Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).– «La violencia tiene que terminar; no sabemos cuándo va a terminar, pero queremos que termine muy pronto», aseguró el Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en septiembre de 2012.
Pero en vez de lograr este objetivo, una de las urbes más prominentes del estado y destino turístico por excelencia, Acapulco, se coronó como la ciudad más violenta de México o la segunda del mundo. Nada menos.
Con poco más de dos años al frente de la entidad, Aguirre ha sido acusado de nepotismo, “agandallarse” candidaturas y no poner freno a un conflicto magisterial que afecta a miles de estudiantes, empresarios y civiles.
Apenas con ocho meses en el cargo ya lo perseguían los episodios polémicos. Como el caso del desalojo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011, hecho que costó la vida de dos alumnos.
Pero sin duda uno de los más grandes dolores de cabeza de su Gobierno ha sido la ola de violencia que ha azotado la entidad y que orilló –ante la indiferencia de las autoridades, acusan pobladores– al surgimiento de grupos de autodefensa que se extienden en Guerrero.
Muchos de los problemas que Aguirre ha enfrentado, afectan por igual a otras entidades; como el de los maestros, o el de la violencia. Pero otros, sobre todo los escándalos politicos, se han debido a sus propios errores.
El último tropiezo de Aguirre fue la llamada “contrareforma” educativa. Presionado por los maestros disidentes, el mandatario envió al Congreso local una iniciativa en la que cedía en todo y que iba en contra del rumbo que lleva la Reforma educativa nacional. El Congreso se la rechazó. Ahora, los maestros han vuelto a las calles…
ATRAPADO EN LOS CONFLICTOS
El actual Gobernador de Guerrero comenzó su vida política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), instituto político que abandonó apenas en 2010, cuando presentó su renuncia después de que otro militante fue seleccionado como candidato a la gubernatura del estado: su primo Manuel Añorve Baños.
Aguirre anunció su candidatura postulada por la alianza integrada por PRD, PT y Convergencia denominada Diálogo por la Reconstrucción de México. Ganó la elección y asumió el cargo el 1 de abril de 2011.
Con tan sólo ocho meses al frente del Ejecutivo estatal, Aguirre ya enfrentaba dos grandes escándalos. El primero de ellos en noviembre de 2008, cuando se dio a conocer que había colocado en su administración a por lo menos 38 de sus familiares directos. Sus secretarios de Gobierno y de Finanzas, tenían a su vez parentela en puestos públicos: el primero, a 35; el segundo, a 20. Estos datos se derivaron de una nómina en poder de SinEmbargo.
El segundo hecho tuvo lugar el lunes 12 de diciembre de 2011 cuando estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa se enfrentaron con la policía Federal, Estatal y Municipal luego de una protesta en la Autopista del Sol en la que pedían la reanudación de clases en su escuela; en dicho enfrentamiento murieron dos alumnos y el empleado de una gasolinera.
Por este hecho, el Gobernador destituyó al procurador del Estado, Alberto López Rosas; al secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte, y al subsecretario de Seguridad, Ramón Arreola.
Organismos de derechos humanos también denunciaron la tortura de normalistas. “El estudiante Gerardo Torres Pérez, quien participó en la manifestación, fue detenido por efectivos de la Policía Investigadora Ministerial, junto con otros detenidos y de inmediato lo separaron, fue sometido a torturas severas y golpizas para obligarlo a declarar que llevaba un arma de fuego, un AK-47 o cuerno de chivo, y que durante la manifestación había disparado”, afirmaron.
Hasta un año después, y atendiendo la indicación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Aguirre Rivero pidió disculpas a nombre del Gobierno del estado por los hechos.
Actualmente, acaba de cumplir el segundo año de su sexenio y las cosas no le pintan muy bien al político, sobre todo en materia de seguridad.
La entidad bajo su mandato cuenta con la ciudad más violenta del país y la segunda del mundo: Acapulco. Luis Walton es el Alcalde de este puerto otrora cuna del turismo y atractivo natural, ha desbancado a Ciudad Juárez, Chihuahua en homicidios, según un estudio realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
De acuerdo con el análisis, en Acapulco se registraron 143 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que colocó a la urbe sólo por debajo de San Pedro Sula, Honduras, con 169.
El pasado 4 de febrero seis turistas españolas fueron violadas en un bungalow acapulqueño. Mientras Walton hacía comentarios desfavorables asegurando que este tipo de situaciones ocurrían en todo el mundo y daba prioridad a la imagen del puerto en vez de a las víctimas, el Gobierno estatal inició pronto una investigación que puso en tela de juicio el proceder de las autoridades.
Cinco días después de la agresión vecinos de Barra Vieja acusaron a las autoridades locales y federales de haber convertido zonas residenciales en un campo de batalla. Señalaron específicamente a la política federal y ministerial de derribar puertas, realizar detenciones al azar, agredir físicamente e ingresar a los domicilios sin órdenes de cateo y a cualquier hora del día para dar con los violadores.
De los primeros seis detenidos, dos sí eran responsables de ataque sexual, pero ocurrido meses antes.
Para el 12 de febrero la investigación regresó a su punto original: ceros.
