La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos obliga a quienes trabajan en dependencias y organismos gubernamentales del ámbito federal a informar de su situación patrimonial, tanto cuando toman posesión de su cargo, como cada año mientras están en éste. Pese a este mandato, sólo 12 de los 66 diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) accedieron a dar a conocer esta información. Esto significa que 54 de ellos decidieron ocultar sus bienes a los ciudadanos. Cada Diputado de este cuerpo legislativo gana neto 51 mil 776.39 pesos. Para especialistas es de suma importancia que sean reveladas las situaciones patrimoniales como «instrumentos de transparencia y rendición de cuentas»…
Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).– Sólo una sexta parte de los 66 diputados que integran la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) permite que los ciudadanos –a quienes los legisladores representan– conozcan su situación patrimonial, es decir, los ingresos y bienes que posee (como propiedades y automóviles), así como sus inversiones y deudas.
Las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, donde se asienta la información sobre cuánto dinero reciben, qué propiedades y bienes muebles poseen, y a cuánto ascienden sus inversiones y adeudos, “son instrumentos de transparencia y de rendición de cuentas”, dice Guillermo Ávila Resendiz, investigador del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, organización que trabaja, entre otros temas, la transparencia en el sector público.
La importancia de dichos documentos, explica Ávila, es que en ellos “se puede identificar si hay alguna variación anómala, súbita, inexplicable en la situación patrimonial de algún funcionario; además, también sirven para identificar posibles conflictos de interés, porque incluyen información sobre participaciones [accionarias], inversiones, que pueden tener los funcionarios públicos y que pueden tener algún tipo de influencia, no necesariamente positiva, en la toma de decisiones de su ciudadanía”.
El 28 de julio de 2011, Fundar solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través de una petición de información pública, las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los 500 Diputados de la legislatura entonces vigente. La ASF contestó que no podía entregar dicha información porque se trataba de datos personales de los legisladores, además de que su entrega requería del consentimiento previo de éstos. La organización interpuso un recurso de revisión ante la negativa, que también fue rechazado por la Auditoría, con los mismos argumentos.
SinEmbargo hizo un ejercicio similar pero a nivel local, y solicitó las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales –tanto iniciales como anuales– de los 66 legisladores de la ALDF. En respuesta, la Contraloría General de dicho órgano legislativo entregó información correspondiente sólo a 11 de los 66 diputados locales, que fueron quienes otorgaron su consentimiento para hacer público su patrimonio, de acuerdo con la contestación dada por la Oficina de Información Pública de la ALDF.
La información del resto que los legisladores, “que no otorgaron su consentimiento para hacer pública sus declaraciones de situación patrimonial” –como se lee en el oficio de respuesta a la petición con folio 5000000157914– se encuentra clasificada como confidencial.
Quienes accedieron a publicar la información sobre sus ingresos, bienes y deudas son nueve de los 34 Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dos de los nueve pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI). No figuran entre ellos ninguno de los coordinadores de los seis grupos parlamentarios que componen la Asamblea, ni el representante del partido Nueva Alianza, Jorge Gaviño Ambriz, ni la legisladora independiente Bertha Alicia Cardona.
Se trata de los legisladores perredistas Evaristo Roberto Candia Ortega, Alberto Martínez Urincho, Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, Daniel Ordóñez Hernández, Manuel Alejandro Robles Gómez, Polimnia Romana Sierra Bárcenas, Lucila Estela Hernández, Jorge Agustín Zepeda Cruz y María Angelina Hernández Solís; y los priistas Karla Valeria Gómez Blancas y José Fernando Mercado Guaida.
SinEmbargo buscó a los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, así como a los Diputados Gaviño Ambriz y Alicia Cardona, para conocer sus razones para no permitir la difusión de versiones públicas (que no contienen datos sensibles como direcciones de inmuebles, placas de autos, números de cuentas bancarias, ni información sobre bienes de cónyuges y dependientes económicos) de sus declaraciones patrimoniales. Sólo dos diputados contestaron.
Uno de ellos fue Manuel Granados Covarrubias, coordinador de los legisladores perredistas y quien actualmente preside la Comisión de Gobierno de la ALDF, quien aclaró que el pasado 29 de mayo solicitó a la Oficialía Mayor que se permitiera la entrega de una versión pública de su declaración patrimonial.
