El exedil Abarca es identificado como “A1”, quien ordenó desaparecer a 43 normalistas

José Luis Abarca fue detenido en noviembre de 2014 en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. El Subsecretario Alejandro Encinas aclaró este día que el exalcalde de Iguala está detenido por el asesinato de ​​​​Arturo Hernández Cardona y no por el delito de desaparición.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).– José Luis Abarca, el excalde de Iguala identificado como “A1” en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, junto a los dirigentes del grupo criminal Guerreros Unidos “en coalición con algunas otras autoridades”, dio la orden de desaparecer a los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, informó esta mañana el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

“Estamos diciendo quiénes dieron la orden (de desaparecer a los normalistas). Participa ‘A1’, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación”, comentó Encinas Rodríguez en la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El informe de la Comisión del caso Ayotzinapa identifica que durante la Noche de Iguala “A1”, o a Abarca, como lo identificó Encinas, ordenó en un inicio “darles una ‘chinga’ a los estudiantes porque […] no quería disturbios, además de recuperar el material (el cual aparentemente venía en uno de los autobuses)”.

Ese “material” al que se refieren, de acuerdo con distintos reportes era aparentemente droga, ya que se pensaba que entre los normalistas había supuestamente integrantes de Los Rojos, agrupación criminal en disputa con Guerreros Unidos, el grupo responsable de los hechos de violencia durante la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014.

De acuerdo con la Comisión, “‘A1’ dio la orden de recuperar la mercancía” e instruyó: “me chingan a todos a discreción”. Posteriormente, según el mismo informe, “A1”, o a Abarca, como lo identificó Encinas, “ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque no saben ‘quién es quién’ y se está calentando la plaza demasiado”.

“Mátalos a todos, Iguala es mío”, se lee en el informe que contrasta la información actual, con la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, quien enfrenta un proceso por tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa.

José Luis Abarca, integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y exalcalde de Iguala, fue detenido en noviembre de 2014 en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, en relación con la desaparición de los normalistas. Actualmente se encuentra preso en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El Subsecretario Alejandro Encinas aclaró este día que José Luis Abarca está detenido por el asesinato de ​​​​Arturo Hernández Cardona cometido el 3 de junio de 2013, cuya desaparición, reportada en un primer momento, propició que “la movilización de los estudiantes de la Normal de Ayotizinapa, que tomaron las oficinas del ayuntamiento de Iguala e incendiaron documentación en demanda de la presentación de Hernández Cardona, quien finalmente apareció asesinado”.

“Ese homicidio se le atribuye al entonces presidente municipal José Luis Abarca, que está detenido justamente por este delito, no por el delito de desaparición, sino por el homicidio de Hernández Cardona. Y a partir de ese momento los estudiantes fueron amenazados por el Alcalde y por Guerreros Unidos, de que no regresaran a esta ciudad; si no, se iban a atender a las consecuencias”, comentó Encinas Rodríguez en la conferencia de prensa de este día.

Abarca fue capturado junto a su esposa María de los Ángeles Pineda, quien fue ligada a los Guerreros Unidos, agrupación criminal a la que, según informaron las autoridades, pertenecían dos de sus hermanos, uno de ellos, Salomón Pineda Villa, detenido en octubre de 2014. Su otro hermano, Alberto Pineda Villa, “El Borrado”, ha sido identificado como un exoperador de Arturo Beltrán Leyva, abatido en diciembre de 2009, y de cuyo cártel nació Guerreros Unidos.

Tanto José Luis Abarca como María de los Ángeles Pineda, presa en el Penal Federal Femenil de Amacuzac, han negado su participación en los hechos.

LA DESAPARICIÓN DE LOS NORMALISTAS

El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa señala que en la Noche de Iguala el grupo delictivo de Guerrero Unidos “actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado”.

En la conferencia de este viernes, el Subsecretario Alejandro Encinas destacó como parte “del análisis de contexto” del caso Ayotzinapa cómo la desaparición de los normalistas se dio “en el contexto de una disputa por la plaza para el trasiego de drogas entre el grupo de los Rojos y el grupo de Guerreros Unidos”.

Mencionó “un antecedente importante” de cómo el 10 de junio del 2014 en un retén del Ejército Mexicano la Procuraduría General de la República decomisó 107 kilogramos de heroína pura, de los cuales los elementos de la Procuraduría General de la República que hicieron este operativo sólo entregaron 24 kilogramos.

“Este dato está acreditado, incluso en un documento de la Secretaría de Gobernación que da cuenta de que la disputa por el territorio también era de disputa por el control de la droga y el robo entre estos grupos, asociado a la protección de autoridades, particularmente de la Procuraduría”, indicó.

Por otra parte mencionó que la Normal de Ayotzinapa fue la sede de delegaciones de otras escuelas normales del país para desde ahí trasladarse a las movilizaciones con motivo del 2 de octubre a la Ciudad de México. Explicó que por ello partieron de este plantel a Chilpancingo y Tierra Colorada donde la policía federal, la policía estatal, les impidieron la toma de camiones, motivo por el cual se trasladaron Iguala para tomar otros camiones y en donde —según el testimonio de una testigo protegida— se creía que entre ellos venían personas pertenecientes al grupo delictivo de los Rojos, lo cual derivó en la agresión.

El informe de la Comisión indica que “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida, por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.

Como parte de la información a la que se ha allegado esta comisión ​​—la cual contradice lo dispuesto en la “verdad histórica— “las instrucciones original eran de quemar a los estudiantes, pero al ser muchos (los integrantes de Guerreros Unidos) decidieron repartírselos”.

Entre los operadores de los Guerreros Unidos responsables de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el reporte identifica a: “El Gil”, “El Negro”, “El Tilo”, “El Chino”, “El Pato” Landa y su gente, “El Chucky” y su gente, “El Cholo”, “El Chango”, “La Gorda”, “El Duvalín o “Duva”, “El Tony”, “El Pollo”, “El Cuca”, “El Feo”, “El Wasako”, “Memo”, El Moreno (cocinero de Guerreros Unidos, y “H1”, mando policial de Huitzuco.

También se da cuenta de que el día de los hechos, “seis estudiantes permanecían vivos y estaban retenidos en ‘la Bodega vieja’”. No obstante, “el 30 de septiembre ‘El Coronel’ comenta que ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los 6 estudiantes que habían quedado vivos”.

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A quien se refiere el informe, indicó esta mañana Encinas, era al entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala.

José Rodríguez Pérez tenía el grado de Coronel cuando era el comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala y al año siguiente de los hechos fue ascendido a General Brigadier, contra quien un juez libró una de las 20 órdenes de aprehensión contra militares obtenidas por la Fiscalía General de la República (FGR).

El informe ahonda que en días posteriores a la desaparición de los normalistas, “hubo una reunión con Abarca y ‘los asesores de México’ para que ellos pudieran limpiar”.

“Van a borrar evidencia… los van a mover para que no los hallen […] los licenciados y la gente de México ya tiene el circo armado”, se lee en el reporte de la Comisión, según el cual Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), detenido en Israel a la espera de ser extraditado a México, “era el que andaba mandando a limpiar”.