Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).– Al mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dado continuidad a una práctica socorrida desde el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León y exacerbada por Felipe Calderón Hinojosa, y cuyas consecuencias han sido la distorsión de la función del Ejército, la prevalencia de abusos por parte de militares y la falta de profesionalización de los cuerpos policiales, consideran los especialistas en seguridad.
El enfrentamiento que, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ocurrió el pasado 30 de junio en el pueblo de San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México, entre militares que realizaban un patrullaje y presuntos delincuentes que custodiaban una bodega, y que dejó un saldo de 22 presuntos criminales (21 hombres y una mujer) muertos y un militar herido, no sólo refleja la persistencia de los militares en labores policiales, sino también los nulos mecanismos de control que hay sobre su actuación, considera Edgar Cortez Morales, coordinador del área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Once días después de que se difundiera la versión oficial sobre lo ocurrido en Tlatlaya, la agencia de noticias Associated Press la puso en duda al señalar que existe evidencia que sugeriría que los militares fusilaron a los presuntos delincuentes, a quienes la Sedena identificó como integrantes de un grupo criminal llamado Guerreros Unidos. Hasta ahora, la Secretaría encabezada por el general Salvador Cienfuegos Zepeda no se ha pronunciado respecto a la versión de la agencia estadounidense.
Desde 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externó su preocupación respecto a que las Fuerzas Armadas desempeñaran labores que corresponden a las fuerzas policiales y advirtió que los Estados deberían limitar al máximo su uso para controlar problemas internos “puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles”.
En el mismo sentido se pronunció el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Christof Heyns, en su Informe final de Misión a México, publicado en junio pasado. En su relatoría, Heyns advierte que “la aplicación de un enfoque militar al mantenimiento de la seguridad pública puede crear una situación en que la población civil se vea expuesta a toda una serie de atropellos”, dado que en el paradigma militar el principal objetivo es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de su fuerza, mientras que la operación policial con un enfoque de derechos humanos contempla la fuerza como último recurso, y a la fuerza letal únicamente para evitar la pérdida de otras vidas humanas.
Cortez considera que dada la falta de control, la lógica de los militares involucrados en el caso de Tlatlaya bien pudo ser “hacer justicia por su propia mano”, para justificar lo que podría tratarse de una ejecución extrajudicial. El también experto en la defensa y promoción de los derechos humanos recuerda que esa práctica fue común durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, tal como lo destaca el Relator de la ONU.
Heyns refiere que a partir de 2007 se desplegó al Ejército mexicano para enfrentarse a los cárteles del narcotráfico y que en esa actuación “hubo numerosas ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, así como de los cárteles, a menudo sin ningún tipo de rendición de cuentas”.
Erubiel Tirado Cervantes, coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, dice, tajante, que el gobierno mexicano debe esclarecer lo ocurrido en Tlatlaya, pues sin importar la culpabilidad o inocencia de las 22 personas muertas, el Ejército no tiene la atribución de hacer justicia por su propia mano. Agrega que, de no hacerlo, el gobierno abonará a que prevalezca la impunidad, que reconoce como uno de los elementos que ha propiciado la “deformación” de la función la defensa nacional.
“Si no los consignan a las autoridades competentes por los hechos que deben ser perseguidos por instituciones de seguridad civil, obviamente estamos abriendo la puerta a la impunidad y a la represión amansada a manos del Ejército o de oficiales de mediano rango que se sienten con esas capacidades porque al final del día no pasa nada. Eso es parte de la deformación que tenemos; si no tenemos controles, simplemente estamos expuestos a la impunidad y a la arbitrariedad y a una represión criminal institucional”, considera.
Tirado y Cortez coinciden en que, contrario a lo que ocurrió durante el sexenio de Calderón Hinojosa, ahora los casos de violaciones a derechos humanos por parte de militares son poco divulgados, pero eso no significa que no existan.
