Panistas de Chihuahua estrenan Ley de Juicio Político con uno de los suyos: Corral

La denuncia que el Congreso de Chihuahua dio trámite señala al exgobernador de ser omiso en dar seguimiento al acuerdo de austeridad que firmó en enero de 2017. Javier Corral revira y califica este hecho de un linchamiento y una acción distractora de Maru Campos ante la violencia en el estado y el caso Duarte.

Por Itzel Ramírez

Chihuahua, 28 de junio (SinEmbargo).– El Congreso del Estado estrenará la nueva Ley de Juicio Político con un procedimiento en contra del exgobernador Javier Corral Jurado por presuntas omisiones cometidas durante su mandato.

Quien determinará la suerte de Corral será un Congreso dominado por su propio partido, Acción Nacional, al que criticó por respaldar la candidatura de Maru Campos, a quien como gobernador acusó de participar en la «nómina secreta» de César Duarte.

Recibida el pasado 31 de mayo, la denuncia contra Corral considera que el exgobernador causó daño al Estado al ser omiso en dar seguimiento al Acuerdo por el que se implementan las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público, firmado en enero de 2017, a unos meses de iniciado el gobierno del panista.

“Durante su mandato, el funcionario público denunciado fue totalmente omiso en promover las acciones necesarias para reducir los estratosféricos salarios de la alta burocracia estatal; así como para optimizar y racionalizar los gastos de la Administración Pública Estatal”, apunta la denuncia, promovida por el abogado Gerardo Cortinas Murra.

El documento, al que tuvo acceso La Verdad, señala también que el entonces gobernador no impulsó ninguna iniciativa que buscara reducir el financiamiento de los partidos políticos o el tamaño del aparato burocrático de Chihuahua.

Las omisiones de Corral, añade la denuncia, impidieron el ahorro de millones de pesos en perjuicio de Chihuahua.

Este lunes, la Comisión Jurisdiccional del Congreso admitió a trámite la denuncia, por lo que en próximos días tendrá que emitir una opinión que será presentada al pleno, que finalmente decidirá si procede o no el juicio político en contra de Corral.

Pocas horas después de conocerse la admisión a estudio de la denuncia, el exgobernador dijo que el inicio del juicio político en su contra era obra de “lacayos” ordenados por la gobernadora Campos.

“Ahora la acción distractora de María Eugenia Campos Galván ante la “hospitalización” de Duarte y la violencia e inseguridad desatadas en Chihuahua, es ordenar a sus lacayos iniciarme juicio político. A falta de causas o conductas que me puedan ser realmente reprochables, escogen la politiquería para continuar con el linchamiento mediático, obviamente patrocinado con recursos públicos, para tratar de ocultar momentáneamente su incompetencia y la corrupción que los circunda”, escribió Corral en sus redes sociales.

Óscar Avitia, integrante de la Comisión Jurisdiccional y diputado por Morena, dijo que su partido cuidará que el proceso no se convierta en un tema de tinte político más que un asunto estrictamente relativo a la aplicación de la justicia.

“No dudo que haya intenciones políticas más allá de lo que es el interés jurídico. Lo que me corresponde como diputado e integrante de esta comisión es que analizaremos las pruebas, las vamos a solicitar al gobierno del Estado y las que ofrezca el gobernador y entonces se tomará una decisión”, dijo Avitia en entrevista.

Gabriel García Cantú, el diputado panista que preside la comisión, criticó que el exgobernador se hubiera lanzado contra el proceso.

“Le vamos a demostrar al exgobernador Corral que nosotros vamos a hacer nada más lo que es por ley, por cuestión de ley. Nosotros ni siquiera estamos diciendo que es culpable o inocente, estamos solicitando pruebas para que prueba que el exgobernador cayó en un delito, y si no nos presentan las pruebas se va a desechar. El exgobernador trae un tema político, no ha querido dejar de ser gobernador”, consideró García.

El legislador manifestó que este proceso marcará en definitiva la salida de Corral del PAN.

La Comisión Jurisdiccional solicitará al gobierno estatal, comandado por Maru Campos, las pruebas (copias certificadas y otros documentos) que den cuenta de las posibles omisiones cometidas por Corral para determinar si ha lugar el juicio político.

En la discusión en el pleno del Congreso, el acusado podrá hacer uso de su derecho a defenderse, como marca la ley.

Aun cuando ya no ocupa la titularidad de la gubernatura, Javier Corral puede ser sujeto a juicio político por un año luego de abandonar el cargo, como lo marca el artículo 182 de la Constitución de Chihuahua.

La denuncia busca la inhabilitación de Corral hasta por 10 años para ocupar puestos públicos.

LA LEY QUE «TUMBARON»  CORRAL

Publicada hace menos de un mes –el 11 de junio pasado–, la nueva Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua es el ordenamiento que hizo el Congreso local luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inválida la ley anterior.

En julio de 2020 el Pleno de la Corte consideró que la ley sobre juicio político aprobada en 2018 en Chihuahua había incumplido con el proceso legislativo, por lo que no tenía validez legal.

“… el dictamen correspondiente a la iniciativa de ley se incorporó sin mayor justificación al orden del día de una sesión en la que no estaba previsto y se sometió a consideración del Pleno del Congreso del Estado sin la debida oportunidad para su estudio y análisis, lo cual no permitió que existiera discusión y un verdadero debate sobre el tema, en el que tanto la mayoría como la minoría parlamentaria pudieran expresarse”, explicó la Corte en un boletín sobre la sentencia.

Dos años después, el Congreso creó un nuevo marco normativo que ahora revisará el actuar de un exgobernador.

EN REVISIÓN OTRA DENUNCIA CONTRA EL EXGOBERNADOR

En la reunión de la Comisión Jurisdiccional, la secretaría técnica presentó otros tres asuntos que están pendientes de seguimiento, entre ellos otra denuncia en contra de Corral, también promovida por el abogado Cortinas Murra.

El juicio político JP 06/2018 se refiere al nombramiento hecho por Javier Corral de Luz Estela Castro como integrante del Consejo de la Judicatura aun cuando la activista no cumplía con el requisito de edad máxima para ocupar el cargo.

La denuncia, presentada en 2018, será evaluada por la Comisión Jurisdiccional para determinar si se confirma el no inicio de procedimiento.

Los otros dos asuntos pendientes y que serán desechados, son una declaración de procedencia (DP 01/2018) en contra de un juez de primera instancia -que ya no está en funciones-, y en contra de un expresidente municipal de Jiménez, en un caso (JP 04/2018) en el que no se presentaron pruebas válidas que probaran la comisión de una falta, según pudo conocer La Verdad.

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