México, 12 Jul. (Notimex).- En cumplimiento de mandato del Consejo General del IFE la Unidad de Fiscalización redujo en casi 52 millones de pesos el total de multas por gastos de campaña, contra los partidos y coaliciones que compitieron en la elección federal de 2012.
En términos absolutos al Partido de la Revolución Democrática (PRD) se le disminuyó la sanción en 19 millones 500 mil pesos.
Al Partido del Trabajo (PT) se le redujo en 13 millones 955 mil pesos; a Movimiento Ciudadano, en 13 millones 655 mil; mientras que al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 2.8 millones y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en 2.2 millones de pesos.
Este nuevo informe revalorado por la Unidad de Fiscalización será presentado para su debate y eventual aprobación durante la sesión del Consejo General citada para el próximo lunes.
El reporte precisó que la sanción mayor por el rebase de topes de campaña es para la coalición Compromiso por México. integrada por el PRI y PVEM, por un total de 169 millones, seguida por la de Movimiento Progresista, con 135 millones 433 mil pesos.
Agregó que para el PRI de manera individual se propone una multa de 28 millones de pesos, para el PAN, de 5.5 millones; para Nueva Alianza, de 2.5 millones, y para el PVEM, un millón 300 mil pesos.
Con estos antecedentes y dado que las multas sólo se pueden aplicar por partido político y no por coaliciones, el Revolucionario Institucional tiene la multa mayor por un total de 148 millones de pesos.
Seguido por el PRD, con 59 millones y en orden decreciente el PVEM, con 50 millones; el Partido del Trabajo, con 38 millones de pesos; Movimiento Ciudadano, con 37 millones; PAN, con 5.5 millones de pesos y Nueva Alianza, con 2.5 millones de pesos, indicó.
Las sugeridas por la Unidad de Fiscalización del IFE responden al rebase de topes de campaña, que en esta nueva revisión se acreditaron a 195 candidatos, 188 de ellos compitieron para la Cámara de Diputados, seis para la de Senadores, y uno para presidente, Andrés Manuel López Obrador.
En apenas casi 24 horas, luego de que el informe previo fue devuelto por el Consejo General del IFE, la Unidad de Fiscalización elaboró este nuevo informe que toma en cuenta los cinco criterios ordenados por el Consejo General del IFE.
Estos criterios señalan que para determinar los gastos que beneficiaron a campañas federales y locales, primero se debe tomar en cuenta las erogaciones locales y después las federales.
Además distribuir de manera igualitaria a las campañas beneficiadas los gastos no reportados; excluir la promoción o difusión con los gastos relacionados con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por parte de la coalición Movimiento Progresista e iniciar un procedimiento oficioso específico.
El nuevo dictamen debió excluir los recursos reportados por el Instituto Electoral del Estado de México correspondientes a la coalición Movimiento Progresista.
Asimismo iniciar un procedimiento oficioso que en su momento se puede traducir en una sanción específica por este motivo; además de responder a las solicitudes del Movimiento Progresista.
La petición fundamental del Movimiento Progresista tiene que ver con la reclasificación de los gastos realizados en sus tres campañas federales, de presidente, senadores y diputados, solicitud que no ha sido atendida.
De las 195 candidaturas que de acuerdo con la Unidad de Fiscalización rebasaron los topes de gastos de campaña, una corresponde a la Presidencia de la República por Andrés Manuel López Obrador.
También a seis a senadores, dos de la coalición Movimiento Progresista, dos de la coalición Compromiso por México y dos del PVEM; y 188 candidatos a diputados, 149 de la coalición Compromiso por México, 28 del PRI, nueve de Movimiento Progresista y dos del PAN, indicó.
En el caso de Movimiento Progresista, de los 48.5 millones de pesos que se le imponen como sanción, 46.3 millones corresponden por el rebase de gastos de su candidato presidencial.
En tanto los 50.2 millones de pesos que se le imponen como sanción a la coalición Compromiso por México, 49.6 millones corresponden al rebase de topes de gastos de campaña de sus candidatos a la Cámara de Diputados.
