Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).– La investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha sido deficiente y se ha limitado a intentar confirmar la hipótesis de que los estudiantes fueron asesinados, denunció la organización Amnistía Internacional (AI).
Las declaraciones hechas el pasado 20 de enero por el Procurador Jesús Murillo Karam de que las pruebas sobre el caso “hacen pensar” que todos los estudiantes están muertos, sumadas a la omisión de la PGR para abrir otras líneas de investigación –entre ellas una que indague la posible responsabilidad del Ejército– son acciones orientadas en la misma dirección, consideró la directora Regional para América de AI, Erika Guevara Rosas.
Ante ello, llamó a la PGR a que investigue la posible responsabilidad del Ejército, por acción u omisión, en los hechos.
En conferencia de prensa, Guevara Rosas y Perseo Quiroz Rendón, director Ejecutivo de AI en México, expresaron su preocupación ante lo dicho por el titular de la PGR, dependencia que desde el 6 de octubre pasado se encarga de investigar la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada de 27, en Iguala, Guerrero.
El hecho preocupa a la organización internacional porque limita la posibilidad de apuntalar la investigación hacia otras direcciones, una de ellas la posible responsabilidad, por acción u omisión, de miembros del 27 Batallón de Infantería. Al respecto, Guevara Rosas recordó que hay testimonios de los sobrevivientes que señalan la presencia de militares en la clínica privada a la que un grupo de estudiantes llevó a uno de sus compañeros herido.
A ello añadió la omisión de la PGR de investigar la posible colusión de autoridades estatales y federales, así como militares, con el crimen organizado en la zona, pues consideró cuestionable que la complicidad de las autoridades se limitara a nivel municipal, como se ha intentado argüir.
Guevara Rosas también señaló que las evidencias forenses presentadas por la PGR son mínimas y la única línea de investigación que siguió la Procuraduría omitió elementos como los registros de llamadas telefónicas hechas entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día siguiente, evidencias forenses recuperadas en el lugar de los hechos y los testimonios de los estudiantes sobrevivientes al ataque de esa noche, y en el que participaron policías municipales de Iguala y Cocula.
Al respecto, destacó la contradicción de la PGR que por una parte se basa en las declaraciones de tres presuntos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos para sostener la hipótesis de que los estudiantes fueron asesinados, mientras que, por otro lado, desestima los testimonios de los estudiantes sobrevivientes, que refieren la presencia de militares esa noche de septiembre durante el paso de algunos de ellos por una clínica.
“Para nosotros es claro que las investigaciones siguen siendo muy limitadas y muy acotadas en una sola línea de investigación en la que la Procuraduría ha puesto todos los esfuerzos”, dijo Guevara Rosas. Y fue más allá del caso de Ayotzinapa: “Hay una serie de vacíos que para nosotros son un reflejo de la falta de atención sistemática a la grave crisis de derechos humanos”.
El pasado martes 20, los representantes de AI sostuvieron una reunión con padres de familia de los normalistas desaparecidos, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y organizaciones civiles locales que los acompañan.
De ese encuentro recopilaron los señalamientos de los familiares sobre las deficiencias en la investigación, así como su molestia ante la falta de respuestas y el maltrato que, acusaron, han recibido de las autoridades a casi cuatro meses del agravio en su contra.
Ese mismo día, la PGR informó por la mañana que los científicos del Instituto de Medicina Forense de Innsbruck, en Austria –a donde fueron enviadas muestras de los 16 restos humanos encontrados en el basurero de Cocula, para verificar si eran de los normalistas– no lograron identificar las muestras debido a que el calor destruyó el ADN.
Más tarde, al término de un foro, Murillo Karam fue cuestionado al respecto. De acuerdo con notas de la prensa, el funcionario respondió: “Lo primero importante con Innsbruck es el hecho de que efectivamente nos pudo dar una prueba plena de que sucedió lo que sucedió”.
A pesar de que los resultados de los científicos de Innsbruck indicaban que ninguno de los restos pudo identificarse genéticamente, el Procurador prosiguió:
“Después de los resultados de la universidad me queda claro que allí mataron por lo menos a uno, las declaraciones, las pruebas y todo lo demás, me hacen pensar que allí los mataron [a los 43 estudiantes]”.
Por la tarde de ese mismo día, ante Diputados y Senadores de la Comisión Permanente, el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, y la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio, defendieron la investigación de la PGR y afirmaron que se había cumplido a cabalidad en la indagatoria.