Sin embargo, dicha información no formó parte de la respuesta a la petición hecha por este medio el pasado 14 de agosto, más de dos meses después de que Granados Covarrubias accediera a hacer públicos sus datos patrimoniales.
El diputado entregó a SinEmbargo copia de la versión pública de su declaración patrimonial anual, con información vigente a diciembre de 2013, así como copia del oficio enviado el 29 de mayo de 2014 al Oficial Mayor de la ALDF, Aarón Josué Ramos Miranda, para hacer constar la entrega de dicho documento. El oficio tiene el sello de la Oficialía Mayor, y refiere que fue recibido ese mismo día.
Al respecto, Omar Alejandro Espinosa Romo, subcontralor de Legalidad y Responsabilidades de la ALDF, explicó que la autorización de Granados no se encontraba en el archivo de la Contraloría –que fue el área que emitió la respuesta a la petición de información– debido a que el legislador no realizó el procedimiento correcto. Lo que debió hacer fue solicitar una rectificación de datos personales ante la Oficina de Información Pública de la Asamblea, para que ésta a su vez la turnara a la Contraloría. Espinosa Romo aclaró que la semana pasada se hizo la rectificación en la declaración patrimonial del Diputado.
El otro legislador que contestó fue el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, quien dijo que decidió no publicar su situación patrimonial por seguridad y porque se trata de una decisión compartida con su esposa, con quien está casado bajo la figura de sociedad conyugal.
“Es una decisión compartida con mi esposa, que ella tiene varias propiedades y no le gustaría obviamente que trascendiera, por razones de seguridad. Entonces mientras esta decisión conjunta entre los dos no se modifique, yo no daría a conocer mi declaración patrimonial”, explicó.
Al preguntarle si no consideraba que esa decisión afectaba el derecho a la información de los ciudadanos, Velasco Oliva contestó: “Eso tendrán que evaluarlo los ciudadanos, yo le estoy dando mis razones. Es lo que usted quería saber. Ahora, si quiere conocer mi situación patrimonial, lo platicaré con mi esposa y me pondré de acuerdo con ella. No es una decisión que vaya yo a tomar en forma unilateral, y además me parece que es un derecho que ustedes deben de respetar”.
El coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jesús Sesma Juárez, también había accedido a dar una respuesta, pero problemas técnicos impidieron la comunicación con él en la fecha pactada. Posteriormente ya no fue posible contactarlo.
DERECHO A LA INFORMACIÓN VS. PRIVACIDAD
En México, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos obliga a quienes trabajan en dependencias y organismos gubernamentales del ámbito federal a informar de su situación patrimonial, tanto cuando toman posesión de su cargo, como cada año mientras están en éste.
El listado de los funcionarios obligados es amplio, e incluye al Presidente de la República, diputados, senadores, secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y a todos sus subalternos en la estructura gubernamental hasta los jefes de departamento o sus homólogos. Esta normativa aplica también para los servidores públicos del Distrito Federal, de acuerdo con el subcontralor Espinosa Romo.
Pero la Ley no obliga a los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, como ocurre en otros países como Argentina. Por el contrario, el artículo 40 párrafo tres de la citada ley permite que los servidores públicos decidan previamente si quieren publicitar su situación patrimonial o no.
Esa disposición legal fue parte del argumento de la ASF para negar las declaraciones públicas de los Diputados federales a Fundar, refiere Ávila. La organización llevó el caso al ámbito judicial e interpuso un amparo argumentando la inconstitucionalidad de ese artículo y ese párrafo en particular, por considerar que permite que sean decisiones individuales y discrecionales las que definan el acceso a información que tendría que valorarse como pública, siempre que se respete la confidencialidad de datos sensibles, señala el investigador.
El caso llegó hasta la SCJN. En enero 2013, el Ministro José Ramón Cossío Díaz presentó al pleno de la Corte un proyecto para declarar inconstitucional el artículo 40 párrafo tres de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al considerar que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos son instrumentos para combatir la corrupción y la ciudadanía está legitimada para conocer tal información e implementar accione sed control sobre la actuación de los funcionarios, relata Ávila.