Aguirre aseguró que las indagatorias se realizarían de manera responsable, profesional, sin violentar los derechos humanos y sin presentar a “chivos expiatorios”.
Pronto el caso quedó un tanto de lado para dar pie en la zona de Punta Diamante al Torneo Internacional de Tenis, en el que participó el español Rafael Nadal.
Para este mango evento «se blindó» la zona con elementos de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y federales.
A pesar de tanta seguridad, hombres armados asesinaron a un turista belga cerca del lugar donde se realizó el encuentro. Aún así, Aguirre Rivero destacó que Acapulco recupera su auge con eventos de talla internacional.
La violencia también cobró factura este mes, luego de que 80 por ciento de los spring breakers cancelaran su reservación en este destino turístico.
Si bien desde 1997 la entidad cuenta con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), un sistema de seguridad y justicia comunitario que opera en la Costa-Montaña, este año la proliferación de los grupos de autodefensa ha acaparado las miradas.
Aunque no es el único estado que cuenta con este tipo de movimientos, sí es el que tiene más. En su mayoría formados por indígenas, estos grupos tienen como fin erradicar la violencia e inseguridad en sus municipios y comunidades.
Teloloapan, Iguala, Tixtla y Ometepec son algunos de los lugares donde los habitantes han salido a la calle encapuchados, con rifles o machetes para resguardar a sus familias y exigir mayores medidas de seguridad a las autoridades que ante la atención a nivel internacional, ha atendido algunas de las peticiones de la sociedad.
Y es que según los habitantes y hasta algunos ediles, no recibían suficientes recursos y contaban con presencia militar, por lo que tuvieron que afrontar la problemática con sus propias manos. Es tal el reconocimiento a estos grupos, que algunos funcionarios locales afirman que su lucha es “más eficiente que la misma Central de Inteligencia de Estados Unidos” (CIA, por sus siglas en inglés).
Hasta febrero pasado se tenía el registro de 20 grupos de autodefensa, pero éstos van en aumento.
En un principio Aguirre admitió que ante la falta de confianza en la policía municipal pobladores se organizaban para autoprotegerse y aseguró que sí ha habido errores en la política de seguridad, particularmente en Guerrero, por lo que han surgido estos movimientos.
Argumentó que los grupos podían tener una base legal en la ley 701 de usos y costumbres e incluso encabezó una propuesta para que en su entidad se legalice a la policía comunitaria.
Pero para finales de febrero, cuando la situación ya se había extendido bastante, Aguirre dijo que no permitirán los grupos de autodefensa en el estado. «Lo voy a impedir aplicando la ley”, aseguró.
«No voy a ser tan ingenuo que de la noche a la mañana me aparezcan en Coyuca de Benítez o en Atoyac de Álvarez o en cualquier comunidad de Acapulco quienes digan ser también policías comunitarios”, señaló.
Y es que la situación parece salirse de las manos de las autoridades. Por ejemplo en Ayutla de los Libres el grupo de autodefensa retuvo a principios de febrero a 54 personas presuntamente vinculadas al crimen organizado y amago con realizarles un juicio público.
Actualmente, Aguirre está en pugna con el magisterio guerrerense en un estira y afloja que ya ha durado bastante tiempo.
Desde el 25 de febrero maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) anunciaron un paro laboral por tiempo indefinido que afectaría a por lo menos 800 mil estudiantes. Los inconformes está en contra de las reformas educativa y laboral.
Un mes después, y tras una intensa jornada de negociaciones que se extendió por varias horas, los maestros básicamente doblaron al Gobierno estatal. Primero bloquearon la Autopista del Sol por casi nueve horas y después pusieron sus condiciones sobre la mesa.
El Gobernador se comprometió a realizar el pago de los salarios retenidos a seis mil maestros, publicar las convocatorias de nuevo ingreso en las instituciones normalistas y cancelar las averiguaciones previas en contra de manifestantes.
Luego de este encuentro, Aguirre firmó una minuta de acuerdo con 11 puntos, logrando que maestros de la CETEG liberaran las instalaciones de los edificios públicos.
Pese a cumplir con sus objetivos, los docentes amagaron el 26 de marzo con continuar sus movilizaciones si los diputados del Congreso local no aprueban las reformas la Ley Estatal de Educación. Pero la respuesta de Aguirre no fue la que esperaban
El funcionario ha dicho que en el estado no habrá contrarreforma educativa, ni se contrapondrá a lo establecido en el Pacto por México en materia educativa, aún así, entre las negociaciones con la CETEG se encontraba la Ley Estatal de Educación 158, que él mismo envió al Congreso local, donde fue rechazada al considerar que contravenía a la Reforma Constitucional Educativa promulgada en febrero pasado por el Presidente Enrique Peña Nieto.
Las movilizaciones no se hicieron esperar y este 3 de abril cientos de maestros salieron a las calles para protestar. Con palos y piedras rompieron vidrios del Congreso porque «quieren su contrarreforma».
La situación se ha tornado tensa, a unos días de que se cumpla el plazo para el regreso a clases -8 de abril-, por lo que empresarios de ambas entidades dieron a conocer que ellos mismos -con ayuda de padres y sociedad civil- asumirán la enseñanza de los niños. Dieron como plazo el próximo lunes para resolver el conflicto magisterial.
