Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).– De ser aprobada la legislación secundaria en materia energética se daría luz verde a la práctica del fracking en México, lo que causaría graves daños al medio ambiente, al territorio y a la población, denunciaron organizaciones de la sociedad civil.
Los activistas exigieron a los legisladores aprobar la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica en la obtención de gas shale o de lutitas, presentada en ambas cámaras del Congreso.
Estudios científicos han demostrado que en países como Estados Unidos –donde ya se practica el fracking–, la fractura hidráulica provoca la erosión del suelo, contamina el medio ambiente, pone en peligro la salud de los habitantes, además de que puede provocar temblores, de aquí la urgencia de activistas integrados en la Alianza Mexicana contra el Fracking por frenar esta técnica que se “esconde” en las “letras chiquitas” de la Reforma Energética, según sus denuncias.
En México, la explotación de gas shale es ya una realidad en estados como Coahuila, Veracruz y Tamaulipas, agregó Claudia Campero, integrante de la organización, quien además dijo que ya comienzan a registrarse sismos en el estado de Nuevo León acusa de esta técnica.
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
El Artículo 91 de la Ley de Hidrocarburos establece que “la industria de hidrocarburos es de utilidad pública y que la exploración y extracción de estos recursos es de interés social y de orden público”, con lo que se abre paso a una explotación total de los recursos que el gobierno federal disponga en materia energética.
Con dicha disposición “el Estado podrá obligar a que los dueños de terrenos renten sus territorios a empresas petroleras, o en su caso, expropiarlos en favor de dichas empresas”, explicó por su parte Areli Sandoval, integrante de la Alianza.
De acuerdo con el Artículo 96, en el caso de que un ejidatario planee rentar sus tierras a empresarios, nacionales o extranjeros, para la explotación del gas shale, la ley establece que la contraprestación “deberá ser proporcional a las necesidades del asignatario o contratista», lo que se traduce como un beneficio completamente para las grandes compañías y no para los terratenientes, explicó Sandoval.
Dentro del paquete de la legislación se habla sobre la existencia de una “servidumbre legal”, misma que se expresa en el Artículo 99, y la Administrativa que se encuentra en el Artículo 101, ambos establecen claramente las contraprestaciones que se establecerán en los contratos con los dueños de las tierras. Lo que quieren decir estos artículos es que al calificar como “prioridad” al asignatario o contratista.
Sin embargo, el problema de todos los derechos que la ley establece sobre la tierra no son reveladores de la legislación de hidrocarburos pues desde la reforma al Artículo 27 constitucional se señaló que el gobierno federal podría otorgar, mediante asignaciones a empresas productivas del Estado, como lo es el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex) o contratos con particulares, actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en términos de la ley reglamentaria.
Con la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto se propiciarían el despojo de territorios, se violarían los derechos a la salud y al medio ambiente ya que se abriría el paso a una tecnología de explotación de recursos energéticos que es altamente contaminante y dañina para la naturaleza.
IMPACTO AMBIENTAL
Con la implementación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se controlará el impacto ambiental que cause la fractura hidraúlica con la contaminación del agua y suelo, además de la contaminación generada por la liberación de los químicos utilizados durante el proceso.
El fracking también provoca que grandes cantidades de agua sean desperdiciadas para la extracción del gas shale, lo que significa también un golpe a la naturaleza.
Para efectuar la fractura hidraúlica se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo. La explotación de los 20 mil pozos anuales que se está planteando, supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico de entre 4.9 y 15.9 millones de personas en un año, según datos recabados por la Alianza.
La creación de la agencia reguladora “supondría el debilitamiento y fragmentación de la política ambiental, sin atender ninguna de las deficiencias que la aquejan», destacó Claudia Campero.
La activista agregó que si con anterioridad la Semarnat no atendía los casos de manera adecuada, «menos lo haría ahora”.
Los integrantes de la alianza explicaron que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente “supondría concentrar en una sola instancial a regulación ambiental y la autorización de los permisos en la materia, por un lado, y los procesos de investigación, sanación e inspección, por otro”.
Detallaron que no existiría una autonomía de la autoridad reguladora ambiental ya que al depender de la Secretaría de Medio Ambiente, estaría subordinada directamente al Ejecutivo Federal, quien será quien designe a su titular.
SIN EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES
Otra de las “letras chiquitas” de la Rerfoma Energética señala que con la Ley de Hidrocarburos la Secretaría de Gobernación y de Energía las que se encarguen de realizar los estudios de campo y mapeos sobre los impactos sociales que dejaría la extracción de los hidrocarburos, entre ellos, el gas de lutitas, de tal manera que no habrá un órgano que verdaderamente pueda dar una visión imparcial sobre los posibles daños a las poblaciones y al medio ambiente.
Al respecto, Claudia Campero explicó si ambas dependencias federales se encargan de realizar los estudios de impactos social previos a la entrega de las asignaciones y contrataciones para la explotación de dichos recursos no tendrían una función verdaderamente reguladora, ya que las mimas autoridades encargadas de promover la actividad petrolera y gasífera quienes determinen si habrá daños en los habitantes.
“Especialmente preocupante resulta este tema cuando una de las principales apuestas de la reforma energética es explotar hidrocarburos de lutitas por fracking, tecnología ampliamente cuestionada por sus impactos nocivos en los derechos sociales de la población”, expresaron los integrantes de la alianza quienes lanzaron una convocatoria ciudadana para que los legisladores aprueben la Ley General para prohibir la fractura hidráulica.
VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS
De acuerdo con los activistas, la legislación secundaria de la Reforma Energética vulnera los derechos humanos ya que sobrepone la actividad económica sobre el derecho a la alimentación y a la libre elección de las decisiones de los ejidatarios cuyas tierras se encuentren en territorio de interés para el gobierno federal , y a las grandes empresas, cuyos beneficios económicos rebasarán por mucho los ingresos obtenidos de la amplia exploración y explotación de gas de lutitas expresados en el Artículo 96 de la Ley General de Hidrocarburos.
Otro derecho que será violado con la explotación del gas shale es el derecho a la alimentación, ya que con la contaminación del agua y del suelo, los habitantes de las zonas aledañas donde se practique fracking se verán afectados, al no tener acceso al agua limpia y a los cultivos que se pueden ver dañados.
El derecho a la salud es fundamental, destacaron los activistas, quienes aseguran que la liberación de químicos durante la práctica de fracking puede dañar a las personas.
De acuerdo con publicaciones anteriores de la Alianza, «en total, se han identificado más de 2,500 productos y 750 tipos diferentes de químicos en el fluido de perforación. Los expertos señalan que más del 25 por ciento de estas sustancias pueden causar cáncer y mutaciones, el 37 por ciento afectar al sistema endocrino, el 50 por ciento dañar el sistema nervioso y el 40 por ciento provocar alergias».
La Alianza Mexicana contra el Fracking, se pronuncia contra la legislación secundaria porque:
- La legislación prioriza la actividad petrolera y gasífera de las empresas privadas y las empresas productivas del Estado por encima de cualquier otro uso de territorio.
- El paquete de leyes presentado fragmenta y debilita la política ambiental aplicable a los proyectos de explotación de hidrocarburos.
- Las iniciativas propuestas por el Ejecutivo Federal tienen graves implicaciones para la población de nuestro país… por lo que el Poder Legislativo debe mostrar su compromiso con la sociedad mexicana y poner freno a las prácticas que las leyes presentadas por el Ejecutivo permitirían.