El proyecto también apoyaba que se entregara a Fundar la información que había requerido. Sin embargo, el proyecto fue rechazado con una votación en contra de ocho a tres. Este año, el Ministro Fernando Franco González presentó un nuevo proyecto sobre el mismo tema. El pasado 12 de agosto, el máximo órgano del Poder Judicial en el país confirmó la constitucionalidad del artículo en cuestión y, por lo tanto, avaló que las declaraciones patrimoniales de servidores públicos sólo pueden difundirse con el consentimiento previo de los servidores públicos.
El argumento fue que tienen carácter confidencial al contener datos personales, como el número de dependientes económicos y bienes e ingresos que pueden tener un origen distinto al del salario que reciben, como una herencia familiar, y que por tanto son asuntos que los funcionarios no están obligados a revelar.
En el caso de la petición hecha por SinEmbargo, la razón de su clasificación como información confidencial se basó en el artículo 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y el acuerdo del 28 de octubre de 2011 sobre el criterio que los entes obligados en el Distrito Federal deben aplicar para clasificar la información como confidencial.
El artículo 38 de la ley de transparencia señala que se considera como información confidencial “los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley”, así como “la relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen”.
Para Ávila, la confidencialidad de los datos no se afecta al solicitar versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, toda vez que éstas detentan sólo aquéllos datos que permiten conocer el número de bienes que poseen y el monto de éstos, mas no incluyen datos sensibles que pudieran afectar la privacidad y seguridad de las personas, como direcciones de domicilios, placas de automóviles o números de cuentas bancarias. Tampoco incluyen la información relativa a los bienes de cónyuges y dependientes económicos.
“En ese sentido habría que ver por qué se considera que el patrimonio es un dato personal, sobre todo tratándose de funcionarios públicos. Mucha información de los servidores públicos es pública, o sea ya se tiene acceso a ellos por su misma calidad de funcionario público, tiene una exposición mayor intrínseca de la que tienen los particulares”, considera el investigador de Fundar.
El Diputado Velasco Oliva no comparte esa postura. Para él, mantener reservada la información patrimonial de los funcionarios es parte de su derecho a la privacidad. “Yo estoy ejerciendo un derecho y eso es lo que yo quisiera dejar muy en claro. Estoy protegiendo la seguridad de mi familia, si ustedes no están de acuerdo tienen todo el derecho a criticarme, a decir ‘Este Diputado se equivoca, porque el derecho a la información y a que la opinión pública conozca su situación patrimonial es más importante que su familia, que sus derechos’”, expresa.
Ávila señala que si bien la seguridad personal es un argumento entendible para proteger la información patrimonial, no necesariamente es esgrimible en todos los casos, especialmente si se considera que, por su encargo, los funcionarios están bajo escrutinio público y muchos datos, como sus ingresos y domicilio y teléfonos del trabajo ya son públicos.
El investigador hace hincapié en que el acceso a la información podría permitirse mediante versiones públicas, “protegiendo los datos que son más sensibles, pero dando acceso a los datos que nos permitan corroborar que no hay anomalías, y no solamente corroborar sino prevenir cualquier posible acto de corrupción, que eso es finalmente lo más importante. Y si consideramos que como sí sucede en el discurso que la corrupción es un problema importante, estructural del país, entonces tenemos que adoptar ciertas medidas para acotar ese problema”, dice.
¿QUÉ DECLARAN LOS ASAMBLEÍSTAS?
El 15 de enero de 2013, a mes y medio de haber tomado posesión del cargo, el Presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer su declaración patrimonial, en cumplimiento a una promesa de campaña hecha en marzo de 2012, cuando se comprometió a que tanto él como todos los mandos superiores del gobierno federal harían pública su relación de bienes y declaración patrimonial.
En la información que difundió aparecen enlistadas las nueve propiedades que posee, seis de las cuales reportó como donadas, una heredada y dos compradas con pago en efectivo. También reportó que poseía obras de arte, joyas, relojes, monedas y muebles, y que tenía inversiones bancarias.
Sin embargo, no reportó el valor de ninguna de sus propiedades ni de sus bienes, tampoco el monto al que ascienden sus inversiones. Sin esos datos no es posible saber cuánto posee realmente el Presidente.
