En el Valle de Juárez, zona de criminales, 116 personas han desaparecido desde 2010

Además, al problema de la desaparición hay que sumar el de la inhumación clandestina. Al margen de las 116 personas que se buscan en la zona, se han encontrado en el Valle restos de por lo menos 280 personas que no se han podido identificar. De 2010 a la fecha la Fiscalía General del Estado ha encontrado, solo en los municipios de Praxedis y Guadalupe, 62 fosas clandestinas con restos humanos, 21 en el primero y 41 en el segundo.

A esto hay que sumar que para investigar todos los crímenes cada Municipio cuenta con un solo agente del Ministerio Público. Uno para todos los delitos en Praxedis, desde un robo, asaltos, violencia familiar, hasta homicidios, secuestro, extorsión y desaparición. Y uno para Guadalupe.

“El pueblo está demasiado vacío, demasiado solo, no me imagino el dolor que debe tener la gente ahorita que nunca supo de sus familiares. Yo pienso que Guadalupe es un gran cementerio donde hay demasiada gente enterrada. Cuando la gente empezó a huir del pueblo se fueron adueñando de las casas y en cada casa dejaban cuerpos enterrados”, dice Elvira Archuleta desde Texas, estado norteamericano al que pidió exilio tras la persecución y homicidio de varios integrantes de su familia.

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¿POR QUÉ DESAPARECEN?

El 25 de septiembre de 2021 un grupo de 13 personas atravesaba por Coyame del Sotol con rumbo a la frontera cuando fueron detenidos por integrantes de una célula del crimen organizado, de acuerdo con el relato del único sobreviviente, que fue abandonado en el desierto. Desde entonces, a casi un año, no se sabe nada de ellos.

De los 13, 10 son de Chihuahua, uno de Durango, uno de Querétaro y uno del Estado de México. Se trata de uno de los grupos más grandes de los que se tenga registro de desaparición recientemente, de acuerdo con Gabino Gómez, y el móvil es el mismo que en gran parte de los casos: grupos del crimen organizado a los que se les tiene que pagar por cruzar su territorio.

“Se tiene la información que llegaron por esa zona de terracería hasta casi la frontera y hay una bifurcación de la brecha hacia mano derecha que se llega a Lomas de Arena, que es punto de paso para cruzar por el río Bravo, ese punto lo controla el cártel de Juárez y a mano izquierda se llega a Bosque Bonito y ese lo opera el cártel de Sinaloa, es otro punto de desapariciones.

“Para llegar a esos dos lugares hay tres rutas, la ruta que ya describí de Coyame y hay otra ruta que sale de Ojinaga, que bordea el río, y otra ruta que cruza todo el Valle de Juárez hasta El Porvenir y sigue más para allá. Toda esta ruta que cruza el Valle de Juárez es punto de desapariciones”.

De acuerdo con Gabino Gómez detrás de esta migración hay personas que cobran por cruzar personas, el problema de la desaparición se da cuando estas personas burlan el cobro de los cárteles o simplemente no cuentan con su aval o protección.

A pesar de esto, hay personas del Valle u otras áreas cercanas que conocen las rutas y que por mucho tiempo se han dedicado a cruzar personas, pero que no pertenecen al grupo que controla el narcotráfico en la zona, por lo tanto no cuentan con su permiso, de acuerdo con pobladores del Valle que piden anonimato para dar su testimonio.

Por ejemplo, apenas el 12 de agosto de este año se publicó una nota en diversos medios en la que daban cuenta del rescate de un hombre de 60 años que se encontraba retenido y que fue torturado en un rancho de Loma Blanca, se mencionó que su hijastro fue asesinado en el lugar. Tenían al menos tres días desaparecidos cuando los encontraron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que detuvieron a un hombre que los cuidaba.

De acuerdo con pobladores del Valle, el hombre que sobrevivió se llama Arturo, es de San Agustín y se dedicaba a reparar electrodomésticos y también cruzaba migrantes de manera esporádica.

A Lorenzo Rodríguez le decían “El Topo”, vivía en Doctor Porfirio Parra. Lo asesinaron el 9 de abril de 2020. De acuerdo con pobladores del Valle, Lorenzo cruzaba migrantes a Estados Unidos, conocía bien los caminos. Para que llegaran al Valle les pedía que tomaran un servicio de transporte privado de alguna plataforma digital. Dicen los pobladores que a Lorenzo lo detuvieron policías ministeriales cerca del río, en El Porvenir, dicen que lo tuvieron detenido y que fueron ellos quienes lo entregaron al cártel para que lo mataran.

