No sólo es el doctor Mireles: en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, al menos 51 activistas, defensores de derechos humanos o integrantes de movimientos sociales han sido encarcelados. Para especialistas, esta acción recurrente es una forma de criminalizar la lucha social. “Los procesos judiciales se vuelven acciones de criminalización cuando son usados con un fin político, que es afectar los movimientos sociales, más allá de si las imputaciones contra los acusados sean ciertas o no», explica Alberto Solís, de Serapaz. El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo la semana pasada que “es criminal” mezclar la seguridad con temas políticos; “incluso pensarlo”. Pero sus palabras no parecen coincidir con los hechos…
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).– Al menos 51 luchadores sociales, defensores de derechos humanos o integrantes de movimientos sociales han sido encarcelados en los 18 meses que van del sexenio de Enrique Peña Nieto. Más de la mitad son de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. El caso más reciente es el del médico José Manuel Mireles Valverde, figura emblemática de las autodefensas de Michoacán y otrora su vocero, quien fue detenido el pasado 27 de junio. El pasado 6 de julio le fue dictado el auto de formal prisión por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y contra la salud, por posesión de mariguana y cocaína.
A excepción del de Mireles Valverde, el resto de los casos de líderes sociales encarcelados se desprende del registro de presos políticos, presos de conciencia y personas injustamente presas que ha elaborado el Comité Cerezo y que se encuentra disponible en el portal vientodelibertad.org. La lista del Comité Cerezo –organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de víctimas de represión por motivos políticos– suma 178 casos al día de hoy (el más antiguo data de 1995), lo que significa que casi la tercera parte de ellos ha ocurrido durante la actual administración.
Entre los luchadores sociales que han sido encarcelados están Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, opositores a la construcción del gasoducto Morelos, comprendido en el Proyecto Integral Morelos CCC Centro y Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos. Ellos fueron detenidos los días 6, 7 y 8 de abril pasado, respectivamente.
Otros casos documentados por el Comité Cerezo son los de Omar Pacheco, Adolfo Gómez Chareo, Julio Orona, Luis Orona y Ricardo Calderón, miembros del ejido La Sierrita de Galeana, en Tlahualillo, Durango, comunidad que ha luchado en la defensa de su territorio frente a la minera Excellon de México, SA de CV, filial de la canadiense Excellon Resources Inc, desde 2004. Los cinco ejidatarios y mineros fueron detenidos el 10 de noviembre de 2013.
La práctica de iniciar procesos judiciales contra líderes sociales es una forma de criminalizar la lucha social, dice Alberto Solís Castro, Coordinador de Procesos de Transformación Positiva de Conflictos, de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), que trabaja por la transformación de conflictos sociales mediante la articulación de iniciativas civiles.
Solís Castro explica que los procesos judiciales se vuelven acciones de criminalización cuando son usados con un fin político, que es afectar los movimientos sociales, más allá de si las imputaciones contra los acusados sean ciertas o no.
“Esto que llamamos judicialización en realidad es otra forma de represión, mucho más individualizada, más focalizada, que está dirigida hacia actores específicos, que muchas veces el Estado va preparando. Se hace de una forma mucho más fina”, dice.
Solís Castro detalla que la judicialización de los actores sociales es una práctica común de antaño de los gobiernos priistas, pero admite que su uso se está haciendo recurrente en todos los estados del país.
Aunque dice que no hay modo de probar que una acción judicial responda a un interés político, Solís Castro plantea que hay elementos que denotan ese propósito, como el hecho de que los procesos judiciales se dirijan a actores específicos o que ocurran en momentos donde los inculpados se encuentren solos o los movimientos están dispersos.
Además, continúa Solís Castro, los delitos de los que se les acusan suelen ser falsos, fabricados o tratarse de hechos que ocurrieron hace muchos años y que, por lo tanto, es difícil probar. También es común que se les imputen hechos que sí ocurrieron, pero en los que no participaron, o que una vez que son detenidos se les finquen más cargos de los que causaron su detención en un principio.
