Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- Desde diciembre de 2006 y hasta el 16 de junio de este año, 420 militares han muerto en el contexto del combate al narcotráfico, de acuerdo con cifras publicadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Más de la mitad de esos casos han sido de soldados (187) y cabos (104), los rangos más bajos dentro de la jerarquía del Ejército. Aunado a ello, entre 2007 y hasta abril de 2014, 15 mil 178 militares se dieron de baja por retiro, condición que incluye a quienes llegan a la edad o al tiempo límite para prestar servicio y a quienes han quedado incapacitados en servicio, de acuerdo con la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
Lo anterior ha contribuido a que exista el riesgo de que en un lustro el ISSFAM sea insolvente, como la propia institución reconoció en su Programa Institucional 2013-2018, publicado el pasado 10 de abril en el Diario Oficial de la Federación. En dicho documento, el ISSFAM advierte que, debido a que los gastos han superado a los ingresos que percibe para el fondo del Seguro de Vida Militar (Sevimi), es factible que éste sea insuficiente en un plazo de cinco años.
“El aumento en las muertes del personal militar y en las sumas aseguradas derivadas de los incrementos al haber de retiro, ha traído como consecuencia que la prima no sea suficiente, situación que pone en riesgo al fondo de ser insuficiente en un corto plazo (5 años)”, se lee en el informe de la institución.
De 2008 a 2013, el ISSFAM pagó 2 mil 895 millones 325 mil 616.16 pesos por seguros de vida militares, en 10 mil 891 “siniestralidades”, como llama a la ocurrencia de casos, de acuerdo con su programa institucional.
La institución señala que a partir de 2008 se incrementó el otorgamiento de haberes de retiro (la prestación económica vitalicia que se otorga a un elemento militar cuando llega a la edad límite, queda incapacitado en servicio, o tras haber prestado 20 años efectivos de servicio), pensiones y compensaciones “de manera inusual, ya que se intensificó el combate a la delincuencia organizada y lucha contra el narcotráfico, lo que generó un aumento considerable en las bajas por incapacidad, y retiro voluntario y/o baja”.
Las estadísticas publicadas por la Sedena sobre el personal militar dado de baja por diferentes motivos refieren que ese año murieron 197 elementos castrenses, mil 763 se retiraron y mil 69 se dieron de baja voluntariamente. En los años siguientes, el número de bajas voluntarias disminuyó, pero el del personal militar que se retiró fue en aumento, siendo el año 2013 donde hubo la mayor cantidad de bajas por retiro (2 mil 563). En los primeros cuatro meses de este año, se reportaron 509 bajas por retiro y 557 bajas voluntarias. Las estadísticas no detallan en cuántos de los casos de retiro la causa de la baja fue por quedar incapacitados.
En cuanto a los decesos, los datos de la Sedena refieren que entre 2007 y abril de 2014 murieron mil 538 militares; es decir que sólo el 27 por ciento de esos casos corresponde a elementos del Ejército que perdieron la vida en el contexto del combate al tráfico de drogas, cuyos datos figuran en la Relación de personal fallecido en la aplicación de la campaña permanente contra el narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos del 1 Dic.2006 al 16 Jun.2014.
MAS GASTOS POR INCAPACIDAD QUE POR FALLECIMIENTOS
De acuerdo con la Ley del ISSFAM, el Sevimi se otorga los beneficiarios o familiares de militares en caso de que éstos mueran, o a los militares que se hayan retirado por incapacidad, en primera o segunda categorías, en actos de servicio o como consecuencia de ellos.
El artículo 226 de dicha Ley detalla un catálogo de 122 posibles afecciones que ocasionan incapacidad en primera categoría. Éstas incluyen la pérdida anatómica o funcional de una extremidad, una mano o un pie, el síndrome de hipertensión intracraneana, esclerosis sintética progresiva, atrofias y distrofias musculares progresivas, la seropositividad en etapa terminal por más de seis meses, peritonitis crónica. artritis reumatiode, tumores, la pérdida anatómica o funcional total de ambos ojos, trastornos psicóticos y del humor (como la manía o la depresión) y trastornos que ocasionen incapacidades mayores al 60 por ciento de las funciones de las personas.
La incapacidad de segunda categoría contempla 44 alteraciones, entre ellas úlceras en los miembros pélvicos, la insuficiencia arterial de los miembros pélvicos, la rigidez o anquilosis de ambos tobillos que dificulte o impida mantenerse de pie o caminar, la osteomielitis (infección ósea casi siempre causada por bacterias) crónica, trastornos neuróticos o secundarios a situaciones estresantes, farmacodependencia, alcoholismo, insuficiencia renal crónica, obesidad, diabetes mellitus tipo 2 con dos o más complicaciones crónicas moderadas, mutilaciones genitales, o cualquier alteración permanente que disminuya la capacidad de la persona entre 40 y 50 por ciento.
