La noticia pudo haberse informado mediante un oficio, comunicado de prensa o a través de un tweet. Pudo ser un acto procedimental, un ejercicio burocrático o materia de una insípida conferencia de prensa. Pudo ser, pero no fue así. Alguien en el Gobierno federal entendió —con gran acierto— que la noticia daba para más, mucho más.

El miércoles 22 de junio, en un acto en el que participaron, entre otros, el Presidente López Obrador, el Subsecretario Alejandro Encinas, el Secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, Alicia de los Ríos y Micaela Cabañas —hija del histórico líder guerrillero Lucio Cabañas— se anunció algo que hasta hace tres años hubiera parecido impensable en México: el inicio de la colaboración formal entre el Ejército mexicano y la Comisión de la Verdad de la así llamada «guerra sucia» en México.[1]

La hoja de ruta —negociada no sin dificultad en varias mesas de trabajo previas el evento del miércoles— contempla cinco puntos. Cada uno de ellos tiene una lógica propia y un nivel de complejidad distinto: 1) realizar acciones de reconocimiento, búsqueda e investigaciones en los lugares e instalaciones militares en los que se presuma se hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos; 2) acceder y consultar repositorios, archivos y documentos de las distintas zonas militares y de distintas unidades de las fuerzas armadas; 3) realizar entrevistas y recepción de testimonios de personal de la Sedena que cuente con información referente a los hechos objeto del esclarecimiento histórico; 4) consultar información sobre casos individuales de presuntas violaciones graves a derechos humanos; 5) recoger testimonios de personas víctimas de violaciones a derechos humanos en las instalaciones militares en las que presuntamente estuvieron en calidad de detenidas.

Para realizar el acto se eligió un lugar clave: el Campo Militar Número 1, hasta hace no tanto, uno de los centros de tortura del Estado mexicano. A éste asistieron un buen número de militares, pero también familiares de personas desaparecidas por miembros del Ejército durante el periodo 1965-1990. La tensión era obvia; la expectativa aún más.

Hubo varios discursos. No solo participó Micaela, sino también Alicia de los Ríos, quien lleva décadas buscando a su madre ¿La última pista de su paradero? Justamente el Campo Militar Número 1, donde varios de sus compañeros de lucha registran haberla visto detenida en 1978.

Casi todas las personas que participaron en el evento entendieron lo simbólico del momento. Casi todas se portaron a la altura. Escribo casi porque de quien se esperaba mayor prudencia y sensibilidad, es decir, del Secretario de la Defensa, solo hubo desatino. Luis Crescencio Sandoval, o quien sea que le haya escrito su discurso, decidió que ese momento no les correspondía a las víctimas que tenía a su lado izquierdo en el templete, sino a la terca jactancia de la institución que representa.

En una línea de su discurso, que ya desde antes había tocado fibras sensibles en todos los presentes, y sin venir a cuento, a Sandoval se le ocurrió mencionar que el Presidente habría autorizado la inclusión de los caídos del Ejército durante la «guerra sucia» en el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas.  ¿Imprudencia? ¿Provocación? ¿Candidez? Imposible de entender.

Las declaraciones de Sandoval levantaron inmediatamente a asistentes de sus lugares; al segundo se escuchaban los primeros reclamos, gritos y consignas que después se volverían colectivo. Las cámaras oficiales del Gobierno apenas pudieron esconder las mantas y pancartas que salían de las mochilas de los familiares de las víctimas. Fue tanto el enojo que Sandoval tuvo que terminar el discurso abruptamente. Fue penoso.

Lo que debía pasar a la historia como el día en que el Ejército logró asumir su papel dialogante con el pasado reciente fue leído como un acto de desconcierto por las víctimas. No es para menos. Se perdió una oportunidad.

La buena noticia es que, exabruptos oficiales aparte, el plan de trabajo entre la Comisión de la Verdad y la Sedena sigue en pie. Esta semana, al escribir estas líneas, continúan las conversaciones para fijar detalles sobre el modo en que integrantes de la Comisión realizarán investigaciones en las instalaciones militares e indagarán en sus fondos documentales. Si todo funciona tal como lo planteó el Subsecretario Encinas y reafirmó el Presidente López Obrador, pronto conoceremos los fondos documentales vinculados al Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Secretaría de Defensa, la Policía Judicial Federal Militar, Fusileros Paracaidistas, así como manuales de Guerra Irregular y Bitácoras de vuelo de lugares como pie de la Cuesta. El análisis de estos documentos será fundamental para los trabajos de la Comisión de la Verdad y, en particular, de su Mecanismo de Esclarecimiento Histórico para la escritura final del Informe que deberá entregar en septiembre de 2024 al Presidente de la República y al pueblo de México. El acceso a los archivos y a las instalaciones militares serán igualmente claves para los esfuerzos de Justicia, Reparación y Búsqueda de personas que enarbola la Comisión de la Verdad.

Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, por supuesto. Podemos irnos a dormir con las declaraciones de Sandoval o ilusionarnos con los avances —lentos, contradictorios, insuficientes— que están frente a nosotros; ahí están, para no ir más lejos, las imágenes de los semblantes de Micaela Cabañas y Alicia de los Ríos sentadas junto al General Secretario y al Presidente de la República. Hace tres años hubieran sido inverosímiles. Hoy son una realidad que toca seguir construyendo. Hagámosla posible.

[1] El nombre completo: La Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.

Al respecto pueden leerse dos artículos que he escrito ya en este espacio:

Pérez Ricart, C. (2022, 04/01). La Comisión de la Verdad de México. Sin Embargo, disponible en: https://www.sinembargo.mx/04-01-2022/4095956

Pérez Ricart, C. (2022, 11/01). En busca de los archivos. Sin Embargo, disponible en: https://www.sinembargo.mx/11-01-2022/4100659

Carlos A. Pérez Ricart

https://dev.sinembargo.mx/author/ricart/

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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