Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).– En los últimos años, la producción agrícola y agropecuaria ha ido en disminución, y a pesar de que existe el presupuesto para incentivar la producción agrícola, la realidad es que México ha perdido parte de su soberanía alimentaria y productiva en las actividades primarias.
Las leyes secundarias de la Reforma Energética, por ejemplo, dejan desprotegido al campo al plantear los subsidios focalizados a energéticos, dicen especialistas. Pero, además, deberá pagar por las ambigüedades en la llamada “ocupación temporal” de las tierras. Esto, afirman, podrían restar productividad y contribuir a la lenta desaparición del campo mexicano.
Aunque existen distintas opiniones con respecto a las llamadas reformas estructurales, varios analistas opinan que, en términos generales, la protección del campo no estuvo en la mente del Congreso y el Ejecutivo federal a la hora de planear la agenda de cambios.
El Artículo 27 de la Constitución Mexicana mencionaba, antes de la Reforma Energética, que el Estado poseía todas las facultades para expropiar tierras pero sólo cuando exista “una causa real de utilidad pública” y se dé al propietario o propietarios “una adecuada indemnización”.
Sin embargo, con los cambios constitucionales, las empresas privadas tendrán derecho sobre las tierras que desean explorar por un periodo fijo de tiempo
De acuerdo con el Secretario de Comunicación de El Barzón, Uriel Vargas, los espacios que tienen las probabilidades de éxito más altas durante la exploración y extracción de hidrocarburos (gas natural y gas shale) y petróleo, “son terrenos que van desde el centro de Veracruz a Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Chihuahua, Coahuila y la mayor parte del norte de México, en donde muchos de estos terrenos tienen dueños, y en su mayoría pueden estar en disputa legal para ver quién es el dueño, que por lo general resulta ser del ejidatario o de una comunidad”.
Gabriela Alarcón Esteva, Directora de Investigación de Desarrollo Urbano Del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), mencionó que “en este caso se tiene que poner de acuerdo a todos los propietarios y ofrecerles alguna alternativa que les convenga económicamente y negociar. No se les va imponer el desarrollo”.
Miriam Grunstein, especialista en el sector energético del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), informó que “se supone que les debes de pagar una cuota de ocupación superficial más el 3 por ciento de las utilidades del negocio pero es por inversión entonces no está esclarecido qué porcentaje le tocaría a cada quien en función del terreno ocupado”.
A propósito, Leticia Armenta, directora del Centro de Análisis Económico (CIEN) del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, declaró que se sabe que “el hidrocarburo sólo dura determinado tiempo en su extracción más eficiente, así que el dueño del terreno tendría de vuelta la posesión y uso del mismo”.
Miriam Grunstein agregó que el sistema de ocupación superficial que quedó consignado en la ley es muy poco limpio, muy poco nítido.
“A una empresa le hubiera convenido que se expropiara el terreno y se acabó, y que las empresas pudieran disponer del terreno. Pero ahora quedan vinculadas por 30 o 35 años con el propietario, lo que se hace una relación larga y compleja”.
Debido a dicha ambigüedad se ha especulado que estas medidas están encaminadas a la lenta pero progresiva pérdida del campo mexicano. “Las cuestiones de tenencia de la tierra podrían ser sustanciales porque el sistema de ocupación superficial es problemático y podría acabar por donde no se quiso empezar, que son las expropiaciones. Porque eso le da los propietarios de la tierra la capacidad de negociación y extorción muy fuerte frente a las empresas”, anunció la académica del CIDE.
En el caso de la ley minera, se establece que exista un avalúo por parte de la empresa que está dispuesta o tiene el interés de extraer minerales. Leticia Armenta Fraire declaró que “lo que falta es que el propietario tuviera la oportunidad de contrastar ese avalúo contratado por él mismo de tal manera que hubiese más de una información sobre el mismo tema para que allí sí la negociación tuviera lugar con argumentos más objetivos”.
Con la ley energética reconoció que sí quedó muy amplio porque sólo se dice que será sujeto de una negociación. “A mi me parece que aprovechando la experiencia de la ley minera sería una buena posibilidad establecer que quien quisiera explotar hidrocarburos en determinado terreno presentara los avalúos aunque el propietario tuviera la misma oportunidad”.
Aunque la investigadora del IMCO consideró que no fomentaría la pérdida del campo mexicano, “porque es un proceso que ha venido pasando desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que estos procesos se han dado de manera ilegal, lo único que haríamos aquí es hacerlos de manera formal y que incluso le demos mucha más certidumbre a quienes venden sus terrenos”.
Otra de las problemáticas principales sobre el campo mexicano que ha surgido a partir de la Reforma Energética es la pérdida de productividad a la que se enfrentará una vez que se asienten las empresas energéticas para la exploración.
