Consejo del INE determinará si Moreno Cárdenas violó la Ley, explica Claudia Zavala

Claudia Zavala, Consejera del INE, explicó que se está llevando a cabo una investigación para deslindar responsabilidades por los audios en los que presuntamente Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, confirma que su partido recibió 25 millones de pesos de una cadena de cines para financiar las campañas electorales en Michoacán.

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).- Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), confirmó que Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como “Alito”,  presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) está siendo investigado en la Unidad Técnica de Fiscalización por las presuntas aportaciones de Cinépolis a las campañas electorales del tricolor por un monto de 25 millones de pesos, una procedimiento para el cual se tienen hasta cinco años.

En entrevista con la periodista Romina Gándara para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire, la consejera del INE señaló que le están dando cauce a “la investigación para que dentro del tiempo permitido en la Ley podamos resolver lo conducente, eso es algo muy importante porque son investigaciones que son profundas, que tenemos que analizar muchos temas, y tocar base con muchas autoridades, ojalá todas las autoridades tengan cumplido, ese deber de colaboración”, dijo.

Zavala también mencionó que aunque por el momento la “denuncia sólo está dirigida al presidente del PRI”, por lo que iniciaron con la misma, “si en la investigación se advierte que el partido está vinculado u otras personas pueden estar vinculadas se amplía la investigación para los sujetos y para esos hechos, eso es lo que se va haciendo paso a paso dentro del proceso”, adelanto.

Detalló que por lo complejo del caso no pueden determinar aún el tiempo que tardará la indagatoria, que podría extenderse hasta cinco años, misma que lleva la Unidad Técnica de Fiscalización, tras los cuales será el Consejo General el que resolverá sobre las posibles responsabilidades del dirigente priista y, de ser el caso, las sanciones correspondientes o si el caso escala a alguna Fiscalía especializada.

“El tiempo de la investigación es muy relativo en cada uno de los asuntos, la Ley permite que en este tipo de asuntos, una vez que se abre el procedimiento se tienen hasta cinco años, porque son investigaciones muy complejas, y esos cinco años, ahora estamos en un dilema porque hay autoridades que no nos quieren dar información, y que hemos llegado incluso a los tribunales y a la Corte, porque es necesario tener esos elementos para hacer una buena investigación”, enfatizó.

“Todas las denuncias que se han presentado hoy están en la Unidad Técnica, se está investigando respecto a cada uno de ellos, porque son hechos diferentes, se están haciendo las investigaciones por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, y en su momento, el Consejo general en esos casos es el que va a, una vez que se cierren las investigaciones, es el que va a resolver si hubo o no una infracción, eso sí le toca al Consejo General”, explicó.

Aunque sin especificar el número exacto de denuncias, la Consejera afirmó que ya se están investigando por la Unidad correspondiente, y “cuando se termine la investigación, se tengan todas las pruebas, esa Unidad de Fiscalización, es la responsable primero de someter a consideración de la Comisión de Fiscalización un proyecto y después la Comisión lo va a elevar al Consejo General para que resolvamos”, comentó.

“Si hay responsabilidades en materia administrativa, se sancionará y sí advertimos que puede haber ilícitos penales, lo que hacemos nosotros es, con todo lo que investigamos, darle vista a la Fiscalía para que sea ella en el ámbito de su competencia la que pueda investigar los posibles delitos”, sostuvo Zavala.

El 20 de mayo, la Unidad de Fiscalización del INE recibió una denuncia formal en contra del líder priista por los audios filtrados en redes donde se exhiben presuntas aportaciones de Cinépolis a las campañas electorales del partido por un monto de 25 millones de pesos.

“El INE desplegará sus capacidades de investigación con absoluta imparcialidad y, si hay alguna conducta indebida, tomará las medidas conducentes”, informó el órgano electoral autónomo, mediante su cuenta oficial de Twitter.

La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha dado a conocer una serie de audios en los que se escucha al dirigente partidista ordenar el pago de cinco millones de dólares al asesor político Antonio Solá, además de que su partido recibió 25 millones de pesos de una cadena de cines para financiar las campañas en Michoacán.

Sobre este mismo tema, Lorenzo Córdova Vianello, presidente del INE, destacó que en este asunto se actuará con imparcialidad.

