Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).- En ocho meses de litigio, las empresas que promueven el uso de semillas transgénicos y el gobierno federal no han podido demostrar que la siembra de éstas no provoca daños a cultivos nativos ni al medio ambiente según consta en el expediente que se abrió luego de que se emitiera una medida precautoria para suspender la siembra de maíz transgénico en el país y al que SinEmbargo tuvo acceso.
El 10 de octubre de 2013, el Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal emitió una medida precautoria, en la que ordenó la suspensión de permisos a empresas como Monsanto, Pioneer y Syngenta, entre otras, para la siembra “experimental”, liberación y comercialización de maíz transgénico en el país.
La medida se dictó en el marco de la Acción Colectiva que el 5 de julio promovieron 53 científicos, intelectuales, agricultores, artistas y activistas, así como 22 organizaciones ambientalistas, productivas y de derechos humanos.
Como parte del proceso, este lunes se realizará una audiencia constitucional en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la capital del país.
Abogados cercanos al proceso comentaron que, hasta ahora, las empresas que se han pronunciado contra la medida sólo han interpuesto acciones dilatorias con las que buscan desesperar a quienes promovieron la acción, en lugar de demostrar que sus semillas no producen ningún tipo de daño.
Del expediente principal se han derivado otros 38 en los que se incluyen 14 amparos, ocho quejas, siete revocaciones, siete revisiones, siete solicitudes de desechamiento, siete incidentes de amparo –que piden la suspensión de la acción colectiva-, cuatro disconformidades y una recusación.
De los amparos, doce han sido interpuestos por empresas que comercializan estas semillas: cinco por Monsanto, tres por Syngenta, dos por Pioneer, dos por DowAgroScience y otros dos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
De acuerdo con el expediente principal, del que se pidió no dar el número, los argumentos de las empresas productoras de semillas transgénicas y del gobierno federal, están basados en tres reclamos principales: que no fueron notificados por el juez previo a la suspensión de la siembra, que el representante común [de quienes interpusieron la acción colectiva] no fue nombrado legítimamente y que no existe un reclamo por daño, es decir que no se citan casos específicos de personas que hayan sido afectadas por el cultivo de transgénicos a las que se les deba entregar una compensación por reparación de daño.
Pero en ningún momento alguna de las empresas presenta argumentos en los que demuestra que sus insumos no provocan ningún tipo de daño al ambiente, al consumidor o a los cultivos nativos.
Tanto Monsanto con DowAgroscience han pedido que se declare inconstitucional la Ley de Acciones Colectivas, resultado de las reformas de 2010 al artículo 17 constitucional, y cuya normatividad secundaria «abre la puerta para demandar en representación de colectividades determinadas o indeterminadas».
Del total de las acciones, el colectivo ha ganado tres y quedan 12 por resolver: cuatro apelaciones, dos amparos y seis impugnaciones.
LOS ARGUMENTOS CONTRA EL MAGISTRADO
El pasado 28 de febrero Monsanto promovió un incidente de recusación en contra del Magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta, titular del Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito. Este incidente tiene por objeto retirar al juzgador del juicio del maíz.
La finalidad es que no sea el Magistrado Marroquín quien emita el fallo sobre el recurso de apelación, promovido en contra del desechamiento de la demanda de acción colectiva en “vía difusa”, presentada por 53 personas y organizaciones en defensa del maíz criollo y en contra de la siembra de maíz genéticamente modificado (OGM).
Monsanto acusa al juzgador de haber emitido su opinión sobre el fondo del asunto antes de dictar sentencia. Imputa al Magistrado que actúa de manera parcial y favorece, a través de sus fallos, a la colectividad actora en juicio.
El padre Miguel Concha Malo, defensor de los derechos humanos y parte de la colectividad que interpuso esta demanda señaló «que desde el punto vista ético y de derechos humanos, hay correlación con la argumentación emitida por el juez, en efecto, el interés colectivo está por encima del interés particular de las empresas».
Explicó que la transnacional considera que el fallo del Magistrado, por el que se mantiene firme la medida cautelar -que impide a Monsato obtener el permiso de siembra comercial de maíz OGM-, es erróneo y tendencioso.
En otras palabras, la empresa considera que es más importante su actividad comercial que la legítima duda que despertara en el intelecto de un miembro del Poder Judicial de la Federación y la cual expreso de esta manera:
«(…) Debe decirse que la mera posibilidad de que la liberación al ambiente de los OGMs ponga en riesgo la salud humana y la diversidad biológica, actualiza el peligro en la demora y ello es suficiente para estimar que la medida concedida por el juez en el proveído de 17 de septiembre de 2013, debe seguir produciendo sus efectos, al menos en lo que se recaba más información al respecto», resaltó.
Abundó que existen instrumentos internacionales que hacen explícito el deber de las empresas de no violentar los derechos humanos. Entre los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos publicado por Naciones Unidas, los principios 7, 8 y 9 hacen referencia a prevenir posibles daños al medio ambiente, asimismo se reconoce la responsabilidad de las empresas de cuidar el medio ambiente y comprometerse con el usos de tecnologías inocuas para la vida de las personas y para la naturaleza.
EL GOBIERNO ESTÁ ATENTO
Al conocerse la resolución, el coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia de la República, Francisco Bolívar Zapata, confió en que México no le dará la espalda a los transgénicos y que pronto aprobará el uso comercial de maíz modificado.
«Ya se ha liberado el algodón, ya se ha liberado la soya, y eventualmente yo estoy convencido de que se liberará también el maíz transgénico», comentó Francisco Bolívar Zapata.
Aseguró que, a la fecha, se ha demostrado que la tecnología es segura y benéfica al medio ambiente, pues reduce el gasto de agua en el campo y el uso de plaguicidas.
Por su parte, Mireille Roccatti Velázquez, abogada general de la Sagarpa, sostuvo en entrevista con el diario La Jornada, pubicada el 18 de diciembre de 2013, que los permisos otorgados son para siembras piloto y experimentales y están acotados a ciertas regiones. «Sagarpa no pondrá en riesgo el maíz originario del país; estamos conscientes de la protección que se debe tener para la semilla. Los permisos están sujetos a muchos dictámenes científicos, los cuales debe evaluar la Semarnat».
Aseguró que personalmente había estado en contacto con quienes se oponen a la siembra de transgénicos y «entiendo su postura técnica y científica, pues no es aceptable que (la siembra de maíz transgénico) se haga extensiva, pero hay regiones donde no es autóctono».
