Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– El gobierno federal se hace de la vista gorda en el caso de los 11 periodistas asesinados en Veracruz durante los cuatro años de administración del priista Javier Duarte de Ochoa, y también con otros atentados a las sedes de medios y, en general, a la libertad de expresión en esa entidad, coincidieron el hijo de José Moisés Sánchez Cerezo, el reportero que el domingo fue encontrado muerto, a 23 días de ser secuestrado por un grupo de hombres armados, así como la especialista Mireya Márquez Ramírez.
En entrevista con SinEmbargo, Jorge Sánchez, el hijo del periodista secuestrado y asesinado, lamentó que la Procuraduría General de la República (PGR) no haya atraído el caso desde el momento que se reportó la desaparición forzada de su padre, y que rechazara hacerlo en el proceso de búsqueda. El resultado, expuso, es que los restos que le presentaron las autoridades del gobierno de Javier Duarte para identificarlos no se parecen a los de Sánchez Cerezo y, por tanto, la familia rechaza que sean los del también activista social.
Durante todo el proceso, se quejó, las investigaciones realizadas la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fueron lentas porque, presuntamente, “existe un funcionario público implicado”. Sobre ese servidor público no dio mayores detalles. Sin embargo, destacó, hay sospechas de complicidades, y el hecho de que la PGR no ha entrado por completo al caso lo confirma.
El joven explicó que aunque la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) –que depende de la Procuraduría General de la República– estaba coadyuvando con la investigación, pero no la absorbió completamente.
Afirmó que él y su familia no aceptarán la muerte de Moisés Sánchez hasta que sea la propia PGR la que confirme o “descarte” la versión que ofreció la Procuraduría local.
«No quisiera que lo dejen de buscar en caso de que el siga vivo como creemos», expresó Jorge Sánchez.
«El cuerpo no se parece, por eso dudo que sea él porque tenía rasgos muy marcados que no vi en el cuerpo”, expresó el hijo del periodista.
Sobre esta nueva tragedia que enluta al periodismo, Mireya Márquez Ramírez, coordinadora del Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, dijo que el escenario en Veracruz sólo muestra que existe una especie de complicidad por parte del gobierno federal.
“Lo que nos indigna a todos como sociedad no sólo es el hecho en sí, sino el grado de impunidad y cinismo. En este sistema que impera en Veracruz, el gobierno y los círculos de poder son los que siempre tienen la sartén por el mango”, dijo a SinEmbargo.
Afirmó que en Veracruz se percibe un ambiente de “paranoia” en el que no nada más se ha desatado una persecución de los periodistas, sino también en contra de los académicos que intenten poner en la agenda el tema de la libertad de expresión.
“El gobierno federal se está haciendo de la vista gorda bajo el pretexto de que los estados son soberanos sobre todo porque son del mismo partido político, tenemos una gran tradición en nuestro país de que los intereses de los partidos permanecen sobre el interés público”, expresó.
Sánchez Cerezo fue violentado en su propio domicilio el 2 de enero pasado, y tras permanecer desaparecido 23 días el domingo por la noche el Procurador General de Justicia de Veracruz, Luis Ángel Bravo, informó que había sido asesinado por tres ex elementos de la extinta Policía Intermunicipal de Veracruz-Boca del Río y otras dos personas, por orden del chofer del Alcalde panista de Medellín, Omar Cruz Reyes, contra quien se inició un proceso por su probable responsabilidad por el asesinato del periodista.
De acuerdo con el Procurador, el asesinato de Moisés Sánchez Cerezo ocurrió en un lugar a 40 minutos de Medellín, donde “de una manera cruel e inaceptable lo privan de la vida”.
Dijo que hay “evidencias públicas, hasta en redes fluyen videos donde se acreditan diferendos entre Moisés y el Alcalde” de Medellín, Omar Cruz Reyes. “Tengo elementos para tener certeza probable de la participación del Alcalde”, afirmó.
VERACRUZ, EL PEOR ESTADO PARA LA PRENSA
Días después de la desaparición de Moisés Sánchez, el Gobernador Duarte de Ochoa aseguró que “no es reportero” sino un “conductor de taxi y activista vecinal”, para después exigir a los periodistas que lo cuestionaban sobre el caso: “Hay que decir las cosas como son”.
Desde 2010, en Veracruz han sido asesinados los reporteros y fotorreporteros Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Yolanda Ordaz, Regina Martínez, Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge Córdova, Esteban Rodríguez, Víctor Manuel Báez Chino, Gregorio Jiménez y ahora se suma Moisés Sánchez.
En 2012, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección de Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, dijo que Veracruz era el estado más peligroso para el ejercicio de la prensa en uno de los países de mayor riesgo a nivel mundial.
En México, cada 29.1 horas se atenta físicamente contra un periodista en promedio, según la organización internacional Artículo 19.
Ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se dijo preocupada por las reiteradas violaciones a derechos humanos de periodistas y defensores de la libertad de expresión y de las garantías individuales, especialmente en Veracruz, y también informó que observará las investigaciones sobre el asesinato de José Moisés Sánchez Cerezo.
En un comunicado, el organismo autónomo indicó que tras la aparición de un cuerpo que, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, probablemente corresponda al del periodista Moisés Sánchez, enviaron un grupo de visitadores con el fin de que se compruebe el resultado de las investigaciones.
La CNDH también informó que se mantendrá en contacto con las procuraduría Genera de la República (PGR) y la estatal (PGJE) hasta el final de los peritajes.
La dependencia también expresó su preocupación por las reiteradas violaciones a derechos fundamentales de periodistas y defensores de derechos humanos, particularmente en el estado de Veracruz, gobernado por el priista Javier Duarte de Ochoa.
