«Alito» y más priistas denuncian a Layda ante FGR por violencia contra legisladoras

Las legisladoras del partido tricolor acusan a Layda Sansores de incurrir en violencia de género y delitos por posesión de material íntimo, pues consideran que pudo haber una obtención ilegal de fotografías privadas.

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acudió a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia contra Layda Sansores San Román, Gobernadora de Campeche, por «calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras».

Moreno Cárdenas escribió en sus redes sociales que en compañía de legisladoras y legisladores de su partido, acudió a la FGR para denunciar a la Gobernadora, después de que la morenista asegurara que algunas de las legisladoras enviaban fotografías con contenido íntimo al dirigente priista.

Las diputadas Jaqueline Hinojosa, Carolina Viggiano Austria, Eufrosina Cruz, entre otras, habían criticado la actitud de la mandataria estatal, a quien acusaron de incurrir en violencia de género y delitos por posesión de material íntimo, pues consideran que pudo haber una obtención ilegal de fotografías privadas.

“Cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a ‘Alito’ y ‘Alito’ con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, comentó Sansores a través de un video.

«Nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz, pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado», finalizó la advertencia de la Gobernadora en el video.

La Diputada Jaqueline Hinojosa también acusó a la Gobernadora de invadir los ámbitos privados y formas de comunicación frecuentemente utilizadas, y recordó que existen leyes que sancionan la violencia digital y mediática, incluidos aquellos casos en los que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de la vida privada o en su imagen propia.

Las declaraciones de Sansores desataron las redes sociales, ya que usuarias y usuarios pidieron que se aplicara la Ley Olimpia en contra de la Gobernadora, la cual busca reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.

De acuerdo con la Ley Olimpia, la violencia digital es: «toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, aprobación o autorización”.

La Ley Olimpia en Campeche contempla sanciones de tres a seis años de prisión para quienes realicen estos delitos y multas que van de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2022 la UMA tiene un valor de 96.22 pesos diarios, según el Inegi.

La Secretaría de las Mujeres (Semujeres) indicó que para hacer una denuncia es necesario que la víctima proporcione sus datos personales como nombre completo, dirección, su correo electrónico personal y teléfono, de igual manera información que puede ser de ayuda para identificar a su agresor y el relato detallado de los hechos.

INVESTIGACIÓN DE LA FGR Y LOS AUDIOS DE «ALITO»

El Gobierno de México informó el pasado 8 de julio que la FGR inició una investigación contra Moreno Cárdenas por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal.

El exgobernador de Campeche (2015–2019) ha estado en la mira debido a los señalamientos de presunta corrupción, especialmente tras los audios exhibidos por la Gobernadora morenista.

Desde finales de 2019 pesa sobre él una indagatoria de la FGR por supuesto enriquecimiento ilícito por el crecimiento de su patrimonio. El priista ha negado todo y acusa ser un perseguido político.

El último de ellos fue con José Murat Casab —priista, exgobernador de Oaxaca y padre del actual Gobernador oaxaqueño Alejandro Murat Hinojosa—, con quien planea un posible chantaje contra algunos de los empresarios más importantes de México como Germán Larrea, Carlos Slim o María Asunción Aramburuzabala.