En 2011, Coahuila protagonizó lo que fue un hecho insólito: en medio de una crisis detonada por la deuda de 34 mil millones de pesos que dejó el ex Gobernador priista Humberto Moreira Valdés, el gobierno del estado, entonces a cargo de Jorge Torres López, logró renegociar con una docena de instituciones bancarias el pago de sus obligaciones a un plazo de 20 años.
Por primera vez, un grupo de entidades privadas y públicas adoptaban medidas para rescatar a una entidad sobre endeudada.
Tres años después y bajo el mando de un nuevo Gobernador, Rubén Moreira Valdez, hermano de Humberto, el estado recurre nuevamente a la deuda. Pero en esta ocasión, para hacer pagos a proveedores que dejó pendientes el ex mandatario.
El mes pasado, el Congreso del estado autorizó al Gobernador que solicitara un nuevo crédito bancario hasta por 2 mil 500 millones de pesos. Con este préstamo, la deuda pasaría de 34 mil 400 millones a 36 mil 900 millones; es decir, arriba de los niveles en los que la dejó Humberto Moreira.
Los Moreira han sido, sin duda, dos de los más grandes clientes mexicanos del sistema bancario… con dinero de los ciudadanos.
Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).– Cualquier niño que nazca hoy en el estado de Coahuila no sabrá cuál será su futuro, ni siquiera si comerá el día de mañana, lo único que tiene seguro es que sobre su cabeza ya pesa una deuda de 11 mil pesos, gracias a que dos de los tres últimos gobernadores, los hermanos Humberto y Rubén Moreira, convirtieron a su estado en uno de los cuatro más endeudados del país. Coahuila se convirtió en los últimos años en el ejemplo de cómo una entidad con finanzas sanas, en un corto periodo de tiempo puede llegar a operar con números rojos gracias a la contratación constante de créditos a largo plazo, cuyo destino se desconoce a ciencia cierta.
Cada año, la entidad tiene que destinar más de 4 mil millones de pesos para el pago de servicio de la deuda [monto de obligaciones por concepto del capital de un préstamo que se encuentra pendiente de pago, así como de los intereses, comisiones y otros]; esta cantidad es similar a la que se destinó el último año a la inversión pública de los tres municipios que agrupan al 70 por ciento de la población de la entidad: Saltillo, Torreón y Monclova.
Desde agosto de 2011, cuando se reveló la exorbitante deuda contratada por el entonces ya ex Gobernador Humberto Moreira (2005-2011), y entonces presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ciudadanos y partidos de oposición han pugnado para que se aclare en qué se invirtieron los más de 34 mil millones de pesos de deuda contratados por el priista y que hoy en día mantienen a Coahuila como el penúltimo estado del país con inversiones tripartitas [del gobierno federal, estatal y de la iniciativa privada].
Sin embargo, la respuesta ha sido ocultar información y contratar más deuda para pagar a proveedores y poder renegociar las obligaciones heredadas a tasas más bajas. Según denunció el Partido Acción Nacional (PAN) hace tres años, Humberto Moreira aumentó la deuda estatal en 434 por ciento, al pasar de 323 millones a 31 mil 934 millones de pesos; posteriormente se hizo público que rebasaba los 34 mil millones de pesos.
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NO MÁS DEUDA 
Como Gobernador electo de Coahuila, en septiembre de 2011, Rubén Moreira se pronunció a favor de que se aclararan los términos en los que el ex mandatario, su hermano, había contratado la deuda y también se sumó a las voces que pedían sancionar a quien hubiera actuado de manera irregular. “La palabra deuda es una palabra como que condena, pero la otra palabra es financiamiento y es una palabra que no condena. Hoy tenemos financiamiento que permitió hacer obra. El problema no es el financiamiento, el problema es cómo utilizamos lo que se construyó”, dijo a medios de comunicación.
Durante su Segundo Informe de Gobierno, el 1 de diciembre de 2013, fue tajante al señalar ante legisladores que “a los responsables de obtener los créditos de manera ilegal, la historia los juzgará, pero nosotros tenemos que investigar qué pasó y castigar”. Moreira Valdez pidió a su Congreso local crear una comisión para investigar todo lo relacionado con la deuda que contrató su hermano y advirtió en más de una ocasión que bajo se administración no se contratarían más “financiamientos”. Sin embargo, un año después, solicitó al Congreso del Estado su autorización para pedir un crédito por 950 millones de pesos para “contratar con Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), uno o varios créditos”, por el monto antes citado.
