La Jefa de Gobierno capitalina indicó que la Fiscalía de la Ciudad de México está investigando «absolutamente todo» lo relacionado con los permisos de obras otorgados por la Alcaldía Benito Juárez, como parte de la carpeta por el llamado «Cártel Inmobiliario».
Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– Los archivos con los permisos de obras otorgados por la Alcaldía Benito Juárez «casualmente» se inundaron, dijo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al respecto de las investigaciones que se llevan a cabo por el caso del «Cártel Inmobiliario» en dicha demarcación.
En conferencia de prensa este viernes, la mandataria capitalina explicó que las diligencias realizadas por la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) incluyen «absolutamente todo», puesto que «casualmente se inundó todo lo que tiene que ver con los archivos en la propia Alcaldía Benito Juárez, de lo que tiene que ver con esta información en el 2020″.
Las investigaciones se están llevando a cabo de la mano de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría Fiscal.
«Tiene que ver con cientos de inmuebles que violaron el uso de suelo a cambio de corrupción», mencionó Sheinbaum Pardo al respecto. «Es un modus operandi, es una cloaca, porque ¿cómo es posible que durante tantos años se haya hecho un manejo ilícito del desarrollo inmobiliario?».
El miércoles, el vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, dio a conocer los avances en la investigación del llamado “Cártel Inmobiliario”, en los que se identificaron más relaciones entre empresarios dedicados al sector de bienes raíces y exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez.
El funcionario detalló que dichas relaciones están posiblemente orientadas al enriquecimiento ilícito y al uso indebido al servicio público, lo cual puede dar pie a nuevas líneas de investigación, pues destacó que se “ha detectado que entre estos actores establecieron distintos tipos de sociedades que probablemente constituyan un conflicto de intereses, lo cual los pudo haber llevado a quebrantar las facultades legales de la administración pública local”.
Asimismo, indicó que han descubierto más inmuebles que podrían tener relación con los exfuncionarios Luis “N” y Nicias “N”, quienes son investigados. “Ya sea en su construcción, propiedad, comercialización u otro tipo de usufructo como el arrendamiento”, agregó.
EL MODUS OPERANDI
El pasado 11 de agosto, el Subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, habló sobre el “Cártel Inmobiliario” presuntamente encabezado por dos servidores públicos del Partido Acción Nacional (PAN) de la Alcaldía Benito Juárez acusados de realizar actos de corrupción en la Ciudad de México.
En la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Subsecretario expuso que Luis Vizcaíno Carmona, exdirector jurídico (2009-2016) , y Nicias René Aridjis Vázquez, exdirector de obra pública (2006-2018) serían los líderes de esta estructura delictiva en la que estarían vinculadas 10 empresas fantasma.
Mejía Berdeja detalló los actos que cometían van desde establecer un sistema de intercambio de favores por medio de condiciones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios, empresas fachada, otorgamiento y gestión de autorizaciones, hasta extorsiones a empresarios dentro de la misma demarcación.
Como parte de su informe semanal “Cero Impunidad”, el funcionario explicó que la investigación sobre esta organización delictiva comenzó en agosto de 2021 tras la explosión de un inmueble ubicado en avenida Coyoacán, el cual se acreditó como una obra nueva y obtuvo un dictamen de habitabilidad durante la gestión de Nicias Aridjis.
A partir de las indagatorias, la Fiscalía capitalina descubrió que el exdirector de obras de la Benito Juárez posee un par de departamentos en ese mismo edificio, los cuales podrían haber sido obtenidos como contraprestación a cambio de las facilidades que la Alcaldía ofrecía para la construcción de obras nuevas, pues entre sus facultades estaba garantizar que la infraestructura cumpliera con la normatividad aplicable.
