Fiscalía pide protección para «hacker» acusado de sabotear diálogos

13/06/2014 - 9:17 pm

Bogotá, 13 jun (dpa) – La Fiscalía General de Colombia pidió hoy al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la asignación de medidas «especiales de protección y de seguridad» para un «hacker» sindicado de sabotear el proceso de paz que celebra desde 2012 el gobierno con la guerrilla de las FARC en Cuba.

A dos días de que se defina el próximo gobernante en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el fiscal general, Eduardo Montealegre, hizo la petición «de manera perentoria e inmediata» a favor del ingeniero Andrés Sepúlveda teniendo en cuenta «el nivel de riesgo en que este se encuentra».

Montealegre solicitó además al director del Inpec, el general Saúl Torres, «que se considere la posibilidad de enviar al ‘hacker’, quien desde este jueves está en una penitenciaría de Bogotá, a un pabellón especial donde su seguridad no corre riesgo».

«Es evidente que esa persona se encuentra en situación de altísimo riesgo, por lo que se hace necesario brindarle protección especial», enfatizó el fiscal al referirse a la información que recientemente reveló el hombre sobre la posible vinculación de algunos oficiales del Ejército y la Policía en el caso.

El supuesto espionaje, que ha causado gran controversia en el país, fue revelado a principios de mayo cuando la Fiscalía General detuvo al «hacker» que al parecer interceptaba cuentas de correo electrónico vinculadas con los diálogos que se cumplen desde hace 18 meses con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El lunes pasado, una jueza ordenó la libertad de Sepúlveda al considerar que hubo irregularidades durante la imputación de cargos. Sin embargo, el hombre fue recapturado al día siguiente luego de que el ente acusador volviera a solicitar su detención argumentando que «existe gran cantidad de material probatorio en su contra».

Sepúlveda, que según su abogado trabajó en la campaña presidencial del jefe de Estado mexicano, Enrique Peña Nieto, fue acusado de cargos por violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso, interceptación de datos informáticos y espionaje.

En el momento de la captura el pasado 5 de mayo, Montealegre dijo que las pesquisas iniciales indican que Sepúlveda espiaba las cuentas de correo del jefe de prensa de las FARC en La Habana, de dos periodistas cubanos que cubren el proceso y un correo electrónico del gobierno colombiano.

El escándalo por este hecho aumentó cuando el candidato presidencial del partido de derecha radical Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, admitió que Sepúlveda y la esposa de éste trabajaban en su campaña en el manejo de redes sociales.

Zuluaga, que sigue las orientaciones del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), el principal líder de la oposición y férreo crítico de las negociaciones con las FARC, aseguró en un comienzo que no conocía al «hacker», pero luego dijo que había recordado que alguna vez visitó su oficina, aunque sin tener un contacto directo con él.

Pero la polémica creció cuando pocos días después luego de que la revista «Semana» publicara un video en el cual aparece Zuluaga en la oficina del «hacker» y se habla de informaciones de inteligencia que solamente podían estar en manos de organismos estatales de seguridad.

Rafael Revert, otro «hacker» español que trabajaba para Sepúlveda y que grabó ese video, dijo que la estrategia de su ex jefe era hacer ver a las FARC que estaban siendo espiadas para que el grupo guerrillero responsabilizara al gobierno y rompiera la negociación.

Revert dijo en una entrevista que el candidato presidencial estaba al tanto de las actividades de espionaje que se realizaban en esa oficina.

Zuluaga afirma que ese video es un «montaje» que busca afectarlo en medio de la campaña electoral en el marco de la cual se enfrentará el próximo domingo al presidente Juan Manuel Santos, pero la Fiscalía concluyó que ese material es auténtico y no fue editado.

Además, a través de su abogado Jaime Granados pidió al ente acusador considerarlo como una víctima en el caso por haber sido grabado «ilegalmente» por Revert.

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