Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha recibido desde el primero de diciembre de 2012 a la fecha 523 quejas por violaciones de derechos humanos.
Aunque para la Sedena es importante bajar el número de recomendaciones, dijo a inicios de este mes su titular, el General Salvador Cienfuegos, que de la cantidad de quejas recibidas desde diciembre –247 quejas– poco menos de la mitad son contra la actual administración.
El resto, 276 son “de la pasada administración”, según se lee en el enlace de “Gráfica Quejas”, en la página electrónica de la Sedena.
A pesar de ello, apenas habían pasado cinco meses de la actual administración, cuando el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, manifestó un reconocimiento público a la Sedena por bajar su número de quejas.
Ante el General Cienfuegos, durante una firma de un convenio de colaboración entre ambas instituciones, Plascencia Villanueva afirmó el 10 de abril que la CNDH observaba una sensible reducción del número de quejas contra el Ejército, de 50%, es decir había bajado a la mitad, con respecto del número de quejas en los primeros meses del 2013.
“El Ombudsman destacó el trabajo de las fuerzas armadas durante los últimos cuatro meses, que derivó en una disminución, cercana al 50%, en el volumen de quejas recibidas en comparación con el mismo periodo del año anterior”, se leía en el boletín de la Comisión.
Un descenso que no parece corresponder con la realidad, de acuerdo con tres expertos en materia de derechos humanos.
Aunque carecen de datos duros al respecto, consideran que las condiciones con respecto al año pasado no han variado: continúa la misma estrategia contra la inseguridad. El Ejército sigue en las calles, los migrantes siguen vulnerables a violaciones por parte del Ejército, sobre todo en la frontera, y las desapariciones forzadas continúan siendo denunciadas.
“De acuerdo con la información que tenemos, el Ejército viene actuando como lo venía haciendo, se ha moderado su actuación pero al impacto o a su perfil le han bajado en los medios de comunicación, para cumplir con recomendaciones hechas al Ejército por parte de organismos internacionales”, dice a SinEmbargo la directora de la Clínica Jurídica de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” (TDT).
Para el veterano activista e investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD, Edgar Cortez, el dato de la CNDH le llama la atención porque él no ve cambios.
“Yo en principio no veo razones para un cambio (en la tendencia de las quejas), en el sentido de que no hay un cambio en la estrategia gubernamental y sigue habiendo interactuación entre las fuerzas armadas y sociedad”, explica.
“Lo que podría haber son condiciones para que algunos ciudadanos tengan más temor para denunciar. Hay que tomar los datos con reserva, la disminución de las quejas no significa una disminución de las violaciones, pueden ser por más dificultades y más temor”, interpreta Cortez.
Para el abogado de la organización Tlachinollan, asentada en el estado de Guerrero, Virulfo Rosales, parte de la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto contra la inseguridad pasa por quitarle funciones al Ejército, pero hasta el momento la situación parece ser la misma que en el sexenio pasado, en la que el Ejército alcanzó el mayor número de recomendaciones en 2012, 15 de las 78 que emitió la CNDH.
“Resulta sin sentido hablar que las violaciones disminuyen o la violencia va en descenso cuando la situación va igual o peor”, dice vía telefónica desde Guerrero.
COMISIÓN RETRAÍDA
Para Ana Luisa Nerio, no es extraño que la CNDH haga reconocimientos antes de tiempo.
“La mayor parte de las organizaciones de derechos humanos serias son críticas y tienen poca confianza (en la CNDH), cuando hay temas importantes tardan en pronunciarse, es retraída para pronunciarse sobre los temas importantes”, critica.
Entre los temas donde ha tardo están los feminicidios, ejemplifica.
“La sociedad ha exigido que entre más a fondo, que intervenga y lo ha dejado fuera, lo ha tratado débilmente, lo que hace es poco comparado para los recursos que tiene; el movimiento de desaparecidos ha surgido porque no hay un organismo que guíe a la sociedad”.
Otros temas donde le ha faltado fuerza son los de desaparición forzada, arraigo, y la violación de derechos de las personas presentadas ante los medios de comunicación.
Cortez dice que la supuesta reducción de quejas contra el Ejército no podría explicarse sólo por el cambio de gobierno.
“La realidad es que el cambio de gobierno no ha sido de estrategia. Es simbólico, la guerra de Felipe Calderón inició en Michoacán y hoy este gobierno lo hace de nuevo en Michoacán, incluso los actos simbólicos son similares”, dice, en alusión al envío de efectivos militares a Michoacán al inicio de sexenio, tal como ocurrió en la anterior administración.
“Podríamos pensar en una disminución de quejas, pero eso no lleva en automático a pensar en la disminución de los problemas, puede decirse que menos gente llega a denunciar, y habría que preguntarse por qué denuncia menos, porque se registran menos incidentes o son más las dificultades”, plantea.
En el caso del abogado de Tlachinollan Virulfo Rosales afirma que sí han detectado que la política del actual gobierno federal es de buscar prescindir del Ejército, e incluso el titular de la Sedena ha dicho que buscan tener menos recomendaciones, pero de lo que él ve en Guerrero la situación es muy similar a la de la administración calderonista.
“Una cosa es que la situación o número de denuncias por afectaciones del Ejercito haya disminuido y otra que la violencia se enseñoree en México. No existen signos de que bajen las disputas entre carteles y siguen peleando entre ellos. Cada semana tenemos un mínimo de 10 muertos, eso nos indica la violencia exacerbada y que no se está atacando el grado de impunidad. Sigue habiendo complicidad de las autoridades con el crimen organizado, hay corrupción, de nada sirve que el gobierno federal quiera maquillar y hacer ver que el problema está superado y es del sexenio pasado. Un ejemplo de esto son grupos de autodefensa, eso nos da la idea de desesperación y vacío de las autoridades para responder a la problemática”.
Por su parte Nerio dice que una comparación de cinco meses es un periodo muy corto para decir que han bajado las recomendaciones y hacer un reconocimiento al ejército, como hizo en abril el Ombudsman nacional.
“La medición es apresurada, habría que revisar la metodología. Si lo pones en contexto con todo lo que hay, la desaparición forzada sigue y gran parte tiene que ver con el Ejército; el crimen organizado y las ejecuciones, qué bueno que cambie, pero decir que ya bajó y hacerle felicitación, pues primero están haciendo su trabajo, y una medición a los cinco meses es adelantado y dar por hecho que va a mejorar, luego de seis años, tomémoslo con calma”, concluye Nerio.