El 10 de abril, apenas un día después de que mataran a Lorenzo, se dio el hallazgo del cuerpo de Cristian Quintana, un conductor de DiDi que realizó un viaje a El Porvenir y desapareció. Su cadáver fue abandonado en Los Arenales, cuya entrada, en el sentido de oriente a poniente, queda unos metros antes del retén militar que se mantiene de manera permanente.

“Hablamos de un delito que no se está investigando, la desaparición por particulares o la privación ilegal de la libertad no se está investigando y mucho menos condenando”, dice la abogada Carla Palacios.

“No hay interés en atender al Valle, el Valle está cooptado no solo por el crimen organizado incluso también hasta por las propias autoridades”, dice Maricela Vázquez, una de las abogadas que acompaña casos de desaparición en el Valle desde el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

Ni la Fiscalía General del Estado, ni la Fiscalía General de la República, a través de la Comisión Local de Búsqueda y de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuentan con un análisis de contexto sobre lo que sucede en el Valle. Es decir, analizan los casos de manera aislada y hacen las búsquedas por particulares. Lo que implica un problema para entender el problema como parte de un modelo sistemático y con las mismas características en la mayoría de los casos, de acuerdo con Gabino Gómez.

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EL INICIO DE UNA GUERRA

Los pobladores del Valle recuerdan el inicio de un conflicto que trajo consigo decenas de homicidios, secuestros, desapariciones, tortura, el éxodo de por lo menos dos terceras partes de la población, casas como ruinas, y sobre todo mucho dolor.

Recuerdan el inicio porque fue muy claro. En él se mezcla una disputa entre el poder del narcotráfico, el poder político y el poder militar.

De José Rodolfo Escajeda no se tenía ni una sola mención en medios de comunicación ni en listas de búsqueda por parte de ninguna autoridad hasta que el 3 de febrero de 2006, el entonces Secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega García, en una conferencia de prensa desde lo que era el Distrito Federal, se refirió a él como el narcotraficante más importante del Valle de Juárez, junto con su hermano Óscar Alonso Candelaria Escajeda y César Alonso Gándara Reyes.

Entonces Escajeda existió públicamente y pasó del anonimato a ser uno de los blancos más importantes para la Secretaría de la Defensa Nacional.

En enero de ese año el Sheriff del condado de Hudspeth, que colinda en México con el poblado de El Faro en el Valle de Juárez, denunció la incursión de un grupo de militares al lado estadounidense para rescatar una camioneta que quedó varada en el río Bravo y que estaba cargada con droga.

Las autoridades estadounidenses mostraron videos y fotografías de los hombres uniformados y armados así como de los vehículos Hummer que utilizaron para remolcar la camioneta atascada. Desde Estados Unidos se exigió una respuesta al Estado mexicano.

Por esa razón, la mañana del 3 de febrero el Secretario de la Defensa Nacional dijo en conferencia de prensa que la investigación arrojó que no se trataba de elementos del Ejército sino de José Rodolfo Escajeda, alias “El Rikín” o “El Z1”; Óscar Alonso Candelaria Escajeda, alias “La Lala” y César Alonso Gándara Reyes, lugartenientes de los Carrillo Fuentes en el Valle, junto con sus colaboradores.

Dicen los pobladores del Valle, que el exalcalde de Guadalupe, Omar Amaya Núñez, denunció a los Escajeda y dio su ubicación al Ejército, debido al abuso y violencia que Rodolfo Escajeda ejerció sobre una de sus sobrinas, de apellido Amaya, con quien mantuvo una relación. Y que esto desató una venganza personal de Escajeda con la familia de Omar Amaya.

El 14 de junio de 2006 se montó un megaoperativo en el que participaron más de 300 agentes entre militares de la Sedena, agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la DEA de Estados Unidos para dar con los hermanos Escajeda en sus viviendas del Valle. Sin embargo, las autoridades llegaron tarde ya que alguien habría avisado a los Escajeda a tiempo para que lograran escapar.

Tres meses después, el domingo 24 de septiembre de 2006, el exalcalde de Guadalupe, Omar Amaya Núñez, de entonces 35 años, fue asesinado al interior de un restaurante de su propiedad  llamado La Herencia. Dos hombres entraron al lugar y le dieron nueve tiros con dos armas distintas. No había seguridad en el pueblo porque minutos antes se denunció el hallazgo de dos cuerpos en el río, a donde se trasladaron los agentes que estaban en el pueblo, lo que resultó falso. La versión oficial fue que asesinaron al exalcalde por resistirse a un asalto, aunque no hubo faltante en el dinero de la caja registradora.

