Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).– Casos de corrupción, desvío de recursos y lavado de dinero como los que se han presentado en empresas, como Banamex-Citigroup y Oceanografía, han revelado que México no cuenta con el marco jurídico para hacer frente a este tipo de conflictos, ni una responsabilidad legal o penal por parte de la iniciativa privada que haga a los altos ejecutivos responder de manera efectiva en caso de que actúen de manera ilegal, así como la inexistencia de instituciones que los hagan responder o impongan un castigo efectivo, reconocieron integrantes del mismo sector empresarial y organizaciones civiles.

Ambos sectores hicieron un llamado al Poder Ejecutivo para llenar este tipo de vacíos legales con la finalidad de recuperar la confianza del consumidor a través del ejercicio de la transparencia y el cumplimiento de la responsabilidad en materia de rendición de cuentas, tema que todavía escapa de las propuestas legislativas o de las leyes impuestas, ya que la tradición jurídica que impera en el país no exige algún tipo de responsabilidad legal o penal que permita proceder en contra de las personas morales o directamente sobre las empresas, en caso de que existan actos de corrupción o conflictos de intereses.

El informe “Exportando Corrupción”, presentado la semana pasada por Transparencia Internacional (TI), concluyó que México, Chile, Colombia y Brasil no han hecho ningún esfuerzo por luchar contra los sobornos de sus empresas en el exterior a pesar figurar entre los 41 países firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho en el extranjero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Estos cuatro países aparecen en el listado en el que TI agrupa a los exportadores firmantes del compromiso y que no han hecho nada para evitar que sus empresas recurran al soborno para vender en el extranjero. Juntos representan el 27 por ciento de las exportaciones mundiales.

La organización también señaló a México como una de los naciones que mostraron inconsistencias en su información estadística sobre este tipo de delito, lo que “obstaculiza su correcta evaluación”, a pesar de “la reestructuración de las autoridades anticorrupción” en el país, con la creación en marzo pasado de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, anunciada en marzo de este año.

En el informe, denunció también que en México todavía existe “una insatisfactoria protección a los denunciantes, tanto en el sector público como privado, aunque ha habido algún progreso en la protección relacionada al crimen organizado”, por lo que recomendó mejorar la coordinación entre todas las instancias judiciales encargadas de perseguir el delito entre empresas mexicanas.

En este contexto, TI volvió a reclamar la necesidad de que se difunda la identidad de los propietarios de todas las grandes compañías, para evitar que quienes respondan por casos de sobornos sean “empresas pantalla”.

A su juicio, los investigadores no cuentan con el debido “respaldo político” para perseguir a las grandes multinacionales, porque prevalece el “interés económico nacional” frente a la lucha contra la corrupción y faltan los recursos.

EMPRESAS SIN RESPONSABILIDAD LEGAL

La propuesta  del Partido Acción Nacional (PAN) para la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción en donde se sugiere la integración de un Comité Ciudadano para la Ética Pública, compuesto por ciudadanos, encargado de formular denuncias y proponer políticas públicas para el combate a la corrupción, así como la Ley Anticorrupción emitida en el año 2011, todavía no incluyen temas relacionados con actos de corrupción o conflictos de intereses que puedan ser cometidos por las empresas del sector privado, señalan expertos.

Eduardo Bohórquez López, director Transparencia Mexicana, dijo para SinEmbargo que “en México podríamos pensar que no hay responsabilidad de las empresas porque, por ejemplo, la Ley Anticorrupción impone sanciones a las compañías que en una licitación pudieran haber violado las leyes. Sin embargo, la verdad es que no tenemos una responsabilidad legal de las empresas”.

La insistencia permanente de Transparencia Mexicana desde hace más de 15 años ha sido incorporar al sistema normativo la figura de la responsabilidad de las empresas, sin embargo, el marco jurídico con el que se cuenta actualmente en México deja al sector privado intocable.

“Nuestra tradición jurídica ha cuidado mucho en la ortodoxia que las personas morales no sean responsables. Esto es parte de nuestra tradición jurídica, esta es la gran diferencia que tiene México respecto a otros sistemas donde se conocen y litigan muchos casos de corrupción sobre empresas que operan aquí”, dijo Bohórquez.

