Juan Pablo fue quemado por ser otomí. Y agredieron a 1,200 niños indígenas en 2 años

Entre 2019 y 2020, Redim registró un total de mil 223 agresiones en contra de menores indígenas en México que abarcaron casos de violencia sexual, psicológica, económica, actos de abandono y negligencia.

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– Juan Pablo llevaba tiempo sufriendo bullying por parte de sus compañeros y su maestra debido a su origen otomí y por no hablar bien el español. Las agresiones iban desde apodos hasta palabras altisonantes, pero el 6 de junio el maltrato escaló: dos estudiantes rociaron alcohol a su pupitre y cuando el niño de 14 años se sentó mojó sus pantalones. Se levantó pensando que era agua, pero un alumno le prendió fuego con un encendedor y en minutos sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que ha sido sometido a cuatro cirugías y aún sigue hospitalizado.

El ataque contra Juan, ocurrido en la telesecundaria Josefa Vergara de la comunidad El Salitre, en la capital de Querétaro, ha causado indignación entre la sociedad debido a la omisión de las autoridades escolares antes y en el momento de la agresión.

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Desde febrero Juan había manifestado a sus padres su deseo de no ir a la escuela y pedía que lo cambiaran de salón, pero la directora de la telesecundaria le negó el cambio argumentando que no había cupo en otros salones, según manifestó su padre Juan Zamorano en distintas entrevistas a medios.

A esta omisión por parte de la directora del plantel de no querer cambiarlo de salón se suma una más: uno de los dos menores que le prendió fuego ya había sido advertido de no llevar alcohol ni encendedor a la escuela.

“Dentro de la carpeta de investigación hay reportes de que el joven que prende el encendedor ya tenía un compromiso de no volver a rociar a sus compañeros con alcohol y no llevar un encendedor a la escuela. Aquí también habrá que ver la responsabilidad de las autoridades educativas porque no se tomaron en cuenta estos antecedentes de conducta ilícita”, dijo en entrevista el abogado Ernesto Carreño, quien forma parte de la defensa de Juan.

El caso de Juan llegó esta semana a oídos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien planteó la posibilidad que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso “si vemos que no se está actuando”.

https://twitter.com/Racismo_MX/status/1544791101793525760

El 6 de junio, cuando Juan fue quemado por dos de sus compañeros, ambos de 12 años, las autoridades de la telesecundaria Josefa Vergara cometieron una serie de irregularidades en la atención de su salud: primero no llamaron al 911 como debe hacerse ante cualquier emergencia; segundo, para sanear sus heridas le untaron pomada y cebolla; tercero, lo llevaron a un clínica al ver la gravedad de sus lesiones, pero sin avisarle a sus padres ni a sus hermanas, quienes también estudian en ese plantel.

Después de estas omisiones la maestra de Juan lo llevó a su casa y comentó lo ocurrido a sus padres. Dijo que los familiares de los adolescentes agresores se comprometieron a asumir los gastos médicos a cambio de que el problema»se resolviera de forma discreta». Sin embargo, la familia Zamorano no estuvo de acuerdo y el caso lo asumió Abogados Asociados, un bufete que ha asesorado distintas causas legales de discriminación.

Actualmente hay tres demandas por este caso: una contra los dos adolescentes que lo agredieron y dos contra la maestra.

“El primero de los asuntos es la denuncia por las lesiones dolosas, es un asunto que al día de hoy ya se encuentra judicializado, sin embargo solo le fijaron a los agresores medidas cautelares como vigilancia en su comunidad, una presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares y el arraigo”, explicó el abogado Fabián García, quien también es parte de la defensa de Juan.

El pasado 24 de junio un Juez de Control vinculó a proceso a estos dos adolescentes por el delito de lesiones dolosas.

Los otros dos procedimiento legales están en manos de la Fiscalía Especializada para Delitos Cometido por Servidores Públicos y ante el órgano interno de control de Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), que es el encargado de regular a las escuelas públicas en el estado.

La última semana de junio se inició una carpeta contra la profesora y la directora de la telesecundaria.

“Aquí habría que revisar si las autoridades educativas que regulan a las escuelas están actuando de forma correcta y se les está dando la capacitación correcta al personal docente, lo que creo que no, no han dado cursos de primeros auxilios ni nada, antes de querer untarle cebolla o llevarlo a un hospital deberían haber marcado al 911”, destacó el abogado Fabián García.

El pasado 7 de julio Juan cumplió un mes internado en el Hospital del Niño y la Mujer de Especialidades en donde hasta el momento no se les ha requerido ningún pago, pero los padres del menor temen que al ser dado de alta la factura llegue.

“¿Qué va a pasar con Juanito cuando salga?, ¿qué va a pasar con sus tratamientos?, ¿van a continuar apoyándolos con terapias y rehabilitación? Tendrá que haber una reparación del daño”, cuestionó el abogado Ernesto Carreño.