El Diputado local Eliseo Mendoza Berrueto, también ex Gobernador de la entidad, declaró que dicho préstamo era para concluir las obras que están en proceso de construcción, en algunos proyectos que tienen que ver con la seguridad pública, además de programas relacionados con el agua potable y el sector agropecuario en la entidad. Sin embargo, más tarde la Secretaría de Finanzas de la entidad aclaró que los recursos se destinarían para “abonar pagos de pasivos bancarios” de la deuda que dejó Humberto Moreira. Hasta el 30 de junio de este año, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por monto, Coahuila es el cuarto estado más endeudado del país, después del Distrito Federal, Chihuahua y Veracruz, con pasivos por 35 mil 569 millones de pesos, un nivel calificado como alto por la consultoría ARegional, especializada en información sobre las entidades federativas.
A nivel de deuda per cápita, es el primer lugar a nivel nacional con 11 mil 634 pesos por habitante, lo que muestra, según el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del PAN, que Coahuila es la entidad en la que resulta más caro nacer y morir, ya que la única solución que ha encontrado el actual gobierno para lidiar con los pagos de la deuda es pedir nuevos préstamos y aumentar los costos de los servicios a la población.
“Hoy Coahuila debe más que cuando empezó a gobernar Rubén Moreira, pues para el moreirato es más fácil pedir prestado, seguir hipotecando el futuro de los coahuilenses y tiene los impuestos más elevados del país; una licencia de conducir, un acta del registro civil te cuestan más caras que en cualquier otro lado. Fallecer en Coahuila es más caro que en cualquier lugar del país, porque lo más fácil para los gobiernos es cobrar más impuestos”, expresó a SinEmbargo.
Recordó que Rubén Moreira había prometido eliminar el impuesto de tenencia vehicular y en lugar de hacerlo, lo aumentó 68 por ciento. En 2012, el derecho vehicular para un automóvil de menos de 10 años tuvo un aumento sustancial, al pasar de 838 a mil 250 pesos. A partir de ese año, la Recaudación de Rentas cobra un 7.5 por ciento sobre el costo del derecho vehicular para “fomento a la seguridad pública”. Además, aumentó de 63 a 70 pesos el Impuesto para el Centro Histórico de Torreón y se mantuvo la cuota de 88 pesos para el Voluntariado de Coahuila, la Cruz Roja y los Bomberos, así como el 15 por ciento para Fomento a la Educación. Un registro de matrimonio en oficialía en Coahuila, según la página electrónica del Registro Civil, tiene un costo de mil 342 pesos, mientras que el Distrito Federal, que rebasa a la entidad en cuanto a costo de vida, el mismo trámite tiene un precio de 980 pesos. La expedición de copias certificadas en la capital del país cuesta 58 pesos, mientras que en Coahuila, el precio es de 93 pesos.
“El estado lo tienen en ruinas: Coahuila es primer lugar nacional en obesidad infantil y con Rubén Moreira el presupuesto de salud se ha disminuido en 70 por ciento”, agregó el Senador. Aunque partidos de oposición y organizaciones de la sociedad, como Alianza Cívica, han demandado a través de solicitudes de transparencia que se hagan públicos todos los detalles sobre los compromisos financieros del estado y las condiciones en las que les han prestado distintos bancos, entre ellos Bancomer, Banorte e Interacciones, la respuesta ha sido negativo.
“Hay un contubernio porque nadie colabora, el gobierno federal hace esfuerzos por encubrir lo que pasa en Coahuila. Hay otros gobiernos y gobernadores que han caído, lo que hizo Andrés Granier [ex Gobernador de Tabasco, ahora preso] es una travesura de niño chiquito en comparación con lo que hizo Moreira, pero esto tendrá que tronar”, sentenció Salazar Fernández. “Es pura simulación, es tratar de engañar. Yo le digo que con su semana de transparencia, yo me burlo, porque conozco la ley”, dijo en su momento la representante de Alianza Cívica en Coahuila, Nelly Herrera, quien desde 2012 ha solicitado, vía peticiones de transparencia, toda la información sobre la deuda dejada por el primer Moreira en ser Gobernador.
LAS CONDICIONES DE LA BANCA
En septiembre de 2011, el gobierno del estado firmó un acuerdo con un grupo de bancos acreedores por un adeudo de 34 mil millones de pesos, con la intención de ampliar a 20 años el plazo para el pago de la deuda. El acuerdo, que implicó también un ajuste al alza en la tasa de interés en función del plazo pactado y las garantías, impidió que a la entidad cayera en cartera vencida.