“Cuando se ve que se están asociando todo este tipo de elementos para culpar a ciertos actores en específico, es cuando se vuelve muy evidente que su uso es político finalmente”, considera.
LOS EFECTOS DE LA JUDICIALIZACIÓN
Rosas Vélez, presidenta del comisariado ejidal del poblado de San Felipe Xonacayucan, en Atlixco, Puebla, fue detenida el 6 de abril pasado por policías estatales, acusada de presuntamente obstruir la construcción de obra pública y robar dos teléfonos celulares. La mujer, de 60 años, representa a un grupo de ejidatarios que se han negado a vender sus terrenos para la construcción del gasoducto Morelos. Actualmente, se encuentra presa en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlixco.
Un día después de la detención de Rosas Vélez, fue aprehendido Juan Carlos Flores Solís, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos, organización que también ha luchado contra la realización del gasoducto, junto con las comunidades nahuas que serían las principales afectadas de dicho proyecto.
Flores Solís fue detenido dos años después de que se abrió una causa judicial en su contra, por hechos ocurridos el 3 de abril de 2012, durante una protesta en la ciudad de Puebla. Según declaró su abogado el pasado 14 de abril, el activista no habría participado en esa protesta. Flores Solís es acusado de motín, despojo, extorsión y delitos contra la infraestructura hidráulica y se encuentra recluido en el Cereso de San Pedro Cholula.
El día posterior a la detención de Flores Solís, fue apresado Abraham Cordero Calderón, dirigente del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada, y opositor a la construcción del libramiento Arco Poniente y también del gasoducto Morelos.
Solís Castro dice que involucrar a los líderes sociales en procesos jurídicos puede tener varios efectos, como la desorganización al interior del movimiento, infundir miedo o incluso propiciar la parálisis o desmovilización.
Esto ocurre porque por un lado los movimientos sociales tienen que luchar ya no sólo por su causa original, sino también por la defensa de sus presos; por otra parte, los movimientos se desgastan debido a que los procesos jurídicos pueden prolongarse mucho tiempo. Además, la judicialización de un líder social tiene un efecto ejemplificador. “Finalmente, también es un control decir ‘a quienes se manifiestan les va a pasar esto’”, expresó Solís Castro.
Agrega que en algunos casos ni siquiera se tienen que hacer efectivos los procesos judiciales, sino que basta con abrir órdenes de aprehensión y tenerlas como una forma de amenazar para ejecutarlas en el momento en que haga falta.
“Eso es lo que están haciendo: están abriéndoles averiguaciones y órdenes de aprehensión a todo mundo, y en el momento en el cual consideran que les es útil las pueden hacer valer y entonces se vienen las detenciones. Y si no, se quedan ahí como una espada de Damocles, que está esperando nada más a ver cómo actúas, para ver si te la tiro o no, si te hago valer estos procesos jurídicos”, explica.
Solís Castro refiere que, por ejemplo, la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica tiene 120 procesos judiciales abiertos contra sus integrantes. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan calcula que en Guerrero –el estado con más encarcelados, según el listado del Comité Cerezo– habría 90 órdenes de aprehensión contra dirigentes sociales. El pasado 14 de abril, el Senador perredista Luis Sánchez Jiménez sostuvo que el Gobierno de Puebla pretendía liberar 250 órdenes de aprehensión contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos.
A esos casos se suman las órdenes de aprehensión contra Mario Luna Romero y Tomás Rojo, secretario y vocero de las autoridades tradicionales del pueblo de Vicam de la Tribu Yaqui, respectivamente, acusados de secuestro y robo de un vehículo.
Los procesos contra los dirigentes yaquis ocurren en el contexto de un proceso de consulta ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reconoció la violación de derechos de la tribu durante la gestión y construcción del Acueducto Independencia, obra a la que los yaquis se oponen.
SUÁSTEGUI, OPOSITOR «CRIMINALIZADO»
El caso más reciente registrado en la lista del Comité Cerezo es el de Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero y dirigente histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras de la presa La Parota (Cecop), quien fue detenido el pasado 17 de junio en Acapulco, Guerrero.
