Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- Han pasado más de ocho meses desde que se venció el plazo que el propio Congreso de la Unión se autoimpuso para sacar adelante la ley que pusiera en orden la publicidad oficial del Presidente de la República, los 31 gobernadores estatales y el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Para especialistas consultados por Sin Embargo, esto va más allá de evidenciar el claro desinterés de los legisladores federales por poner en cintura la propaganda encubierta y la información periodística simulada en las entidades federativas.
Significa un retroceso en la democracia, coincidieron, porque los ciudadanos acudirán a las urnas el próximo junio con la mente cargada de información propagandística que solamente ensalza las “virtudes” de los gobernantes, pero excluye los desaciertos y yerros de la clase política.
“El problema de la publicidad oficial es que impacta directamente en la democracia, si no hay un debate público verdadero con información eficiente y verás, pues entonces los ciudadanos no podrán tomar las mejores decisiones, tendrán siempre una opinión sesgada que es la que los funcionarios quieren mostrar”, afirmó en entrevista Ana Cristina Ruelas, Oficial del programa de Derecho a la Información de Artículo 19.
Para esta fecha, los especialistas calculan que el gasto en publicidad oficial del gobierno federal ascendió a cinco mil 700 millones de pesos mientras que oscilaría entre los siete mil millones de pesos a nivel de las entidades federativas.
Esto significa más de 12 mil millones de pesos gastados en transmitir una cantidad incontable de spots, infomerciales, propaganda encubierta y mensajes con motivo de los informes anuales de gobierno.
Muchos de estos spots fueron transmitidos en el transcurso del primer tercio del periodo electoral 2014 y 2015, que arrancó oficialmente el pasado 7 de octubre, sin ninguna legislación que regule este tipo de publicidad oficial.
“No hay reglas claras sobre cómo se tiene que dirigir el gobierno con la sociedad, cómo se tienen que dirigir, cuánto se pueden gastar. Es dinero público que muy seguido se usa para promover la imagen de los mismos gobernantes, y son recursos públicos que se usan en completa opacidad”, afirmó en entrevista Justine Dupuy, investigadora del Centro de Análisis e Investigación, Fundar.
La publicidad oficial o propaganda gubernamental son los espacios que compran los gobiernos federal, estatal y municipal en los medios de comunicación para informar a la sociedad sobre sus acciones. Se trata de una obligación para satisfacer el derecho ciudadano a conocer las tareas de quienes gobiernan.
Sin embargo, esta herramienta ha sido desvirtuada y se ha reducido a un conjunto de campañas publicitarias, spots televisivos, propaganda política y culto a la imagen personal de los servidores públicos, que ha costado millones de pesos del dinero de los contribuyentes.
Especialistas de Fundar y de Artículo 19 observan graves problemas en el mal uso de publicidad oficial que van más allá del dispendio de recursos públicos, como son el poner en riesgo derechos fundamentales como la libertad de expresión de los medios de comunicación y el derecho a la información de los ciudadanos.
En primer término, la publicidad oficial se utiliza como mecanismo para castigar a los medios de comunicaciones críticos y para premiar a quienes difunden los “logros” de gobierno.
Segundo, gobernadores utilizan sin reglas claras y en completa opacidad recursos públicos para publicitar solo aquellas acciones que consideran les será útil para promover su imagen y la de su administración.
Pese a su importancia, las especialistas concordaron en que es muy difícil que pueda salir adelante una regulación que controle el gasto desmedido de la clase política en este año, porque ya inició el proceso electoral 2014-2015, lo cual impone obstáculos prácticos para lograr este fin.
“Estamos entrando en tiempos de campañas y no creo que sea el mejor escenario para que se den acuerdos políticos que no se pudieron dar antes, porque la presión ahora es más fuerte, los partidos políticos no quieren quedar mal con los medios de comunicación, y regular la publicidad oficial implica un alto costo político que no han querido asumir”, reconoció Jusitine Dupuy.
PRD Y PAN PROMETEN REGULAR PUBLICIDAD
En entrevista para Sin Embargo, la Senadora Marcela Torres Peimbert, del Partido Acción Nacional (PAN), adelantó que su bancada luchará en el periodo de sesiones que inicia en febrero próximo por sacar adelante todas las reformas rezagadas en materia de transparencia, combate a la corrupción y regulación de la publicidad oficial.
“Desde luego que sí, toda el área de transparencia va ser un tema crucial en la reunión plenaria del PAN y esto tiene que ver absolutamente con transparencia. Tenemos el sistema nacional anticorrupción detenido, tenemos las leyes en transparencia que el PRI está tratando de diluir lo más posible, y este tema que será prioridad de nuestra plenaria”, explicó.
La Senadora suscribió al inicio de la presente Legislatura la iniciativa panista para regular la contratación de publicidad de los gobiernos federal, estatales y municipales en los medios de comunicación.
