Conapred hace un llamado al SAT por negar firma electrónica a joven con discapacidad

El pasado 28 de junio, Daniel Robles Haro, un joven contribuyente con discapacidad motora, denunció en sus redes que durante una visita a las oficinas del SAT se le negó la emisión de su firma electrónica.

Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) hizo un llamado para que sea respetado el derecho al reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, luego de que se difundiera que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Jalisco le negó la firma electrónica a un joven con discapacidad.

«Hace unos días fue difundida la negación de la firma electrónica por parte del SAT a una persona con discapacidad por considerar que incumple con los requisitos para obtener este certificado, aparentemente por considerar que no contaba con la capacidad jurídica para hacerlo», expuso el Conapred en un comunicado.

El organismo reiteró que todas las personas de ese sector de la población tienen el derecho de tomar decisiones sobre sus propias vidas y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, ya que la Constitución prohíbe la discriminación basada en la discapacidad.

El pasado 28 de junio, Daniel Robles Haro, un joven contribuyente con discapacidad motora, denunció en sus redes que durante una visita a las oficinas del SAT se le negó la emisión de su firma electrónica.

A través de un hilo en Twitter narró los impedimentos que enfrentó al ser atendido por los funcionarios del SAT en el módulo de atención.

El joven con parálisis cerebral explicó que la persona que lo atendió “fue siempre muy amable y me explicó muy bien mis opciones”, sin embargo tuvo que llamar a su coordinador “para saber si procedía que yo obtuviera mi firma electrónica”.

La funcionaria le explicó al joven, sentado en una silla de ruedas, “que el SAT no puede saber a simple vista si yo soy una persona”.

“Capaz de asumir una responsabilidad como contribuyente. Mi certificado de discapacidad dice que mi lesión es motora. Y que me comunico con tableros. Y que requiero, por supuesto, un cuidador”, explicó el joven en sus redes.

En el SAT le dieron dos opciones: presentar un dictamen médico que lo faculte como capaz, o bien, que su mamá consiguiera un dictamen de incapacidad y ella firme como tutora.

“Yo sé que es un hecho que siempre requeriré ayuda física, pero me gustaría ser reconocido”, expresó el joven en Twitter.

El Conapred destacó este viernes que esa creencia, no sustentada, de que las personas con discapacidad no pueden tomar decisiones o que sean sujetas a la interdicción, que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional, ocasiona que sean relegadas respecto a decisiones sobre aspectos financieros, fiscales o que tienen que ver sobre su salud y/o el acceso a servicios que deben ser para todas las personas.

«Por ello, se debe pasar del paradigma médico asistencialista a un enfoque de derechos para que tengan los mecanismos de apoyo y evitar las prácticas discriminatorias», destacó el Conapred.

El organismo informó que, de enero de 2017 a mayo de 2022, ha recibido 943 expedientes de quejas calificados como presuntos actos de discriminación realizados por personas servidoras públicas.