Suástegui Muñoz fue detenido de forma violenta por más de 15 policías ministeriales, sin presentarle una orden de aprehensión, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización civil que ha acompañado el proceso jurídico del Cecop y que ahora lleva la defensa del líder social.
El mismo día de su detención, Suástegui Muñoz fue trasladado de cárcel dos veces: del Cereso de Las Cruces, en Acapulco, fue llevado al Cereso de La Unión de Isidoro Montes de Oca, ubicado en la Costa Chica guerrerense; de ahí, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 4 Noroeste, en Tepic, Nayarit, a más de 700 kilómetros de Acapulco, donde ocurrió la detención.
La organización que ahora se encarga de su defensa legal acusa que Suástegui Muñoz presuntamente fue torturado durante el traslado a Nayarit.
Suástegui Muñoz fue acusado de tentativa de homicidio; sin embargo, el pasado 27 de junio el Juez Primero de primera Instancia en Materia Penal de Nayarit reclasificó el delito y le dictó auto de formal prisión por lesiones agravadas. El 2 de julio, el mismo juez le dictó un segundo auto de formal prisión, esta vez por robo calificado. Un día antes, a Suástegui Muñoz le fueron notificadas dos causas penales más, por lesiones simples y por despojo; además, existe una averiguación previa contra el líder del Cecop por ataques a las vías de comunicación, sabotaje y motín, respecto a la cual aún no se le notifica resolución alguna, de acuerdo con un comunicado de Tlachinollan.
La organización de derechos humanos detalla que el pasado 4 de abril integrantes del Cecop (entre ellos Suástegui Muñoz), quienes se encontraban en una reunión en la comunidad de La Concepción, Acapulco, tuvieron un enfrentamiento con tres gravilleros; de esa disputa resultaron gravemente lesionados dos integrantes del Cecop.
Los comuneros presentaron una denuncia, que quedó registrada bajo la causa penal 60/2014-I, en el Juzgado Segundo Penal de Acapulco. Los familiares de uno de los extractores de grava y arena del río Papagayo, a su vez, interpusieron una denuncia contra los comuneros, acusándolos de tentativa de homicidio, que quedó registrada bajo la causa penal 60/2014-II y que motivó la orden de aprehensión contra nueve integrantes de la Cecop, la cual fue girada el pasado 24 de abril.
Junto con Suástegui Muñoz fueron señalados otros ocho integrantes del Cecop, pero hasta ahora sólo él y José Palma Tornés han sido detenidos y procesados. Palma Tornés fue aprehendido el 29 de mayo y liberado el pasado 6 de junio, luego de que el delito que se le imputaba se reclasificara al de lesiones graves y pagara una fianza de 146 mil 149 pesos, de acuerdo con Isidoro Vicario Aguilar, abogado de Tlachinollan.
El Cecop y Tlachinollan consideran que la detención de Suástegui Muñoz es un acto para criminalizar la lucha social de quienes se han opuesto, desde hace 11 años, a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico La Parota en el cauce del Río Papagayo, a 30 kilómetros de Acapulco.
La presa inundaría más de 14 mil hectáreas. Un informe elaborado en 2009 por la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental (AIDA por su sigla en inglés) calculaba que alrededor de 25 mil personas serían desplazadas y 70 mil más serían afectadas por la desviación del río.
El pasado 24 de junio, integrantes de la Cecop expresaron su postura en contra de lo que consideran la criminalización de Suástegui Muñoz y exigieron su liberación al Gobierno de Guerrero, durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México.
El director de Tlachinollan considera que la judicialización de líderes sociales, como Suástegui Muñoz, tiene el propósito de desarticular los movimientos sociales.
«Yo creo que ya es un ensayo fríamente calculado de generar un ambiente de temor entre los activistas para que se desistan de su lucha, para contener la inconformidad, para generar una dispersión del movimiento. Aquí le apuestan a que el Cecop se disgregue, se disperse, apostándole a la mano dura. Es la mano dura para poder enfrentar un problema social”, dice.