El programa institucional del ISSFAM refiere que el 70 por ciento de los trámites del Sevimi entre 2008 y 2013 fueron por fallecimiento. Sin embargo, los datos referidos en dicho documento muestran que la mayor parte de los gastos generados por este seguro se habrían pagado por incapacidad de los militares.
Y es que, por ejemplo, en 2010 (el año que más fallecimientos de elementos castrenses hubo), se registraron 263 muertes de militares, 89 de ellas en el contexto del combate al narcotráfico. Pero ese mismo año, el Sevimi reportó mil 785 “siniestralidades”, es decir mil 522 casos que no fueron decesos. Ese año, según las estadísticas de la Sedena, se dieron de baja por retiro 2 mil 103 militares.
Las cifras muestran también que el año en que el ISSFAM gastó más para el pago de seguros de vida fue 2013, cuando se registraron 2 mil 79 “siniestralidades”, que en total significaron la erogación de 637 millones 127 mil 701 pesos. Ese año se registraron 187 muertes de militares, de las cuales sólo 44 fueron asociadas al combate al narcotráfico. En contraste, ese año se registró la mayor cantidad de militares retirados (2 mil 563).
Además del Sevimi, los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y Armada que se retiren (ya sea por llegar al límite de edad o de años de servicio o por incapacidad) reciben también un Seguro Colectivo de Retiro (Secore), el cual se paga una sola vez. El ISSFAM señala que históricamente este fondo ha presentado déficit en su operación, ya que desde su origen en 1995 no tuvo un fondo de reserva y sus aportaciones se componen del 3 por ciento de aportaciones de los militares y del 0.5 por ciento que abona el gobierno federal.
Las cifras sobre las erogaciones del Secore concuerdan con las del Sevimi, en la medida en que ambas muestran un aumento no sólo en la incidencia de casos, sino también en los recursos económicos destinados a pagar estos fondos. En el caso del Secore, en 2008 hubo 3 mil 559 casos, que representaron el desembolso de más de 462 millones de pesos; para 2013, para los 6 mil 527 casos reportados se destinaron 937 millones 680 mil 383 pesos. Dado que el ISSFAM registra datos agregados, no es posible saber los rangos de los militares que han recibido estas prebendas.
MUERTOS EN COMBATE, EJECUTADOS, ATROPELLADOS…
Aunque 420 de las muertes de militares ocurrieron en el contexto de acciones contra el narcotráfico, según la Sedena, eso no significa que todos esos decesos hayan sido en combate, pues sólo en 208 se reportó como causa de muerte “agresiones con arma de fuego”.
Las estadísticas también dan cuenta de 45 muertes en accidentes aéreos y 92 en accidentes automovilísticos, 13 ahogados (10 soldados, dos sargentos y un cabo), siete por “accidente con arma de fuego”, siete atropellados, cuatro por descarga eléctrica y cuatro por caídas, y dos muertes por “golpes de calor”.
Además, 31 militares murieron ejecutados: 11 soldados, seis cabos, seis sargentos, dos capitanes segundos, tres tenientes y tres tenientes coroneles. Una tercera parte de las ejecuciones ocurrió en Guerrero, nueve en Nuevo León, cuatro en Michoacán, dos en Sinaloa, dos en Tamaulipas, y sendos casos en Nayarit, Jalisco, Colima y Coahuila.
Los datos de la Sedena muestran que 83 por ciento de quienes murieron en acciones relacionadas con el combate al narcotráfico pertenecían a la tropa, es escalafón más bajo en la jerarquía castrense. Se trata de 187 soldados, 104 cabos y 58 sargentos. El año en que más soldados murieron fue 2012, cuando se registraron 36 decesos. Además, un cadete murió en 2009.
Entre los militares muertos también han habido oficiales y jefes: 12 subtenientes, 13 capitanes, dos mayores, tres coroneles, 35 tenientes y cuatro tenientes coroneles. Ningún general ha fallecido en la supuesta guerra contra el narcotráfico, que simultáneamente ha dejado al menos 80 mil civiles muertos, según estimaciones de organizaciones sociales.
Las entidades donde se han registrado la mayor cantidad de muertes son Tamaulipas (99), Sinaloa (49), Michoacán (48), Guerrero (35), Nuevo León (32) y Chihuahua (28). La mayoría de las muertes de soldados, cabos y sargentos segundos ocurrieron en Tamaulipas.
