-
- Foto: Cuartoscuro
-
- Foto: Cuartoscuro
-
- Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).– La Procuraduría General de la República (PGR) determinó que existen suficientes elementos para asumir la investigación de los hechos que llevaron al asesinato de estudiantes y civiles en Iguala, Guerrero, así como los relativos a la desaparición de casi medio centenar de normalistas.
Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, informó en conferencia de prensa que «el Estado mexicano no puede permitir que un hecho tan indignante quede impune, por lo que se recurrirá a toda la fuerza del Estado para esclarecer los hechos».
Agregó que la PGR envío a Guerrero especialistas para apoyar las investigaciones de la PGJ de la entidad.
El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Rodrigo Archundia Barrientos, agregó que se han puesto a disposición de esa dependencia a diversas personas vinculadas con el caso.
El Procurador de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, dijo esta noche que están tratando de verificar si los cadáveres encontrados en fosas de Iguala pertenecen a los estudiantes normalistas desaparecidos.
Informó que no ha sido posible establecer cuántos son los cuerpos, pero dijo que las fosas fueron halladas gracias a la información proporcionada por los detenidos en relación a la desaparición de los jóvenes.
“No se puede vincular a los desaparecidos con estas fosas” todavía hasta recibir los resultados de peritos especializados en materia forense, dijo.
Antes confirmó que la localización de las fosas se dio mientras buscaban a los estudiantes normalistas que, oficialmente, siguen desaparecidos. Las cuatro fosas clandestinas fueron halladas hoy en las inmediaciones de Iguala, Guerrero.
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron por la tarde a SinEmbargo que existen suficientes evidencias para considerar que son ellos, pero las autoridades prefieren esperar a que las pruebas de ADN lo confirmen plenamente.
Eso mismo dijo el Procurador en la conferencia de esta noche.
Las fuentes prefirieron esperar a que autoridades estatales y federales lo anuncien en estos mismos términos.
La PGJE no detalló en qué condiciones fueron encontrados los cuerpos.
«No podemos todavía hablar de un grupo determinado de cuerpos», declaró el Procurador estatal.
«Sería irresponsable decir que se trata de los alumnos», subrayó Blanco Cabrera en conferencia.
Sin embargo, agregó que pusieron bajo la disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) a 30 detenidos, los cuales están relacionados con los hechos violentos en Iguala.
En el lugar de los hechos, en las colonias La Parota, Pueblo Viejo y Jardines del Sol, trabajaron elementos de Protección Civil, Policía Federal y Policía del Estado.
El Comisionado Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, arribó al lugar para apoyar con la investigación.
Hasta el momento no se sabe cuántos cuerpos hay en la fosa, por lo que no se puede confirmar que se trata de la totalidad de los 43 normalistas desaparecidos.
La noche del viernes 26 de septiembre, tres estudiantes de la Normal de Ayotzinapa perdieron la vida y al menos 43 desaparecieron tras ser detenidos y trasladados en automóviles de la Policía de Iguala.
En un principio se hablaba de 57 estudiantes desaparecidos. Sin embargo, en días pasado se confirmó que fueron localizados 14 de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
MOVILIZADOS
Durante esta última semana, tanto familiares, como elementos de seguridad de Guerrero, y hasta trabajadores del gobierno del estado, han realizado una intensa búsqueda para localizar a los estudiantes desaparecidos.
Ayer, los padres y compañeros de los normalistas fueron escuchados por el Subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, en el Distrito Federal, quien les aseguró que la Secretaría de Gobernación convocaría áreas especializadas para la búsqueda de los 43 normalistas no localizados y que continuaría con la investigación.
Esta respuesta se dio ante el reclamo de los familiares de las víctimas por la orden del Gobernador Ángel Aguirre Rivero de poner a alrededor de mil 640 trabajadores del sector central del gobierno a buscar a los desaparecidos casa por casa.
“¿A ustedes les parece lógico que se ande buscando casa por casa en Iguala [Guerrero]? ¿Les parece lógico que los servicios sin especialización tengan una búsqueda de esa naturaleza? Hay una evaluación de riesgo. Nosotros creemos que no [es lógico]“, afirmó Bidulfo Rosales Sierra, representante legal de los padres de jóvenes desaparecidos.
Mientras, Pedro David García López, estudiante de la Normal Rural y compañero de algunos de los jóvenes desparecidos, aseguró que las autoridades estatales sí “están comprometidas con el caso, pero el problema es que ya va exactamente el día de hoy, una semana y no hay resultados”.
Dijo que están coadyuvando en la búsqueda de sus compañeros; sin embargo, hasta el momento el Gobernador no se ha acercado con ellos, sino su asesor, Ernesto Aguirre Gutiérrez, mientras que las autoridades municipales no hacen nada. Dijo que luego de los hechos, ellos también desaparecieron.
“Exigimos la presentación con vida de nuestros compañeros, nada más. Las últimas personas que vimos que se los llevaron fueron la Policía Municipal Preventiva. Nosotros pedimos que las personas que se los llevaron son las mismas que los deben de presentar”, comentó.
Por su parte, el Sistema de las Naciones Unidas en México (ONU México) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se unieron al llamado y se pronunciaron porque el caso se investigue y que se respeten los derechos humanos de las víctimas que fueron violados.
La CIDH otorgó medidas cautelares en favor de los 43 normalistas de la Escuela en Ayotzinapa desaparecidos desde el viernes pasado. “Y los estudiantes heridos, actualmente ingresados en un hospital, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo”, detalló en una resolución.
Advirtió que el Estado mexicano está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger a las víctimas y prevenir mayores daños a sus derechos; de no encontrarlos, afirmó, la Comisión aseguró que el Estado mexicano deberá reconocer su responsabilidad internacional por incumplimiento de sus obligaciones en materia de desaparición forzada.
La ONU México condenó los hechos ocurridos en Iguala el pasado 26 y 27 de septiembre que ocasionaron la muerte de seis personas, 14 heridos y la desaparición de 43 estudiantes.
En comunicado, ONU México urgió a las autoridades investigar con pleno respeto al debido proceso las conductas perpetradas y sancionar a todos los autores de lo sucedido y del deterioro manifiesto del estado de derecho.
“El Estado mexicano debe adoptar, igualmente, todas las medidas idóneas para garantizar que hechos violatorios de los derechos humanos como los registrados no vuelvan a suceder”, expuso la organización.
