Murillo Karam se incriminó en «verdad histórica»: Presidente; FGR verá si EPN declara

El mandatario mexicano aseguró que “se tienen todas las pruebas, cuando se me informó de cómo se habían realizado estos hechos, el informe que está en Internet hay que leerlo, habla de los responsables y hay una relatoría de todo lo que va sucediendo, día con día, quiénes intervienen y en ese informe la comisión menciona los nombres de los responsables».

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó la mañana de este lunes que el exprocurador Jesús Murillo Karam está preso porque “él mismo se inculpa” en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando declaró que él y el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, eran los responsables directos de la investigación.

“En el caso del Procurador Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la Fiscalía [General de la República]… Existe la prueba, es pública, existe la conferencia de prensa, está citando lo que dijo el Procurador: ‘Nosotros somos los responsables’», dijo en su conferencia de prensa matutina.

Desde Palacio Nacional, López Obrador pidió que se proyectara un fragmento del informe que presentó Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), a las madres y padres de los estudiantes. En las imágenes, el Fiscal cita al exfuncionario federal cuando se incrimina al asumir la responsabilidad de la indagatoria del caso.

«Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 27 y el 27 de septiembre de 2014, en Iguala, el Ejecutivo federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal, y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del estado de Guerrero y a sus policías municipales, que eran parcialmente responsables; pero la dinámica de lo que había ocurrido, que era imposible ocultar, se salió de su control y fue en ese momento cuando el Procurador General de la República, Jesús ‘M’, se presentó ante los medios y señaló lo siguiente: ‘Estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el Jefe de la Agencia de Seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación'», se escucha decir a Gertz Manero.

Ante esa afirmación, sostuvo, «ahora hemos podido demostrar con pruebas ya judicializadas que el propósito evidente de quienes habían asumido tal compromiso era el de engañar a la población para encubrir lo ocurrido, y eludir las responsabilidades de autoridades federales y locales coludidas, adjudicando la brutalidad sucedida sólo a policías locales de Iguala, Cocula y Huitzuco, quienes entregaron a los estudiantes masacrados a uno de los cárteles que se disputaba el control de las drogas en esa ciudad».

En el video reproducido a lo largo de la «mañanera», el Fiscal General de la República destacó que «para lograr lo anterior, los que se hicieron responsables de esa investigación cometieron un número incalculable de abusos, torturas y presiones para obtener las confesiones de dichos policías, adjudicándoles las responsabilidades que sus superiores estaban buscando eludir para después inventar la supuesta ‘verdad histórica’ que señalaba que todos los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula para así concluir el caso y cerrarlo definitivamente».

«El proyecto de complicidad y encubrimiento movió todas sus redes mediáticas para lograr que ese asunto terminara y se cerrara al haber sido supuestamente quemados los jóvenes estudiantes y al tener como únicos responsables a los miembros de esas policías locales y a sus cómplices del crimen organizado», finalizó el mensaje.

Posteriormente, el Jefe del Ejecutivo federal compartió que él quería dar a conocer este fragmento «porque existe la prueba, es pública, hubo una conferencia de prensa». «Lo que está haciendo el Fiscal es citando lo que dijo el Procurador en ese entonces: ‘Nosotros somos responsables’, dice. Y creo que se refiere al otro señor, Tomás Zerón. Son los dos que asumen la responsabilidad de acuerdo al Fiscal», insistió.

Frente a los representantes de los medios de comunicación, recordó que toda la información sobre el caso fue investigada por la Comisión para la Verdad que se creó y que se tienen todas las pruebas.

«El informe que está en Internet, hay que leerlo, habla de los responsables y hay una relatoría de todo lo que va sucediendo día con día, quiénes intervienen y en ese informe la Comisión menciona los nombres de los responsables y ese informe con todos los anexos se presenta a la Fiscalía y ya es la Fiscalía la que está procediendo, solicitando órdenes de aprehensión al Poder Judicial, a los jueces que son los que van a impartir justicia», precisó AMLO.

Asimismo, reiteró que el proceso ya inició y que será la FGR o los jueces quienes determinen si hay otros implicados. «Ellos lo van a decidir en absoluta libertad», respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de citar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto.

