Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– Los padres de Gerson Quevedo Orozco, un joven desaparecido desde el 15 de marzo pasado, interpusieron un juicio de amparo contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ante la omisión del organismo para atender sus peticiones de ayuda económica que han pedido por su calidad de víctimas.
Maricela Orozco Montalvo y Gerson Quevedo Camarillo tuvieron que abandonar su residencia en Veracruz tras los hechos que llevaron a la desaparición de Gerson y el asesinato de su otro hijo, Alan, además del de su yerno, el mismo día. Desde un exilio forzado, en el que los acompañan su hija y los padres de Gerson, han solicitado ayuda económica a la CEAV para pagar la renta de una vivienda y alimentos.
Sin embargo, la asistencia que ha sido negada en los últimos meses, tendrá que esperar más debido a que hasta los primeros días del año entrante, el Juez Noveno de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal –ante el cual se interpuso el amparo– emitirá una sentencia. La audiencia constitucional, prevista para celebrarse el pasado lunes 8 fue diferida para el 9 de enero de 2015, de acuerdo con la lista de acuerdos publicados ayer por el Consejo de la Judicatura Federal.
La Ley General de Víctimas establece medidas para alojamiento y alimentación para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia a causa del delito cometido en su contra.
La ley plantea que esta medida está en manos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Sin embargo, a la CEAV corresponde coordinar que las dependencias involucradas en la atención a las víctimas cumplan con sus obligaciones.
Pero tanto la CEAV como el DIF les han negado la ayuda solicitada, afirman los Quevedo Orozco.
Los padres de Gerson acusan de omisión al comisionado presidente de la CEAV, Sergio Jaime Rochín del Rincón, dado que no ha atendido sus peticiones de apoyo económico ni las ha sometido al Pleno de la Comisión para su análisis.
Ellos sustentan lo anterior en el artículo 145 de la Ley General de Víctimas, en donde se establece que para acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (destinado a los pagos económicos para la reparación integral de daños) las víctimas deben presentar su solicitud ante la CEAV, que en cuanto la reciba tiene que turnarla a un comité interdisciplinario evaluador «para la integración del expediente que servirá de base para la propuesta que el comisionado presidente presenta al Pleno de la Comisión Ejecutiva para determinar el apoyo o ayuda que requiera la víctima”.
Por otro lado, ante el DIF Nacional presentaron dos escritos –el 29 de agosto y el 10 de septiembre pasados– solicitando apoyo para alimentación y alojamiento para ellos, su hija y los padres de Gerson Quevedo Orozco, quienes son sus dependientes económicos desde hace tiempo.
El 19 de septiembre, el subdirector de Asistencia Jurídica a Centros Asistenciales del DIF Nacional, Francisco Samuel Colín Espinosa, les respondió que “lamentablemente no se puede acceder a su petición por no contar con un espacio apropiado”.
La explicación que les dio el funcionario, mediante el oficio 205 102 00/1035/2014 (cuya copia tiene SinEmbargo), fue que los Centros Nacional Modelo de Atención reciben a menores y adolescentes de 0 a 18 años, mientras que los Centros Gerontológicos atienden a personas mayores de 60 años en vulnerabilidad social y que no cuentan con redes de apoyo.
Para el matrimonio Quevedo Orozco, la explicación de que e DIF no los puede apoyar porque no cuenta con un sistema de atención a víctimas es una justificación insuficiente, dado que es la propia ley la que señala a esa instancia como la responsable de brindar la ayuda que solicitan.
Apuntan, además, que la ayuda que están pidiendo no es de tipo asistencial, sino la que la Ley General de Víctimas estipula como prioritaria para personas en situación de vulnerabilidad, como es su caso.
EL LIMITADO APOYO DE LA CEAV
Maricela Orozco dice que su caso no es el único y que hay otras víctimas o familiares de víctimas a las que la CEAV tampoco ha ayudado. El pasado 13 de octubre, el comisionado Rochín del Rincón aseguró a SinEmbargo que la CEAV sí ha apoyado económicamente a las víctimas y a sus familiares.
Según información concedida entonces por el organismo, entre enero y septiembre de este año se entregaron 679 mil 422 pesos en apoyos para traslado, alimentación, hospedaje y transporte local a víctimas y familiares de víctimas, sin aclarar a cuántas familias se había beneficiado con esos recursos.
Sobre el caso de la familia Quevedo Orozco, la Comisión aseguró que le habían brindado “los apoyos a que tienen derecho […] relacionados con traslados, hospedaje, alimentación y transporte local, ademas de la asesoría legal y la atención médica y psicológica”.
Pero Maricela Orozco niega que hayan recibido ayuda económica para hospedaje y traslados. Dice que la CEAV únicamente les ha apoyado para comprar alimentos en dos ocasiones y mediante un sistema de reembolso, de modo que la familia tenía que poner de su dinero para comprar enseres. Los reembolsos demoraban casi un mes y tras la segunda entrega, se suspendieron, acusa.
“Me reembolsaban lo que se les daba la gana porque del ticket me quitaban papel de baño, pasta de dientes, desodorante, o sea todo lo de uso personal, todo, todo me lo quitaban. Nada más eran puros alimentos”, contó Maricela en octubre pasado a este medio digital.
La primera vez que recibió la ayuda fue el 25 de julio, cuando presentó una nota de supermercado por 2 mil 300 pesos, correspondiente a la despensa de un mes para cinco personas. Le reembolsaron sólo mil 100 pesos. El 11 de agosto presentó una segunda cuenta, esta vez por mil 700 pesos; le regresaron sólo mil pesos.
“Y ya de ahí me dijeron que iba a estar suspendido temporalmente lo de la alimentación porque no tenían cómo demostrarlo ante Hacienda [la Secretaría de Hacienda y Crédito Público]. Que iban a buscar cómo meter esos gastos, pero que estaban suspendidos temporalmente”, refirió entonces.
La mujer dice que hasta la fecha esa ayuda no se ha reanudado.
Al verse forzados a huir de Veracruz, la familia Quevedo Orozco tuvo que dejar su casa, sus bienes y el negocio familiar del que subsistían. El desplazamiento forzado también implicó dejar atrás sus redes de apoyo.
Ahora, desde el exilio forzoso, dedican la mayor parte de su tiempo a la búsqueda de Gerson.
Los Quevedo Orozco cuentan que han subsistido gracias al apoyo económico que les ha dado el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, aunque también han recurrido a familiares a quienes piden prestado.
“Pero ya no podemos, ya es mucho. Ya no sabemos ni qué hacer”, se lamenta Maricela Orozco.
En la Comisión, señala, no sólo les han negado la ayuda económica, sino que han tenido actitudes hacia ellos que consideran faltas de sensibilidad.
En una ocasión una trabajadora social les sugirió poner a sus suegros a trabajar de “cerillitos” en un supermercado.
El jueves pasado, en una reunión que tuvieron con el comisionado Rochín del Rincón, en la que le reiteraron su petición de apoyo económico, la respuesta de éste fue ofrecerles trabajo.
La madre de Gerson Quevedo Orozco expresa su indignación ante lo que considera una incomprensión de los funcionarios encargados de atender a las víctimas, pues dice que la búsqueda de su hijo les impide mantener un horario regular para tener un trabajo formal.
Reitera, además, que ellos no están pidiendo dádivas sino el cumplimiento de la ley por estar una situación que ellos no eligieron vivir.
“Si trabajamos, ¿a qué hora buscamos a nuestro hijo?”, pregunta.
