Una duartista es la nueva Fiscal Anticorrupción en Chihuahua. Las dudas son obvias

La Gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván designó a Nidia Aidin Orpinel Pizarro como encargada de despacho de la Fiscalía Anticorrupción del estado, funcionaria identificada como cercana al exmandatario César Duarte, quien está en prisión preventiva acusado de los delitos de peculado y asociación delictuosa.

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- Nidia Aidin Orpinel Pizarro, a quien se le identifica como cercana al exgobernador César Duarte, fue designada como encargada de despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, por la actual Gobernadora María Eugenia Campos Galván.

La designación de la nueva encargada de despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua ha despertado rumores de un posible conflicto de intereses, lo que pondría en duda el combate a la corrupción en el estado. La Fiscalía de Chihuahua ratificó la designación de Orpinel Pizarro, bajo el argumento de que tal procedimiento se hizo con base en las facultades que la ley le confiere al titular del Ejecutivo estatal.

Nidia Aidin asumirá como encargada del despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua luego de que Gema Chávez Durán declinó como titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción el pasado 18 de mayo de 2022, cuando aún le faltaban cuatro años y medio para que concluyeran sus funciones.

Después de tres años de encabezar esa dependencia estatal, Chávez Durán presentó su renuncia a la presidenta del Congreso de Chihuahua, la Diputada Georgina Bujanda, argumentando motivos personales.

“Ha sido un honor servir durante este periodo a Chihuahua con responsabilidad, honestidad y profesionalismo, contribuyendo así a la consolidación de los sistemas de justicia, combate a la corrupción y el Estado de Derecho en nuestra entidad”, indicó la ahora exfuncionaria local en su renuncia.

Por ello, el Congreso local ahora tiene la encomienda de elegir y nombrar al titular de la Fiscalía del estado, según lo establecido en el artículo 122 de la Constitución de Chihuahua, en donde se detalla que el proceso se llevará a cabo luego de que se emita una convocatoria pública, la cual expedirá un panel de nueve expertos, de los cuales cinco serán propuestos por el Ejecutivo y cuatro por los legisladores.

En tanto, sucede la designación del Fiscal del estado, Orpinel Pizarro fue nombrada encargada de despacho de la Fiscalía Anticorrupción local, lo que también despertó rumores de un posible conflicto de intereses y pone en duda el combate a la corrupción en el estado, debido a que se señala que la carrera de Nidia ha sido impulsada por el exmandatario de Chihuahua, César Duarte, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

De acuerdo con medios locales, durante su mandato Duarte tomó protesta a la funcionaria en dos ocasiones. La primera el 23 de septiembre de 2014, cuando el entonces Gobernador acudió al municipio de Delicias, ya que Orpinel Pizarro fue designada como Fiscal Especializada en Investigación y Persecución del Delito en la Zona Centro Sur de la entidad. Antes de este nombramiento, Orpinel Pizarro estaba encargada de la Coordinación de la Unidad Contra la Integridad Física y Daños en la Zona Centro.

En otra ocasión, el 29 de abril de 2016, Duarte tomó protesta a Nadia Aidin como fiscal Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Sur, cargo que la funcionaria dejó en octubre de 2016, al inicio de la Administración estatal encabezada por el entonces Gobernador Javier Corral.

Orpinel Pizarro también se desempeñó como Agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Distrito Zona Centro, cargo en el que se mantuvo por cinco años, del 4 de octubre de 2016 al 22 de septiembre de 2021.

Pero la designación de la encargada de despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no sólo ha despertado señalamientos por su posible cercanía con Duarte, quien actualmente se encuentra preso bajo las acusaciones de peculado y asociación delictuosa, también ha reavivado reaviva sospechas contra Campos Galván, a quien se le ha señalado de supuestamente haber recibido sobornos por parte del exmandatario Duarte, lo que ha puesto en duda sus tareas como Gobernadora y le valió ser vinculada a proceso durante la campaña por la llamada «nómina secreta».

Las acusaciones formales en contra de la ahora mandataria chihuahuense fue por presuntamente haber recibido millones de pesos del mandatario priista cuando era Diputada,

Además de ser señalada como parte del grupo duartista, Campos fue vinculada a proceso al ser acusada directamente por el exsecretario de Hacienda de Duarte, Jaime Herrera, de haber recibido 10 millones de pesos cuando era Diputada local, para presuntamente apoyar proyectos enviados por el priista al Congreso.

En julio del 2020, antes del inicio del proceso electoral de 2021 en Chihuahua, el entonces Gobernador Javier Corral Jurado señaló que un grupo político dentro del Partido Acción Nacional (PAN), comandado por la entonces legisladora Maru Campos Galván, llamaba “jefe” a Duarte.

Incluso, en diciembre de ese mismo año, Corral denunció ante la dirigencia nacional del PAN que la entonces Alcaldesa con licencia de Chihuahua y el Secretario del Ayuntamiento, César Jauregui, se habrían beneficiado con más de 10 millones de pesos en sobornos dados por el exgobernador César Duarte.

