Ginebra, 25 Nov (Notimex).- La Unión Interparlamentaria pidió hoy la conmutación de la pena de muerte dictada el fin de semana contra Ahmed Al-Alwani, exparlamentario iraquí, al deplorar la falta de información clara y detallada sobre el proceso en su contra, su lugar de detención y estado de salud.
De igual forma, la Unión Interparlamentari (UIP) instó a las autoridades de Bagdad a autorizar que Al-Awani reciba visitas en prisión.
Desde su arresto hace casi un año, prácticamente no ha habido noticias sobre Al-Alwani, un destacado crítico de la supuesta marginación y persecución de los musulmanes suníes en Irak, señaló UIP en un comunicado.
El 28 de diciembre de 2013, durante una operación de las fuerzas de seguridad en su domicilio, en la provincia de Al-Anbar, su hermano y cinco de sus guardaespaldas resultaron muertos. La prensa local indicó que el A-Alwani fue acusado y condenado por la muerte de dos miembros de las fuerzas de seguridad.
El Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la UIP ha reclamado en repetidas ocasiones a las autoridades iraquíes que aporten información sobre el caso y sobre la situación de Al-Alwani, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta.
Antes del anuncio de su condena a muerte, la UIP no tenía ninguna prueba de que el exparlamentario siguiera con vida.
La familia de Al-Alwani, así como su abogado, que también recibió amenazas, expresaron su temor de que el exparlamentario haya estado en un centro secreto de detención en Bagdad, donde podría haber sido torturado.
Asimismo, la Comisión de Investigación Parlamentaria del Consejo de Representantes de Irak no ha podido determinar su ubicación ni las condiciones de su detención. Tampoco ha podido visitarlo.
En el momento de su arresto, el presidente del Consejo de Representantes afirmó que la inmunidad parlamentaria de Al-Alwani había sido violada y que existían serias preocupaciones en cuanto al respeto de las garantías constitucionales y legales en este caso.
Ante los indicios de que Al-Alwani ha sido juzgado antes de ser condenado, y en vista de la ausencia completa de información sobre el desarrollo del proceso, existen serias dudas de que todas las garantías de un juicio justo y del debido proceso hayan sido respetadas, argumentó UIP.
Además, como Al-Alwani dispone de un mes para apelar a la sentencia, la UIP exhortó a las autoridades a otorgarle todas las garantías necesarias para presentar su línea de defensa en la instancia de apelación.
El Comité de los Derechos Humanos de los Parlamentarios trabaja actualmente en los casos de 311 parlamentarios, tres de ellos en Irak.
