Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).– Monsanto en México y el gobierno federal han promovido en menos de un año al menos 60 impugnaciones, entre ellas 14 amparos, en contra de la medida precautoria decretada por el Poder Judicial para detener la siembra de maíz transgénico en México, denunciaron organizaciones civiles.
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) añadieron que a sólo unos días de empezar la siembra del grano del Ciclo Primavera-Verano, la trasnacional busca todo tipo de soluciones jurídicas ante las millonarias pérdidas que esta determinación representa.
El 10 de octubre de 2013, el Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal emitió una medida precautoria, en la que ordenó la suspensión de permisos a empresas como Monsanto, Pionner y Syngenta, entre otras, para la siembra “experimental”, liberación y comercialización de maíz transgénico en el país.
La medida se dictó en el marco de la Acción Colectiva que el 5 de julio promovieron 53 científicos, intelectuales, agricultores, artistas y activistas, así como 22 organizaciones ambientalistas, productivas y de derechos humanos.
Según datos de estas organizaciones, el no poder sembrar transgénicos de maíz en este ciclo agrícola representará para Monsanto una pérdida millonaria, ya que había solicitado permiso para distribuirlas en 1 millón 840 mil hectáreas, lo que le daría ganancias por 5 mil 520 millones de pesos.
Las organizaciones civiles lamentan que en esta batalla jurídica de Monsanto contra la decisión del juez se encuentren también las dos principales instancias federales encargadas de resguardar el medio ambiente y la alimentación de los mexicanos: las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“El poder que tienen las empresas agroindustriales junto con los gobiernos es enorme, en México en cuanto se ganó la suspensión, los primeros que apelaron fueron Semanart y Sagarpa, es complicado enfrentarlas a las dos juntas. En su reporte financiero Monsanto tenía contemplado crecer en países como México en cultivos de maíz y es obvio que al menos este año y el que sigue, no lo va a lograr”, advirtió Silvia Díaz, coordinadora de la campaña de Agricultura Sustentable y Transgénicos de Greenpeace México.
La activista aseguró que a pesar de la prohibición para la venta de transgénicos, Monsanto seguirá obteniendo ganancias en México ya que también controla los mercados de semillas híbridas y de paquetes tecnológicos, que incluyen herbicidas, estos últimos, representan también un peligro para la agricultura y para el medio ambiente.
“Es bastante preocupante que estas empresas sigan teniendo ganancias porque contaminan y cuando se produce esta contaminación, los abogados de Monsanto pueden demandar al productor y demandar la patente de la semilla… Hasta ahora ya se han detectado casos de contaminación en Chihuahua y Oaxaca, a pesar de que no estaban aprobadas las siembras”, alertó.
EN CONTRA Y A FAVOR
Víctor Suárez Carrera, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadores del Campo (ANEC), criticó también que el gobierno federal esté litigando a favor de Monsanto, lo cual muestra una clara “parcialidad, con los intereses mercantiles del monopolio que es Monsanto, no han podido dar permisos este año, al menos en este gobierno no va a haber permisos por la presión de la campaña ‘Sin Maíz No Hay País’”, aseguró.
También destacó que de acuerdo con el movimiento del mercado, no ha habido un incremento en la venta de semillas híbridas o pesticidas de los que produce Monsanto, por lo que su expectativa de ganancias aún sigue basada en su proyecto para sustituir paulatinamente la venta de híbridos con transgénicos.
De acuerdo con información de distribuidores de semillas híbridas, una bolsa con 6 mil unidades tiene un costo en el mercado de 2 mil a 2 mil 500 pesos, mientras que una transgénica puede costar entre 40 a 50 por ciento más, dependiendo de si incluye uno, dos o tres transgenes.
“Pero no lo va a lograr, porque cada vez crece la oposición en el país hacia los transgénicos y hacia Monsanto”, expresó.
Aseguró que Monsanto “creyó” que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto tendría vía libre para impulsar el cultivo de transgénicos en el país, sin embargo, debido a la resolución judicial, este año no se ha liberado ningún permiso para este tipo de siembras, ni siquiera en fase experimental.
Incluso, la empresa puso en duda la credibilidad del Magistrado, Jaime Manuel Marroquín Zaleta, quien respaldó la acción colectiva. sin embargo, Manuel Suárez Fragoso, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito, desechó el incidente de recusación interpuesto por la trasnacional a finales de marzo, mediante la cual se cuestionaba la ética y parcialidad del Magistrado.