Principalmente los proyectos de infraestructura energética serán en el norte y requieran algunas extensiones de tierra para la explotación de hidrocarburos dependiendo de la zona ya específica o de los estados porque hay algunos que sí tienen alguna actividad agrícola importante pero realmente no todos.
Juan Valdez, especialista en el sector agrario y académico de la Universidad Iberoamericana reconoció que si los suelos no ofrecen la posibilidad de dar cultivos, y verdaderamente responden a un desarrollo planeado y de manera correcta, pues entonces puede ser comprada. “Pero que se haga a un precio justo para que el campesino se vea beneficiado, no como aquello que hizo el Señor Fox que quería comprar a los productores de San Mateo Atenco los terrenos a 70 pesos el metro cuadrado. Ahora se está planteando de manera diferente y a precios más elevados”.
Leticia Armenta afirmó que “en el caso de hidrocarburos las áreas identificadas hasta hoy como grandes potenciales para el shale están en el norte del país, salvo algunas regiones de algunos estados como Chihuahua, Coahuila que no necesariamente rivalizan con las áreas productoras y actividades del campo”.
Uriel Vargas afirmó que la reforma da entrada para que diversos mecanismos de extracción se empiecen a operar por parte de las empresas. “El más preocupante es el del fracking porque el área que se delimitó en la ronda cero y uno para dicha actividad se encuentran del centro hasta el norte del país”.
“Muchos de estos terrenos tienen capacidad productiva sin embargo no se están utilizando porque no condiciones para invertir en ellos, no tienen capital de trabajo”, declaró.
Juan Valdez declaró que “las partes en las que se van a buscar perforaciones, tanto el campesinado como las personas que son dueñas de los predios deben de estar bien redituados “porque una vez que se haga todo el proceso de extracción una vez que se encuentre petróleo, evidentemente crearía una especie de debilitamiento o de contaminación de los suelos en donde tendría que esperarse un tiempo demasiado elevado para poder llevar a cabo nuevamente procesos de cultivo” .
A pesar de que se cree que el campo mexicano no corre el riesgo de desaparecer, sí se considera “que las zonas que son a donde se van a dirigir fundamentalmente lo que el proceso de exploración y explotación del petróleo son fundamentalmente zonas del sur de México que son zonas que hasta ahora han tenido una fuerte población rural”.
Respecto al tema del agua, en el último reporte de la OCDE sobre Monitoreo y Evolución de Políticas Agrícolas 2014, actualmente el sector agrícola en México representa el 75 por ciento del consumo del agua.
Sin embargo, Uriel Vargas afirmó que los terrenos ocupados para la exploración y explotación “son terrenos donde el agua escasea y esto implica para la agricultura que se estará compitiendo tanto agricultores como las empresas para ver quién saca más agua para llevar a cabo la actividad que se está desempeñando”, provocando que al final de cuentas se extraiga agua de los pozos de donde lo hacen los campesinos.
“Aunque el Secretario de Energía dijo que se iba a perforar más profundo para no afectar estos pozos, la verdad es que estos pozos están interconectados. Es imposible que digan que con esto no afectarán a los productores”, puntualizó.
¿FUTURO DEL CAMPO MEXICANO?
Durante los últimos diez años las producciones primarias del país ha tenido un crecimiento positivos aunque más lento que el resto de la economía del país, lo que ha producido que su contribución total al PIB haya disminuido de 5.6 a 5 por ciento, de acuerdo con el Reporte al mes de Agosto 2014 de PROAGRO.
De acuerdo con este mismo reporte, el crecimiento más rápido se produjo en aves de corral, huevos, azúcar, productos lácteos y carne de cerdo, bajó la producción de los principales alimentos básicos, como maíz y frijol. Sin embargo, durante el Segundo Informe de Gobierno, el Gobierno de la República estableció como meta que el 75 por ciento del consumo interno de los cultivos de arroz, frijol, maíz, sorgo, soya y trigo sea producido en México.
Aunque el campo mexicano, según los especialistas no esté en peligro de extinción, el mercado de compra de terrenos generará el encarecimiento de los mismos, aunque ya no para producir alimentos, sembrar o tener ganado.
Uriel Vargas agregó que “muchas tierras caen en el abandono y el sistema de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) indica que en el caso del frijol está en disminución de la superficie sembrada porque ha habido abandono de los productores “.
En el caso de Sagarpa se le asignó mil 073 millones 665 mil 865 pesos para el Programa Integral de Desarrollo Rural y 2 mil 080 millones de pesos para el desarrollo del Programa de Fomento a la Agricultura.
Y se estima que según cálculos de los dirigentes campesinos, con la llamada “ocupación temporal”, que en teoría será regulada por el Ejecutivo, provocará daños en el 60 por ciento de los 31 mil 941 ejidos en el país, mientras que cerca de 15 mil ejidos tengan que enfrentar procesos legales para evitar la explotación de sus tierras.