Cinco meses después fue asesinado a tiros su padre, Apolonio Amaya Fierro, que también fue Alcalde de Guadalupe, entre 1983 y 1986. Apolonio fue sorprendido a tiros en Ciudad Juárez cuando llegaba a una plaza comercial y un auto se detuvo junto a su camioneta, del que bajó un hombre que le disparó en al menos cinco ocasiones, se mencionó que pudo tratarse de un asalto.

El 20 de abril de 2008 asesinaron a su hermana, Agle Amaya, de 29 años, le dispararon en al menos cinco ocasiones y atinaron en dos, una en su espalda y otra en su abdomen cuando se trasladaba en su auto por la carretera Juárez-El Porvenir a la altura de Doctor Porfirio Parra, conocido como Caseta. Viajaba con su hija de siete meses que resultó ilesa.

El 18 de agosto de ese mismo año dos sujetos entraron a la tienda de abarrotes de María del Carmen Núñez Alvarado, madre de Omar Amaya, y la asesinaron junto con un empleado de nombre Rodrigo Escajeda. A ambos les dieron un tiro en la nuca. Se mencionó que pudo tratarse de un asalto.

La madrugada del miércoles 15 de septiembre de 2010 un comando armado incendió ocho viviendas en Guadalupe. Entre ellas la casa que perteneció a la familia de los ex alcaldes Amaya, que para ese punto habitaba nadie.

“No los agarraron, por eso vino el contraataque de ‘Rikín’ a la familia de Omar Amaya. Su mamá tenía una tienda muy cerca del Bachilleres, ahorita ya hasta la demolieron pero en aquellos tiempos ‘Rikín’ se vengó de toda la familia”, dice uno de los pobladores del Valle mientras otro, a su lado, asiente, en algún lugar de Ciudad Juárez, porque hablar de esto en el Valle, cuenta, sería sumamente riesgoso.

“Ahí empezó todo”.

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ÉRICK NO LLEGÓ A CASA

De los cinco casos de desaparición en el Valle que lleva el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte el de Érick Cuenca Mora es el único que no se relaciona con migración.

Érick tenía 18 años el 19 de octubre de 2017. Ese jueves estaba en su casa en San Agustín y no en su trabajo, en una agencia de autos en Ciudad Juárez, porque el día anterior fue con el médico para que le sacaran una uña enterrada en el pie que le causaba mucha molestia.

Sin embargo, cuando le llamaron alrededor de las 11:00 horas para decirle que su novia, Guadalupe, estaba enferma, no se lo pensó mucho para salir de su casa, subir a su Ford F-150, modelo 94, rosa con blanco y placas nacionales EB75924, que tanto le gustaba, para tomar rumbo hacia Doctor Porfirio Parra, mejor conocido como Caseta.

Desde entonces no se ha visto ni a Érick, ni a su camioneta.

Guadalupe fue entrevistada en por lo menos cuatro ocasiones por agentes del Ministerio Público. Ella mencionó que Érick no llegó a su casa, y que para ese punto ya habían terminado su relación dos semanas antes y desde entonces no lo veía.

El 9 de noviembre de 2019, la exnovia de Érick, Guadalupe Elvira Díaz López, fue encontrada muerta en un parque de San Isidro, fue estrangulada y su cuerpo abandonado enredado en una cobija en el cruce de Constitución y la carretera Juárez-El Porvenir.

Se dijo que fue levantada por un grupo armado dos días antes en Caseta.

Aún no se da con los responsables de la desaparición de Érick, ni del feminicidio de Guadalupe.

Laura camina despacio por la Sierra del Valle, detrás del poblado de Juárez y Reforma hacia el sur, por una brecha larga que pasa el panteón, hay una casa, o lo que queda de una casa. El puro pie sin puertas ni ventanas, adentro quedan las marcas de disparos en la pared. Y a un lado lo que fue una alberca. Una ruina al pie de la sierra. El  rancho La Campana, uno de los puntos que dio Mauricio Luna, alias El Papacho, como una de las fosas clandestinas más grandes del Valle.

A ratos Laura se recarga sobre una varilla con la que pica el suelo, porque le duele la rodilla, recientemente operada. Lleva un sombrero de ala larga que la protege del sol, la playera blanca con la imagen del rostro de su hijo y de su hermano. Va rasgando el suelo, cansada y decepcionada. Son horas de esfuerzo bajo un sol abrasante y nada.

Parece que no pasa nada, en general.

Solo en la mente de Laura sucede la imagen de su hijo y su hermano todo el tiempo, incluso cuando duerme y los ve llegar a su casa, cansados y hambrientos.

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