A decir de Barrera Hernández, el uso de mecanismos jurídicos para criminalizar a los líderes sociales se ha hecho socorrido en la entidad para intentar desmovilizar la lucha social.
“Eso es lo más grave: utilizar el Derecho penal de manera desproporcionada para contener la inconformidad social”, expresa.
Sin embargo, el Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, ha dicho que la detención de Suástegui Muñoz es un asunto meramente jurídico. El pasado 23 de junio, al término de un evento en la Universidad Autónoma de Guerrero, dijo a los medios locales: “Sobre el tema de Suástegui, es un asunto meramente jurídico, el señor Procurador ya ha informado sobre las causas de su detención y dará una nueva conferencia para ampliar más la información en torno a ese caso”, de acuerdo con una nota del diario local La Jornada Guerrero.
TRASLADOS, UN OBSTÁCULO A LA DEFENSA
Existen al menos cinco casos de líderes sociales que tras ser detenidos son trasladados a penales federales fuera de su entidad de origen. Los más recientes fueron los de Mireles Valverde y Suástegui Muñoz, pero a ellos se suman los casos de los dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina González y Nestora Salgado García.
Hay algo en común entre ellos cinco: ninguno había sido sentenciado cuando fue trasladado. Otra coincidencia destacable es que Suástegui Muñoz, Campos Herrera, Molina González y Salgado García son del mismo estado: Guerrero. Una similitud más es que, a excepción del líder del Cecop, los otros pertenecen a movimientos que reivindicaron el derecho a autodefenderse, ante lo que consideraron la ineficacia de las instituciones del Estado para hacerlo.
El Artículo 20 constitucional ampara el derecho de cualquier persona acusada de un delito de tener una defensa adecuada. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan considera que estos traslados causan «una grave afectación» a este derecho, ya que se obstruye la posibilidad de que tenga una comunicación fluida con sus defensores.
“Evidentemente, el traslado de un detenido sometido a proceso a una distancia lejana de los tribunales donde se ventila su caso obstaculiza las posibilidades de llevar a cabo una defensa adecuada, que sea efectiva y no meramente formal”, señala la organización en una ficha informativa emitida a propósito de la detención de Suástegui Muñoz.
El Secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Vázquez Pérez, declaró a la prensa el pasado 20 de junio que el traslado de Suástegui Muñoz a un penal federal había sido por seguridad.
“Era un riesgo latente, sabemos que él tiene problemas con algunas personas que están recluidas en algunos penales por todo lo que ha ocurrido en el área de los Bienes Comunales [de Cacahuatepec] y por la misma situación se consideró que por cuestiones de seguridad hacia su persona lo mejor era enviarlo a un penal fuera del estado”, dijo el funcionario, de acuerdo con el diario local El Sur.
La seguridad también fue esgrimida por el director del Cereso de Las Cruces para justificar el primer traslado del líder del Cecop. Tlachinollan señala que ambos traslados fueron “ilegales”, ya que contravinieron sendos amparos promovidos, precisamente, para evitar que Suástegui Muñoz fuera llevado a otro penal.
«Es totalmente anticonstitucional que a una persona se le lleve a un lugar alejado de su lugar de origen, de su lugar de domicilio, porque se está dificultando su defensa legal”, dice el doctor en Derecho y ex Diputado federal petista, Jaime Cárdenas Gracia.
Entrevistado a propósito de la detención de Mireles Valverde, quien dos días después de su arresto fue llevado al Cefereso 11 CPS Sonora, Cárdenas Gracia considera que ese traslado fue para obstaculizar su defensa.
“Lo llevan a ese penal con el propósito de dificultar todos los procedimientos legales a favor de su defensa, de aislarlo, confinarlo a un lugar totalmente lejos de donde él conoce a personas o abogados que lo pueden apoyar o respaldar”, dice.
Agrega que el traslado del líder de las autodefensas de Michoacán también puede considerarse “discriminación”, pues sólo él fue enviado a una cárcel en otro estado, pese a que junto con él fueron detenidas y consignadas 77 personas más, de las cuales al menos a otras tres se les imputaron los mismos delitos (violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos agravada y delito contra la Salud en su modalidad de Posesión simple de sustancias prohibidas). El pasado domingo 6 de julio, a los cuatro imputados les fue dictado el auto de formal prisión por esos delitos.
