Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).– Banco Santander, en su papel de fiduciaria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), presentó una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra la sociedad financiera popular (Sofipo) Ficrea por el presunto fraude de 110 millones de pesos.
En la demanda que hizo la fiduciaria del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia se señala como presuntos responsables del quebranto a directivos y demás personas que resulten responsables.
«La fiduciaria del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Distrito Federal (Banco Santander) presentó ayer, ante la Procuraduría General de la República, la denuncia penal correspondiente en contra de Ficrea S.A. de C.V., S.F.P., sus directivos involucrados, y los que resulten responsables», indicó el TSJDF en un comunicado de prensa.
Tras la demanda se abrió la averiguación previa en la PGR que quedó registrada con el número AP/PGR/DDS/SPE-XXI/17/15-01. Se informó que el órgano judicial a cargo del magistrado Edgar Elías Azar esperará la integración del expediente para que se determinen los delitos en los que presuntamente incurrieron para consignar la indagatoria ante un juez federal.
El pasado 8 de enero, el presidente del TSJDF, Édgar Elías Azar, sostuvo en entrevista que Ficrea defraudó al mismo tribunal y “no nos vamos a dejar con lo que nos hicieron, porque es un fraude que es tan lastimoso como el que le cometieran a cualquier ahorrador”.
Luego de tomar protesta y dar la bienvenida a ocho nuevos jueces penales orales y dos jueces de ejecución de sanciones en materia de justicia para adolescentes, Elías Azar subrayó que es tan lastimoso lo que le están haciendo a la justicia del Distrito Federal “como el dinero que prácticamente le han defraudado a las familias mexicanas”.
Lo primero que ha instruido el Consejo de la Judicatura es abrir una investigación con la Contraloría Interna del Tribunal para ver si realmente existía información que hubiera inhibido la inversión, si hay alguna responsabilidad por parte de nuestro asesor financiero o algún tipo de responsabilidad interna.
Tras señalar que el monto de lo defraudado al TSJDF es de un poco más de 110 millones de pesos que corresponde al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia que se componen por las consignaciones que hace la gente en el Tribunal Superior, rentas, pensiones, en fin, toda la gama de obligaciones que se consignan.
Aclaró que este dinero no se usa para el presupuesto del Tribunal. Ese dinero no es nuestro, pero la ley nos obliga a tenerlo invertido con las más altas tasas de interés que hay en el mercado.
Abundó que con el fraude cometido por Ficrea resultaron afectados miles de ahorradores y otros tribunales y varios gobiernos estatales.
El pasado 7 de noviembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino la sociedad financiera popular Ficrea, debido a que triangulaba recursos a través de la subsidiaria Leadman Trade, lo que evitaba al organismo regulador saber el origen de los mismos.
El presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, dio a conocer que la dinámica de Ficrea consistía en utilizar su subsidiaria Leadman Trade para transferir recursos a los acreditados de la Sofipo, además de que el pago de las amortizaciones de los respectivos préstamos provenía a su vez de una cuenta de dicha empresa sociedad anónima.
“Es decir, a través de Leadman Trade se realiza una triangulación no transparente de los recursos de la Sofipo. Esta forma de operar no permitía a la CNBV identificar el origen de los recursos recibidos”, subrayó.
La CNBV explicó que el desfalco de Ficrea ascendió aproximadamente a 2 mil 700 millones de pesos.
“Aproximadamente 2 mil 700 millones de pesos se utilizó de distintas formas: transferencias al extranjero, compra de bienes muebles e inmuebles de uso no relacionado con las actividades de la sociedad, así como gastos personales de socios, como son nóminas de capitán aeronave y yate, entre otros”, dijo González Aguade.
De acuerdo con la investigación, el socio mayoritario de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, tenía una nómina personal de 39 empleados, que incluía a capitanes de avión y de yates.