«Lo mismo si en las declaraciones de los implicados, presuntos responsables, aparecen nuevas versiones, más información. Todo eso se va a tomar en cuenta por los jueces. Recuerden que los implicados tienen abogados defensores, vivimos en un auténtico Estado de Derecho y las autoridades tienen que sostener con pruebas sus acusaciones. Es un proceso», agregó.

Por otra parte, el Presidente de México consideró que «ahora estamos ante una situación inédita porque se pensaba que quienes cometían delitos en nombre del Estado gozaban de impunidad y eso ya se terminó».

«Eso era antes. Ahora el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos y ese es un cambio importante aunque no les guste a los conservadores y a los que apoyaban estas atrocidades, a los que apoyaban este régimen autoritario y corrupto, que todavía lo están apoyando, porque todo esto se fue creando como un monstruo, con el apoyo de los medios de información y de intelectuales alcahuetes. Todo con honrosas excepciones, pero se llegó al extremo de hacer montajes, de torturar en la televisión. Entonces claro que hay una gran corresponsabilidad de muchos, pero los que participaron de manera directa son los que están siendo juzgados. La investigación no se cierra, pero no nos podíamos quedar así», añadió.

Además, el político tabasqueño hizo un llamado a tomar en cuenta que se trata de dos acciones en el caso. La primera es «lo que tiene que ver con la desaparición lamentable y sacrificio de los estudiantes esa noche en Iguala y los alrededores. Que ya se tiene en el informe una versión de lo sucedido esa noche, quiénes participaron y los horrores que se cometieron».

«Entonces esa es una parte. Ya en el informe se narra lo sucedido y se tiene una lista de los implicados. Aclaro que este informe está disponible con todos sus anexos porque di la instrucción de que se transparentara todo, se conociera todo», apuntó.

Mientras que la segunda parte, detalló el mandatario, comprende «la actitud de las autoridades, de cómo los que no habían participado con los que habían participado, de una u otra forma se pusieron de acuerdo para ocultar los hechos que ya es lo que se conoce como la fabricación de la llamada ‘verdad histórica’, de cómo presentaron las cosas, de cómo mintieron, y ahí intervinieron también funcionarios públicos».

«En el informe se habla de cómo fraguaron, de cómo tramaron todo esto, quiénes participaron, quiénes son los responsables de haber mentido y de haber dado una versión que no corresponde a lo que sucedió. Con todas las implicaciones, el cómo fueron armando toda esta falsedad, incluso torturando personas, fabricando declaraciones. Entonces esa es la otra parte», expuso.

Durante su intervención, anunció que le pedirá a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, que a mediados de semana esté en su habitual encuentro matutino con los medios «porque informó de manera amplia, pero hace falta aclarar bien y hablar sobre lo sustancial para que no quede ninguna duda».

Al ser cuestionado por los avances de la extradición de Tomás Zerón de Lucio, Andrés Manuel López Obrador indicó que se está haciendo la investigación pertinente. «No puedo dar detalles, pero sí le voy a pedir a Alejandro Encinas que venga y les informe», concluyó.

LA DETENCIÓN DE MURILLO KARAM

El pasado 19 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exprocurador Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de magisterio hace ocho años.

Ante la presión pública para que se aclarara un crimen que generó conmoción dentro y fuera de México, Murillo Karam fue quien calificó como “verdad histórica” su versión de los hechos: que los jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales, y que éstos los mataron, los quemaron a todos en una gran hoguera en un basurero y arrojaron los restos a un río.

Sin embargo, un grupo de expertos internacionales y la actual Fiscalía mexicana echaron por tierra la versión del basurero, confirmaron que en el crimen participaron distintas autoridades, fuerzas de seguridad y militares, que hubo manipulación de pruebas y que se torturó a decenas de detenidos, lo que unido a otras irregularidades derivó en que muchos de los procesados quedaran en libertad.

En 2020, el actual Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, acusó a Murillo Karam de “orquestar un engaño mediático masivo”. Dos años después fue detenido en su casa en la Ciudad de México y, según el comunicado oficial, sin que opusiera resistencia. Se convertía en el primer exprocurador General mexicano en ser capturado por la institución que él mismo dirigió.