Un caso que se ha vuelto emblemático es el de Oceanografía, empresa proveedora de servicios de Petróleos Mexicanos (Pemex), investigada por utilizar presuntamente documentos falsos para obtener del banco Banamex, filial de Citigroup en México, por aproximadamente 585 millones de dólares en créditos a corto plazo, lo que provocó pérdidas al grupo financiero durante el primer trimestre de 2014.

Casos de corrupción y lavado de dinero han salido a la luz, principalmente en Estados Unidos, gracias a que existe una ley internacional en contra de algún acto de corrupción que otorga la responsabilidad legal y penal a la empresa que haya cometido este tipo de delitos.

El escándalo derivo en la renuncia del director general de Banamex, Javier Arrigunaga Gómez del Campo, y en una investigación que el corporativo realiza en su interior para descubrir cómo es que se han presentado varios escándalos en su filial mexicana en el último año. De igual manera, la semana pasada, el director general Oceanografía, Amado Yáñez Ozuna fue consignado por delitos que no alcanzan fianza.

Que “la empresa sea penalmente responsable significa que no solamente [está involucrado] el funcionario que participó en el acto delictivo sino que la empresa en su conjunto puede ser objeto de multas que sancionan sobre su capital. Razón por la cual el Fiscal a través del Departamento de Justicia se sientan con las empresas”, señaló Bohórquez.

Sin embargo, admitió que difícilmente llegan a juicio o nunca se presentan. “La última sanción más emblemática fue a General Electric por 105 millones de dólares. En nuestro caso, no tengo que decir que la Ley Anticorrupción, aprobada en 2011, solamente establece un porcentaje del valor del contrato, no se puede ir sobre la empresa”, agregó.

El 15 de octubre, en un comunicado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que durante una visita realizada a la institución, conoció “hechos posiblemente constitutivos de delito de los cuales informó con oportunidad a las instancias competentes, respecto de las conductas ejecutadas por personal de Banamex y Oceanografía” y aplicó al Grupo Financiero Banamex multas por 29 millones 962 mil pesos tras “hallazgos de la realización de conductas contrarias a la normativa financiera” en este caso.

Sin embargo, la multa fue realizada aplicada por la CNBV y no por alguna otra autoridad jurídica. Es por ello que se consideró que el tema de responsabilidad legal, rendición de cuentas y transparencia todavía permanece como un pendiente dentro de la legislación propuesta el 20 de octubre.

“En el paquete de iniciativas anunciado no se menciona la responsabilidad legal de las empresas, pero varios actores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya lo plantearon alrededor de la Reforma Energética y no dudo que en este nuevo marco la idea de responsabilidad penal tenga una nueva conversación y a lo mejor un cambio legislativo”, afirmó Eduardo Bohórquez.

FALTA DE CANALES PARA TRANSPARENTARSE

Sobre la iniciativa presentada por el PAN, para  la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, representantes del sector empresarial como Juan Pablo Castañón Castañón, presidente nacional de la Comisión Patronal de la República Mexicana (Coparmex), han señalado que la propuesta es interesante, ya que se fomenta el ejercicio de la transparencia y de la justicia con equidad para todos los mexicanos.

“Tiene un elemento fundamental que es la participación ciudadana, para tener un Código de Ética para el ejercicio de los recursos públicos, un código de ética del comportamiento del funcionario público y una relación con el ciudadano”, dijo.

Sin embargo, ante la pregunta de si el sector empresarial debía ser objeto del ejercicio de la rendición de cuentas, respondió que “desde donde nosotros vemos y nos preocupa de esta propuesta, ya que estamos en comunicación con los legisladores, es que la mayor parte de la corrupción se concentra en los contratos de adquisiciones y obras de servicios públicos. En esta propuesta esta parte no está divulgada”.

“No sabemos ante quién van a proceder las impugnaciones de las licitaciones públicas, si no se fortalece la Secretaría de la Función Pública. El ciudadano por dónde le va a entrar para que haya impugnaciones ante cualquier posible licitación no clara, ni qué mecanismos de transparencia se establecerán para los contratos de adquisiciones de obras y servicios en esta propuesta de sistema integral. Estas son una de nuestras dudas que estamos en comunicación con el Poder Legislativo”, afirmó Juan Pablo Castañón.