A decir de Solís Castro, trasladar a un líder social a un penal lejos del sitio donde fue detenido tiene el propósito de distanciarlo de sus redes de apoyo.
“Implica toda una lógica de desmoralización y aislamiento del luchador social que está enfrentando el proceso, se le busca aislar. Tiene también toda una lógica muy perversa, también lo aíslan de sus posibles abogados, donde tiene las redes que lo pueden proteger jurídicamente”, opina.
El 21 de agosto de 2013, Nestora Salgado García, coordinadora de la CRAC-PC en Olinalá, fue detenida por militares y acusada de presunto secuestro. Cinco días antes, Salgado García había encabezado la aprehensión del síndico de Olinalá, Armando Patrón Jiménez, por presuntamente robar ganado y estar involucrado en el asesinato de dos ganaderos. Junto con Salgado García fueron detenidos 30 policías comunitarios. El mismo día de su detención, fue trasladada al Cefereso 4, en Tepic, Nayarit. El 27 de agosto siguiente se le dictó auto de formal prisión.
Gonzalo Molina González, promotor de la CRAC-PC en Tixtla, fue detenido en un retén en la carretera federal Chilpancingo-Tilapa, el 6 de noviembre de 2013, acusado de presunto terrorismo, robo agravado, secuestro, y lesiones. Primero fue trasladado al Cefereso 13, en Miahuatlán, Oaxaca, pero el 2 de junio pasado fue llevado al Cefereso , “El Altiplano”, un penal federal de máxima seguridad ubicado en el Estado de México. El traslado se hizo sin notificar a sus familiares, según denunciaron dirigentes de la CRAC-PC en Tixtla, pertenecientes a la Casa de Justicia de El Paraíso.
Arturo Campos Herrera, uno de los promotores de la creación de la CRAC-PC en la zona de Ayutla, fue detenido el 1 de diciembre de 2013 en Chilpancingo, por Policías Ministeriales. Al día siguiente de su aprehensión, y pese a que tenía un amparo para evitar ser trasladado fuera de Guerrero, fue llevado al Cefereso 1.
“Ya es un patrón que está tratando de consolidar el Gobierno del estado para poder desmantelar al movimiento social. Antes lo que hacían era más bien acusarlos de delitos graves, más políticos para según impedir su liberación; ahora apelan al tema de la seguridad de los presos para poder justificar su salida fuera del estado. Es decir, no vemos ninguna razón jurídica que sustente el traslado. A final de cuentas son fabricaciones que hacen para poderlos llevar”, dice Barrera Hernández, director de Tlachinollan.
El defensor de los derechos humanos advierte que en la implementación de este mecanismo para debilitar los movimientos sociales también intervienen autoridades federales, “porque la Federación se presta para hacer esta coordinación de los traslados, de recibirlos en los penales federales, cuando sabemos que tienen que ser purgadas sus penas, si es que hubiese, en el estado”.
Barrera Hernández dice que el uso político del aparato jurídico también es socorrido porque se ha valorado que atentar contra los derechos de los detenidos no tiene un costo político ni jurídico para las autoridades.
No obstante, sí tiene una implicación social grave, a decir de Solís Castro: “Se deja de tener de en el estado de Derecho. Básicamente se asocia una visión de que los movimientos, por las vías institucionales, no pueden lograr sus objetivos; se invita a formas de confrontación cada vez más álgidas o simplemente la población deja de confiar en el sistema de justicia en México”.
Además, hay un doble rasero en la aplicación de la justicia, pues mientras a los líderes sociales se les criminaliza, cuando los movimientos sociales son objeto de ataques o alguno de sus integrantes es víctima de un crimen, no se les hace justicia, dice Solís Castro.
“Es una lógica de que finalmente el sistema judicial nada más funciona por intereses políticos de quienes tienen ese control”, concluye.