“Se estará especulando con el precio para saber a qué empresa se le renta y esto va a tener el efecto de que se tendrá menos superficie sembrada lo que implicará menos números de producción a nivel nacional y esto provocará precios más altos. Existe el riesgo permanente de que el precio a los consumidores sea elevado”, aseguró el integrante de El Barzón.
En el Presupuesto de Egresos para la Federación para el año 2014, el presupuesto destinado a dicha secretaría fue de 81 mil 461 millones 545 mil 356 pesos, mientras que el monto que sería utilizado para la Reforma Agraria fue de 26 mil 376 millones 402 mil 424 pesos.
Para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el Programa de Infraestructura Indígena tenía programado destinar 6 mil 641 millones 391 mil 518 pesos, mientras que para el Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena el monto fue de mil 284 millones 060 mil pesos.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano también recibió presupuesto para llevar a acabo el Programa para el Impulso de Empresas y Organizaciones Sociales y Agrarias y se le destinó la cifra de 325 millones 804 mil pesos.
El presupuesto aprobado para el PROAGRO Productivo ascendió a 13 millones de pesos, incluyendo 244 millones destinados a gasto operativo anual de este componente del Programa de Fomento a la Agricultura. Por lo que el presupuesto destinado exclusivamente para el pago de inventivos productivos se ubicó en 13 millones 314.7 mil pesos.
En el caso de los estados que son focos de exploración para hidrocarburos se les asignó los siguientes montos: 606 millones de pesos a Veracruz , a Tamaulipas mil 433 millones; 499 millones de pesos a San Luis Potosí, Durango 541.4 millones, 783.3 millones de pesos a Chihuahua y por último a Coahuila, 83.9 millones de pesos.
Una parte importante del total de beneficiarios del PROAGRO Productivo, se ubica en zonas de relativa alta y muy alta marginación del país, las cuales están conformadas por mil 335 municipios del país, dentro de los cuales están contemplados prácticamente el total de los mil 012 municipios incluidos por la SEDESOL en el Programa Nacional México Sin Hambre (PNMSH).
Juan Valdez afirmó que cualquier campesino que haya sido ayudado por algún programa de resultados que haya desarrollado alguna organización social “como por ejemplo el de Fundación Mexicana de Desarrollo Rural, renta las tierras obtiene por cada hectárea de cosecha temporal 800 y tantos pesos, entonces son personas que están en pobreza extrema”.
Cuando México tenía la oportunidad de producir aquí por lo menos se podía contrarrestar o mitigar los efectos de los precios internacionales, “pero las empresas entrando de lleno en México van a estar jugando a como estén los mercados internacionales, tanto en energéticos como en la compra de alimentos”, reafirmó el integrante de El Barzón.
De acuerdo a cifras ofrecidas por Uriel Vargas, actualmente existen 5 millones 400 mil unidades de producción o lugares que se dedican a la actividad agrícola agropecuario. De esos 4 millones 800 mil son pequeñas y medianas, el resto son dependientes de las grandes empresas. El 80 por ciento del financiamiento público subsidios, créditos y seguros se lo llevan las grandes empresas, mientras que el resto se lo llevan los 4 millones.
Sin embargo, a pesar del apoyo México experimentó una disminución en el ingreso real por persona empleada en la agricultura, ya que el total de los ingresos agrícolas agregados reales del grupo de explotación familiar disminuyó a un ritmo de 1.7 por ciento por año.
Hoy en día hay escaso financiamiento, a pesar de que existen las condiciones ambientales favorables, la caída de los precios a los productores y la alza a las semillas y fertilizantes genera que gasten más de lo que producen, “esto provoca que abandonan la producción de la actividad agrícola, y no sólo eso sino que renten sus tierras al mejor postor”, agregó.
Se ha cuestionado por qué si se han realizando reformas en todos los sectores y en todos los niveles, no se ha propuesto alguna iniciativa en materia agraria. Juan Valdez aclaró que más que reforma agraria, “lo que se necesita hacer es reformar los programas con los campesinos y con aquellas comunidades que se dedican al trabajo de la agricultura y en este caso no sólo es un problema del gobierno federal, sin embargo son los gobiernos estatales que no se meten”.
Para atender esta problemática, autoridades sectoriales, tanto a nivel local, como en la esfera nacional, ya están prestando varios servicios, como la identificación y preparación de proyectos productivos, transferencia de tecnología y suministro de insumos a través de diversos canales tanto federales como estatales, que permitan transitar de los subsidios para subsistencia, a los apoyos como plataforma de desarrollo.
El académico de la Universidad Iberoamericana afirmó que “desarrollar infraestructura no está negado con el desarrollo del campo mexicano. Estados Unidos es un país con gran infraestructura y a su vez es el principal productor de granos del mundo. Y un productor norteamericano tiene 250 veces más productividad que un campesino mexicano”, concluyó.
