Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).– La asociación civil Acciones Colectivas de Sinaloa AC presentó una demanda de acción colectiva difusa en contra de Grupo México SAP de CV, Minera México SA de CV y Buenavista del Cobre SA de CV, por los daños ambientales a los ríos Bacanuchi y Sonora, provocados por el derrame de 40 mil litros de sustancias tóxicas generadas por la explotación y operación de la mina Buenavista del Cobre, ubicada en el municipio de Cananea, Sonora.
La demanda fue presentada ante la Jueza Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Emma Gaspar Santana, por ser justo donde las empresas demandadas tienen sus domicilios fiscales.
La suscribe la asociación civil Acciones Colectivas de Sinaloa AC, representada por su presidente David Álvarez Bernal, y por su abogado en la Ciudad de México, Luis Pérez de Acha.
Esta asociación tiene como objetivo la defensa legal de consumidores y del medio ambiente, y está autorizada por el Consejo de la Judicatura para presentar este tipo de demandas en todo México.
La demanda pretende que el juez de distrito declare que las empresas demandadas contaminaron los ríos Bacanuchi y Sonora por el derrame de sustancias tóxicas, y reparen el daño ambiental causado, restituyendo las cosas al estado que guardaban antes de la contaminación en los términos fijados por el primer párrafo del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LEFRA).
También busca que se realicen las acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado al medio ambiente, e implementen todas las medidas necesarias para evitar en el futuro cualquier otro acto de contaminación ambiental que afecte a los ríos.
Además, de no ser posible reparar el daño, exige el pago de una indemnización como cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectación de los derechos o intereses de la colectividad. La cantidad resultante deberá destinarse al Fondo a que se refieren los artículos del 624 al 626 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que entre otros fines procura el fomento de la investigación y difusión de las acciones y derechos colectivos.
Finalmente, esta demanda persigue que esas empresa sean condenadas al pago de otra sanción económica referida en el artículo 19, fracción II de la LEFRA, por un monto equivalente de mil a 600 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, que deberá ser determinada en términos del artículo 23 de la LEFRA.
ACCIÓN DE MAYOR ALCANCE
Acciones Colectivas de Sinaloa plantea en esta demanda que, a diferencia de otras como las penales o las administrativas, esta acción colectiva tendrá un alcance mayor porque abarca las afectaciones ambientales ocasionadas en toda la zona afectada en Sonora y que involucra a siete municipios, lo que implicará el pago por Grupo México de una indemnización fijada por un Juez federal en un monto equivalente a la valuación que se realice de dichos daños. Esta indemnización se destinaría a un Fondo de Investigación del Poder Judicial de la Federación.
La indemnización que se logrará a través de esta acción colectiva, explica, sería independiente de las indemnizaciones que fije la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) u otras autoridades administrativas. También sería independiente de las indemnizaciones que Grupo México tendría que pagar a cada una de las personas y empresas afectadas.
Las demandas de acción colectiva, expone, facilitan a los ciudadanos el acceso a la justicia, al permitirles organizarse y denunciar la afectación de sus derechos en conjunto o la reclamación de violaciones en materia ambiental, de consumo, prestación de servicios, entre otros.
Este tipo de demandas, promueven un solo juicio en representación de una colectividad, y la sentencia abarca a todos los afectados, aunque no aparezcan explícitamente representados en la demanda, plantea.
Acciones Colectivas de Sinaloa es la misma que ha presentado y logrado certificar como acción colectiva el mayor número de juicios de este tipo a nivel nacional.
Actualmente existen alrededor de 20 acciones colectivas en el país, de las que dos terceras partes han sido presentadas por esa agrupación. Además, dos de sus casos fueron atraídos por una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y generaron las primeras tesis en la historia de las acciones colectivas.
