Echeverría y la impunidad presidencial en México

Ha muerto Luis Echeverría Álvarez, Presidente de México de diciembre de 1970 a noviembre de 1976, y acusado con evidencias de ser responsable de algunos de los episodios represivos más graves que ha cometido el Estado mexicano contra su propia población: la masacre del 2 de octubre de 1968, el Halconazo del 10 de junio de 1971 y uno de los mandos políticos que continuó la Guerra Sucia contra organizaciones disidentes e insurgentes en la década de 1970.

Nacido en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922, Luis Echeverría falleció a los 100 años el viernes 8 de julio en su domicilio en Cuernavaca, Morelos. Con su muerte, se escapó la posibilidad de exigir justicia para las víctimas de los graves crímenes de represión, entre ellos genocidio, represión, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y en general graves violaciones a los derechos humanos.

Luis Echeverría se fue de esta vida protegido por el manto de impunidad que el Estado mexicano ofrece a sus principales operadores y mandos políticos. Pero aunque se fue impune, falleció todavía siendo imputado como bien lo recordó ayer el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, integrado por exdirigentes y participantes del movimiento estudiantil-popular de 1968: “#Echeverría murió en calidad de imputado por el delito de genocidio, del cual no fue exonerado. Quedó libre bajo reservas. Exigimos que la FGR  reabra el caso. No más impunidad”, escribió en su cuenta de Twitter el Comité 68.

Fueron justamente integrantes de este Comité 68, entre ellos los exdirigentes del movimiento estudiantil de 1968, Raúl Álvarez Garín y Félix Hernández Gamundi, quienes impulsaron el juicio en su contra y que lograron que fuera imputado. Gracias a ello Echeverría “fue investigado y llevado a juicio por genocidio en el caso de 1968, con base en la acusación integrada por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), pero el caso concluyó judicialmente en 2009. El 27 de marzo de 2009, el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la revocación de la prisión domiciliaria a la que estuvo sujeto el expresidente y ordenó su liberación con ‘las reservas de ley’, por lo que el caso de genocidio, que por ley no tiene prescripción, se mantiene vivo”, se recordó en el diario La Jornada el 9 de julio, al reseñar la muerte del exmandatario (https://bit.ly/3o9HDKJ).

Este mismo Comité 68 recordó la tarde del sábado 9 de julio que pese al manto protector de la impunidad estatal, Echeverría pasó dos años bajo prisión domiciliaria. “Durante más de cinco décadas hemos luchado por el esclarecimiento de lo ocurrido y la exigencia de justicia, castigo a los responsables, reparación del daño y garantías de no repetición. Pese a la política represiva y la impunidad sostenida hasta el presente, logramos que se abriera el proceso penal en contra de Luis Echeverría y otros corresponsables, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la comisión del delito de genocidio. Echeverría pasó más de dos años en prisión domiciliaria y murió como imputado por el delito de genocidio, es decir que nunca fue exonerado, se le dejó en libertad bajo las reservas de ley y amparado desde 2009 por la inacción y argumentos leguleyos de la PGR ahora Fiscalía General de la República”.

La muerte de Luis Echeverría no cancela la exigencia de justicia, memoria y reparación del daño. De hecho las víctimas de la violencia de Estado ordenada por Echeverría exigen la extinción de sus bienes para reparar a las víctimas, según dieron a conocer el sábado por la tarde en un mitin frente a Palacio Nacional en la Ciudad de México.

Félix Hernández Gamundi, uno de los principales dirigentes del movimiento estudiantil de 1968 e impulsor del Comité 68, recordó el daño que dejaron para varias generaciones los hechos represivos en los que fue responsable el exmandatario, y criticó la impunidad estatal que lo protegió. En entrevista con Reforma dijo que Echeverría llegó a la silla presidencial, de la mano del partido del tricolor, es muestra de una figura que gozó y ejerció el poder político y económico a lo largo de su vida. «Que le garantizó impunidad. Esa impunidad es la que hoy impide decir que estamos, o que estemos, en condiciones de erradicar la corrupción y erradicar la violencia que hoy invade el país entero», (Reforma: https://bit.ly/3araNS5).

Coincidentemente, Luis Echeverría falleció la misma semana que se da a conocer que el actual Gobierno, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a los expresidentes Enrique Peña Nieto, y posteriormente se informó que las peticiones para indagar movimientos bancarios y financieros se extendió hacia los expresidentes Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, sus cónyuges, en algunos casos sus hijos, o hermanos y otros familiares.

Estas indagatorias de la UIF y la confirmación de que la Fiscalía General de la República (FGR) abren expectativas de que por primera vez en la historia reciente del país la figura presidencial no quede intocada. Lamentablemente la impunidad con la que falleció el genocida Luis Echeverría es muestra de que el Estado mexicano no toca a los suyos: a los mandos políticos que han configurado un régimen de represión y corrupción que hasta la fecha sigue vigente.