Ávila dice que las declaraciones públicas de los funcionarios –en sus versiones públicas– tendrían que contener no sólo la cantidad de bienes muebles e inmuebles, sino también su valor, así como los montos de sus cuentas en bancos, activos, deudas y créditos, así como sus acciones «para conocer no sólo su situación patrimonial, sino las áreas de interés económico en donde participa». Los datos que no deben incluirse son aquéllos sensibles que podrían vulnerar la privacidad y seguridad de las personas, como domicilios particulares, placas de autos o números de cuentas.
En las versiones públicas de la situación patrimonial de los Diputados locales aparecen los datos enlistados por Ávila, a excepción de las acciones.
Sin embargo, los ingresos no están desglosados y éstos varían, por lo que no es posible saber cuánto del ingreso total proviene de su salario como legislador y cuánto de otras fuentes. De acuerdo con información de la ALDF, los asambleístas perciben un sueldo neto de 51 mil 776.39 pesos. Es el único ingreso por su cargo.
Pero en los datos reportados por los diputados hay casos donde los montos varían, como ocurre con las Diputadas perredistas Polimnia Romana Sierra Bárcenas y Lucila Estela Hernández, quienes en su declaración patrimonial inicial registraron, cada una, un ingreso de 622 mil 848 pesos, pero en sus declaraciones posteriores esos monto variaron.
Por ejemplo, Sierra Bárcenas –ex coordinadora de escoltas de Andrés Manuel López Obrador– reportó ingresos anuales durante 2012 por 197 mil 39 pesos, una tercera parte de sus ingresos iniciales. Al año siguiente, sus ingresos habían ascendido a un millón 70 mil 788 pesos. La Diputada no registró propiedades ni bienes muebles, sólo un automóvil Audi A3 2008, cuyo costo reportado fue de 250 mil pesos. También tiene una cuenta bancaria por 10 mil pesos.
Lucila Estela Hernández registró ingresos durante 2012 por 333 mil 690 pesos, y al año siguiente percibió también un millón 70 mil 788 pesos. Ella tiene una casa cuyo valor es de 87 mil 52 pesos y un departamento de 420 mil pesos. También posee un vehículo modelo Mazda 3 Toyota 2012, cuyo valor reportado fue de 246 mil 768 pesos. La legisladora registró una cuenta bancaria con un saldo inicial de 260 mil 958 pesos, que para el año 2013 había aumentado a 353 mil 295 pesos. Además, reportó un crédito hipotecario por 120 mil pesos.
Ella ha sido consejera delegada, delegada nacional y estatal del PRD; también fungió como subdirectora de Obras y Servicios Urbanos y de Desarrollo Social, así como Directora Territorial en la dirección territorial Obrera Doctores.
Otro caso de variaciones en los ingresos es el de Evaristo Roberto Candia Ortega, quien registró un ingreso original de 622 mil 848 pesos. En 2012, no presentó su declaración patrimonial (o no la hizo pública) y para 2013 sus ingresos habían aumentado a 793 mil 569 pesos.
Candia Ortega, quien se desempeñó como director de Comunicación Social del gobierno capitalino, posee un automóvil BMW 135 modelo 2011, cuyo valor reportado es de 475 mil pesos. Además, tiene una cuenta bancaria cuyo monto inicial fue de 90 mil pesos, pero para 2013 tenía un saldo de 60 mil pesos.
Otro Diputado que aumentó sus ingresos fue Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano. En su declaración inicial registró un monto de 622 mil 848 pesos; para 2013, había aumentado a un millón 860 mil 548 pesos. Ojeda Anguiano posee una casa con valor de 300 mil pesos y una Chevrolet Traverse 2012, de 490 mil pesos.
Ojeda Anguiano pertenece a la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional, encabezado por René Bejarano. Es esposo de la ex Diputada local Aleida Alavez, quien estuvo en la legislatura anterior.
En el caso del Diputado Granados Covarrubias, sus ingresos reportados en 2013 ascendieron a un millón 96 mil 847 pesos. En entrevista con SinEmbargo, el legislador refirió que ese monto incluye lo que percibe por su cargo como legislador y su sueldo como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, su declaración no especifica los montos correspondientes a cada actividad.
Sólo cinco de los 12 legisladores locales que accedieron a transparentar su situación patrimonial (incluido Granados Covarrubias), registraron propiedades.