“Ahí están [los casos], que no se haga eco de esta circunstancia en los medios no quiere decir que no ocurra. Si hay una diferencia entre el gobierno de Calderón y el gobierno actual es obviamente un mayor control y manejo sobre la información pública de la situación que impera en materia de seguridad en el país”, dice Tirado, especialista en Seguridad Nacional.
Lo mismo ocurre con el empleo de militares para tareas policiales, pues aunque su presencia ha sido “menos ostentosa” que el sexenio pasado, “cuando ha decidido el gobierno ejercer o intervenir en algunos lugares, desde 2012 a la fecha, lo hace también con el Ejército y ahí está Michoacán, Tamaulipas, el Estado de México. Eso nos habla de que esa visión no ha cambiado”, apunta Tirado.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) estimaba, en abril de 2013, que para entonces cerca de 96 mil elementos de las Fuerzas Armadas (cerca del 40 por ciento de todo el personal activo en ese momento) habían sido desplegados en el país para realizar labores de seguridad pública, entre ellas detenciones, patrullajes, inspecciones y cateos, “actividades que debieran corresponder únicamente a las autoridades civiles”, según consigna en su informe Ejecuciones extrajudiciales en el contexto de la militarización de la seguridad pública.
De acuerdo con la respuesta de la Sedena a una solicitud de información pública ciudadana, cuyo folio es 0000700019413, seguían vigentes 25 “operaciones de alto impacto” en el país, específicamente en los estados de Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Aguascalientes, Zacatecas, Tabasco, Morelos, Guerrero, Estado de México, Jalisco, Quintana Roo, Chiapas, Durango y Campeche.
18 AÑOS DE MILITARIZACIÓN
Desde Zedillo Ponce de León, todos los presidentes han recurrido al uso de personal militar para atender labores de seguridad pública. De acuerdo con Cortez, quien ha estudiado el tema de la militarización de la seguridad pública en México, la promulgación de la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad, en diciembre de 1995, sentó la base legal para permitir que las Fuerzas Armadas pudieran participar en tareas propias de los cuerpos policiales.
En marzo de 1996, esa ley fue impugnada por un grupo de legisladores, quienes promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por considerar que la norma violaba el artículo 129 constitucional, que señala que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan conexión con la disciplina militar. El máximo órgano del Poder Judicial resolvió que las Fuerzas Armadas sí podían auxiliar a las autoridades civiles en tareas de seguridad pública cuando éstas lo solicitaran, y desde entonces ese es el criterio que ha justificado su participación, explica Cortez.
En la administración zedillista tuvo lugar uno de los ejemplos más claros de la incursión de personal militar en tareas policiales, con la creación en 1998 de la Policía Federal Preventiva (PFP), a la que se integraron alrededor de 5 mil militares.
Vicente Fox Quesada también recurrió al Ejército para desempeñar tareas de seguridad interior, a través de operativos como México Seguro, puesto en marcha el 11 de junio de 2005, cuyo objetivo era combatir al crimen organizado y garantizar la seguridad de las poblaciones víctimas de hechos violentos.
Con Calderón Hinojosa la militarización fue más evidente por su declarada postura de una “guerra” contra el narcotráfico, pero en realidad dio continuidad a un discurso que ya existía, y que se acentuó con Fox Quesada, de inmiscuir a los militares en tareas de seguridad pública ante la ineficacia de las policías municipales y estatales, dice Cortez. Peña Nieto ha mantenido la misma línea de acción, agrega.
Si bien al principio de su mandato, el priista dijo que las Fuerzas Armadas continuarían realizando labores de seguridad pública hasta la aplicación de una nueva estrategia que permitiera su regreso progresivo a los cuarteles, hasta la fecha esto no ha ocurrido. Cortez ve poco probable que ocurra, pues dice que el gobierno no cuenta con corporaciones policiales sólidas que pudieran sustituir a los militares y garantizar la seguridad interna del país.
“El gobierno federal no tiene una nueva estrategia, sigue haciendo uso de las mismas medidas, uso de las mismas acciones, no hay un nuevo planteamiento, y no veo que para 2018 vayamos a tener una mejora sustantiva de las policías”, dice.