La representante de Amnistía Internacional consideró que lo dicho por Murillo Karam sobre la no identificación de los restos humanos “pareciera una justificación que utiliza la Procuraduría General de la República para confirmar su línea de investigación y empezar a cerrar filas frente a la investigación por estos graves crímenes”. En el mismo tenor se refirió a las declaraciones de Rubido García y Benítez Tiburcio, al reiterar que la investigación se orientó únicamente a confirmar la versión en la que las autoridades trabajaron.
La aparente urgencia por cerrar el caso, dijo Guevara Rosas, se explica “ante la incapacidad que ha tenido el gobierno de dar una respuesta a los padres de familia” y ante la prisa por querer retornar a una apariencia de prosperidad ante la comunidad internacional.
AYOTZINAPA: HITO EN LA CRISIS DE DH
Guevara Rosas planteó que el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa “es un reflejo más de esta grave crisis en derechos humanos”, que comenzó desde el sexenio pasado y frente al que el gobierno actual ha sido omiso.
Recordó que hace casi un año, en febrero de 2014, tuvieron una reunión de alto nivel con el Presidente Enrique Peña Nieto, en el que le entregaron un memorándum titulado “Los retos de México en materia de Derechos Humanos”.
“Este documento no era más que una crónica de una crisis anunciada –refirió Guevara Rosas– porque había señales claras de que el gobierno de México no estaban atendiendo la crisis de derechos humanos y seguridad”.
Sin embargo, a casi un año de la entrega de ese memorándum, la situación sigue siendo similar, consideró.
“Estamos en el mismo momento en el que estábamos hace un año cuando solicitábamos la reunión con el Presidente Peña Nieto. Y, aún más, consideramos que la agudización de la crisis continúa, que las medidas adoptadas por el gobierno federal y los gobiernos de los estados ha sido muy limitada y muy superficial”, evaluó.
Dos señalamientos que la representante de AI hizo sobre el caso Ayotzinapa evidencian la persistencia de esa “crisis”.
Uno es la supuesta comisión de actos de tortura a algunos de los detenidos por la desaparición de los normalistas, según han denunciado, refirió Guevara Rosas.
Otro es la participación de agentes del Estado en la desaparición de personas. Al respecto, refirió que si bien la PGR había acusado del delito de desaparición forzada al ex Edil de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, el juez terminó por reclasificar el delito y los consignó por secuestro.
Guevara Rosas resaltó la importancia de que se acuse y sancione la desaparición forzada, ya que ello muestra que en la desaparición de los normalistas hubo una responsabilidad del Estado.
CRIMINALIZACIÓN Y OLVIDO
El director ejecutivo de AI en México, Perseo Quiroz, refirió que los padres de familia se encuentran desgastados y molestos por el mal trato que las autoridades les han dado.
La queja más reciente fue que la PGR no les informó a ellos, antes que a los medios, sobre la imposibilidad de identificar los restos enviados a Innsbruck. Con eso se rompió el acuerdo que Murilloo Karam tenía con los padres de notificares primero sobre los avances en el caso.
Por otro lado, dijo, hasta ahora ninguna autoridad se ha comunicado con ellos para confirmarles lo que se ha difundido en la prensa sobre que es probable que los restos de los normalistas no puedan ser entregados.
Quiroz también manifestó su preocupación por lo que consideró una “estrategia mediática” para criminalizar y deslegitimar a los padres de los normalistas, haciéndolos ver como personas intransigentes y que dañan a una institución como el Ejército.
“Lamentablemente la estrategia que está adoptando el gobierno de la República es deslegitimar las demandas de los padres de familia”, dijo. “Están intentando mostrar a los padres de familia como personas intransigentes que están rompiendo la ley, cuando en realidad hay una incapacidad del Estado de dar una respuesta jurídica y una respuesta institucional ante preocupaciones legítimas”.
Guevara agregó: “Es importantísimo que en un proceso de esclarecimiento de la verdad y la justicia, que las familias y sus comunidades sean tratadas con dignidad y respeto”.
Consideró también que, tras casi cuatro meses de la desaparición de los estudiantes sin que hasta ahora se conozca su paradero, pareciera que la apuesta del gobierno mexicano es que se olvide el tema.
“Esa es la apuesta del gobierno mexicano: apostar al olvido, apostar a que esto se diluya”, afirmó.