El exmandatario chihuahuense envió en ese entonces una carta al dirigente panista Marko Cortés, donde expuso que los presuntos sobornos habían sido recibidos entre los años 2014 y 2015. Además, recordó que Maru Campos era integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso local en 2014, cuando se aprobó la cuenta pública del Gobierno estatal.

Los señalamientos se fundaron en las declaraciones que realizó el exsecretario de Hacienda de Duarte, Jaime Herrera, quien se convirtió en testigo protegido en la investigación que emprendió el gobierno de Javier Corral Jurado, la cual fue bautizada como “Operación Justicia por Chihuahua”, momento en que también María Eugenia Campos fue vinculada a proceso por el delito de cohecho pasivo, por su presunto involucramiento en la llamada “nómina secreta”, de la que habría recibido más de nueve millones de pesos.

Esa caja chica se conformó con mil millones de pesos de dinero público e involucró a una red de políticos, empresarios y religiosos, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía que entonces encabezaba César Augusto Peniche.

Entre los datos de prueba que presentó el Ministerio Público de Chihuahua se habló de irregularidades en el contrato de servicios para el hermano de Maru Campos, quien presuntamente habría recibido más de un millón de pesos en transferencias, información que no fue controvertida por la defensa.

De acuerdo con el Gobierno de Corral, el Ministerio Público presentó datos de prueba que permitirían acreditar cómo fue el desvío de recursos públicos por medio de la llamada “nómina secreta”. Además, se presentaron recibos supuestamente firmados por la candidata. No obstante, en mayo de 2021, peritos grafoscópicos aseguraron que eran falsas las firmas de los citados recibos.

María Eugenia Campos llevó su proceso en libertad por lo que también pudo realizar su campaña electoral rumbo a la gubernatura de Chihuahua, ya que las autoridades sólo le retuvieron su pasaporte como medida cautelar. Tras la jornada electoral, que ganó con una votación del 46.4 por ciento, de acuerdo con el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua, en septiembre de 2021, la Fiscalía Anticorrupción de Javier Corral, desistió de los dos procesos penales que enfrentaba Campos, entonces gobernadora electa.

En la primer causa penal, con folio 3022/2020, se acusó a Campos de haber cobrado sobornos a empresarios cuando era Alcaldesa de Chihuahua capital, caso del que la autoridad ministerial retiró los cargos, sin que se llevara a cabo la audiencia inicial de vinculación a proceso. Mientras que en otro proceso, la panista fue acusada del delito de cohecho, por presuntamente haber recibido sobornos por más de nueve millones de pesos por parte del exgobernador César Duarte, el cual estaba bajo la causa penal 2821/2020.

El pasado 6 de junio, un Juez de control dictó prisión preventiva por un año en contra del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, quien está acusado de cometer peculado y asociación delictuosa en México, ambos delitos con penalidad agravada.

En la audiencia, los ministerios públicos solicitaron como medida cautelar la prisión preventiva, derivado de que existe riesgo de fuga bajo el argumento que el exmandatario estatal puede salir nuevamente de México y así evitar la justicia. Incluso se recordó que Duarte fue detenido en el extranjero, por lo que fue necesaria una orden de aprehensión y extradición para traerlo de regreso al país.

El pasado 2 de junio, César Duarte fue extraditado de Estados Unidos a México acusado de diversos cargos de corrupción y de haber malversado millones de dólares de fondos públicos. El exmandatario pasó casi seis años en la Unión Americana luego de que en 2016 se trasladó a vivir a ese país. Sin embargo, fue detenido en Miami en 2020 gracias a una orden de captura con fines de extradición emitida un año antes.

Tres días después de que se le dictó prisión preventiva, el 9 de junio, el Juez Humberto Chávez Allende vinculó a proceso penal al exgobernador Duarte Jáquez por los delitos de peculado y asociación delictuosa luego de una audiencia que duró más de 12 horas, en la que también se reiteró la medida cautelar de prisión preventiva y dio un plazo de seis meses al Ministerio Público para la concluir la investigación.

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Duarte Jáquez es acusado por la Fiscalía General del estado (FGE) de Chihuahua de desviar 96 millones 665 mil pesos del erario que fueron destinados a causas particulares, en complicidad con funcionarios de su Gobierno entre 2011 y 2014, dinero que supuestamente fue desviado a negocios particulares, compra de bienes inmuebles, pago de servicios no prestados, como la Unión Ganadera División del Norte o de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Financiera División del Norte, empresas fuertemente ligadas al exgobernador.

Además, a Duarte se le señala de colaborar con otros 40 funcionarios y personas ajenas a la función pública, con quienes “logró efectuar acciones que resultaron en el desvió de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos extraídos entre los años 2011 y 2014″, indicó el Gobierno mexicano el 2 de junio.

La FGE de Chihuahua refirió 17 transferencias de recursos públicos a través de la simulación de 11 procedimientos administrativos bajo la justificación de convenios y entrega de apoyos y subsidios, por estas acusaciones Duarte permanecerá internado en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1 de Aquiles Serdán, un municipio aledaño a la capital.

– Con información de Sugeyry Romina Gándara