Pero el despliegue de militares no es la única evidencia de la militarización de la seguridad pública, pues ésta también se ha dado a nivel estructural, mediante el nombramiento de militares, en activo o retirados, al frente de instancias civiles de seguridad pública, señalan Cortez y Tirado.
De acuerdo con el informe de la CMDPDH, para abril de 2013, en14 entidades del país los titulares de las dependencias encargadas de la seguridad pública eran militares, mientras que en otras seis entidades los encargados de las instituciones policiacas locales también lo eran, y al menos en 25 estados las policías municipales también tenían como titulares a miembros castrenses.
Tirado agrega que en la legislación también es notable la presencia e influencia militar en instrumentos como el Programa Nacional de Seguridad Pública, el Programa para la Seguridad Nacional, la nueva Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional (que regula el Estado de excepción), y la reforma al Código de Justicia Militar.
“Hay por un lado una reformulación sobre el tratamiento de las atribuciones y virtudes legales del fuero militar; [pero] por otro lado hay una mayor influencia del estamento militar en materia de seguridad pública y se acercan otro tipo de cambios, que probablemente se vean reflejados en la Ley de Seguridad Nacional, en virtud de esta reivindicación o coartada de la seguridad interior con la que se justifica la injerencia militar en cualquier ámbito de la vida nacional”, advierte.
CONSECUENCIAS DE LA MILITARIZACIÓN
Las advertencias sobre el riesgo de emplear a militares en tareas de policías no han venido únicamente de instancias internacionales. Cortez dice que desde que se permitió el uso de militares en labores de seguridad pública, las organizaciones de defensa de los derechos humanos del país han señalado que se trata de una estrategia equivocada y que no ha devenido en una mejora en seguridad, pero que sí ha afectado los derechos humanos.
“Eso significa que si desde 1996 venimos usando la misma receta y no hay resultados, eso tendría que llevar a una cierta conciencia crítica de decir ‘no le podemos seguir creyendo al gobierno, sea del PAN, del PRI, del PRD, porque ya tenemos probado que el uso de los militares en estas labores ni genera más seguridad ni mayor respeto de derechos humanos y tiene muchas consecuencias para la vida de la sociedad, para lo que viven y enfrentan los ciudadanos’”, considera.
En 2011, en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), comenzó la puesta en marcha de los Operativos Conjuntos, que proponen la coordinación de las policías locales con la Policía Federal y el Ejército, para acciones de combate a la delincuencia organizada. El informe de la CMDPDH señala que durante la ejecución de esos Operativos se cometieron una serie de violaciones a los derechos humanos, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, hechos que han sido negados por las autoridades estatales y federales. Además, señala que “se ha hecho uso de la fuerza letal de forma indiscriminada, privando de la vida a personas no armadas en acciones en contra de la delincuencia organizada”.
Según información recabada por esa organización, las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sobre violaciones cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas, se incrementaron a razón de mil por ciento durante el sexenio de Calderón Hinojosa. Además refiere que entre 2010 y 2102, una de cada cuatro quejas presentadas ante dicha instancia fueron en contra de la Sedena o de la Secretaría de Marina (Semar).
En consonancia, de las 52 recomendaciones que la CNDH formuló entre 2006 y abril de 2013, relativas a la vulneración al derecho a la vida, 39 estaban dirigidas a esas dos dependencias. Es decir, tres de cada cuatro. De acuerdo con la información recopilada por el Relator de la ONU, existen más de 5 mil investigaciones de violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por personal militar en contra de civiles.
En contraste, el número de militares sancionados es mínimo. Una solicitud de información pública a la Sedena, con folio 0000700016013, da cuenta de que entre 2006 y enero de 2013 se había sancionado a 37 militares por homicidio, y había 32 casos en proceso. Sin embargo, se trataba de casos llevados ante la Procuraduría General de Justicia Militar. El uso de tribunales militares para enjuiciar a efectivos castrenses acusados de asesinatos de civiles ha sido condenado por la CIDH y la SCJN, según el informe del Relator Heyns.
