Nairobi, 11 jul (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) criticó hoy la última decisión judicial en Uganda contra activistas de los derechos de los homosexuales y alertó sobre las «intimidaciones» que sufren por parte del Gobierno.
HRW hizo referencia a la decisión del Tribunal Superior ugandés del pasado 9 de julio en contra de cuatro activistas que habían demandado al ministro para la Ética y la Integridad, Simon Lokodo, antiguo sacerdote de la iglesia católica, después de que ordenara el cierre de un taller organizado por el colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB).
«La errónea decisión del Tribunal Superior sacrifica la libertad de expresión y de reunión en su interés por lograr una agenda política discriminatoria», denunció en un comunicado la investigadora de HRW, Neela Ghoshal.
En marzo de 2012 el organizador del taller y otros tres participantes presentaron una demanda civil contra el ministro Lokodo y el fiscal general alegando que el cierre del taller violó sus derechos constitucionales.
Pero el Tribunal apoyó la decisión del ministro basándose en el testimonio de lo que definen como un supuesto «exgay» que declaró que el taller estaba «entrenando a jóvenes homosexuales para practicar sexo seguro con personas del mismo sexo mediante la distribución de condones».
«A partir de la sentencia del Tribunal Superior, se podría inferir que ahora es ilegal en Uganda llevar a cabo actividades de prevención del VIH, dirigida a hombres que tienen sexo con hombres, incluyendo la distribución de preservativos», alertó Ghoshal.
A principios de este año Uganda aprobó la ley sobre homosexualidad que tipifica la homosexualidad como delito e impone penas de cadena perpetua por actos homosexuales «con agravantes» y el matrimonio entre personas del mismo sexo.
No obstante, HRW apuntó que esta ley no estaba en vigor en el momento de la realización del taller y lamentó que la decisión del Tribunal supone «otro golpe para el activismo y la defensa de los derechos humanos».
En el comunicado, HRW también denunció que el Gobierno de Uganda está desplegando una gran variedad de tácticas para «intimidar y obstaculizar» la labor de las organizaciones no gubernamentales en temas sensibles como los derechos humanos.
La ley que criminaliza a los homosexuales en Uganda ha sido duramente criticada por la comunidad internacional e incluso Estados Unidos anunció nuevas sanciones al país africano en respuesta a esta normativa.
El presidente ugandés, Yoweri Museveni, promulgó la ley antigay en febrero, aunque había sido aprobada por el Parlamento en diciembre, tras esperar los resultados de un informe que encargó a un grupo de expertos para determinar si la homosexualidad era una enfermedad genética.
El grupo concluyó que la homosexualidad «no es genética», sino una opción derivada de una conducta social «anormal», por lo que es producto de la educación recibida y, a su juicio, es «corregible». EFE