De igual manera agregó que es necesario que se fortalezca la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión Nacional Anticorrupción para que ellos sean los órganos investigadores de posibles malos comportamientos en donde finalmente un tribunal ejerza y dictamine en caso de que existan elementos suficientes.

Por último agregó que, como sector empresarial, “nos interesa muchísimo desde la ciudadanía, participar como una organización de empresarios que tienen una relación económica con los gobiernos.

COMITÉ ANTICORRUPCIÓN DE EJECUTIVOS

El Instituto Mexicano de ejecutivos de Finanzas (IMEF), a través de su presidente nacional Daniel Calleja Pinedo, anunció la aprobación de la creación de un comité anticorrupción enfocado tanto al sector empresarial como financiero, con la finalidad de evitar las malas prácticas a nivel corporativo.

Daniel Calleja Pinedo reconoció que estos dos sectores se encuentran expuestos a la corrupción. Así que a través de este organismo se pretende fomentar la creación de un ambiente propicio para los negocios, las buenas prácticas financieras y un combate directo en contra de esta problemática que ha afectado en todos los niveles y que resultan un factor negativo para la confianza de los inversionistas.

El Comité Anticorrupción aprobado por el International Association of Financial Executives Institutes (IAFEI) fue propuesta de Luis Ortiz de la Concha, presidente del Comité Técnico Nacional de Ética y Responsabilidad Social del IMEF, durante la convención internacional del organismo en Manila, Filipinas, la semana pasada. “Me tocará a mi coordinar este esfuerzo como presidente del Comité Mundial Anticorrupción. La idea es que organismos tan serios y prestigiados como el IMEF y sus pares en el resto del mundo adopten todos un comité anticorrupción y trabajen en su implementación y difusión entre empresas Mexicanas”, dijo en entrevista para SinEmbargo.

“Este esfuerzo sumará a la transparencia de las empresas y forzará a la de los gobiernos si las cosas se hacen bien. Boston Consulting hizo un ranking de empresas líderes en el mundo y Transparencia Internacional criticó que no todas esas empresas eran transparentes con su información a socios y accionistas. Este esfuerzo que propongo sumará a éste tipo de transparencia y gobernabilidad en las empresas”, agregó.

La finalidad del comité es informar y comunicar a los ejecutivos de finanzas sobre los riesgos que existen o a los que se enfrentarán al hacer negocios en otro país. Igualmente, mantener informado sobre las tipologías de la corrupción como es el caso del soborno y la extorsión permiten a las empresas gestionar su riesgo, así como implementar protocolos de seguridad y prevención, y capacitar al personal de ventas, marketing, legal y contabilidad para identificar las amenazas.

Luis Ortiz dijo que la corrupción en México está alcanzando niveles estratosféricos. “Hay corrupción desde el policía hasta las más altas esferas del poder en México. Antaño se hablaba de un 10 por ciento en el negocio para el dirigente o director del área administrativa, hoy se puede llegar al 40 o 50 por ciento del valor del negocio o de la utilidad esperada”.

El esfuerzo del comité podría, incluso, apoyar a las administraciones en turno para fortalecer estas debilidades. “Yo quisiera ver un esfuerzo encaminado a lo que se presentó como la Comisión Nacional Anticorrupción y el Consejo de Ética como parte de los compromisos del Pacto por México. Creo que ahí un esfuerzo como el que he iniciado junto con los ejecutivos de finanzas del occidental y varios países de Asia, vendrá muy bien. Es un pendiente que tiene el Congreso y del que el presidente comentó hace algunos días, ‘será descongelado de las iniciativas que están en la Cámara de Diputados'”, expuso el abogado.

Ante la pregunta si este comité podría evitar casos como el de Oceanografía, Luis Ortiz respondió que “desde luego y no obstante no existe el blindaje perfecto”. Aunque agregó que en caso de castigo “el alcance es meramente corporativo y cada instituto de ejecutivos de finanzas de cada país sabrá que hacer con al información y los hechos que se les presenten”, concluyó.