En ese entonces, los bancos acreedores de Coahuila formaron un comité de seis instituciones, entre ellos Interacciones, que reclamaba pagos por 10 mil 500 millones de pesos, Banorte con 6 mil 330 millones, y Bancomer con 3 mil 500 millones; en la lista de acreedores también se encontraban Banamex-Citi, HSBC, Santander, Banca Mifel, Banco del Bajío, Scotiabank, Afirme, Banregio, Bansi y Nacional Financiera. En su momento, el trato fue calificado “insólito”, pues, por primera vez, un grupo de entidades privadas y públicas adoptaban medidas para rescatar a una entidad sobre endeudada.
Esta renegociación permitió al gobierno de Coahuila, en ese entonces encabezado por el mandatario interino, Jorge Torres López, no sólo aplazar el pago de la deuda sino también hacer al estado sujeto de nuevos préstamos. “Lo renegoció todo y consiguió mejores tasas”, expuso en entrevista Flavia Rodríguez, Directora General de ARegional. “Para renegociar tienes que pagar, tienes que pedir nuevos créditos, pero con menores tasas; no te dan un crédito, no te lo renegocian si no lo pagas, eso fue lo que hizo también el Estado de México cuando renegoció su deuda”, explicó. Agregó que muchos estados recurren al traspaso; es decir, pasan su deuda de un banco a otro que les ofrece mejores condiciones y tasas de interés más bajas.
“Hay un ejercicio que yo hice en donde sacamos el monto del presupuesto: cuando Humberto era Gobernador tuvo un presupuesto anual de 32 mil millones de pesos, esta cantidad la manejó durante seis años, cinco años él y uno Jorge Torres López, prófugo de la justicia [por el tema de los manejos de recursos públicos]; en el primer gobierno [de Humberto Moreira] fueron 172 mil millones de pesos para Coahuila, luego pidieron prestados 36 mil millones, y de manera ilegal porque falsificaron cosas, entonces, son 228 mil millones de pesos, sacándole la cuenta de los informes de gobierno de los dos, tomando en cuenta obra pública y programas sociales, todo suma 16 mil millones de pesos. Entonces, dime, ¿en qué se fueron a parar los otros 212 mil millones de pesos? En nómina o en qué, ¿por qué pediste prestado si no había razón?”, cuestionó el Senador panista.
MOREIRA IGUAL A MOREIRA
A pesar de haberse comprometido una y otra vez a no endeudar el 8 de octubre el Congreso del Estado autorizó al gobierno estatal para que solicitara un nuevo crédito bancario hasta por 2 mil 500 millones de pesos, con el propósito de pagar la deuda con proveedores y prestadores de servicios heredada de la pasada administración. El monto autorizado no incluye las tasas de interés, comisiones, honorarios, gasto de escrituración o cualquier gasto que se desprenda de la contratación. Con la aprobación de este decreto, el gobierno del estado podrá endeudarse hasta por 2 mil 500 millones de pesos, pero la deuda total con proveedores es de 3 mil 500 millones, según datos de organizaciones que se han manifestado en contra del endeudamiento, como Alianza Cívica.
Con esta nueva línea de crédito la deuda bancaria del estado pasará de 34 mil 400 millones a 36 mil 900 millones, más gastos de contratación; es decir, a niveles más altos que en los tiempos de Humberto Moreira. Esto motivó a que el pasado 9 de octubre, el Senador Luis Fernando Salazar, presentara en la Cámara Alta un punto de acuerdo para que se ordene a las instituciones financieras del país no concederle al estado de Coahuila el crédito que solicitó para el pago de deuda a proveedores. Y pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que se oponga a la aprobación y liberación de los créditos. Argumentó que la Constitución destaca en su artículo 117, fracción octava, que estados y municipios no pueden contraer deuda pública a no ser que se trate de una inversión productiva.
“Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública”, señala de manera textual el citado artículo constitucional.
Los ciudadanos y la oposición no son los únicos que advierten a la entidad sobre las implicaciones de contratar más deuda. En un análisis sobre la situación financiera de Coahuila, la calificadora HR Ratings advirtió: “De no mantenerse controlado el nivel de las erogaciones y lograrse los incrementos en la recaudación y gestión de Ingresos Federales, el Balance Financiero de la entidad podría regresar a déficits al cierre de 2014. Dado que el Estado se encuentra limitado a adquirir Deuda adicional, este último escenario generaría un riesgo que afectaría la calificación crediticia de la entidad”.
