Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).– Integrantes de organizaciones sociales y legisladores presentaron una propuesta para que el impuesto a los refrescos aumente a 2 pesos por litro, en lugar del peso que se cobra a partir de este año y a través del cual se han recaudado 12 mil 400 millones de pesos.
Destacaron que a raíz de que se gravó el refresco, ha aumentado alrededor de 7 por ciento la compra de bebidas sin gravamen y casi 13 por ciento en la compra de agua simple, mientras que la compra de bebidas azucaradas muestra una reducción de aproximadamente 10 en el primer trimestre de este año.
En año pasado, el Legislativo aprobó la Reforma Fiscal que a partir del 1 de enero de este año impone un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 5 por ciento a los alimentos de alto contenido calórico como frituras, dulces, gelatinas o chocolates y de 10 por ciento a la enajenación e importación de algunos productos cuya ingesta se encuentra presuntamente relacionada con el sobrepeso y la obesidad.
También se aprobó la aplicación de un gravamen de un peso por litro a las bebidas saborizadas, así como a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que contengan cualquier tipo de azúcares añadidas.
Sin embargo, integrantes de el Poder al Consumidor y el Diputado Fernando Zárate Salgado consideraron que la recaudación es insuficiente para desincentivar el consumo de refrescos a los índices que se necesita para reducir la obesidad y enfermedades que se derivan de la misma en el país.
“Creemos que sería ideal incrementar en un 20 por ciento el impuesto”, expresó el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Por su parte, Alejandro Calvillo Unna, director general de el Poder del Consumidor, acusó al Partido Acción Nacional (PAN), que recientemente propuso la eliminación del gravamen, de elaborar una maniobra “electorera que no va a proceder”.
Según cifras de distintas organizaciones, entre ellas Oxfam, México es el mayor consumidor de refrescos en el mundo, rebasando a Estados Unidos con un consumo mayor a los 163 litros por persona al año.
Cifras del Instituto Nacional de Saludo Pública (INSP) y de la Encuesta Nacional de Obesidad citadas por Calvillo y Zárate Salgado, destacan que el 82 por ciento de los mexicanos considera que la obesidad en el país es grave y que el 85 por ciento cree que la diabetes es un problema muy serio.
Entre 95 y 98 por ciento de la población considera que la diabetes es un problema de salud provocado, principalmente, por el consumo de refresco.
Calvillo señaló que en el 2012, el combate a la obesidad en el país tuvo un costó real de 80 mil millones de pesos, mientras que en los últimos seis años se han registrado medio millón de muertes por esta causa.
Ante este escenario, “300 millones de pesos para combatir la obesidad es lo que destina el gobierno. Coca Cola se gasta esto en un mes” agregó.
“Nunca se tendrán los recursos necesario para combatir esta epidemia” Calvillo.
EL DESTINO DE LOS IMPUESTOS
Consideraron que imponer el gravamen a los refrescos fue una medida positiva, sin embargo, pidieron que este recurso se etiquete para que lo recaudado se canalice directamente al proyecto para llevar bebederos a escuelas, ya que hasta ahora no hay claridad sobre qué se hace con el dinero
El 7 de mayo de este año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reformó, mediante decretos, los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, para poder aumentar el número de bebederos en las escuelas del Sistema Educativo Nacional.
El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece que la infraestructura física educativa del país deberá cumplir con la oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por la federación, estados, Distrito Federal y municipios.
En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, añade, “se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la SEP [Secretaría de Educación Pública)”.
La disposición entró en vigor el 8 de mayo y da un plazo de 180 días al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa para emitir los lineamientos en materia de bebederos escolares y calidad de agua para consumo humano en las instalaciones del Sistema Educativo Nacional.
Especifica que los planteles educativos particulares instalarán bebederos en cantidad suficiente a su matrícula inscrita, en un plazo máximo de 18 meses, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto.