El pasado 24 de abril, el Senado de la República aprobó una reforma para limitar el fuero de los miembros de las Fuerzas Armadas, con la que se establece que los militares que cometan delitos que afecten a ciudadanos, deberán ser procesados por tribunales civiles. Durante la visita del Relator de la ONU a México (en 2013), las autoridades aseguraron que las causas judiciales que involucraban a militares y civiles se estaban transfiriendo a la justicia civil.
Sin embargo, el propio Relator refirió en su informe que para cuando se redactó el documento (publicado en junio pasado), “no se habían hecho públicos datos concretos que demostraran que efectivamente se habían transferido esos expedientes”.
El coordinador del Diplomado en Seguridad Pública de la UIA refiere que otra consecuencia que ha traído consigo la militarización de la seguridad pública es el gradual desprestigio de las Fuerzas Armadas y la “deformación” de la función de la defensa nacional, cuya consecuencia es el debilitamiento del Ejército.
“Lo debilita estructuralmente, porque no es lo mismo la mentalidad originaria de concebir la defensa del país, donde los agresores o las amenazas son concebidas como enemigos, y en términos castrenses al enemigo se le aniquila, se le mata. En términos de seguida pública, el fin último de un policía preventivo o de investigación lo que tiene que hacer o lo que busca es preservar los bienes materiales y la propiedad de los ciudadanos y la integridad de los ciudadanos. Entonces son dos concepciones diferentes, y si nosotros sobreexplotamos la [imagen] de Ejército, a la larga vamos a tener un problema con la eficiencia de nuestro Ejército”, considera.
GENDARMERÍA, ¿MÁS MILITARIZACIÓN?
Al llegar al poder, Peña Nieto anunció que las Fuerzas Armadas se retirarían paulatinamente de las tareas de seguridad pública, y que serían reemplazadas por una nueva instancia llamada Gendarmería Nacional.
En el análisis El debate entre políticas de seguridad, democracia y derechos humanos: El caso de la nueva Gendarmería Nacional, la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, manifiesta su preocupación sobre la naturaleza militar de la Gendarmería, pues se ha anunciado que tendrá un perfil de corporación policial con formación civil y castrense.
Para la organización, el temor está en que se privilegia la seguridad nacional por encima de una visión de seguridad fundada en el respeto y protección de los derechos humanos, toda vez que al reforzar la noción de seguridad “del Estado”, por encima de la seguridad de la población, la exime de dos componentes vitales en las políticas de seguridad: la prevención y la protección de derechos. Y resalta que eso “genera condiciones propicias para la permanencia de violaciones graves a los derechos humanos”.
Tirado explica que conceptualmente la Gendarmería es una instancia intermedia, pues no son policías ordinarios, pero tampoco son el Ejército. “Tienen un nivel de profesionalización y su alcance en cuanto a atribuciones, que son fuerzas intermedias”, señala.
Además recuerda que la PFP fue una instancia similar a la Gendarmería que ahora plantea Peña Nieto.
“Ejercicios como el de la Gendarmería ya hemos tenido en el país y no hemos sido capaces de evaluar cuál es el alcance de su eficacia. La Gendarmería se plantea como un recurso para sacar al Ejército de las calles, no nos dicen cuándo lo van a sacar, y como suele ocurrir en México, lo más probable es que tengamos Gendarmería y Ejército en las calles y lo más probable es que sigamos teniendo una crisis de seguridad y volvamos al argumento de los costos institucionales de las Fuerzas Armadas”, dice.
Cortez considera que más allá del componente castrense que tenga la Gendarmería, lo que no debe perderse de vista es que dicha instancia es sólo una parte de un sistema más amplio de profesionalización de la policía.
“A fin de cuentas lo que no se ha logrado construir es una política consistente y de largo plazo para desarrollar policías como quisiéramos: profesionales, capacitados, respetuosos de derechos humanos, bien pagados, con mecanismos de control. Eso es lo que no se ha generado”, dice.
