Tanto la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, como otras organizaciones humanitarias han expresado inquietud porque los militares realicen labores de seguridad pública en México, y que la Guardia Nacional pase al control de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Por Fabiola Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Desde mucho antes de llegar al poder en México, Andrés Manuel López Obrador exigió que los miliares regresaran a los cuarteles. Ahora, el mandatario ha cambiado de opinión y contrario a las críticas busca que las fuerzas armadas se mantengan en las calles en labores de seguridad, como lo han hecho por los últimos 16 años.

Luego de las fuertes críticas que realizaron organizaciones humanitarias contra el anuncio que se hizo a inicios de semana de que se emitiría un decreto presidencial o una iniciativa de ley para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional, López Obrador dijo en su conferencia matutina que buscará una reforma legal para extender la permanencia de los militares en calles, que según un transitorio de la Constitución sólo está autorizado hasta marzo del 2024.

La decisión del Presidente de mantener los militares en las calles ha sido cuestionada por analistas y opositores que sostienen que su postura se contradice con las críticas que ha realizado por años a las políticas de seguridad que aplicó el expresidente Felipe Calderón, que gobernó entre el 2006-2012, de utilizar a las fuerzas armadas para enfrentar a los carteles de la droga, decisión que desató una cruenta guerra y varios cientos de muertos.

La decisión del Presidente de mantener los militares en las calles ha sido cuestionada por analistas y opositores. Foto: Marco Ugarte, AP.

Desde Amnistía Internacional se manifestó el viernes preocupación por la declaración del mandatario. La directora ejecutiva de AI México, la maestra Edith Olivares, dijo a The Associated Press que es «muy grave» que el Gobierno incumpla el compromiso al que se llegó hace más de dos años con las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía para retirar a las fuerzas armadas de las calles y retornarlas a los cuarteles en el 2024.

Olivares afirmó que la participación de los militares en tareas de seguridad pública contraviene todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos y de seguridad pública, y recordó que dos instancias de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos han hecho llamados a México a retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública.

«Las fuerzas armadas no nos han traído seguridad pública. Vivimos en un país mucho más peligroso», sostuvo la directora de AI al referirse a los hechos de violencia que ocurrieron esta semana en los estados de Jalisco, Guanajuato y Chihuahua que dejaron más de una docena de muertos y heridos.

Elementos de la policía de Zapopan atienden los vehículos incendiados por criminales tras el enfrentamiento con el Ejército mexicano el miércoles 9 de agosto. Foto: Fernando Carranza, Cuartoscuro

Por su parte, la coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, María Luisa Aguilar, afirmó que diferentes organizaciones humanitarias tienen documentado cómo la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha incrementado las violaciones a derechos humanos y cómo esos casos generalmente no son investigados, sancionados y no hay una rendición de cuentas.

Aguilar dijo a la AP que resultaba preocupante que en vez de pensar en un fortalecimiento del sistema judicial se esté hablando de darle más tareas a las fuerzas castrenses «que sabemos que son opacas, que no han rendido cuentas y que todavía hay muchas investigaciones por ahondar en materia de derechos humanos».

Tanto la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, como otras organizaciones humanitarias han expresado inquietud porque los militares realicen labores de seguridad pública en México, y que la Guardia Nacional, que está bajo la coordinación de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pase al control de la Secretaría de la Defensa, y ha hecho llamados al fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad.

«Hay que pensar bien. Hay que prolongar más el mandato. Lo que establece el transitorio… una reforma constitucional, eso es lo ideal, pero tenemos nosotros que buscarle la forma porque nos están bloqueando», afirmó el gobernante, al asegurar que buscará que las fuerzas militares puedan permanecer en las calles bajo un sustento legal.

De acuerdo a lo que establece el quinto transitorio de la reforma a la Constitución que se hizo en el 2019, que incluyó la creación de la Guardia Nacional, las fuerzas armadas pueden permanecer en labores de seguridad pública hasta el 2024, cuando finaliza el sexenio de López Obrador.

El anuncio del mandatario se da en medio de una escalada de la violencia en México que ha obligado al Gobierno a enviar a miles de militares a diferentes estados de país para reforzar la seguridad y hacer frente a las acción de grupos delictivos y carteles de narcotraficantes.