Con esta decisión, explicó René Sánchez Galindo, abogado integrante de la campaña “Sin Maíz no Hay País”, aseguró que con las impugnaciones se demuestra que Monsanto está buscando por todos los medios contrarrestar la medida precautoria ordenada por Marroquín en 2013.
«Presentamos una serie de pruebas de que la empresa [Monsanto] actúa en el mundo de manera irregular. Resulta que no le dieron credibilidad a sus palabras; ganamos y se mantiene el mismo Magistrado. Ganamos esa impugnación», afirmó.
«Eso nos hace prever que la empresa no está pudiendo corromper a los magistrados», interpretó Sánchez. «El hecho de que impugne a uno y otro magistrado lo reitere quiere decir que estos dos magistrados no han cedido a la corrupción de Monsanto», agregó. También denunció que en la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), durante la cual se realizó una reforma para que se pudieron sembrar transgénicos en fase experimental, hubo funcionarios que trabajaron para la trasnacional, entre ellos en el ex titular de la Secretaría de Economía (SE), Bruno Ferrari García de Alba.
Bruno Ferrari fue presidente y director General de Seminis Vegetable Seeds hasta 2006. Esta empresa se habría transformado en parte de Monsanto Seeds, señalada por vender semillas modificadas genéticamente y cuyo impacto en el medio ambiente no ha sido plenamente cuantificado.
“Es una inmoralidad, es absurdo que ante un litigio entre los intereses de la colectividad de la sociedad y de las empresas, el gobierno litigue a favor de las empresas”, condenó el abogado, quien acusó a Mireille Rocatti Velázquez, ex presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de 1997 a 1999, de litigar también a favor de la trasnacional sin importar la violación a las garantías individuales.
Según la información proporcionada por Sánchez, Rocatti, en su carácter de abogada general de la Sagarpa es quien ha promovido dos de los amparos en contra de la resolución judicial.
“Pasó de defensora de los derechos humanos a defender los derechos de las empresas”, expresó René Sánchez.
“En lugar de asumir su responsabilidad gubernamental, asumen a sus mínimos derechos de parte para proteger a las empresas y el más extremo de los ejemplos son las 10 impugnaciones que han metido entre las dos secretarías [Sagarpa y Semarnat]”, agregó.
El jueves, el Secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, aseguró en el Estado de México que este año se discutirá y decidirá, dentro de la Reforma para el Campo, si el país se abre o no al uso de transgénicos.
«Todo lo que son organismos genéticamente modificados tienen su espacio y habrá de discutirse; hasta este momento no se han iniciado [las discusiones al respecto], hemos avanzado con los actores del sector», señaló en conferencia de prensa, luego de presidir la apertura de los trabajos del Primer Foro Nacional de Consulta «Sinergia para la Transformación del Campo».
Anticipó que se tomarán en cuenta las opiniones de investigadores, académicos, intelectuales y especialistas en la materia, para considerar todas las posibilidades y lograr algún tipo de consenso.
«Estos temas polémicos, sin duda, son parte de la reforma y parte de los foros de análisis y discusión para llegar a temas que le convengan al país», dijo el Secretario.
Ante la invitación del funcionario a la discusión, René Sánchez, respondió: “Yo le diría que a la salida nos vemos, estamos listos para el debate, vamos a demostrar que él se ha dedicado a defender a las empresas.”
“La sociedad civil es más fuerte que una empresa privada y los acuerdos privados y la ley mexicana es más fuerte; una empresa no puede ir sobre una determinación de un juez federal, y si esas son sus expectativas, no se van a cumplir”, advirtió por su parte Suárez, de la ANEC.
Informó que en los estados, como Chihuahua, existen brigadas de vigilancia para que no vuelva a entrar semilla de contrabando, como sucedió en años pasado. El insumo ingresaba por la frontera y era vendido o regalado a los productores como si se tratará de semillas híbridas.
Además de la acción colectiva, distintas organizaciones civiles en México trabajan para desarrollar alternativas de producción con maíces híbridos y nativos que están generando alta capacidad de resistencia al cambio climático y están dando “buenos” rendimientos por hectárea.
Anunció que el 24 de mayo, México se unirá a Marcha Mundial contra Monsanto, que cada año se organiza en distintos países. En el Distrito Federal, la movilización se realizará del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución.
Otra de las acciones que se realizan en el país en contra de la trasnacional es la llamada “Campaña del Millón de Firmas” para lograr la prohibición definitiva de la siembra de cualquier transgénico en el país, misma que encabeza el pintor Francisco Toledo y que ya ha logrado recolectar 675 mil firmas.
