los jornaleros les pagan entre 110 pesos y 145 pesos por día, es decir de 2 mil 860 y hasta 3 mil 770 pesos al mes, trabajando seis días por semana.
Los que ganan por tarea reciben entre 20 y 30 pesos por arpilla o 50 pesos por surco.
El informe de Respuesta Alternativa señala que lo que ganan los jornaleros les alcanza sólo para subsistir el tiempo que se mantienen empleados, que suelen ser periodos de tres a seis meses por año. “Por lo que los jornaleros agrícolas sufren el riesgo de caer en pobreza extrema el resto del año si no logran conseguir una fuente de empleo”, advierte el documento.
Durante las horas de trabajo de trabajo, los jornaleros están expuestos constantemente al sol y al calor sin contar con agua potable para refrescarse, así como a sustancias como fertilizantes o pesticidas.
Sobre los espacios donde se alojan, tienen tres opciones: en los ranchos, en albergues de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) -sólo en los tres que existen, dos en el municipio de Vila de Arista y uno en Vanegas- o en cuartos o espacios rentados, cuyo costo por mes oscila entre los 500 y 600 pesos.
El informe registró 32 ranchos en los municipios de Catorce, Guadalcázar, Villa de Guadalupe, Matehuala, Villa de Arista, Vanegas y Cedral, cada uno de los cuales contrata, en promedio, de 200 a 500 jornaleros temporales.
En los ranchos que albergan a sus trabajadores, la organización encontró que 46 por ciento sólo cuentan con barracas de piso de tierra y no cuentan con un espacio específico para la preparación de alimentos. En 15 ranchos no hay servicio sanitario ni agua y en dos los jornaleros tienen que improvisar los lugares de alojamiento. En algunos ni siquiera hay servicio de luz eléctrica.
En la mayoría de los ranchos hay hacinamiento, de acuerdo con el informe. De los 32 registrados, la organización sólo detectó dos, en Vanegas y Villa de Guadalupe, que cuentan con instalaciones adecuadas (servicio sanitario, luz, agua y cocina).
En cuanto a los albergues de la Sedesol, en uno de los tres que existen, ubicado en el municipio de Vanegas, los jornaleros reportaron que la mayoría de los colchones tienen chinches, por lo que prefieren sacarlos y dormir en cobijas sobre el suelo.
Sobre los servicios de salud, sólo en cuatro ranchos se detectaron servicios médicos: uno contaba con enfermería y otro con médico y enfermera. En otros dos, los jornaleros entrevistados mencionaron que les han dicho que cuentan con seguro social, pero no tienen evidencia de ello.
Algunos de los jornaleros entrevistados reportaron casos de enfermedades, ante los cuales los empleadores no les brindaron atención médica y hubo casos de despidos injustificados. También reportaron accidentes de trabajo; únicamente en dos de ellos el empleador respondió con apoyo para medicinas.
Pese a que la ley laboral establece que la edad mínima para poder desarrollar labores agrícolas es de 15 años de edad, el informe da cuenta de ranchos en los que trabajan menores de esa edad. Se trata de los ranchos “El Ebanito”, en Matehuala; “El Potosino” y “El Matehuala”, en Zárate; “Zamarripa”, ne Vanegas; 2El Perdido”, en Vanegas, y “Zárate”, en Guadalcázar.
“Por otro lado, hay una clara inexistencia de servicios educativos y de guarderías en los ranchos, lo cual impide que los menores tengan oportunidades educativas y de desarrollo a las que tienen derecho según esta Ley [del Trabajo] y la Convención de los Derechos del Niño”, agrega el documento.
PROBLEMA REITERADO E INVISIBILIZADO
El problema sobre cómo viven y trabajan los jornaleros agrícolas temporales no es exclusivo de San Luis Potosí, señaló Carmona Sánchez. Otros estados como Jalisco, Sinaloa, Baja California Sur, Sonora, Guanajuato y Nayarit también son entidades donde persisten condiciones de explotación laboral de los jornaleros.
El caso en el altiplano potosino, dijo, “es representativo de una población invisibilizada que es la de los jornaleros agrícolas migrantes, muchos de ellos, la gran mayoría, indígenas”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, en el país existen al menos dos millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas; 40 por ciento de ellos son indígenas.
Isabel Margarita Nemecio Nemesio, coordinadora del Área de Migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que la mayoría de los empleadores de los jornaleros agrícolas temporales son empresas trasnacionales, especialmente para la exportación de hortalizas.
Sin embargo, la información sobre los dueños de los ranchos donde trabajan es muy complicada de obtener, de acuerdo con Respuesta Alternativa. Eso se debe, por una parte, a que la mayoría de los jornaleros desconoce el nombre real de los propietarios o se rumora que el dueño es uno cuando en realidad se trata de otra persona. Por otro lado, no existe un registro claro de los ranchos ni del régimen de propiedad que los rige; es decir, si son propiedad del productor, o son terrenos rentados, o son terrenos ejidales, o si son particulares.
Nemecio destacó que el tema de la explotación laboral en campos agrícolas ha sido denunciado desde tiempo atrás, pero los abusos continúan.
Una tema de preocupación, expuso, es el trabajo infantil, que persiste pese a los cambios en la ley laboral. Desde su trabajo con indígenas que migran por cuestión laboral a los campos agrícolas, Tlachinollan ha sabido de casos donde se sigue contratando a menores de edad.
Dice que el año pasado, Tlachinollan documentó la muerte de seis menores de edad en campos agrícolas, cuyas edades iban de los tres meses a los 11 años de edad. Cuatro de ellos, afirmó, estaban contratados y trabajando en campos agrícolas.
Los estados donde ocurrieron estas muertes son Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco.
“A pesar de que es constante, la autoridad sabe de estos menores y de estos casos, no se le brinda un acompañamiento jurídico a las familias”, acusó.
En tres casos se presentaron demandas laborales. Dos de esas demandas son por los menores del accidente en Villa de Guadalupe, San Luis Potosí. El otro caso es de un bebé de un año y once meses, quien falleció en una guardería de Agrícola Sacramento, ubicada en Guasave, Sinaloa. Los padres dejaron al bebé casi a las 6 de la mañana, antes de ir a trabajar a un campo agrícola.
La investigación del caso está en curso.
¿Y LAS AUTORIDADES?
En el caso de los jornaleros accidentados en julio del año pasado, Carmona Sánchez refirió que desde septiembre comenzaron un proceso legal para que el empleador repare el dañó a las familias afectadas. El cauce de ese proceso ha sido lento. Según la organización, a la más reciente comparecencia, realizada el pasado 5 de enero, la parte patronal no asistió.
El secretario técnico de Respuesta Alternativa dijo que desde agosto pasado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y su representación en San Luis Potosí, desde agosto se comprometió a convocar a mesas de trabajo para la mejoría de condiciones laborales de los jornaleros, pero tampoco se han realizado.
“Nosotros consideramos que hay una línea de omisión evidente para que el tema de condiciones laborales, trata de personas y trabajo infantil en los ranchos agrícolas no sea tratado públicamente”, expresó Carmona Sánchez.
En el caso de San Luis Potosí, agregó, desde hace una década hay un boom de la producción agroindustrial, lo que ha favorecido la proliferación de campos de trabajo agrícola, pero en condiciones de explotación de los trabajadores.
Para Nemecio, una de las razones de esta persistencia en los abusos laborales es que la autoridad laboral, responsable de velar por la protección de los trabajadores, más bien se ha abocado a “garantizar el flujo de mano de obra” mediante programas de apoyo.
Dijo que al tratarse de una población indígena empobrecida, “es una mano de obra sumamente rentable”.
