Ayotzinapa: que la razón de Estado no se interponga

Quizás por eso al Estado lo han bautizado con nombres de monstruos, seres fantásticos que causan espanto, producen miedo y aterrorizan. Tal vez porque su papel es someter, ser el poder personificado en el legendario Leviatán y, en opinión del filósofo Fernando Savater, es lo que merece exhibirse, mostrarse.

En México el concepto “Estado” es un calificativo magnificante de lo siniestro, y ejemplos sobran. Pongo tres: “partido de estado”, “elección de estado” y “crimen de estado». En una esfera mayor en el mundo, está también la “razón de estado”.

Cuando escuchamos esos conceptos, los asociamos de inmediato a lo que está o va mal. Cuando se trata de tragedias como la de Ayotzinapa, lo que se dice en esencia es que el delito, la transgresión del derecho, la ha cometido el gobierno y uno o varios de sus aparatos que se ha ido a contracorriente y violentado las leyes, principios jurídicos de gran reconocimiento internacional.

El crimen se agiganta si tenemos en cuenta que el gobierno es el primer obligado a acatar y cumplir el derecho establecido. En las palabras “Ayotzinapa, es un crimen de estado” se incluye un mal inconmensurable que cegó vidas y condenó como la fatalidad a un gran viraje de calado profundo en la sociedad.

Lo dicho aparenta ser retórica. No lo sé. Pero en todo caso, quiere ser el reconocimiento indispensable de un sentimiento social que se expresó de inmediato a la atrocidad de 2014, en el estado siempre torturado de Guerrero.

Hoy el informe de Alejandro Encinas, el Subsecretario de Gobernación para los derechos humanos, que en sí no nos da nada que no supiéramos de antaño, ratifica la caracterización que de manera inmediata corrió espontánea por todos los rincones del país: se gritó “¡fue el Estado!”. Empero, lo que nos dio a conocer Encinas debe apreciarse en todo lo que vale, porque, dicho sea de paso, es la palabra misma del Estado al día de hoy.

Rescató de su informe, que propició el restablecimiento del diálogo del presidente con las víctimas, luego de un largo año de ausencia, el ejercicio de rendición de cuentas, aunque no sean completas. Pienso que el funcionario de Gobernación tiene una genuina voluntad de esclarecer el crimen y propiciar en lo que le corresponde a sus facultades, que eso cale hondo para que paguen los responsables militares, policiacos o gobernantes civiles involucrados en la matanza, aunque reconozco que no es a él a quien corresponde la persecución de nadie.

Y aquí está el gran problema: corresponderá a la Fiscalía General de la República, encabezada por el caprichoso Alejandro Gertz Manero y al sistema judicial en conjunto, construir la justicia que se reclama. Sin una investigación sólida e imbatible, con pruebas reales y sustentadas, los jueces no podrán llegar a las sentencias que la república anhela y que las víctimas necesitan para cicatrizar las heridas; más ahora que en voz del presidente se les ha dicho que no hay sobrevivientes porque fueron asesinados.

No estamos ante el final. El proceso sigue, lamentablemente lento, y de este dependerán muchas cosas para el país. Ya hubo una “verdad histórica” y se derrumbó porque se construyó contra derecho, recurriendo, por ejemplo, a la tortura. Pensar en otro fracaso nos llevaría a todos a una especie de callejón sin salida, como los que se leen en las obras de Kafka.

Ya cayó Jesús Murillo Karam. Faltan los mandos del Ejército e ir más arriba en la pirámide del poder.

Ojalá y la “razón de Estado” no se interponga.