Destaca el caso de Daniel Ordóñez Hernández, quien cuenta con dos casas y dos departamentos. Además, posee dos vehículos, un Toyota CMRY 2007, con valor de 170 mil pesos, y un Chrysler Cirrus 2008, que vale 200 mil pesos. El legislador reportó ingresos iniciales por 802 mil 848 pesos, de los cuales 622 mil 848 correspondían a su cargo, y el resto sólo lo reportó como ‘Otros ingresos’. En su declaración correspondiente al ejercicio 2012, registró ingresos anuales por 390 mil 359 pesos.
Ordóñez Hernández fue Diputado federal de 2003 a 2006. Aunque su trayectoria política siempre ha estado ligada al PRD, también tiene experiencia como abogado en el sector empresarial.
TRANSPARENCIA EN EL PAN
De acuerdo con la respuesta proporcionada por la Oficina de Información Pública de la ALDF, ninguno de los 13 asambleístas que pertenecen al Partido Acción Nacional (PAN) accedió a entregar la versión pública de sus declaraciones patrimoniales. No obstante, los legisladores panistas han hecho pública dicha información en el portal de su grupo parlamentario. La información publicada por los panistas es más completa que aquélla disponible en las versiones públicas entregadas por la ALDF, pues detalla los rubros de ingresos, bienes, inversiones y adeudos, además de que incluye un rubro sobre gastos.
Sin embargo, se trata de información que los diputados han publicado de manera voluntaria, independientemente de la obligación que tienen ante la Contraloría de la ALDF.
A pregunta expresa sobre si esos datos corresponden con los que constan en sus declaraciones patrimoniales oficiales, el subcontralor Espinosa Romo dice que la Contraloría no puede cotejarlo porque los documentos que los legisladores entregan son confidenciales y, en ese caracter no son susceptibles de tal revisión, a menos que haya una queja o denuncia que motive una investigación relacionada con la situación patrimonial.
“No lo hacemos ni nos corresponde, sería como un acto de molestia, sería hasta violatorio. Lo haría cuando hay una investigación, una denuncia. Si no, sería un exceso de mi parte como servidor público”, expone.
La información publicada en el portal del grupo parlamentario del PAN ni aclara si corresponde al inicio de la legislatura o está actualizada al 2014. Empero, aporta datos valiosos para saber cuánto poseen los Diputados panistas.
Por ejemplo, su coordinador, Federico Döring Casar, tiene un departamento de 5 millones 187 mil 500 pesos, además de que declaró 600 mil pesos en bienes muebles (sin aclarar qué son) y posee un vehículo con valor de 560 mil pesos. Döring tiene un crédito hipotecario por 3 millones de pesos y una deuda en tarjetas de crédito de 635 mil 553 pesos con 30 centavos.
La Diputada Olivia Garza de los Santos detenta tres propiedades: una casa de 3 millones 200 mil pesos, un departamento de 1 millón 500 mil pesos y un local de 1 millón 500 mil pesos. Además, tiene un vehículo de 740 mil pesos (no detalla modelo). Su única ingreso es el que le da su cargo público.
Christian Damian Von Roehrich de la Isla tiene un ingreso mensual de 70 mil 904 pesos, de los cuales 18 mil son por un rubro distinto al de su cargo, que no aclara.
Lo mismo ocurre con Héctor Saúl Téllez Hernández, quien también refirió un ingreso de 18 mil pesos, sin aclarar de qué es. Téllez Hernández tiene una casa de 1 millón 768 mil 537 pesos y un departamento de 231 mil pesos, además de 30 mil pesos en joyas y 500 mil pesos en muebles, y un vehículo de 350 mil pesos. También tiene un crédito bancario por 260 mil pesos y una inversión en el banco por 525 mil pesos.
La Diputada Isabel Priscila Vera Hernández también reportó un ingreso adicional por 18 mil pesos. Ella tiene un departamento de 4 millones 250 mil pesos, un auto de 165 mil 431 pesos y una cuenta bancaria por 50 mil pesos.
En el caso de María Gabriela Salido Magos, cuyo único ingreso reportado es el de su cargo público, registró el rubro de inversiones, cuentas bancarias y de otro tip de valores 1 millón 184 mil 233 pesos, sin especificar el tipo de inversión. También reportó compras a crédito y mediante tarjetas de crédito por más de 30 mil pesos.