NO SOLO ES JUAN: REDIM

De acuerdo con un reporte reciente de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), entre 2019 y 2020 se registró un total de mil 223 agresiones en contra de niños indígenas que abarcaron casos de violencia sexual, psicológica, económica, actos de abandono y negligencia.

En 2019 se reportaron 725 agresiones, mientras que en 2020 fueron contabilizadas 498, según la base en datos proporcionados por la Secretaría de Salud (SSa) a Redim.

Las entidades con mayor número de ataques en contra de niñas, niños y adolescentes indígenas en este periodo fueron: Tabasco (270), Chihuahua (229), Guerrero (185), San Luis Potosí (158), Chiapas e Hidalgo (105 cada uno).

Respecto a la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes indígenas, en 2020 se registró un total de 170 víctimas de entre 1 y 17 años, de las cuales 93.5 por ciento fueron mujeres. En 2019 la cifra de víctimas de este tipo de violencia fue de 160, como se muestra en el siguiente mapa.

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Para Redim, una coalición de organizaciones de la sociedad civil, a pesar de que en la Constitución Mexicana mandata que la Federación, los estados y municipios deben determinar políticas para garantizar los derechos de las personas indígenas, este grupo de la población aún carece de toda la protección del Estado.

«Este acto que parece que es aislado no lo es, representa lo que estamos viviendo como sociedad a lo largo del país, los grupos minoritarios siempre han sido menoscabados», dijo en entrevista Jesús Villalobos, integrante del Consejo Directivo de Redim. «No lo hemos podido poner en la boca de las autoridades para que pueda discutirse en los salones de clase. Este evento te lleva a analizar el grado de participación que tuvieron cada una de las autoridades, primero en la escuela, luego en el municipio, el estado y a nivel federal». 

Casos como el del niño Juan Zamorano se replican en el país y desde hace años. Por ejemplo, en 2014 el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) emitió una Opinión Jurídica por el caso de discriminación en contra de un menor indígena ocurrida en el colegio La Salle de Seglares.

De acuerdo con el organismo, sus maestras, de nombre Gisela Marín Cruz y Alicia Beatriz Pliego de Anda, regañaban de manera injustificada al menor diciéndole que él no pertenecía a esa escuela.

El menor, que en ese entonces cursaba el tercer grado de primaria era hijo de una madre trabajadora del hogar y quien interpuso la denuncia fue Silvia González Bernal, quien era jefa de la madre del niño.

La madre, mujer indígena mazateca de Oaxaca, también sufrió discriminación a partir del momento de que las personas en la escuela se dieron cuenta de su origen étnico.

«Refieren que sus maestras, de nombre Gisela Marín Cruz y Alicia Beatriz Pliego de Anda, regañan de manera injustificada y hostigan al menor diciéndole que él no pertenece a esa escuela, añaden que las maestras lo sacan del salón argumentando que su madre no habla ni español ni inglés y por tanto no puede coadyuvar a su desarrollo”, dijo en esa ocasión Iván Pérez Vitela, entonces director de Cultura por la No Discriminación de este organismo.

Otro caso de discriminación hacia la niñez indígena en México ocurrió apenas el año pasado en el estado de Chihuahua.

Bertha Alicia, de la comunidad Chiricahua, denunció que su hijo de 9 años había recibido maltrato psicológico por parte de sus compañeros y la directora del Colegio Mexico Europe.

De acuerdo con una entrevista realizada por El Diario de Juárez a la madre del menor, las agresiones iban desde llamarlo “gay”, “indio” y jalarle el cabello.

Algunos datos que muestran las condiciones de desigualdad de los menores indígenas en México es que nueve de cada 10 niñas, niños y adolescentes indígenas del país están en situación de pobreza, mientras que uno de cada cuatro no asiste a la escuela.

Además, uno de cada cinco menores indígenas de 3 a 17 años no tenía afiliación a servicios de salud en 2020; esto correspondía a casi 324 mil.

En cuanto al matrimonio y unión adolescente, en 2020 una de cada 13 mujeres indígenas de 12 a 17 años están casadas o unidas y más de una de cada 26 son madres.

Para Redim, esta desigualdad en la población indígena de México se debe a la omisión de las autoridades en todos los niveles, a la falta de una política que logre disminuir el racismo que aún existe entre los mexicanos.

«En 2015 Redim impulsó la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que está en la vanguardia a nivel mundial, el problema es que es letra muerta», destacó Juan Villalobos, de Redim. «Desafortunadamente nos hace falta mucho camino por avanzar en el tema del racismo. Todavía hay muchos lugares del país en donde parecería que ser de un color definido y preferencia sexual es malo o bueno».