Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).– La Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) reiteró su llamado a los legisladores para modificar las leyes secundarias de la Reforma Energética –que se discuten actualmente en el Senado– porque atentan contra la población y el medio ambiente y que garanticen que éstas no pongan en riesgo los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental y energética del país.
En conferencia de prensa, la organización destacó que se mantiene el despojo de tierras a favor de la explotación de hidrocarburos y que existe peligro por la productividad de los pozos explotados mediante la fractura hidráulica, debido a que en dos años pueden alcanzar entre el 81 y 90 por ciento de operación, lo que significa que "los pozos serán abandonados en el corto plazo y que, para mantener la producción, las empresas tendrán que moverse de una zona a otra para perforar nuevos yacimientos".
La Alianza contra el Fracking advirtió que, en ese sentido, la Ley de Hidrocarburos dejará en la indefensión a los dueños de los terrenos, pues el Estado podrá obligarlos a rentar sus tierras a las empresas petroleras bajo las figuras de "servidumbre legal, ocupación y afectación superficial".
“Estas figuras son altamente convenientes para las empresas de fracking, puesto que podrán ofrecerles contratos a corto plazo y no la adquisición permanente de los terrenos. A los pocos años, los propietarios recibirán de regreso sus tierras pero contaminadas e inservibles para el desarrollo de otras actividades”, destacó Francisco Cravioto de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Por otra parte, “es lamentable que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos se convierta en juez y parte en la regulación, sanción, evaluación y autorización ambientales en cualquier acción de la cadena productiva de los hidrocarburos. Esto sin lugar a dudas debilita la política ambiental y parece una vía para acelerar la entrega de autorizaciones ambientales a los proyectos de hidrocarburos”, mencionó Claudia Campero de Food & Water Watch y de Blue Planet Project.
Otro gran riesgo de la legislación secundaria es que atenta contra el derecho a la participación y al acceso a la información de las comunidades, ya que la Ley de la Agencia les excluye del proceso de elaboración de los estudios de impacto social, previos a la entrega de asignaciones y contrataciones y de conocerlos una vez realizados.
Asimismo “a pesar de que las Áreas Naturales Protegidas han sido excluidas de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, siguen estando en riesgo de ser dañadas en los procesos de la industria energética, por ejemplo en los planes de transporte de combustibles, construcción de ductos y tendido eléctrico”, señaló Sinaí Guevara de Greenpeace México.