“Me están informando que se acaba de presentar una denuncia ante la Unidad de Fiscalización, a propósito de la, pues de las declaraciones de la Gobernadora de Campeche y de los audios que circulan en redes, así que qué bueno que alguien ya tomó la iniciativa y ahora, pues lo que vendrá será justamente que se desplegará la facultad investigadora del Instituto y si hay alguna conducta indebida se tomarán las medidas, como siempre ha ocurrido, con absoluta imparcialidad y seriedad por parte del INE”, indicó en conferencia de prensa en el marco de una gira de trabajo por Quintana Roo

LAS MEDIDAS CAUTELARES A MORENA

Respecto a la tutela preventiva que el 5 de julio le impuso el INE a varios servidores públicos y al partido Morena, por presuntos actos anticipados de campaña, proselitismo, Zavala explicó que se trata de una medida cautelar para evitar que sigan haciendo este tipo de eventos en tanto el Tribunal Electoral resuelve si se trató de alguna falta.

«Lo que nosotros dictamos son las medidas cautelares y la tutela preventiva en esta vertiente, que quiere decir: frente a estas cuestiones que pueden ser posiblemente violatorias de la ley y para evitar que haya un riesgo de que se consume la violación al principio de equidad, a las normas que nos rigen, lo que se hace es pedir que no se realicen esos actos por el momento hasta que el tribunal resuelva en definitiva si se puede o no se puede conforme nuestro esquema legal y constitucional, eso es lo que hace una tutela preventiva», comentó.

“Tenemos un acto en el que la comisión, en el análisis contextual que hizo, advierte que tiene una participación de servidores y servidoras públicas, y también obviamente de simpatizantes del partido, del dirigente del partido Morena, en el que, de acuerdo con lo que la ley marca, cae o pueden cuadrar en actos de proselitismo, esto quiere decir que hay una participación en la que se hace referencia a los procesos electorales próximos a iniciar a la posición que va atener el partido Morena frente a esos procesos electorales y que quieren encabezar y quieren gobernar esos procesos electorales en Coahuila”, ahondó.

Este martes por la tarde, el INE emitió medidas cautelares contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López; y el Senador Ricardo Monreal; para que se abstengan de participar en movilizaciones de Morena tras resolver que el mitin realizado en Coahuila fue un acto “probablemente ilícito”.

Asimismo, solicitó a 30 servidores públicos morenistas que retiren las publicaciones relacionadas con el evento de sus redes sociales, en atención a la queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual alegó actos anticipados de campaña, proselitismo, vulneración a los principios de equidad y el uso indebido de recursos públicos.

“La Comisión de Quejas y Denuncias del INE estimó procedente el dictado de medidas cautelares, tanto por la propaganda difundida en redes sociales como en la vertiente de tutela preventiva por considerar que existe un riesgo en que este tipo de actos, presumiblemente ilícitos en tanto evidencian una posible estrategia de proselitismo electoral adelantado, vuelvan a repetirse en el futuro inmediato”, detalló el organismo autónomo en un comunicado.

Por este motivo, el INE ordenó a Morena, a su dirigente nacional Mario Delgado, y a otros 30 funcionarios públicos a que se abstengan de “organizar, convocar y realizar eventos proselitistas” hasta que inicien formalmente los procesos electorales locales para el año 2022-2023 y el federal en 2024.

Por ello, el Instituto dictó la tutela preventiva como medida cautelar, sin embargo, de existir alguna infracción será el Tribunal Electoral el encargado de sancionar a los actores involucrados en el acto, por lo que siguen “investigando las conductas denunciadas, cuando se terminan las investigaciones, se manda el expediente al Tribunal Electoral, y es el, con base en todas esos elementos que se hayan juntado en la investigación, el que va a resolver si hay infracción o no, y si hay qué sanción y qué se tiene que hacer en cada caso”, explicó.

Además, precisó que si la medida se extendió al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue una medida preventiva para que no se sigan llevando a cabo este tipo de actos. “Para que no vaya a escapar de que ‘como no me lo ordenaste lo puedo hacer’, es una tutela preventiva amplia, justamente para que las y los servidores públicos, sobre todo porque hay una denuncia en la que hay indebido uso de recursos, que resolverá el Tribunal, se abstengan de realizar ese tipo de eventos, que no los vayan a llevar a cabo por este momento hasta que el Tribunal resuelva”, dijo.