Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- Bertha Alicia García y Silvia Banda Pedroza, madres de jóvenes desaparecidas en Chihuahua, y Malú García Andrade, hija de la activista contra los feminicidios Norma Esther Andrade y directora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, llegaron a los 10 días en huelga de hambre sin que su petición de ser recibidas por el Presidente Enrique Peña Nieto haya tenido eco en alguna oficina del gobierno federal.
Apenas el pasado 1 de octubre, la directora general adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Katia Chávez, y el jefe de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Víctor Manuel Serrato Lozano, se acercaron a ellas –dice García Andrade– luego de que las mujeres trasladaron el campamento en el que se mantenían, desde el pasado 23 de septiembre, en la esquina de avenida Chivatito y Paseo de la Reforma las calles de Atenas y Abraham González, cerca de la entrada posterior de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Tras permanecer nueve días en una banqueta cercana a la estación del metro Auditorio –lo más cerca de la residencia oficial del mandatario que el Estado Mayor Presidencial les permitió– las tres mujeres decidieron mover las tiendas de campaña y la carpa en las que se resguardan afuera de la oficina del encargado de la política interior del país, Miguel Ángel Osorio Chong.
Ahora están a la espera de que algún funcionario de la Segob las atienda y puedan arrancarle algún compromiso.
«Nos quedaba claro que así estuviéramos 20 días nunca iba a salir nadie de Los Pinos. Nos quedó muy claro. El mensaje es muy claro: no les interesa atender el tema de feminicidios, no le interesa que madres de niñas asesinadas y desaparecidas esté solicitando lo que como cualquier ciudadano tenemos derecho, que es a la audiencia», expone García Andrade sobre las razones de su traslado.
Tras 10 sin probar alimento y sosteniéndose sólo con agua simple y una lata de Ensure (un suplemento alimenticio bebible) al día, la activista de 34 años aún tiene fuerzas para señalar, enérgica, que a pesar de que en Chihuahua ha habido algunos avances institucionales para atender los feminicidios, como la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, «la problemática continúa de manera alarmante, porque no se ha erradicado el problema y no se ha atendido como debe de atenderse».
No sólo eso quieren decirle en persona al Presidente. También quieren recordarle que siguen sin cumplirse los acuerdos firmados por la
Segob en junio de 2013.
Lo que acordaron entonces con las autoridades fue que los casos de desaparecidas entren en el programa de recompensas de la Procuraduría General de la República (PGR); que los casos sean atraídos por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); que la SEIDO presente un informe sobre ocho casos que le presentaron para saber en cuáles puede atraer la investigación y en cuáles coadyuvaría con el gobierno de Chihuahua; realizar una reunión de trabajo con titulares de PGR, SEIDO y el Fiscal de Chihuahua para conocer el avance de las investigaciones de los casos presentados; la contratación de peritos extranjeros para la identificación de 80 cuerpos que, según les dijo el Fiscal, se mantienen en el Servicio Médico Forense de Chihuahua; y que se contrate al Equipo Argentino de Antropología Forense para que exhume el cadáver que le fue entregado a Silvia y que supustamente es de su hija Fabiola Janeth, quien desapareció el 17 de noviembre de 2010, cuando tenía 18 años.
También piden que se cumpla la sentencia del caso «Campo algodonero» y se cree una base de datos nacional de desaparecidos y una base
de datos nacional de ADN, y que la desaparición se tipifique como delito.
«Al tipificar, al haber una ley, ya pueden haber fiscalías especializadas; si no sigue habiendo lo que hay, por ejemplo, en la Procuraduría
General de la República: hay una unidad especializada para la búsqueda de personas, pero no hay una fiscalía, tampoco tiene suficientes recursos», explica.
«Por eso lo importante de poder hablar y tratar el tema con el Presidente de la República, porque lo que nos dicen en las reuniones que hemos tenido tanto con el titular de PGR como el de la SEIDO, como la Fiscal de FEVIMTRA, la titular de Conavim, lo que nos dicen es que ellos no tienen las facultades para hacerlo, entonces nos queda claro que el único que tiene la facultad es el Presidente. No es que vayamos a reunirnos con él y que nos diga: ‘Yo no tengo la facultad para hacerlo’. Si no es él, ¿entonces quién?», expresa.
10 DÍAS DE HAMBRE
La carpa blanca de unos dos por cinco metros que resguarda las tiendas de campaña de las tres mujeres no pasa desapercibida para los
escasos viandantes que circulan por las calles de Atenas y Abraham González, en la colonia Juárez.
Justo en una esquina, la casita blanca de lona rompe con la secuencia de automóviles estacionados. En su exterior, una lona destaca por su fondo rosa y otra, de mayor tamaño, llama la atención por tratarse del escaneo, en gran formato, del oficio de respuesta que la Dirección General de Atención Ciudadana de la Secretaría Particular del Presidente les dio el pasado 15 de julio. En éste se lee que se les concedía la audiencia… pero en dicha oficina.
Las mujeres, que ahora buscan una respuesta de la Segob, pasan los días descansando, mientras el ayuno va mermando su salud y también su ánimo. «Hay que sumar a todo el problema de la salud la cuestión emocional. El hecho de que a veces no haya gente (que las visite), que no haya respuestas de las autoridades, que se muestren indiferentes», dice García Andrade.
Pero el deterioro en su salud no es algo menor. La activista, cuya hermana mayor de Lilia Alejandra (quien a sus 17 años fue víctima de feminicidio en 2001), cuenta que ayer las tres tuvieron una recaída.
«No creo aguantar más allá de la siguiente semana. Ayer tuvimos una recaída muy fuerte, las tres traíamos muy baja la presión, ya traemos
problema de gastritis, una ya empezó con problemas de colitis», dice.
Los parámedicos que las revisan dos veces al día, por la mañana y por la noche, les han advertido que después de la gastritis y la colitis, la siguiente complicación de salud que podrían tener son problemas renales. Por eso es que también les han sugerido que no continúen en ayunas.
«Nunca pensamos cómo iba a ser el proceso, emocionalmente, con la familia, nosotras, que se nos complica. Ayer fue un día difícil, nos
sentimos muy mal, como hasta la una (de la madrugada) pudimos descansar», confiesa.
Pero también deja en claro por qué decidieron protestar de esta manera: «Hemos hecho marchas, mitin, plantones, manifestaciones, tenido reuniones y nos queda claro que no hay las respuestas de las autoridades. Entonces tomamos la decisión de quedar y hacer lo que nos queda a la mano que es la huelga de hambre y así nos pongamos mal y terminemos en el hospital, estar ahí».
Bertha Alicia García, de 48 años, ya luce cansada y su semblante comienza a adelgazarse. Mientras habla, sus párpados se cierran continuamente y sus palabras se arrastran.
Ella está aquí por su hija Brenda Berenice Castillo García, quien desapareció el 6 de enero de 2008, a los 17 años. Dice que el año pasado le entregaron «dos pedacitos de cráneo», que supuestamente pertenecen a su hija.
Pero ella no cree que sea su hija y por eso mantiene su exigencia de que la busquen.
Silvia es la más afectada tras 10 días sin comida. Por eso es que ahora descansa dentro de su tienda de campaña.
Con el consejo de los paramédicos de que paren su ayuno y su salud en un deterioro que avanza cada día, García Andrade dice que aún no
han tomado una resolución sobre cuál será el siguiente paso, si continuarán la huelga o no. Mientras tanto, siguen esperando.
Los funcionarios que se acercaron ayer sólo escucharon sus demandas y dijeron que las turnarían a las oficinas correspondientes. Pero no les dieron una fecha para una respuesta.
