Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– Las mujeres en México denuncian hechos de violencia familiar, pero el sistema de justicia las deja solas. De un total de 104, 470 hechos denunciados entre 2012-2013, sólo se emitieron 29, 776 órdenes de protección, informa hoy el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Los resultados son preliminares y forman parte del Informe Avances y Retrocesos en la Protección de las Mujeres Víctimas de la Violencia Familiar 2012 - 2013, donde realiza un comparativo sobre avances y retrocesos en las órdenes de protección.
A pesar que para su investigación el Observatorio solicitó información a 27 estados del país, sólo 16 respondieron y de ellos 91 por ciento de las órdenes emitidas corresponden a Veracruz, Distrito Federal, Campeche y Chiapas.
El resto, dice el Observatorio: “no están cumpliendo con su deber de proteger a las mujeres víctimas de violencia”.
La organización establece que las órdenes de protección deben emitirse de manera inmediata con el fin de proteger la vida, integridad y seguridad de las mujeres víctimas de violencia, con la finalidad de prevenir delitos como la privación de la libertad o el feminicidio.
En Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, y Veracruz se detectaron avances en materia de órdenes de protección cuando se denuncia violencia familiar.
Pero en Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sinaloa, Tlaxcala y Guerrero hubo un retroceso.
“Preocupa que las juezas y jueces, autoridades principales encargadas de la emisión de las órdenes de protección de carácter civil, sigan sin responsabilizarse de proteger la vida y seguridad de las mujeres ya que únicamente emitieron 179 órdenes en los 16 estados analizados”, establece el informe.
Para la organización la mayoría de las entidades no cuenta con un método que permita determinar a la autoridad el riesgo en el que se encuentra la víctima, y la forma en que evalúan el riesgo es a partir de interpretaciones subjetivas y discriminatorias, o de los dictámenes y peritajes que solicitan que ponen en riesgo la vida y seguridad de las mujeres que denuncian y solicitan auxilio.
“Los estados de Morelos, Estado de México, y Tlaxcala reconocieron que de enero de 2012 a diciembre de 2013, no emitieron ninguna orden de protección. Esta omisión es grave debido a que en el informe anterior estos estados mencionaron lo mismo”, señala el informe.
El documento detalla que el Estado de México, por ejemplo, respondió que no está obligado a sistematizar la información que se le pide.
“El Poder Judicial refuerza esta justificación y agrega que sus archivos están abiertos para ser revisados, y no emite medidas bajo las órdenes de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de México, ni cumple con la obligatoriedad de tener un banco de datos de órdenes de protección”, dice.
El Observatorio concluye que las autoridades no cumplen y además, se niegan a “dar la cara” y a cumplir con sus obligaciones establecidas en sus marcos normativos estatales, y en las leyes nacionales e internacionales.