Horas después de la captura de Murillo Karam, la Fiscalía informó en un comunicado de la emisión de 83 órdenes de captura, 20 de ellas de militares y el resto de policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso: delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

Murillo Karam exlegislador y exgobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de 74 años, dirigió la entonces Procuraduría General de la República de 2012 a febrero de 2015, durante la primera mitad del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

Dejó el cargo cinco meses después del crimen, tras haberse convertido en una de las personas más criticadas por los padres de los estudiantes, que desde hace años habían pedido su arresto. En una ocasión dio por terminada una conferencia de prensa con el argumento de que ya se había cansado de dar explicaciones.

Casi a media noche del viernes, sus abogados emitieron un breve comunicado en el que dijeron que “de ser sólido y apegado a derecho, el proceso que inicia podría contribuir a que empiecen a rendir cuentas las autoridades implicadas” y dejaron claro que a los padres no les mueve la venganza, sino “la esperanza de que se sepa la verdad”.

El PRI indicó en su cuenta de Twitter que la detención de Murillo Karam “responde más a un tema político, que de justicia” y le ofreció todo el respaldo del partido.

El arresto se realizó un día después de que el caso fuera calificado como “crimen de Estado” por la Comisión de la Verdad, creada por la actual administración.

En un informe, dicha entidad consideró probado que tanto el crimen como la ocultación de la verdad sobre lo ocurrido fueron hechos organizados “desde el más alto nivel del Gobierno”, donde se alteraron escenas del delito y se ocultaron no solamente los vínculos de autoridades con el grupo delictivo, sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.

Hasta ahora, el más alto funcionario acusado en el caso, también por torturas y desaparición forzada, era Tomás Zerón, el jefe de la investigación y subalterno de Murillo Karam. Zerón se encuentra oculto en Israel. México le ofreció un acuerdo para que colabore con la justicia, pero Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación, dijo que no aceptó.

La desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, trascendió a nivel nacional e internacional porque, pese a la violencia en la que ha estado sumido el país desde hace años, este caso resumía muchos de sus males: víctimas jóvenes, la acción del narcotráfico, la corrupción de las autoridades, la impunidad y el fenómeno de los desaparecidos.

Murillo Karam ofreció innumerables detalles sobre cómo los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados por criminales en una inmensa hoguera en un basurero y de cómo se encontró una bolsa con algunos restos óseos en un río cercano. Sus explicaciones estaban sustentadas en testimonios de detenidos, que posteriormente se confirmó que fueron torturados.

Aunque se identificó a tres estudiantes con restos óseos calcinados recuperados en ambas administraciones, la versión del basurero quedó finalmente descartada. En su informe presentado el jueves, la Comisión corroboró que los 43 jóvenes no desaparecieron juntos, sino en varios grupos, y también denunció la manipulación de pruebas y la alteración de escenarios, así como torturas y obstrucción de la justicia.

En su último informe este año, el grupo de expertos internacionales indicó que la Marina también formó parte activa de la manipulación y ocultamiento de pruebas y presentó a la Fiscalía videos que lo confirmaban —en alguno de ellos aparecía Murillo Karam—, así como grabaciones de interrogatorios que confirmaron que la tortura fue una práctica sistemática cuando él estuvo al mando de la Procuraduría.

A finales de 2020, el Gobierno anunció por primera vez que había órdenes de captura contra presuntos autores intelectuales o materiales de los hechos, y entre ellos se incluía a militares, un anuncio de especial simbolismo dado que el Presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los más férreos defensores de las Fuerzas Armadas, a las que les ha asignado gran cantidad de tareas que solían ser realizadas por civiles.

Meses después se detenía a un primer miembro del Ejército. Posteriormente, no se ha informado de nuevos arrestos de militares. El viernes, el comunicado de la Fiscalía decía que entre los buscados hay mandos y personal de los batallones que están situados en Iguala.

En el informe de la Comisión, Encinas subrayó la responsabilidad del Ejército «por acción, omisión o negligencia” por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado y los militares tenían información de lo que ocurría en tiempo real.

Aunque el móvil del crimen sigue sin estar claro, el documento reactivó la hipótesis de que esté vinculado al tráfico de heroína en la zona.

López Obrador se ha mostrado dispuesto a investigar a todos los involucrados, incluso si eran miembros del Ejército o la Marina, y el viernes indicó que dar a conocer la verdad y castigar a los culpables “fortalece a las instituciones”.

A ocho años del crimen no hay indicios de que los estudiantes estén vivos y se desconoce dónde se encontrarían la mayor parte de sus restos.

-Con información de AP