Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).– El Partido Acción Nacional (PAN) anunció ayer que interpondrá una denuncia ante el Instituto Federal Electoral (IFE) en contra del Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, por el gasto excesivo de recursos públicos en la promoción de su imagen. Pero aún así, afirma un especialista, es posible que la demanda no tenga ningún efecto.
“Estamos justamente recogiendo pruebas, ya tenemos muchas de ellas, fue evidente el despliegue propagandístico de este personaje, todo mundo fue testigo del derroche económico que hizo por un lado y de la violación de la ley por otro”, dijo el Diputado federal panista Fernando Rodríguez Doval.
Ayer la dirigencia nacional dijo que presentarán la queja ante la Oficialía de partes del Instituto Federal Electoral (IFE) por irregularidades detectadas con motivo de la difusión del primer informe del joven mandatario.
La denuncia también se fundamenta en el Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe), que dice que en época de no elecciones ningún funcionario público podrá promoverse fuera de su ámbito territorial o jurisdicción, algo que contravino el mandatario chiapaneco.
“Nosotros vimos promoción de Manuel Velasco por todo el país, entonces está violando la ley», explicó Rodríguez Doval.
Pero la denuncia puede acabar en el mero trámite, ante la deficiente regulación al respecto, estimó el especialista en financiamiento de partidos, Jesús Navarro Olvera.
“Lamentablemente no existe una legislación punitiva secundaria reglamentaria del artículo 134 constitucional al respecto, por lo que no se prevén todavía sanciones ante la vulneración de la Constitución”, expresó, luego de ser consultado por SinEmbargo.
El artículo al que se refiere Navarro dice así: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
De acuerdo con una nota publicada por Univisión, Velasco Coello destinó en su primer año de gobierno 10 millones de dólares, equivalentes a 130 millones de pesos al cambio de ayer, a la promoción de su imagen. Chiapas es –según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)– la entidad más pobre del país por encima de Guerrero (67.4%), Oaxaca (67.2%) y Puebla (61%). El 78.4% de la población chiapaneca vive en pobreza, dice.
LOS ANTECEDENTES
A mediados de diciembre pasado algunos camiones de transporte de pasajeros que diariamente circulan por el Distrito Federal mostraban en su publicidad anuncios que cubrían la parte de atrás o de alguno de los lados, con el rostro de Manuel Velasco Coello.
La publicidad era de la Revista Cambio, del Grupo Maccise. Además de los camiones utilizados para mostrar al mandatario emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), también se pudieron ver espectaculares con el rostro del novio de la actriz Anahí en algunos puntos estratégicos de la ciudad, como es en Circuito Interior casi con el cruce con Avenida 608, cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Se trata de un esquema que parece seguir los pasos de Enrique Peña Nieto cuando fue Gobernador del Estado de México o de Andrés Manuel López Obrador cuando fue Jefe de gobierno capitalino, de pagar a los medios de comunicación para promover su imagen.
La diferencia es que hasta antes de la reforma de 2007, el gasto destinado a comprar espacios en los medios de comunicación fue regulado para evitar con ello influir en la competencia política y evitar vulnerar el principio de equidad en las cuestiones electorales, precisamente por los antecedentes mencionados, recuerda el especialista.
“Al momento en que el Gobernador Velasco promueve su imagen personal en el resto de la República, no puede ocultar su ánimo de posicionamiento político con miras a aspirar a un cargo superior, que en este caso y dado el patrón estratégico presentado por el funcionario público, se puede sospechar que aspira a suceder al Presidente Enrique Peña Nieto”, analizó Navarro.
NECESARIA, LA QUEJA
El especialista en partidos políticos aseguró que la queja que presente el PAN ante el IFE puede ser útil si se usa el Reglamento del instituto en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, mismo que puede ser una base reglamentaria para contener al abuso de un derecho.
En el artículo 2 del reglamento se señala que se considerará propaganda político-electoral contraria a la ley, a aquella contratada con recursos públicos, difundida por instituciones y poderes públicos federales, locales, municipales o del Distrito Federal, órganos autónomos, cualquier ente público de los tres órdenes de gobierno o sus servidores públicos; a través de radio, televisión, prensa, mantas, bardas, anuncios espectaculares, volantes u otros medios similares, cuando contenga los elementos siguientes:
a) El nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz de un servidor público o la alusión en la propaganda de símbolos, lemas o frases que en forma sistemática y repetitiva conduzcan a relacionarlo directamente con la misma;
h) Cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos.
El problema radica en que los gobiernos y los medios de comunicación niegan que la aparición de un personaje político en sus páginas y en sus programas en el caso de la radio o televisión, sea bajo un acuerdo comercial y con fines propagandísticos. Es lo que se conoce como propaganda encubierta.
“Por la falta de reglamentación es una práctica constante que vulnera flagrantemente el principio de equidad en la contienda, e impide el uso legítimo de estos medios”.
Navarro reconoció que los gobernantes tienen derecho a difundir sus logros, y los medios a llevar notas sobre ellos, pero la falta de transparencia sobre los gastos y obligar a dar cuentas, hace que se generen sospechas.
“La falta de reglamentación secundaria del artículo 134 de la Constitución hacen que una participación en medios sea mal vista, es decir una participación natural de una personalidad política. Este fenómeno se presta también al uso pernicioso de los medios de comunicación de masas en la lucha por el poder, lo que desvirtúa la noble labor de comunicar”, explicó.
Navarro previó que si el IFE decide aplicar una sanción a Manuel Velasco, ésta podría ser desde una amonestación pública hasta el pago de cinco mil días de salario mínimo general vigente para el DF, o la pérdida del derecho a ser registrado como candidato.
Para evitar este tipo de casos que se repiten frecuentemente, propone reglamentar al citado artículo 134 y prever un castigo ejemplar a este tipo de conductas.
“Vincular además a la fiscalización del origen y destino de los recursos financieros de los partidos políticos, y candidatos, para en su caso, sumar el gasto a su campaña, en el eventual supuesto de que sea candidato a un puesto de elección popular, con la finalidad de que no rebase los topes de gastos de campaña que se establezcan, y no se vulnere el principio de equidad en la contienda electoral”.
URGE REGLAMENTAR
El legislador panista Fernando Rodríguez Doval dijo que en la discusión de las leyes secundarias de la Reforma Electoral el tema será planteado por su partido.
“Eso hay que tenerlo en cuenta para evitar que haya violaciones o fraudes a la ley a través de estas revistas, de medios como la revista Cambio u otras que son para la estrategia política de un funcionario público. Lo tendremos que considerar para que no se den estos fraudes a la ley”.
Dijo que el caso de Manuel Velasco no es el único.
“El caso más evidente y grotesco el de Velasco pero otros gobernadores han estado involucrado el tema es que se siente un precedente”, concluyó.