En términos generales, la iniciativa panista plantea refrendar el derecho ciudadano a conocer los gastos efectuados en comunicación por sus gobernadores estatales y autoridades municipales, porque se financian con fondos públicos.
Prohíbe el uso de la publicidad oficial para presionar, castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores a los medios de comunicación, en función de su línea editorial.
También impide los subsidios encubiertos que beneficien, directa o indirectamente a los medios de comunicación, las donaciones o cualquier contratación a título gratuito que realicen los sujetos obligados a los medios de comunicación.
Estas prohibiciones aplicarían para servidores públicos o terceros, a fin de evitar actos de simulación. Asimismo establece que la obligación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar los recursos públicos que se utilicen en comunicación gubernamental.
La Senadora llamó a retomar la discusión de esta iniciativa, para avanzar en la propuesta a la par de los dictámenes en materia de transparencia, acceso a la información pública y de combate a la corrupción que ya están más avanzados en el Congreso.
“Desde luego creo que siendo un año electoral va a ser difícil que se discuta este tipo de temas porque el PRI tiene mayoría en la Cámara de Diputados y un buen número de legisladores en el Senado, pero hay que seguir insistiendo en el tema, creo que es importante seguir insistiendo en ese tipo de temas”, recalcó la Senadora Marcela Torres Peimbert.
En días pasados, el Senador Miguel Barbosa Huerta, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que en este 2015 su bancada luchará por sacar adelante temas rezagados en materia de política salarial, seguridad pública, transparencia y propaganda gubernamental.
El Senador Barbosa planteó esta serie de reformas como parte fundamental para recuperar la credibilidad y confianza ciudadana en las instituciones públicas. Asimismo, propuso hacer cambios estructurales en el Gobierno federal y reducir establecer un plan efectivo de austeridad gubernamental para reducir los gastos superfluos de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
“La sociedad percibe no sólo a un gobierno corrupto, sino también despilfarrador”, sostuvo.
El PRD presentó en noviembre de 2012, una iniciativa para expedir la Ley de Propaganda Gubernamental, con el objetivo de regular el gasto en medios de comunicación, impedir la promoción personalizada de los funcionarios, evitar el desvío de recursos públicos y preservar la equidad en las contiendas electorales.
Sin embargo, las investigadoras de las organizaciones no gubernamentales no comparten el optimismo de los legisladores respecto a que esta reforma salga en breve tiempo.
“No hay voluntad política de ninguno de los partidos”, afirmó Ana Cristina Ruelas, quien recordó que ahora mismo el Congreso ya está en omisión del mandato que el propio Parlamento se impuso, para sacara antes del 30 de abril del 2014 la legislación en la materia.
Por su parte, Justine Dupuy explicó que desde el año 2000 se han presentado en ambas cámaras del Congreso de la Unión 10 iniciativas para regular el uso de la publicidad oficial.
Las propuestas de diversos partidos políticos pretenden normar sólo el contenido informativo de los mensajes que los gobernantes difunden en los medios de comunicación, sino también los costos máximos que se pueden gastar e incluso candados para evitar el monopolio de la spotización.
“A pesar de muchas promesas, a pesar de compromisos institucionales, no ha pasado nada”, afirmó la investigadora.
LOS CAMBIOS APLICARÍAN DESPUÉS DE 2015
En la legislación electoral existe un candado que establece un tiempo para la suspensión de spots, de propaganda gubernamental y el retiro de propaganda electoral en un radio de al menos 50 metros de los centros de votación.
Este periodo conocido como “veda electoral”, se establece tres días antes de celebrarse la jornada electoral, por lo que en esta ocasión abarcará del 4 al 7 de junio de 2015.
Su propósito es fomentar la libre reflexión sobre las propuestas electorales, evitar actos que puedan influir indebidamente en el ejercicio del voto y preservar la equidad en la contienda electoral.
No obstante, las especialistas en temas de transparencia concordaron en que para esa fecha ya habrá cobrado factura la falta de reglas para regular la propaganda electoral.
“Aún cuando existe una prohibición específica de que no se podrá llevar a cabo ningún tipo de publicidad en el periodo electoral con excepción de aquella relacionada con protección civil y los desastres naturales, pues la publicidad oficial impacta por el hecho de que se transmitió durante todo el año”, afirmó Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19.
La propaganda gubernamental termina en el momento en que empieza la propaganda electoral, el problema es que es durante todo el periodo intermedio ya se transmitieron incontables spots que se pagaron con los más de 12 mil millones de pesos gastados en publicidad oficial que se calcula se empleó en 2014.
Justine Dupuy, investigadora del área de transparencia y rendición de cuentas que los mismos medios de comunicación, y sobre todo los impresos, son reacios a apoyar la regulación de la publicidad oficial porque no les conviene.
La investigadora reconoció que la principal fuente de ingresos de los medios en los estados de la República llega desde los propios gobiernos estatales, y una reforma de este tipo expondría montos, contratos y acuerdos que hasta hoy han estado en completa opacidad.
